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Cuando el 23 de julio pasado, el canal de noticias TN revelaba el video en el cual se veía al intendente de Caleta Olivia en una sospechosa acción que el mismo informe presentaba como «coimas filmadas», se inició un escándalo de grandes proporciones y se generaron todo tipo de interrogantes que hasta hoy no han tenido respuestas.
Las sospechas pesan sobre el intendente, pero toda la comunidad de Caleta Olivia se merece que el tema se esclarezca. Nadie puede condenar a Facundo Prades; él tiene aun la posibilidad de explicar lo que se supone pasa en el video. Tiene la chance de reivindicarse ante los vecinos de Caleta, los que lo votaron y aun están conmocionados y los que no lo votaron y esperan una respuesta creíble.
Esta es la crónica de un hecho que aún esta en desarrollo y con final abierto.

Primer impacto
Cuando Fermín Valdivia se presentó en TN para contar su versión, hacer la denuncia pública y entregar una copia del video, ya había pasado por la Comisaría Tercera de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Días después, el caso ya se había judicializado.
La primera reacción del intendente fue defenderse atacando. Le apuntó a Valdivia para desprestigiar su testimonio; acusó al diputado Eduardo Costa -con quien antes compartía espacio político- de querer perjudicar la pre candidatura de su padre -Carlos Alfonso- y habló con algunas radios en donde negó su participación en el video, al cual calificó de «montaje o editado».
Si esa primera estrategia salía bien, el tema quedaría en lo anecdótico. Pero 48 horas después, tanto al opinión publica (principalmente en redes sociales) y algunos medios reclamaban respuestas más claras.
Así, el segundo movimiento del intendente fue ir a la justicia local, en donde presentó un escrito en el cual insistía en su inocencia, y «autorizaba» al juez a que revise sus cuentas personales.
Esto tampoco tuvo gran efecto, ya que la causa judicial comenzaba a sustanciarse en Buenos Aires y además se sumaban dudas sobre otros aspectos de su gestión, como el contrato con la empresa Maxia, o el intento de privatizar la recolección de residuos.
El caso no bajaba su intensidad – pese a algunos intentos de cambiar el foco de los hechos relevantes – y fue entonces que optó por irse de la ciudad hacia un lugar hasta ahora desconocido.

Fallida defensa
Alejado del epicentro del problema, el intendente de Caleta Olivia buscó apoyo legal en
Buenos Aires y su padre desde esta ciudad, intentó una tibia defensa que luego abandonó para concentrarse en culpar a Costa, denostar a Valdivia e insistir con la hipótesis de «una cama» para perjudicarlo.
No obstante seguían sin explicar nada o dar respuestas que aclaren toda la operación inmobiliaria de terrenos fiscales vendidos a inversores chinos que supuestamente habían pagado las coimas.
Con una lentitud pasmosa, recién una semana después los Concejales comenzaron a expresarse. En principio se mostraron sorprendidos, pero ante la aparición de la denuncia – la cual tanto el padre como el hijo negaban sus existencia – no quedó mas remedio que actuar y se anticiparon acciones de carácter institucional De todos modos, había aun algunos impedimentos para avanzar, sobre todo la prolongada ausencia del Concejal Rubén Martínez que había viajado a Buenos Aires, para una gestión.
Con una bomba de tiempo en las manos, en medio de un escenario electoral y una ciudad convulsionada por la crisis política, los ediles se decidieron a aprovechar el breve «quórum» que les daba el regreso de Martínez y definieron una sesión que debía darse ayer y que apuntaba a desplazar al intendente al menos hasta que se aclare todo. Pero nuevamente Martínez, actuó dando un respiro a Prades. Primero con argumentos falsos suspendió la sesión, y luego volvió a desaparecer.

Gravedad institucional
Lo que ocurre en Caleta Olivia es muy grave. Hay un intendente seriamente sospechado, un Concejo Deliberante disperso, y con una mayoría poco dispuesta a avanzar y una ciudadanía que cada día esta mas indignada.
Vale mencionar que incluso el gobierno provincial a través del Ministro Martín Chávez dejó en claro que el tema era grave.
No hay que olvidar que el problema de salud del intendente, que meses atrás anunció que padecía un «cáncer» y que iniciaría un tratamiento. Luego de eso solo hubo dos partes médicos oficiales. Uno que hablaba de la extirpación de un tumor maligno en un riñón y otro posterior – luego de las insistencia de los medios para tener mayor información – que dio cuenta de una mejoría y un tratamiento ambulatorio. Hace meses que no se sabe nada del estado de salud de Facundo Prades, mas allá de un video que él mismo difundió en las redes en donde hablaba de su lucha contra el cáncer y afirmaba «vuelve la magia, vuelve la gloria», tal vez en alusión a su retorno al sillón de la intendencia.
Ya embarcado en la campaña electoral de su padre y hablando con referentes políticos sobre sus serias intenciones a ir por la gobernación en el 2019, la denuncia de la supuesta coima cambió todos los planes y lo alejó del escenario público.
Ahora todos no solo queremos que se mejore, o que nos informen como se encuentra y si esta en condiciones de re asumir un cargo que demanda un extenuante trabajo diario, sino que aclare de una vez por todas lo que se ve en el video y el negocio con los chinos. Así se sacará la pesada mochila de la sospecha que pesa sobre él.

Caleta Olivia
Se suspendió la sesión ordinaria del Concejo Deliberante programada para ayer en la unión vecinal del barrio 26 de Junio por la medida de fuerza de los empleados del concejo.
Por ello, Pablo Calicate (Bloque PJ-FVS) apuntó contra Facundo Prades, que hace 18 días dejó Caleta Olivia y es el principal interesado en que no se sesione.
Se cumplieron 18 días (por ayer) días desde que el intendente Facundo Prades dejó Caleta Olivia, tras ser denunciado por la señal TN. A la distancia, posiblemente desde Buenos Aires, el intendente logró evitar la primera sesión ordinaria desde el comienzo del escándalo mediático y judicial.
En la reunión de ayer, el concejal Pablo Calicate tenía la intención de citar a Facundo Prades y a los secretarios de hacienda y planificación, Marcos Antonelli y Mauro Zacarias, para que informen sobre su accionar en el procedimiento de la venta de tierras a empresarios chinos.
Para el edil es fundamental que ambos Secretarios den cuenta de su participaron ya que ellos firmaron la adjudicación de las tierras. Además, otro de los puntos que quería proponer trata sobre la creación de una comisión especial para que los concejales puedan estudiar la documentación solicitada.
Sobre este punto, Calicate recordó que esta semana el intendente interino, Javier Aybar, debía enviar al Concejo Deliberante los expedientes referidos a la venta de tierras. Aybar se comprometió públicamente a hacerlo en una entrevista brindada a Radio Dos, pero la documentación aún no llegó para su análisis. Se trata de las copias certificadas de la venta solicitada a Prades en noviembre de 2016 y a Aybar el 31 de julio pasado.
“Aún con el intendente ausente, el oficialismo no hizo nada por sesionar” dijo Calicate, y explicó que, ante la importancia de los temas que se debían tratar, la sesión se podría haber llevado adelante con cargos políticos o un escribano público, ya que no hay ninguna norma que impida implementarla.
“Los empleados tienen el derecho a plegarse a la huelga, pero los concejales tenemos la obligación de sesionar de cara a la ciudadanía que necesita explicaciones”, cerró.
Los concejales Liliana Andrade y Pablo Calicate fueron los únicos que concurrieron a la Vecinal del 26 de Junio, debido que no habían sido notificados oficialmente de la suspensión.
“Esto es una burla. Estamos cayendo en una crisis institucional mucho más profunda de las que nos encontramos”, dijo la concejal Liliana Andrade, quien presentaría un proyecto de comunicación referido a un requerimiento al intendente Facundo Prades.
El proyecto solicitaba en su artículo 1, que Facundo Prades explique por escrito al Concejo Deliberante las causas que lo llevaron a involucrarse en las escenas que se advierten en el video difundido a nivel nacional.
Además en su artículo 2, solicitaba que se “aparte” y deje en manos de su sucesor legal establecido, el cargo de Intendente, hasta tanto se esclarezca su situación judicial.

Caleta Olivia
Apenas unos minutos antes de las 9.30 horas de ayer se hizo publico el Decreto del Traslado de la Sesión Ordinaria 488, instrumento legal que se utilizó para dar una pátina de legitimidad a una medida que en realidad no fue más ni menos que una maniobra para salvar al intendente Facundo Prades.
La “maniobra” comenzó a gestarse en la noche del miércoles, cuando la sesión ya había sido confirmada y la presencia de los ediles permitía que haya quórum. Cerca de las 23 horas de la jornada previa a la sesión, el Concejal Rubén Martínez publicó en su cuenta de la red social Facebook, un mensaje en el que anunciaba que la sesión no se realizaría debido al paro de actividades que afectaba a la municipalidad y por ende al Concejo Deliberante.
Tras la publicación en el Faceboock de Martínez, que daba por hecho que no se sesionaría y que se postergaba con fecha indefinida la convocatoria – en la que se esperaba que se presentaran al menos dos proyectos para el apartar y posteriormente iniciar juicio político al intendente sospechado de haber cobrado coimas. (ver aparte) – todo tipo de especulaciones comenzaron a circular, incluso a través de las mismas redes se comenzó a cuestionar la medida. Fue en este contexto que el edil – que responde al intendente Prades- habría determinado publicar.
No es la primera vez que Martínez cumple ordenes “a distancia”, ya que meses atrás admitió haber firmado “Decretos para la contratación de personal”, en momentos en que estaba en ejercicio del Ejecutivo, ante la ausencia de Prades.
Esta medida no tendría nada de raro, si no fuera porque a los decretos los firmó casi a la medianoche – horas antes del regreso del intendente – y en momentos en que desde la municipalidad se negaba que hubiera ingresos de personal.
Por si fuera poco, el miércoles también reconoció en un medio radial local, que él mantuvo reuniones con los empresarios chinos que planeaban instalar supermercados en Caleta y ahora están sospechados de haber pagado las coimas para que se los habilite sin problemas.

La maniobra
Pero Martínez no es el único protagonista de esta trama. También el personal que se negó a cumplir funciones en medio de un tema tan trascendental en lo institucional hizo su parte para que el “plan” de postergar el juicio político se ejecute.
Por un lado llamó la atención que a lo largo del 2016 y en varias oportunidades del 2017, el Concejo haya sesionado pese al paro. Por otra parte, el único argumento esgrimido fue que no habría taquígrafas, que dependen de la Secretaría Legislativa.
Esta ausencia fue la excusa utilizada. Pero ocurre que ni en el Reglamento Interno del Concejo, ni en la Ley 55, o la Acordada 54 de Tribunal de Cuentas, se menciona como condición excluyente para la realización de una sesión del personal de taquigrafía. Incluso salvo por el Concejo de Caleta, no existe en la provincia este tipo de procedimiento que genera la llamada “versión taquigráfica” y que es ni más ni menos que una trascripción de todo lo que se dice en la sesión.
Vale mencionar que por lo general la versión taquigráfica no esta inmediatamente después de la sesión dado que el personal que tiene esta tarea debe pasar la versión escrita en “código” a una versión literal; para esto se apoyan en equipos de grabación de audio que luego desgraban.
Es decir que la grabación se podría haber realizado con personal de cargos políticos y para dar un vise de mayor legalidad se podría haber convocado a un escribano para que certificara el acto.
Todo esto no se intentó, o no se quiso hacer. Martínez subsanó la informalidad del mensaje de Facebook, con un decreto oficial y luego nada mas se supo de él, con lo cual tampoco generó el Quórum necesario. De este modo, hizo fracasar la sesión y desbarató la intención de los ediles que si tenían interés en poner en un carril de institucionalidad el caso Prades.

Poder a distancia
Fue así que el intendente eludió el primer intento serio para que de respuestas a las dudas que toda la ciudadanía tiene sobre su accionar en la venta de terrenos a los inversores chinos.
También fue una muestra de “poder” a la distancia, dejando en claro que pese a no estar en la ciudad – hace más de dos semanas que tiene paradero desconocido – aún maneja parte del legislativo local y toda la estructura municipal.
En el caso del Concejal Javier Aybar, que ocupa temporalmente el cargo de intendente, pareciera que solo lo hace de un modo “formal”. Tampoco se expresó formalmente sobre el escándalo, por lo cual no se sabe cual es su postura y como actuará cuando el intendente regrese, y él deba volver a ocupar la presidencia del Concejo.
Así las cosas, los vecinos Caleta que son los principales interesados en saber si se trató de un hecho de corrupción; deberán esperar una vez más.

Que está en juego
La maniobra que “salvó” por el momento a Prades se da además en un contexto electoral, a escasas 72 horas de las PASO, en donde el padre del intendente – Carlos Alfonso Prades – se presenta como precandidato a Senador. Todo apunta a que la elección será tomada como una suerte de “plebiscito” respecto a como impactó en el intendente este escándalo.
Se especula con que si a Prades padre le va bien en la ciudad; el mensaje sería que hay aún un grado de aceptación y hasta respaldo al hijo. Esto le permitiría regresar – o al menos aparecer mediante declaraciones – en un contexto más favorable.
De ser esta versión cierta, pareciera ser que todos los actores de esta trama están más preocupados en sus presentes y futuros políticos que en la institucionalidad de una ciudad que está en crisis.

Por Claudio Pagano
1: Estado Nacional: a diferencia de los juicios ordinarios, el Juicio Político es un proceso de orden constitucional llevado a cabo por un órgano político (el Congreso de la Nación), con el objeto de determinar la responsabilidad política de los funcionarios públicos de las más altas jerarquías del país por la comisión de conductas graves. En dicho proceso de carácter excepcional -puesto que sólo ocasionalmente el Congreso abandona su función de legislar por la de juzgar- corresponde a la Cámara de Diputados promover el procesamiento del funcionario acusado, así como a la de Senadores sustanciar el juicio.
En este sentido, el Art. 53º de nuestra Constitución Nacional establece que la Cámara de Diputados de la Nación “ejerce el derecho de acusar ante el senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros y a los miembros de la Corte suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delitos en ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de la causa por la mayoría de las dos terceras partes de sus miembros presentes”.
A su vez, el Art. 59º estipula que corresponde a la Cámara de Senadores “juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes”. A ello cabe agregar que el Art. 60º entiende que dicho fallo “no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios“.
En otras palabras, este procedimiento constitucional, lejos de ser un mecanismo de carácter ordinario, constituye un juicio solemne promovido por el pueblo de la Nación representado en la Cámara de Diputados y sustanciado por el Senado de la Nación, que actúa en calidad de máximo tribunal de responsabilidades políticas.
Las circunstancias que nuestra Carta Fundamental enumera como posibles causales de Juicio Político son el mal desempeño, la comisión de delitos en ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes.
En tal sentido, cabe destacar que la primera de ellas remite específicamente a la obligación que todo funcionario público tiene de guardar la mejor reputación y comprender el significado intrínseco de la administración de la república.
Su vulneración no sólo deshonra al país, a la Constitución y a las instituciones por ella creadas, sino que también afecta los derechos y garantías establecidos en el texto fundamental.

Santa Cruz
La base legal la encontramos en la Constitución de Santa Cruz y la Ley Provincial 13 y sus modificatorias ( Ley 570 )
2.1-CONSTITUCION DE SANTA CRUZ
Sección 8º: JUICIO POLITICO
Artículo 137.- El Gobernador, el Vicegobernador, sus reemplazantes legales, cuando ejerzan el Poder Ejecutivo, los Ministros y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia están sujetos a juicio político.-
Articulo 138.- Serán causas de juicio político:
1. Incapacidad física o mental sobreviniente.
2. Delitos en el desempeño de su función.
3. Falta de cumplimiento de los deberes de su cargo.
4. Delitos comunes.
Articulo 139.-El juicio político se ajustará al siguiente procedimiento que podrá ser reglamentado por ley:
1. División por sorteo de la Cámara de Diputados, en Sala Acusadora y Sala Juzgadora, que tendrá lugar la primera sesión ordinaria de cada año.
2. Término de cuarenta días para que la Sala Acusadora acepte por dos tercios de votos de sus miembros presentes o rechace la sanción.
3. Término de treinta días para que la Sala Juzgadora resuelva en definitiva debiendo dictarse el fallo condenatorio por dos tercios de votos de los miembros presentes.
4. Votación nominal de ambas Salas.
5. Amplias facultades de investigación.
6. Garantías de la defensa y prueba.
7. Suspensión del acusado al aceptarse la acusación por la primera Sala, y retorno al ejercicio de sus funciones, con reintegro de haberes, al dictarse fallo absolutorio o vencer el término sin fallo alguno.

2.2 -LEY Nº 13 Y MODIFICATORIAS: (LEY QUE REGLAMENTA EL JUICIO POLITICO)-( Ley Nº 570)

3-MUNICIPALIDADES DE SANTA CRUZ:

Para el caso de los Intendentes de Santa Cruz, la legislación de nuestra provincia no habla de Juicio Político, sino que habla de REMOCION e INTERVENCION MUNICIPAL. Resumiendo, para el caso de un Intendente tenemos dos caminos, o se pide LA REMOCION ante el Tribunal Superior de Justicia , o se pide la INTERVENCION DE LA MUNICIPALIDAD a la Cámara de Diputados de la Provincia , para que por una Ley Intervenga la Municipalidad.

La base legal la encontramos en la Constitución Provincial y la Ley Nº 55 (Ley Organica de Las Municipalidades).

3.1-Ley 55: ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES
Art. 81.- En los casos establecidos en el artículo 136 de la Constitución Provincial el Concejo Deliberante podrá por cinco votos en la Ciudad Capital y por cuatro votos en los demás municipios, solicitar la remoción del Intendente ante el Tribunal Superior de Justicia.

3.2- PROVINCIA DE SANTA CRUZ:
CONSTITUCIÓN DE SANTA CRUZ
Artículo 147:
Las Municipalidades podrán ser intervenidas por ley:
1. Para asegurar la inmediata constitución de sus autoridades en caso de acefalía total.
2. Para regularizar sus finanzas en los siguientes casos:
a. Cuando el Municipio no cumpliera con los servicios de empréstitos, o cuando de tres ejercicios sucesivos resultara un déficit susceptible de comprometer la estabilidad financiera.
b. Cuando por actos u omisiones se impida la fiscalización de los organismos de control de la legalidad del gasto y de las cuentas municipales.