+Prensa

El bono petrolero –tal como anticipó ADNSUR– se discutirá el próximo mes de noviembre, confirmó el diputado provincial y referente del gremio de los Petroleros Privados, Carlos Gómez.
En diálogo con Actualidad 2.0, dijo que no puede “anticipar el monto” del bono “porque sería responsabilidad de los compañeros paritarios”.
Además, sostuvo que “con los haberes de octubre todas las operadoras tienen que garantizar el pago de aumento más la suma fija de 10 mil pesos, y en noviembre los paritarios tienen que volver a reunirse para definir el bono de fin de año”.
Tras el apoyo del gobernador al candidato Jorge Ávila para dirigir el sindicato petrolero, Gómez remarcó que “es una cuestión interna del partido Chubut Somos Todos porque un diputado (Mario Mansilla) sale a cuestionar las expresiones del gobernador. Nosotros trabajamos por el interés general de la provincia defendiendo los intereses de nuestros trabajadores y de la economía regional”.
“En ese sentido, quedó demostrado que íbamos a estar atravesando una época muy difícil. Y en función de este nuevo panorama político que surgió desde el 10 de diciembre, se debieron asumir decisiones políticas generales”, indicó. Y destacó que se trabajó para “evitar situaciones de despidos masivos y neutralizar el alcance de la crisis internacional”.

10 meses
A su vez, Gómez consideró que “no estamos condicionados sobre la crisis petrolera sino de casi 10 meses de recesión. Cuando salimos a ratificar el posicionamiento político nos estamos olvidando del problema de fondo. La primera decisión que toma Das Neves es declarar la emergencia económica y para eso necesitó el apoyo del intendente de Comodoro, Carlos Linares quien solicitó acompañar la declaración para posibilitar el endeudamiento para saldar las deudas con las empresas contratistas”.
Por tal motivo, el diputado sostuvo que “más allá de la crisis todas las operadoras tienen que garantizar el aumento”. Y agregó que “con los haberes de octubre todas las operadoras tienen que garantizar el pago de aumento más la suma fija de 10 mil pesos. Y en noviembre los paritarios tienen que volver a reunirse para definir el bono de fin de año previsto en un acta acuerdo”. Y “por ahora no puedo anticipar el monto porque sería responsabilidad de los compañeros paritarios”, sostuvo.
Gómez indicó que “en el marco de la recesión y exigencia del gobierno nacional para impulsar la flexibilización laboral, Ávila ya rechazó el pacto para abaratar costos de laburos en función de reducción salarial y eliminar puestos de trabajo. Eso es lo que hoy por hoy está sobre la mesa”.
Y remarcó que “la campaña de la interna pasa a un segundo plano cuando se tiene que priorizar la defensa de puestos de trabajos y acompañar al gobernador. Tenemos que obligar a la operadora a solucionar el tema”.

A través de la Secretaría de Minería, participó días atrás de una nueva asamblea del Consejo Federal Minero, oportunidad en la que se comenzó a analizar un posible nuevo Acuerdo Federal Minero.
En ese marco sesionó la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, donde participó Guillermo Bilardo por Santa Cruz, y posteriormente se incorporaron a la asamblea el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace; y el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Marcelo Álvarez. Allí se consensuaron antecedentes, consideraciones y premisas para alcanzar este nuevo Acuerdo Federal.
Allí, se evaluó trabajar en un esquema con los ejes programáticos, que incluya aspectos tributarios, desarrollo productivo, medio ambiente y fortalecimiento institucional, en el marco de 39 puntos que deberán ser analizados en adelante, oportunidad en la que Bilardo destacó que “Santa Cruz aporta al volumen nacional un 40% de la producción metalífera, por lo que existen temas como el régimen tributario, que deberán ser analizados en otro ámbito más específico, como es la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI)”.
En otro orden, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuvo lugar la primera jornada de trabajo técnico, agrupadas en distintas mesas de trabajo, donde por Santa Cruz participaron el subsecretario de Geología, Leopoldo Klein; el director Provincial de Minería, Pedro Tiberi; y la directora de Catastro y Registro Gráfico, Mercedes Arguello.

Impuestos
En lo que respecta a Impuestos y renta minera, se acordó obtener información de las empresas sobre costos actualizados de las diferentes operaciones, como así también los diferentes tributos en cada jurisdicción, con el fin de determinar la cuantía de la renta minera y su distribución entre Nación y Provincia, y la actualización del canon minero que sea en forma automática.
En la mesa sobre Cierre de Minas, se planteo la necesidad de tener una normativa unificada para aplicar ante el fin de la vida útil de los yacimientos; y en lo que respecta a catastro minero, se convino la incorporación de tecnología para optimizar la función del catastro provincial.
Finalmente, desde la cartera minera provincial, se rubricó un acuerdo marco de cooperación y asistencia técnica con el Servicio Geológico Minero Argentino, a partir del cual se generará y procesará información geológica-minera, acordándose la instalación de una oficina de ese organismo nacional en la ciudad de Puerto San Julián.
Cabe destacar que el Acuerdo Federal Minero vigente, data de 1993 y fue ratificado por la Ley Nacional 24.228, que establece preceptos generales como propiciar el aprovechamiento racional e integral de los recursos mineros en el territorio Nacional; promover el desarrollo sectorial consensuando medidas necesarias para atraer inversiones nacionales y extranjeras; afianzar el federalismo en cuanto al papel que desarrollan los gobiernos provinciales como administradores del patrimonio Minero de sus respectivos Estados; realizar en forma conjunta acciones destinadas a promover las oportunidades de inversión en la minería Argentina.
También se planteó en ese Acuerdo profundizar el proceso de descentralización como modelo para la prestación de las funciones básicas del Estado; proteger el medio ambiente a través de una racional actividad productiva; aplicar con criterios actualizados la legislación vigente y armonizar normas de procedimientos, teniendo en cuenta las características propias de cada región; además de optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos, económicos y de infraestructura de las instituciones mineras nacionales y provinciales.