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Caleta Olivia
Este viernes, en la Sala de Situación del Municipio de Caleta Olivia, el intendente Fernando Cotillo recibió a los representantes de Radio Taxi, Taxi Sur, Coopetax, Taxi El Chaltén y Taxi Coom para firmar un acta acuerdo respecto a la tarifaria que se pondrá en vigencia desde el próximo mes.

Se trata de un 15% de incremento que comenzará a regir desde el 1 de noviembre a las 6 de la mañana y otro 15% a partir del 10 de enero. El acta acuerdo firmada estipula un incremento tanto en la bajada de bandera como en el valor ficha, en las tarifas diurna y la tarifa nocturna.
Al respecto, el secretario de Gobierno Pablo Calicate, expresó que el último incremento fue en julio de 2019. «En razón de la alta inflación que dejó la anterior gestión del Gobierno nacional, sumado a los últimos incrementos de combustible y la Pandemia por COVID-19, se hizo necesario actualizar la tarifa», agregó.
«Es cierto que los trabajadores tuvieron una suba en el mantenimiento de los vehículos y más de un año sin incremento de la tarifa. Ellos llegaron con un planteo superior y pudimos consensuar para que no sea un gran impacto para el usuario», sumó Calicate.
Por su parte, Rubén Aparicio de Coopetax, explicó que el aumento de los costos de mantenimiento y la baja del trabajo debido a la Pandemia hacían necesaria esta recomposición.
Sin embargo, no desconoció el contexto de la ciudad. «Entendemos que la situación económica de Caleta Olivia no es la más óptima y se suma la Pandemia, pero nos hemos quedado atrás con las subas y estamos trabajando al 50%.

El incremento
En la tarifa diurna, aplicable de lunes a sábado entre las 6 a 22 horas, desde el 1 de noviembre la bajada de bandera tendrá un valor de $51,18 y el valor ficha de $3,57 (cada 80 metros).
Por otro lado, en la tarifa nocturna aplicable de lunes a sábado entre las 22 y las 6 horas, domingos y feriados nacionales durante las 24 horas, la bajada de bandera tendrá un valor de $56,35 y el valor ficha de $3,74 (cada 80 metros).
El segundo aumento del 15% comenzará a aplicarse a partir del 10 de enero de 2021 a las 6 de la mañana.
En la tarifa diurna, la bajada de bandera pasará a valer $58,85 y el valor ficha $4,10 mientras que en la tarifa nocturna la bajada de bandera pasará a $64,80 y el valor ficha a $4,30 (cada 80 metros).

Caleta Olivia

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Comodoro
Lo expresó esta mañana la abogada querellante Valeria Carreras, quien representa a 26 de las 44 familias de tripulantes del ARA San Juan, al exponer su alegato en busca de que la imputación para los integrantes de la Armada se amplíe a la figura de homicidio con dolo eventual y abandono de persona.

También enfatizó las presiones sufridas por testigos de la fuerza y el espionaje sobre las viudas y familias, por lo que responsabilizó directamente a al ex presidente Macri y su ministro Oscar Aguad. Planteó la hipótesis del ataque externo y cuestionó que no se haya investigado.
La abogada, que comenzó a exponer sobre las 9:40 de la mañana y concluyó exactamente 2 horas después, atacó en principio la estrategia de los abogados defensores que habían expuesto en la jornada anterior, quienes deslindaron responsabilidades de los seis oficiales procesados y dejaron entrever que hubo un error humano en la tripulación.
«Si pudieran los sacarían del fondo del mar para meterlos presos», expresó la abogada, al cuestionar parte de los fundamentos de la defensa, para luego añadir una de las frases más fuertes del proceso: «A la Armada les metieron dos virus perores el del coronavirus: el del Alzheimer, porque olvidaron a sus camaradas muertos; y la cobardía, porque ocultan la verdad».
En ese marco, habló de las presiones que hubo sobre los testigos citados a declarar en la causa, quienes «eran alojados y trasladados por la Armada hacia el juzgado. No tengo dudas de que fueron presionados».
Como fundamento de esa apreciación, citó el caso del capitán Vito Calcagno, quien el 11 de diciembre de 2019, «un día después del cambio de gobierno nacional, se presentó en el Juzgado de Caleta Olivia para ampliar su declaración y relatar el modo en que fue presionado y vulnerado, sólo porque había expuesto al capitán López Mazzeo, pero ahora reconoció que hubo llamadas de emergencia. Un oficial pudo probar todo lo que le hicieron, le impidieron los ascensos y boicotearon de todas las formas y esto da mucho más sentido a lo que se destapó semanas atrás: el modo en que se buscó proteger al (entonces) presidente y anticiparse a lo que iba a hacer un puñado de viudas en la causa».
Para la abogada, tanto el presidente como su ministro de Defensa fueron responsables de esas maniobras de ocultamiento.

La hipótesis del ataque externo no se investigó
Carreras también aludió a la hipótesis del ataque externo, a la que introdujo a partir de los comentarios «de la gente de esta ciudad, de Comodoro y de Caleta Olivia, que permanentemente nos dicen de que el submarino fue torpedeado por los ingleses, porque ustedes tienen muy presente la historia de Malvinas. Yo no lo puedo decir porque no lo puedo probar. Pero la hipótesis del ataque externo también fue mencionada ayer por el Dr. Martínez (abogado defensor de 5 oficiales imputados), pero es algo que no se investigó porque no hubo pericias. Volvemos al mismo tema: un gobierno que quería ocultar y una Armada que quería callar. Se necesitaron dos partes también para matar. Un gobierno que no dio los fondos a la Armada para que haga las tareas de reparación en el dique seco, que han minimizado. En la causa consta que en la última reunión del consejo de submarinos, previo al viaje, pidió el ‘imperioso ingreso a dique seco’ del buque, pero después quisieron minimizarlo. Yo puedo asegurar que uno de los motivos del hundimiento del ARA San Juan fue la falta de estado no para navegar o flotar, sino las operaciones que le mandaron hacer y a la zona que lo enviaron, con antecedentes gravísimos que ya habían ocurrido».
También puso énfasis en «la noche del 14 al 15 de noviembre, madrugada fatídica, donde hubo intercambio de datos como fotos y audios, como también hubo intento de conexión pero no pudieron comunicarse», relató, para contrarrestar los dichos de los acusados de que la tripulación había informado falta de novedades en la última comunicación.
En ese marco, habló de información confidencial que no podía exponer durante la audiencia pero anticipó que proveerá en privado al tribunal, dejando entrever que la tripulación habría dado indicios de algún tipo de incidente con otras flotas.
«El capitán Fernández había pedido que no lo manden cerca de estos objetivos (militares) porque no voy a poder, porque hay artes de pesca y voy a poner en riesgo a la tripulación», expresó, señalando además que esta misión tenía objetivos militares que no podía expresar en forma pública en la audiencia.

Procesamiento por homicidio agravado por el número
«Además de que los mandaron a la muerte, fueron cómplices del silencio y del abandono», dijo la abogada sobre el final de su alegato, previo a reiterar el pedido de ampliación de procesamientos, para que se incluya al almirante Srur «Ratifico el pedido para que se revoque la sentencia del 31 de enero del 2020 por la cual solamente los procesó por estrago culposo y dos o tres cositas más y solicito que se los procese por homicidio, agravado por el número con dolo eventual. También solicito que se tenga por apelada el rechazo de la imputación de esta querella respecto de la totalidad de los imputados, pero explícitamente de Marcelo Srur (ex jefe de la Armada), Mauricio Macri y Oscar Aguad». (Fuente: ADNSur)

Cañadón Seco
El Departamento de Tesorería de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco confirmó que este viernes ya acreditó en las cuentas bancarias de sus empleados los haberes correspondientes al mes de octubre.

Además, dio cumplimiento a la Resolución 2376 fechada el día 6 de este mismo mes, la cual dejara firmada el Presidente de la comuna, Jorge Marcelo Soloaga, antes de solicitar licencia extraordinaria por razones de salud, se dispuso otorgar una vez más una Asignación Solidaria Familiar a todos los empleados de planta y un plus adicional al personal femenino como homenaje al Día de la Madre.
Tales beneficios, que también se enmarcan en la difícil situación económica que afrontan muchas familias, se hicieron efectivos este mismo mes, plasmados de la siguiente manera: Asignación Solidaria Familiar de $ 7.000 a todos los empleados masculinos y $10.000 al personal femenino.
La Comisión de Fomento resaltó en consecuencia que con estas decisiones institucionales «seguimos afianzando el compromiso político y social en beneficio de todos nuestros empleados».

Caleta Olivia
El Ministerio de Salud y Ambiente comunica el fallecimiento de una paciente COVID en Caleta Olivia.

Se trata de una paciente femenina de 78 años diagnosticada COVID positivo el 21/10 quien se encontraba internado en el Hospital Zonal y presentaba comorbilidades previas.
Acompañamos a la familia en este difícil momento.
La provincia registra al momento un total de 139 fallecimientos de pacientes COVID positivo desde que comenzó la pandemia (121 Río Gallegos, 10 El Calafate, 6 Caleta Olivia, 1 San Julián, 1 Puerto Deseado, 1 Pico Truncado).

Caleta Olivia
En la sesión ordinaria 542 del Honorable Concejo Deliberante se votaron entre otras cosas, dos proyectos propuestos por el edil Gabriel Murúa de suma importancia para la comunidad; el pedido al Ministerio de Salud para que se autorice el uso del ibuprofeno inhalado y la solicitud al Ejecutivo para que brinde un informe sobre el accionar en lo que refiere a los controles realizados por el municipio para garantizar los precios cuidados, teniendo en cuenta el gran incremento que han tenido en este último tiempo los productos de la canasta básica.

«Destaco el cambio de actitud de mis pares del oficialismo que veinte días antes no quisieron acompañar el pedido para que se autorice el uso del ibuprofeno y hoy lo hicieron», señaló el concejal Prof. Gabriel Murúa al hacer un análisis de lo que fue la sesión ordinaria que una vez mas se desarrolló de manera virtual.
También se aprobó por unanimidad un pedido de informe al Ejecutivo para que brinde detalles de lo hecho hasta la fecha en lo que refiere a la constatación para que se cumpla en las góndolas el programa nacional Precios Cuidados.
En relación a esto, manifestó: «este pedido surgió a partir de las mismas inquietudes planteadas por los vecinos que ven como los precios de productos esenciales de la canasta básica familiar suben de manera considerable», sostuvo el Edil y agregó: «esto también viene de la mano de que muchos vecinos, sobre todos los empleados municipales, no han tenido mejoras en sus salarios durante este año, y cada vez se hace mas difícil llegar a fin de mes».
La comunicación aprobada por unanimidad solicita al DEM informe de los trabajos realizados desde la Secretaria de Producción sobre la fiscalización y control de los precios cuidados de los diferentes supermercados de la ciudad.
«Dicho pedido de informes deberá determinar, Cantidad de inspecciones realizadas desde el inicio del programa, Denuncias recibidas, Frecuencia de los controles que se realizan, Cantidad de personal abocado a los controles de precios e Infracciones y actas labradas por incumplimiento del programa».
Finalmente se mostró satisfecho por el cambio de actitud de los concejales del oficialismo en lo que refiere al uso del ibuprofeno inhalado. «Hoy celebro que mis pares -luego de una gran manifestación de los vecinos y de los propios profesionales de la salud de Caleta-, acompañen el pedido para que el Gobierno Provincial autorice el uso del ibuprofeno inhalado para uso compasivo», y aseveró: «ya lo han hecho varios concejos deliberantes, se han manifestado varios Intendentes, ahora espero que las autoridades provinciales finalmente permitan su uso, pensando siempre en la necesidad de salvar vidas».

Caleta Olivia

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Caleta Olivia
El Comité Operativo de Emergencia informó que este jueves 29 de octubre se registraron 62 nuevos casos positivos de COVID-19.

El informe detalla que 8 positivos se detectaron del Hospital Zonal, 43 del Plan Detectar, 4 de privados y 7 con criterio clínico. Se realizaron 117 hisopados y las altas del día fueron de 42 personas.

Comodoro
Los defensores de los seis marinos procesados en la causa abierta por el hundimiento del submarino en 2017 se centraron, con críticas a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, en las «óptimas condiciones de navegabilidad» del buque y pidieron «una pericia» que permita determinar «de manera objetiva» que pasó con el buque.

Hasta el momento, solo se escuchó el testimonio de marinos y no de la querella. La Cámara debe revisar el procesamiento de los marinos, acusados de «estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio».
En una audiencia realizada este jueves en el Centro Cultural de Comodoro, los defensores de los seis marinos procesados en la causa abierta por el hundimiento del ARA San Juan en 2017 se centraron, con críticas a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, en las «óptimas condiciones de navegabilidad» del submarino y pidieron «una pericia» que permita determinar «de manera objetiva» que pasó con el buque. Hasta el momento, solo se escuchó el testimonio de marinos y no de la querella.
La audiencia comenzó a las 10 AM y sobre las 13 pasó a un cuarto intermedio. Para la tarde se espera la exposición de la querella, que pedirá que se revoque la calificación de estrago culposo y que se reemplace por homicidio con dolo eventual.
Los informes técnicos presentados ante los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones local apuntaron, entre las hipótesis del naufragio del submarino, a un posible error de la propia tripulación durante una «verificación incorrecta o rotura» de la válvula de ventilación E19 -provocando el ingreso de agua y el incendio de las baterías- o «algo súbito que le impidió a los tripulantes reaccionar para no irse a pique».
«La jueza Yáñez solo citó a siete (seis fueron procesados y uno sobreseído), y dedicó un capítulo para exculpar a Macri y Aguad. Para hacerlo, introduce la imputación nuestra. Ahora es nuestra oportunidad de apelar también ese tramo de la resolución», detalló.

Partes
Solo tres abogados y cinco de los seis oficiales de la Armada procesados viajaron hasta Comodoro, mientras que el resto de las partes siguen la audiencia de manera virtual, debido a los protocolos por la pandemia.
La Cámara debe revisar el procesamiento del excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval, contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío Claudio Villamide, excomandante de la fuerza de submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales; el capitán de navío Héctor Alonso, exjefe del estado mayor del comando de la Fuerza de Submarinos, el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, exjefe de departamento de Operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, exjefe del departamento Logística de la fuerza submarina. Están acusados de «estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio».
Para la magistrada, los imputados sabían que el submarino no se encontraba en buenas condiciones y desoyeron el planteo del comandante Pedro Fernández respecto del funcionamiento defectuoso del snorkel y la válvula E19, que habría sido determinante en el hundimiento e implosión del submarino.
Presidide la audiencia Javier Leal de Ibarra, mientras que el cuerpo colegiado está integrado por Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman.
«Nos dicen que los abandonamos (a los 44 tripulantes fallecidos), que los mandamos a navegar en malas condiciones. Todos nosotros teníamos conocidos, camaradas en la dotación del ARA San Juan. Compartí con muchos destino y años de navegación. Fuimos nosotros los que le avisamos a las familias y los que pedimos ayuda a la Armada americana. Me genera mucha bronca e indignación. Se está menospreciando la capacidad e idoneidad profesional de todos los tripulantes. Ellos eran los encargados de mantener y operar el buque. Nadie es un suicida en esta actividad», expresó Villamide en su exposición.
Su abogado, Juan Pablo Vigliero, apuntó hacia la jueza Yañez por «construir pruebas que se basan en falsedades o falta de información», dijo, y remarcó que «la nave se fue a pique y la tripulación no pudo dominarla. El antecedente fue el problema en la batería reportada por el capitán. Nadie puede evitar lo que no conoce ni podía conocer. Lo que sucedió estaba fuera del conocimiento y control (de Villamide). Por eso pedimos un peritaje. Los jueces deberían revocar la resolución (de procesamiento) y sobreseerlo».
Basó sus argumentos en «informes técnicos que fueron obviados por la magistrada» y recordó que Villamide «fue el último en hablar con el comandante del ARA San Juan».
Aseguró que «una tragedia como ésta no se soluciona con una injusticia. Según la jueza, el submarino naufragó por las pésimas condiciones de navegabilidad y Villamide debería haber impedido que salga al mar. Habla de anomalías, problema en sistemas operativos o falta de pieza».

Alertas
La jueza «desarrolla al materialidad del hecho. Dice que el submarino presentaba alertas que supuestamente comprometían su seguridad» como problemas en «el sector de señales, embarque de torpedos, periscopio, en el sistema de propulsión, línea de eje, pruebas pendientes de presurización», entre otras.
Además, según dijo el abogado defensor, Yañez «subvierte y degrada la actuación de los 44 servidores hoy muertos, que son los que hacían las pruebas previas para la salida, además de mas de 25 áreas de la Armada. ¿Qué pretendíamos? ¿Que Villamide o López Mazzeo hubieran chequeado cada pieza con una llave inglesa? Rige el principio de confianza, que es confiar en cada uno de los eslabones que debían garantizar la salida al mar».
Subrayó que «la resolución de la jueza es arbitraria. Ha hecha afirmaciones sin sustento. Tenemos tres informes técnicos, informes de submarinistas y los informes del propio fabricante. No me es cómodo decir que un magistrado resolvió algo que contiene falsedades. Hay párrafos que afirman cosas que no son ciertas y lo vamos a demostrar».
«Es falso afirmar que el submarino no estaba operativo -recalcó-. Después de la reparación de media vida en 2015, se hace entrega a la Armada. Es el jefe del Estado Mayor de ese momento el que lo pone en operaciones y se encargan de habilitarlo los sucesivos comandantes del submarino». (Fuente: ADNSur)

Caleta Olivia
En el marco de la Semana de La Familia, los Jardines Maternales municipales confeccionaron kits de dibujo escolar para que los niños puedan continuar trabajando, aprendiendo y divirtiéndose desde sus hogares.

Actualmente dichos establecimientos, asisten virtualmente a 500 niños con diferentes propuestas educativas. Es por este motivo que el kit es un aliciente más en este contexto de Pandemia y consta de hojas, plasticola, tijera, entre otros elementos.
La modalidad de entrega fue organizada con cada Jardín, estableciendo diferentes días de entrega para que los familiares retiren los kits según la terminación par o impar de su DNI, en los horarios que luego dispondrán en cada sector para evitar la aglomeración de personas.
En este sentido, la subsecretaria de Política Social, Iris Casas, manifestó que la idea es que los niños puedan entretenerse junto a sus padres, desarrollando las actividades como lo vienen haciendo hasta el momento.
«La verdad es que siempre tenemos muy buena respuesta de parte de los padres y madres, y no perdimos el vínculo desde el inicio de la Pandemia», manifestó.
Por otro lado, Amanda Correa, educadora del Jardín Maternal Manitos Traviesas, explicó que desde el mes de marzo vienen desarrollando diversas actividades educativas para todos los niños. «El objetivo es continuar trabajando y este kit es un presente de parte de todas las educadoras y de la Municipalidad. Igualmente hasta finalizar el año pretendemos seguir así», culminó.

Comodoro
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia convocó para hoy a la audiencia de apelaciones contra el fallo de primera instancia que dispuso el procesamiento de seis altos mandos de la Armada y rechazó investigar las eventuales responsabilidades de los integrantes del Poder Ejecutivo nacional y de los jefes de esa fuerza en el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en 2017.

La audiencia, que debió ser diferida durante meses como consecuencia del aislamiento social impuesto como medida sanitaria ante el avance del coronavirus, se lleva a cabo a partir de las 10 en el Centro Cultural municipal, en formato mixto: algunas partes estarán presentes en el lugar y otras asistirán por videoconferencia, informaron fuentes judiciales.
Se trata del expediente en el que se investigan las causas y eventuales responsabilidades penales derivadas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el día 15 de noviembre del año 2017, que ocasionó la pérdida de la unidad submarina y costó la vida de sus 44 tripulantes, todos integrantes de la Armada Argentina.
La audiencia será presidida por el camarista federal Javier Leal de Ibarra quien integra el tribunal de apelaciones junto a los magistrados Aldo Suarez y Hebe Corchuelo de Huberman.

En la planificación de la colaboraron las autoridades del Gobierno de Chubut a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), quienes coordinarán las medidas sanitarias de resguardo, necesarias para garantizar el aislamiento social de quienes provengan de otras jurisdicciones, «exigiéndoles un test negativo PCR no mayor a 48 horas previas a su ingreso a la Provincia, además de la prohibición de circulación local», indicaron a Télam fuentes judiciales.
Por los familiares de las víctimas del hundimiento participarán de la audiencia los abogados Luis Tagliapetra (padre de Alejandro, uno de los tripulantes) y Valeria Carreras; mientras que también serán parte de la audiencia los abogados de los imputados que, según pudo saber esta agencia, se presentarían por videollamada.
Fuentes vinculadas a la causa adelantaron a Télam que los abogados de las querellas de los 44 tripulantes fallecidos durante el hundimiento del submarino ARA San Juan insistirán en reclamar que se investiguen las responsabilidades del entonces presidente Mauricio Macri, el exministro Oscar Aguad y del exjefe de la Armada Marcelo Srur.
En tanto, los defensores públicos y privados de los imputados atacarán la calificación de los delitos que se les atribuyó a los acusados.
En febrero pasado, la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, a seis exaltos mandos de la Armada Argentina y el sobreseimiento a un séptimo marino por el hundimiento del ARA San Juan y rechazó investigar posibles responsabilidades políticas en ese caso.
Yáñez les imputó el delito de «estrago culposo agravado por el resultado de muerte» a Jorge Sulía, exjefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, exjefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, exjefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y a Eduardo Luis Malchiodi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.
También los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio y les impuso embargos que van de $ 2 millones (a Sulia Correa) a $ 3,5 millones (a Mazzeo y Malchiodi). En tanto, Alonso fue embargado por $ 2,5 millones y Villamide en $ 3 millones. (Fuente: Telam. Fotos: ADNSur)

Caleta Olivia

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