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Río Gallegos
En una reunión informal convocada por el gobierno, funcionarios provinciales del Ministerio de Salud y de Trabajo, llamaron a los referentes de APROSA para acercar las partes en búsqueda de restablecer el canal de diálogo.
En el encuentro, el gremio mantuvo su postura sobre sus reclamos y principalmente, el pedido de la paritaria sectorial para solucionar los reclamos de la ley 1795 y 1200.
La secretaria general, Andrea Pérez, junto al secretario tesorero, Juan Ponce, estuvieron en la ciudad de Río Gallegos para participar de la confección del convenio colectivo de trabajo, que lleva más de 10 años de discusión, y que según se adelantó, podría estar terminado antes de fin de año.
“Esto será un antes y un después para la salud pública en Santa Cruz”, precisó Pérez, en referencia al trabajo que se viene realizando en pos de articular las necesidades sectoriales y gremiales en este manifiesto, que seguramente va a convalidar los derechos que tenemos como trabajadores, y las obligaciones del estado para proteger nuestras reivindicaciones, enfatizó la doctora.
Por otra parte, el gobierno a sabiendas de la presencia de los principales referentes de APROSA en la capital provincial, le solicitó acceder a una reunión informal, en búsqueda de poder sanear el canal de diálogo, que durante muchos meses estuvo cortado.
En tal sentido, funcionarios provinciales por una lado, y Andrea Pérez, Juan Ponce y Fredy Sánchez Céspedes por el otro, se volvieron a ver las caras, y allí intercambiaron visiones políticas sobre la realidad de la salud pública provincial.
En este punto, APROSA no se desvió de sus reclamos, dejando en claro, que su lucha va a persistir en base a lo que viene reclamando desde hace tiempo, y pidió directamente al gobierno que atienda las problemáticas que viven los integrantes de la ley 1795, y 1200, donde el gremio tiene injerencia.
Asimismo, durante la charla, el gremio volvió a solicitar por la apertura de la paritaria sectorial, ya que considera que se trata de la única instancia institucional para poder avanzar y así, buscar caducar con las asimetrías. Por su parte, el gobierno ofreció armar mesas y una agenda de trabajo, en base a la postura política de APROSA para migrar hacia nuevas ventajas que sean prósperas para los trabajadores.

Nación
Otro de los puntos de reflexión sobre este encuentro con autoridades provinciales fue la incertidumbre que tienen los trabajadores del Hospital SAMIC, quien el estado nacional muestra indicios en desentenderse de esta institución, con la intención de trasladarla a la órbita de la esfera provincial, sin medir consecuencias.
Sobre el tema, APROSA mostró su preocupación y dijo no entender esta quita de recursos del gobierno nacional, que no solamente lo hace en Santa Cruz, sino en el todo el país, que sufre una baja en la calidad del sistema de salud, afectado además, por el desmantelamiento del ministerio de salud, dejándolo en el rango de secretaría, todo un símbolo, como si este servicio esencial, no fuera prioridad para los argentinos, y ni que hablar para la administración central.
Recordemos que días atrás Andrea Pérez y Juan Ponce, en representación de APROSA, estuvieron en la capital federal, para ser parte de la inmensa movilización organizada por la FESPROSA, cuyo propósito fue reclamarle al gobierno nacional que cambies su errónea política de salud y sus medidas, que tienen como eje el recorte y el ajuste fiscal.

Buenos Aires
El fiscal ante la Cámara Federal respaldó la apelación que hicieron Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, en el marco de la causa que comenzó con las anotaciones del chofer Oscar Centeno
El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes sostuvo la apelación que hicieron los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo del procesamiento que dictó el juez Claudio Bonadio en la investigación de corrupción iniciada a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
El 17 de septiembre pasado Bonadio había procesado a unas 40 personas entre ex funcionarios y empresarios. En la causa se reveló el pago de coimas que empresarios de la obra pública -y de otras áreas- les hacían a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para quedarse con negocios.
El juez había dictado los procesamientos por los delitos de asociación ilícita, dádivas y cohecho en base a las anotaciones que hizo Centeno -chofer de Roberto Baratta, número dos de Julio De Vido en el ministerio de Planificación del kirchnerismo- más las declaraciones de 20 arrepentidos.
Bonadio consideró jefa de la asociación ilícita a Cristina Kirchner y la procesó con prisión preventiva a resultas de la apelación que deberá resolver la Cámara Federal para que, de confirmar el procesamiento, el Senado de la Nación le quite sus fueros para proceder a detenerla.
En este contexto, Moldes solicitó que una vez confirmada la resolución por la Cámara, se le quiten los fueros a la ex mandataria y sea detenida de manera “inmediata”.

Memorial
El fiscal inició su memorial presentado ante los jueces de la Sala I de la Cámara Federal señalando que no hay demasiadas diferencias entre los fiscales y la decisión de Bonadio: “De la lectura de los agravios de los recurrentes se advierte que el disenso entre la posición del Juez y la del Ministerio Público es mínimo.
Básicamente se limita a la calificación legal asignada a una parte de los hechos, los tipos penales aplicables y el rol desempeñado por algunos de los integrantes de la asociación delictiva”, dijo Moldes.
El fiscal respaldó todo lo solicitado por los fiscales, quienes pidieron que los imputados sean acusados del delito de cohecho (coimas) y no por el de dádivas.
“A la luz de los hechos expuestos en las presentes actuaciones -señaló- parece absurdo suponer que los empresarios que acordaron con los más altos funcionarios del gobierno entre los años 2003 y 2015 y que se beneficiaron con ello –cartelización de la obra pública– simplemente hayan obsequiado dinero a los funcionarios en el sentido definido por la norma legal cuestionada”.
Y agregó que la confesión como arrepentido del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, así lo muestra: “Tal declaración resulta determinante para entender que los pagos, efectuados por los empresarios y que eran receptados por los funcionarios corruptos, exceden el mero intento de congraciar al receptor. Por el contrario, se conformó una cadena de engranajes para que unos cedan el acto funcional de otorgar o concesionar, y los dadores se beneficiaran con los contratos de obra pública obtenidos de manera espuria, y en desmedro de las reglas de la competencia”.

Imputados
El fiscal, en su presentación a la que accedió Infobae, citó las declaraciones de varios imputados para mostrar que “…los pagos efectuados no tenían, por cierto, el carácter de una mera dación, o como homenaje al funcionario y sin esperar contraprestación o acto por parte del agente que recibe; sino que demuestran la clara existencia de un acuerdo venal y corrupto entre empresarios y funcionarios públicos, a fin de obtener de ambos lados un lucro indebido; el funcionario provecho patrimonial en función del cual liberaba un pago; adjudicaba una obra, extendía una concesión o la obtención de subsidios”. Para Moldes se pagaron coimas y no dádivas.
Moldes coincidió también con Stornelli y Rívolo en cuanto a que Wagner, el financista Ernesto Clarens, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Gerardo Ferreyra, fueron organizadores de la asociación ilícita bajo investigación y no tan solo miembros como determinó Bonadio.
El fiscal explicó el funcionamiento de una asociación ilícita: “Veamos, es jefe de una asociación ilícita quien detenta un dominio mayor del quehacer delictivo por ser el único con capacidad funcional para conducir, actuar o desactivar el accionar de la banda, de manera tal que los otros deben rendirle cuentas constantemente, pues es el jefe quien tiene la última decisión. Esos jefes, a su vez, pueden ser también organizadores o delegar en otros esa función, pero siempre, imparten directivas y ordena jerárquicamente la asociación –En el presente caso hablamos de Cristina Elisabet Fernández, viuda de Kirchner-”.
Y continuó: “El organizador, necesariamente debe intervenir en su establecimiento, sea al fundarla o una vez constituida. En el primer caso serían aquellos que deciden conformar una ‘sociedad’ tendiente a cometer delitos, diagramando el esquema diario para cumplir con los propósitos delimitados por el acuerdo previo; son los que toman a su cargo la tarea de esquematizar la asociación, al menos en el rubro que les compete, de manera que suelen tener más conocimiento acerca de las actividades propias que desarrollan; son los que han actuado en su establecimiento, ordenamiento o constitución”.
“Por ello quien organiza debe tener un reproche mayor al de los integrantes y menor que el del jefe. Mientras que un mero integrante puede agruparse luego de que la organización ya esté conformada por al menos tres personas, del organizador depende, que se den los recaudos necesarios para que efectivamente se constituya la asociación. Comprende a aquél que establece las bases constitutivas de la sociedad o a quien es el encargado de la programación de los planes delictivos que la banda tiene como finalidad cometer”, añadió.
Por eso Moldes señaló que Clarens “integró la sociedad desde casi sus comienzos, por tanto tuvo una participación primordial tanto en su desarrollo constitutivo como hasta en los últimos hechos investigados y formó parte de la agrupación bajo el mando tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Elisabet Fernández, viuda de Kirchner”.
“Él era quien recibía los pagos provenientes del sector de la construcción vial, siendo el único encargado, desde un comienzo, de cambiar las divisas y de realizar las tratativas necesarias para girarlos a sus destinatarios finales, por él se canalizaban los pagos ilícitos. Su rol de organizador se percibe claro cuando vemos que de las declaraciones surge que el sistema de pagos no había sido entendido hasta que él diagramara el camino que debía cumplirse, Wagner, por ejemplo, señaló que el esquema era confuso y que fue a partir de su incorporación, por decisión de los funcionarios, que se hizo estable y ordenado”, planteó el fiscal en el escrito.

Buenos Aires
El Senado aprobó la Ley de Integración Social y Urbana de los barrios populares. El legislador por Santa Cruz Eduardo Costa destacó su importancia para integrar y dar oportunidades a todos los vecinos.
La Ley de regularización dominial fue presentada por el Gobierno Nacional y fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y el Senado Nacional.
“Esta ley es muy importante porque va a servir para integrar a cientos de vecinos a la ciudad de Río Gallegos y les va a dar la oportunidad de tener su terreno, urbanizado y con servicios”, destacó Costa.
Se trata de una iniciativa histórica que beneficia a miles de personas de barrios populares, villas y asentamientos del todo el país que se convertirán en propietarios de sus viviendas. En Santa Cruz, la medida alcanzará a los barrios Madres a la Lucha, Los Lolos, José Font/ Marina y asentamiento Bicentenario I y su extensión de Río Gallegos; todos terrenos que pertenecen al municipio.
Es importante destacar que esta Ley de regularización dominial no sólo incluye el acceso al título de propiedad de sus casas sino que además busca que estas personas puedan acceder a los servicios públicos.

Río Gallegos
Esta ley puntualmente en Río Gallegos alcanzará a casi 800 viviendas y cerca de 3450 personas que hoy viven en asentamientos en la zona de Río Gallegos, fundamentalmente mujeres y niños menos de 15 años.
“El Estado Nacional dará el título de propiedad a estas familias, pero esto no sólo se trata de regularizar la situación dominial, sino que significa además comenzar a reconocer los derechos de los vecinos de la provincia quienes tendrán acceso a servicios básicos y podrán dejar atrás la situación de precariedad en la que hoy viven con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, entre ellas, en el acceso a la vivienda, a la salud, el trabajo y la educación”, destacó Costa.
Esta Ley sólo pudo ser posible dentro del Programa del Gobierno de Cambiemos que entiende la importancia de lograr la urbanización de los 4228 barrios populares, villas y asentamientos del todo el país. Vale comentar que actualmente en Argentina el 94% de esas personas no tienen acceso al agua, el 99% no tiene acceso a la red cloacal y el 75% no tiene red eléctrica.
“Esta Ley aprobada en el día de hoy representa el trabajo del Gobierno Nacional en conjunto con varias organizaciones nacionales que permitirá garantizar una vivienda digna y mayor calidad de vida para los vecinos de Santa Cruz”, dijo Costa.
Agregó que “se trata de una ley Integral del espacio socio urbano porque no sólo comprende el acceso a la vivienda sino también mejora de equipamiento social, elimina barreras urbanas y posibilita mayor conectividad, entre otras cosas.