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Buenos Aires
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá hoy lunes a los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, para prestar declaración indagatoria, una vez más, por hechos vinculados a la causa de los cuadernos.
La ex mandataria y actual senadora nacional (Unidad Ciudadana) está citada a declarar ante el juez federal Claudio Bonadio, el magistrado que primero y más veces la indagó, por 8 hechos diferentes.
Las ocho indagatorias consecutivas comenzarán a las 10 de la mañana y fueron convocadas: si bien se estima que la ex mandataria no responderá preguntas y presentará uno o más escritos, en cada caso deberá escuchar la imputación en su contra y armar el acta por lo que la visita a Comodoro Py no sería corta.
La presencia de la ex presidenta en los tribunales de Retiro estará enmarcada en un fuerte operativo policial que comenzará a las 6 de la mañana, según indicaron a Télam fuentes de esa institución, y que incluirá el blindaje del 4 piso, donde se encuentra el juzgado 11, que conduce Bonadío.

Hechos
Uno de los hechos por los que deberá responder la ex presidenta es el uso de los aviones presidenciales durante su gestión, un expediente que se desprendió del caso de los cuadernos de las coimas, informaron fuentes judiciales. El resto de los llamados a indagatoria están también vinculados a la causa de los cuadernos, salvo uno que está relacionado con el expediente en el que se investigan supuestas irregularidades en la importación de Gas Natural Licuado durante el gobierno kirchnerista.
La última citación dispuesta por Bonadio es la de los aviones presidenciales: allí ex pilotos presidenciales declararon que durante el kirchnerismo fueron utilizados para transportar diarios y muebles desde Buenos Aires hacia Santa Cruz.
Las otras seis causas son: subsidios a colectivos, corredores viales, cohecho en ferrocarriles, la propia causa de los cuadernos, obras viales y una vinculada con informes encontrados en la casa de la ex presidenta en Río Gallegos.

Buenos Aires
Peluquerías y lavaderos de autos son los rubros más elegidos por los migrantes de la República Dominicana que se instalaron en el sur del país como fachada de sus negocios.
Sin embargo, desde hace más de diez años que varios ciudadanos del país caribeño instalados en la Patagonia están involucrados en causas de narcotráfico o trata de personas y su participación aparece cada vez con más frecuencia.
Hubo casos resonantes. En septiembre del año pasado, la Policía Federal desbarató después de nueve meses de investigación a la”Banda del Caribe” integrada por cuatro dominicanos y un colombiano que operaba en Chubut y Santa Cruz con seis allanamientos en Comodoro Rivadavia, incluída la terminal de micros y otros tres procedimientos en Caleta Olivia, los cuales fueron ordenados por la jueza chubutense Eva Parcio de Seleme: les encontraron casi siete kilos de cocaína en una valija que llegó a Comodoro Rivadavia desde Capital Federal. Todos los detenidos cayeron en la terminal con las manos en el envío.
Había personajes interesantes dentro de la “Banda del Caribe”, tales como “El Mutante”, dominicano de origen, sospechado de ser el encargado de la distribución. Se sospechaba una guerra interna en la banda: la casa del “Mutante” recibió un balazo, quizás una advertencia.
La droga que entra a la Patagonia, desde Río Negro hasta el fin del mundo, tiene varias alternativas para llegar a destino. Pero los proveedores son generalmente los mismos: los narcos que operan en las villas porteñas.
Las investigaciones federales a las que accedió Infobae apuntan a que las organizaciones que funcionan en el sur del país se abastecen de la sustancia que traficantes acumulan como stock, tanto en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores como en distintos barrios del sur como Monserrat, San Telmo o Barracas.
Un presunto narco dominicano penetró con particular fuerza en Constitución. Ardinson Amaury Aquino, “El Chibolo”, había llegado a la Argentina alrededor de 2005, fijó como domicilio un departamento en la calle Pasco en San Cristóbal, pagó impuestos, hasta cobró una asignación familiar del ANSES. En agosto de 2017, “Chibolo” fue arrestado por la Policía de la Ciudad en una casa en Avellaneda: le encontraron 40 kilos de cocaína.

Proveedor
Lo acusaban, básicamente, de ser uno de los proveedores más fuertes para el mercado de dealers de Constitución.
Se sospechaba que “Chibolo” -que figuraba extensamente en las conversaciones de una banda de narcos de varias nacionalidades procesada por el juez Ariel Lijo en 2014, entre ellos colombianos y venezolanos- estaba detrás de una clásica peluquería dominicana en el barrio en donde se fraccionaban bolsas de cocaína que llegaban a manos de mujeres trans que ejercían la prostitución en la zona.
De vuelta a la Patagonia, en el caso de Tierra del Fuego, “hay diferentes alternativas para llegar, está la ruta terrestre que es complicada porque hay que pasar por Chile lo que implica enfrentar cuatro controles fronterizos; por aire, que es el método privilegiado para transportar la droga; y el marítimo que es casi nulo porque los viajes que llegan son generalmente desde Europa o de barcos que salen de acá”, explica una fuente de la Fiscalía Federal de la provincia.
El sistema de mulas es elemental para que la droga llegue al sur. Las bandas optan por contratar personas que escondan cocaína entre sus prendas o equipaje porque es muy difícil de detectar salvo que los investigadores sepan de antemano la existencia de la mula. “Hay miles de personas todos los días en los aeropuertos, lo que lo hace prácticamente imposible realizar una revisación a cada pasajero. Sin embargo en el último años comenzó a haber un control más exhaustivo para quienes viajan desde Aeroparque al Aeropuerto de Río Grande”, agregó el investigador federal.
Los micros también sirven. El 9 de mayo de 2016 en el paraje Arroyo Verde en Chubut, una mujer trans, peluquera según ella misma, oriunda de Santo Domingo, cayó con tres kilos y medio de cocaína cuando un perro antidrogas lo olió el bolso en un móvil de la empresa Don Otto con rumbo a Comodoro Rivadavia.

En Caleta
Dijo que el bolso no era suyo, que era de “un paisano” al que conoció en un bar de Parque Patricios, que le pagaría 10 mil pesos si se lo entregaba a “otro paisano” en Caleta Olivia.
Le incautaron el celular y se lo peritaron. Un contacto le había escrito: “Estoy esperando los 3 K, qué pasó, dime”.
La mujer trans terminó condenada el 13 de abril de 2018 a cinco años de cárcel por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Para condenarla, usaron su nombre de nacimiento. A mediados de este mes, el Tribunal le negó el beneficio del extrañamiento para volver a su país tal como prevée la ley y que le fue otorgado a capos como Alionzo “Ruti” Mariños y ordenó que le descuenten los dos mil pesos de multa del sueldo penitenciario que le habían marcado en su condena.
Para los traficantes dominicanos que operan en el sur no se trata de grandes cantidades de estupefacientes: en un vuelo lo máximo que puede transportar una persona son un kilo y medio o dos, los micros ofrecen más capacidad.
El negocio real está en el precio de lista: un gramo de cocaína en Ushuaia o Río Grande puede venderse de 800 a mil pesos, una diferencia considerable con respecto a los 300 a 500 que se ofrece en diferentes puntos de la Capital. Una fuente que conoce la mecánica: el kilo que en Buenos Aires puede comprarse a diez mil dólares en valor mayorista callejero es vendido a 15 mil en las calles patagónicas, con un considerable estiramiento posterior.
Desde hace varios años existe en Río Grande una comunidad de dominicanos que se acrecentó en los últimos tres años. De hecho, el año pasado se instaló en la ciudad un consulado itinerante de la embajada de República Dominicana.
En las causas judiciales también aparecen los dominicanos con más asiduidad. “No son grandes bandas pero sí familias: padres, hijos, primos que empiezan a vincularse con el negocio. En los últimos tiempos también empezamos a ver enfrentamientos entre bandas de dominicanos, por plata que no se pagó o algún favor que no se devolvió”, explicó una fuente judicial.
El 16 de noviembre del año pasado, dos jóvenes de 20 y 21 años fueron atacados a balazos por tres hombres que circulaban en un auto. Ambos sobrevivieron pero adjudicaron el ataque a un ajuste de cuentas de parte de unos vecinos.
En los viajes desde Buenos Aires a Tierra del Fuego estas bandas no sólo llevan y traen mulas sino que también lo hacen con mujeres para ejercer la prostitución. “Viajan un mes y después vuelven y así las van rotando. Están divididos así: los hombres se dedican a la droga y las mujeres son utilizadas para la trata de personas”, contó un investigador a Infobae. Para sus negocios los dominicanos que se dedican a las actividades delictivas usan como fachadas principalmente lavaderos de autos y peluquerías tal como lo habría hecho, por ejemplo, “El Chibolo” en la zona de Constitución.
También se usaron bares nocturnos, como el caso de Lucy Alberca Campos, una ciudadana peruana de 34 años que fue detenida en 2012 acusada de liderar una banda narco integrada por dominicanos y argentinos que funcionaba en Ushuaia, que también se dedicaba a la trata de personas. En el momento de la detención tenía siete millones de pesos en el lugar.
Fue condenada en 2016 a a tres años en suspenso por el delito de trata y explotación de personas.
Sin embargo, en agosto del 2018, Lucy Campos recibió una condena abreviada por la unificación de las dos penas (tráfico de estupefacientes y explotación de personas) de cuatro años de prisión.