El ataque a balazos que sufriera el rodado del hijo de un empresario en Río Gallegos, la desaparición misteriosa de una mujer también en la ciudad Capital, y otros hechos como las sospechosas muertes en Caleta Olivia de vecinos en el interior de dependencias policiales, ponen en la mira a las instituciones del estado en nuestra Provincia.
De un tiempo a esta parte se ha puesto en debate el papel que cumplen en Santa Cruz las instituciones del Estado y con esto la consulta permanente si en realidad funcionan en favor de los vecinos o se mueven por otros intereses que poco tienen que ver con brindar soluciones y dar tranquilidad a los Santacruceños; las declaraciones públicas del empresario Riogalleguense Rubén Aranda, padre del joven a quien le balearon su auto desde una camioneta con vidrios polarizados y sin chapa patente, fueron las que pusieron en evidencia lo que muchos otros vienen diciendo en voz baja, “Es una Provincia donde ocurren hechos tan graves como la desaparición de una persona, o como el caso de una Dra. en San Julián. Cualquiera se anima a hacer cosas porque no pasa nada”.

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A este episodio del que aún no hay ni detenidos ni tampoco se logró identificar al rodado y mucho menos a sus ocupantes, hay que sumar la misteriosa desaparición de Marcela López quien hace casi ocho meses es intensamente buscada por sus familiares; de este hecho no hay mayores avances, y por el contrario sí hay muchas críticas por el escaso accionar por parte de quienes están al frente de la investigación.
El caso de la vecina que desapareció el 22 de mayo del año 2021 conmocionó a Santa Cruz y genera un sinfín de hipótesis, pero que lejos están de lograr su aparición; es más ya ni siquiera se la busca, son solo sus familiares y un puñado de militantes de diversos sectores políticos y sociales los que piden a gritos Justicia y saber ¿Qué pasó con ella?
A las pocas horas del incidente que tuvo como blanco el vehículo del empresario Rubén Aranda, éste manifestó en declaraciones públicas que fue identificada una camioneta Hilux sin patente, desde la que se efectuaron los disparos, “es responsabilidad absoluta del estado de que ese tipo de vehículos circulen libremente por la ciudad”, y agregó: “hablo de las instituciones del estado que deben cuidarnos y cuidar a todos los ciudadanos colocando cámaras de vigilancia. Yo no creo que alguien que ande en un vehículo sin patente y polarice sea solo para transitar y nada mas, si lo hace es porque quiere delinquir”.

Policía sospechosa

En el plano de Caleta Olivia en el 2021, se registraron por lo menos dos hechos que, y por los dichos de sus protagonistas y de muchos vecinos que lo hacen saber a través de las redes sociales y los medios de comunicación, ponen en riesgo la credibilidad de las instituciones del estado que son las que tiene que velar por la seguridad; el 7 de abril es encontrado muerto en una celda de la Seccional Quinta de Policía un joven identificado como Rodrigo Curaqueo de quien se informó en primera instancia que se había suicidado lo que de forma inmediata generó dudas por parte de sus familiares y por lo cual se inició una causa judicial que todavía está en instancia investigativa.
Otro hecho ocurrió hace algunas jornadas nada más cuando Santiago Díaz quien estaba detenido en la Seccional Segunda imputado por un homicidio, falleció a unas pocas cuadras de la dependencia supuestamente mientras huía después de haber burlado la custodia policial. Desde las fuerzas de seguridad en primera instancia se dijo que se había descompensado y producto de un paro cardiorrespiratorio, aunque horas después la autopsia reveló que había fallecido por asfixia mecánica por compresión en el cuello.
Todos estos hechos que ocuparon y ocupan la agenda pública hacen pensar en el papel que cumplen las instituciones del Estado.