Ambos países aprobaron leyes para amordazar a los medios críticos que acabaron en un enorme fracaso

Por el momento, los anuncios de Sánchez la «regeneración democrática», la «limpieza» y a poner fin a la «maquinaria de fango» son meras generalidades. Sin embargo, el presidente y el gobierno han dado pistas suficientes sobre cómo será la legislación de medios de comunicación que les ronda por la cabeza.

Las líneas maestras que ha ofrecido el presidente del gobierno tanto en su carta del miércoles de la semana pasada, como en su comparecencia el lunes en Moncloa y las entrevistas en TVEy en la cadena SER, ofrecen suficientes pistas de cómo pretenden regular los medios en España.

Y todo parece indicar que el modelo que podrían tratar de replicar es el de la ley de Medios de la Argentina de Cristina Kirchner y la ley de Comunicación del Ecuador de Rafael Correa.

Ambos líderes izquierdistas hispanoamericanos se entrometieron en los medios de comunicación libres, trataron de amordazarlos y ahogar toda prensa crítica.

En Argentina, donde el actual presidente Javier Milei ha derogado los puntos más lesivos de la ley aprobada por le kirchnerismo en 2009, la ley de Medios tenían como claro objetivo el conglomerado mediático de Clarín.

En Ecuador el objetivo era más indiscriminado y buscaba poner fin a la libertad de prensa en el país. No en vano, en dos años en vigor la ley de Comunicación de Correa, ahora también modificada para acabar con sus abusos, se sancionaron en Ecuador casi 200 medios de comunicación.

¿Ese es el modelo que busca el PSOE para España? La ley argentina argumentaba la necesidad de la regulación por la existencia de un supuesto monopolio de supuestos grupos de poder que controlaban la prensa.

En ese sentido, Kirchner afirmó que le ley era «una reforma para acabar con el monopolio que ejercen ciertos grupos económicos sobre la información».

Esa definición recuerda a la propuesta de reforma en la que se insiste en la órbita política y mediática de Sánchez, donde se propone que la reforma consista, en esencia, en poner obstáculos a la viabilidad económica de los medios y obligarles a publicar el origen de su financiación, además de privar de publicidad institucional a los medios díscolos.

La ley reconocía en su primer artículo que su objetivo era el desarrollo de «mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación».

¿Y qué fue lo que dijo Sánchez en TVE?: «Desde el punto de vista político, se ha planteado un debate muy necesario en este país: cómo fortalecemos la democracia ante una maquinaria de fango que lo que hace es crear noticias falsas, propagar bulos y desinformación (…), que acaban afectando al debate público y acaba siendo víctima la ciudadanía en términos de convivencia. (…) Tenemos entre todos que pararlo».

Mismo argumento: intervenir los medios de comunicación para defender la democracia, obviando que la democracia es imposible sin medios de comunicación libres o con medios de comunicación intervenidos por el gobierno para perpetuarse en el poder.

En Ecuador, la ley impulsada por Correa era menos sutil, pese a lo cual, incluía expresiones que se han escuchado en España en los últimos días en boca del presidente y sus ministros.

La ley, a la que curiosamente sus críticos le pusieron el sobrenombre de «ley mordaza», hablaba de poner fin al «linchamiento mediático» impulsado por los medios de comunicación.

Una expresión –linchamiento mediático– que recuerda a la «campaña de descrédito» y la «máquina de fango» de los «pseudomedios de derecha y ultraderecha» denunciados por Sánchez.

La ley de Comunicación de Correa creaba un organismo de censura previa denominado Superintendencia de Información y Comunicación que, en esencia, tenía la tarea de «vigilancia, auditoría, intervención y control» sobre los medios de comunicación. También establecía un Consejo de Regulación de Medios.