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Caleta Olivia
Desde la semana pasada cuando se sancionó y promulgó la Ordenanza de incompatibilidad de cargo, se desató un debate que derivó en un intenso intercambio entre Julián Carrizo – titular del Sindicato de Empleados Municipales de Caleta Olivia – y el intendente Facundo Prádes, quien en un principio había vetado el primer intento de poner en vigencia la medida.
Pero ahora, con el instrumento legal en plena vigencia, tanto el jefe Comunal como el dirigente gremial analizan acciones a seguir.
Vale mencionar que se considera “incompatible el desempeño de un cargo o empleo en la Municipalidad, con la percepción de Jubilaciones, Pensiones y/o Haberes provenientes de cualquier Régimen Previsional y aún los de las Fuerzas de Seguridad a nivel Nacional o Provincial”.
Ante esto, tanto Julián como Facundo salieron e expresar preocupación, e incluso hablaron de consecuencias legales y jurídicas que podría tener la aplicación de la ordenanza. También el titular del SOEM, fue mucho mas lejos y califico la ordenanza como “inconstitucional”.
De todos modos, fuentes del Concejo consultadas por el diario Mas Prensa, mencionaron que en el “espíritu y la letra” de la ordenanza no esta la retroactividad de la medida, con lo cual las 450 personas ( cargos) que ya incurren en incompatibilidad no estarían alcanzados; y la medida restrictiva apuntaría solo a futuras incorporaciones.

Doble cobro
Ayer, el líder del SOEMCO dijo que se reuniría en las próximas horas con el intendente para plantearle la “afectación de derechos laborales adquiridos” e incluso habló sobre un análisis de los casos que harían los asesores legales del gremio para plantear esto a la Justicia. Igualmente, el Jefe Comunal se expresó indignado en el canal local, cuando recordó que él había vetado la ordenanza, y que en su ausencia se había puesto en vigencia tras la última sesión del Concejo Deliberante local. En tal sentido vale mencionar que la ordenanza tenía un sentido de dar una herramienta legal que resguardara las finanzas de la comuna. Es importante destacar que los fondos de los que proviene el pago de los salarios ( por partida doble) tiene el mismo origen, las arcas provinciales.
Esto ocurre con los docentes – a los que el intendente llama “los profes” – que tiene cargos en la comuna y a su vez tiene “horas cátedras” en el sistema educativo provincial. Ocurre que en muchos casos, no declaran uno de los dos cargos, para no incurrir en un incumplimiento legal. Esto es porque a nivel docente, no se podría superar las 36 horas cátedras semanales; cosa que ocurre de manera sistemática al tener dos cargos uno en la provincia y otros en la comuna. Con el tema de los médicos es similar, pero en el sistema de salud pública que también tiene regulaciones en este sentido.
No obstante, las 450 personas a las que hace referencia el intendente, no perderían este “derecho” adquirido, según el titular del SOEM; y solo pondría coto a posibles nuevos “contratos incompatibles”.
Un detalle que se ve en los últimos meses, es que profesionales que se encuentran de paro o con medidas de fuerza en sus cargos provinciales, si concurren a trabajar en las área de la comuna en donde están contratados.
Esto marca que pese al “doble pago” que perciben, solo cumplen con uno de sus trabajos.
En este contexto, el reclamo del SOEMCO y las postura del Intendente quedarían al margen del escenario que plantea la ordenanza, que pone restricciones hacia adelante.
De todos modos, el caso de los denominados Cargos Políticos, que es personal que toma cada intendente para cubrir principalmente puestos jeraquicos que hacen directamente a la gestión “política”, tendrían que optar. ( ver aparte).

Los cargos políticos

La nueva ordenanza en vigencia establece algo puntual para los funcionarios denominados Cargos Políticos.
La medida establece que “los Cargos Electivos y Cargos Políticos por estar designados, dependientes de la Municipalidad de Caleta Olivia, serán considerados de tiempo completo y por ende incompatibles con cualquier otro cargo o función dependiente de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, en cualquiera de las formas de contratación existentes, mientras permanezcan en el desempeño de la función para la cual fueron designados”. También se aclara que “el personal que al momento de la aplicación del presente régimen, se encontrare comprendido en el mismo, deberá optar por un cargo o empleo. Si dicha opción se ejerciere a favor del cargo de la Municipalidad, deberá renunciar respecto a el o los cargos ocupados en otras esferas de la Administración Pública, debiendo acreditar fehacientemente su renuncia ante el área de Recursos Humanos de la Municipalidad o el Sector de Personal del Honorable Concejo Deliberante.
Agregó que “acompaño y apoyo a Rubén y me solidarizo con él, ya que el destrato sufrido fue muy injusto y ni siquiera fueron capaces de llamarlo para consultarle sobre su opinión al respecto como propulsor de dicho acuerdo. Como él dice, “falta más humanidad” en algunos funcionarios comunales”.

Caleta Olivia
El titular de la oficina del Ministerio de Desarrollo de la Nación, aclaró al situación que se da en Santa Cruz con relación a las pensiones no contributivas y apuntó que en Santa Cruz solo “hubieron 60 casos de suspensiones temporales, algunas de las cuales ya están siendo reestablecidas”.
En este sentido destacó que “las suspensiones dadas se debieron a falta de documentación acreditante” pero “se está trabajando en ese sentido, tanto en la oficina local como en la de Río Gallegos”.
En cuanto a la labor que en este sentido se desarrolla explicó que se trata de dar “trasparencia a un beneficio tan puntual e importante, que además debe llegar a las personas que lo necesitan. Hemos tomamos conocimiento de algunos casos, en los que se pudo detectar que se trata de pensiones mal otorgadas, como por ejemplo de personas que recibían la pensión y además tenían un trabajo formal, u otras incompatibilidades de ley”.
Por otra parte, remarcó que “debe quedar en claro que este gobierno nacional no ha realizado ninguna modificatoria a la Ley, lo único que se trata es de ordenar y buscar transparencia de los fondos públicos”, insistió.
En este contexto pidió a los medios que no se debería “generar alarma o preocupar a la gente mas pobre o carenciada con información que no es correcta. Este gobierno tiene un fuerte compromiso con los sectores mas bajos de nuestro país. Además es el gobierno que ha volcado mas fondos a en cuestiones sociales, en la historia de nuestro país”, insistió.
Finalmente invitó a quines tengan dudas al respecto del beneficio a que se acercan a la oficina local del Ministerio, ubicado en Calle Hipólito Irigoyen Nº 2354 de Caleta Olivia.

Caleta Olivia – Por Claudio Pagano
1-EDUCACION, SERVICIO Y DERECHO
La educación tiene la doble naturaleza de ser un derecho subjetivo para todos los ciudadanos y al mismo tiempo un servicio esencial que en gran parte está a cargo del Estado.
Por consiguiente es un derecho-deber que afecta a todos los que participan en su hacer. Como en todo debate conceptual, detrás de los argumentos se esconden los intereses.
La negativa a considerar la educación como un servicio esencial de la comunidad está vinculada con los límites que generalmente se establecen al ejercicio del derecho de huelga cuando se ven afectados servicios públicos esenciales.
En la mayor parte de las legislaciones del mundo se limita el derecho de huelga en estos sectores estableciendo servicios mínimos que impidan que se paralice una actividad que afecta a terceros que son víctimas de un conflicto que no han provocado. Los dirigentes, evidentemente, no quieren ser alcanzados por esa normativa.

2- CONCEPTO DE SERVICIO ESENCIAL
La doctrina administrativa considera servicio esencial a toda actividad de la administración pública o de los particulares que tienda a satisfacer necesidades o intereses de carácter general de enorme gravitación.
Sin embargo, en materia internacional no hay convenios o recomendaciones de la OIT que traten explícitamente la huelga cuando afecta los servicios esenciales para la comunidad.
Sólo se registra una casuística del Comité de Libertad Sindical que ha admitido restricciones al derecho de huelga en aquellos sectores “que pudieran poner en peligro la vida, seguridad o salud de la persona, en todo o en parte de la población”.
Pero nada impide que la Constitución o la ley interior de un país amplíen tan escueta enumeración. Sería imposible recoger en esta breve nota la cantidad de disposiciones que ofrece el derecho comparado señalando que la educación es un servicio esencial de la comunidad y que por lo tanto cabe regular las huelgas que lo afectan.

3- LEGISLACION SOBRE LA EDUCACION COMO SERVICIO ESENCIAL
3.1-Ecuador:
La Constitución de Ecuador considera la educación un derecho de las personas y al mismo tiempo un deber ineludible e inexcusable del Estado –artículo 26– y más adelante el artículo 326 estipula que está prohibido paralizar las actividades del sector público. Incluye una larga lista de estas actividades –educación, justicia, seguridad social, transporte, servicio de aguas, energía eléctrica y distribución de combustibles– que no entran en la definición que hace la OIT de los servicios esenciales.
3.2-Peru:
El artículo 1 de la ley 28988 del Perú declara “la educación como servicio público esencial a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamental de la persona a la educación”.
3.3-Colombia:
El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia declara que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público con función social…”.
3.4-Venezuela:
El artículo 4 de la Ley Orgánica de Venezuela sobre la educación dice que “el Estado asume la educación como proceso esencial para promover, fortalecer y difundir los valores culturales de la venezolanidad”.
3.5-Cuba:
Cuba, faro iluminador de la izquierda anticapitalista que aspira a instaurar el “socialismo del siglo XXI” en América Latina, es un caso especial. Aquí se prohíben las huelgas no sólo en la educación sino en cualquier otra actividad. Cinco trabajadores que intentaron formar un sindicato independiente fueron arrestados y condenados a muerte hace algún tiempo, aunque luego, gracias a la magnanimidad del régimen, la pena de muerte se trocó por la de prisión perpetua.
3.6-España:
Regresando a los países democráticos, el artículo 27 de la Constitución Española señala que “todos tienen el derecho a la educación” y a continuación en el artículo 28 se afirma que “se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. La legislación española considera servicio esencial la prestación de cualquier género de servicios públicos o cualquier otro de reconocida e inaplazable necesidad. Para estos casos se establecen servicios mínimos que han sido definidos como la parte de actividad que se juzga no susceptible de interrupción para no dañar irremediablemente los derechos fundamentales, libertades públicas y bienes protegidos constitucionalmente en colisión con el derecho de huelga.
3.7-Argentina:
El artículo 42 de la Constitución Argentina señala que “la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”. Por su parte la ley Nacional de Educación 26206 considera en su artículo 2 que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”. Bien público es aquel que es provisto por el Estado, una forma moderna de denominar los servicios públicos esenciales.
El artículo 24 de la ley 25877 estableció que, “cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”. En esa disposición se enumeran los servicios sanitarios, de energía eléctrica, gas y agua y el control del tráfico aéreo, y luego la lista se deja abierta para incorporar “otros servicios públicos de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la OIT”.

Consulta
Consulta popular en Santa Cruz para declarar a la educación servicio esencial.
Siendo la educación un servicio público competencia de las provincias, no existe impedimento constitucional alguno para que una norma provincial declare que la educación es un servicio esencial de la comunidad y a continuación regule su ejercicio estableciendo servicios mínimos.
En mi opinión, naturalmente, mejor aún si esa norma llega a la Legislatura con el aval de la opinión favorable de una mayoría de ciudadanos llamados a consulta popular.
La educación, y en especial la pública, es un servicio esencial en las sociedades democráticas porque permite la igualdad de oportunidades, favorece la cohesión social y es la base del progreso económico que da lugar al estado del bienestar.
La aportación de la escuela pública para el progreso de la moderna sociedad del conocimiento es un dato que nadie seriamente discute.
Por estas y otras poderosas razones, debiera existir amplio consenso en la corporación educativa y la sociedad en general en que algo debe hacerse para evitar la destrucción de la escuela pública, un servicio tan esencial de la comunidad.