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Hace tiempo que la Legislatura de Santa Cruz dejó en evidencia que no representa a los ciudadanos de la provincia, y que el bloque oficialista opera prácticamente «a sueldo» de los intereses de la familia Kirchner, y de dos o tres Ministros vinculados a «La Cámpora».
Comandados por el vice gobernador, Eugenio Quiroga la auto denominada – sin ningún tipo de vergüenza- La Cámara del Pueblo mantiene una agenda «a pedido» del Poder Ejecutivo y alejada de la lamentable realidad que sufren los santacruceños.
En definitiva, quienes deberían ser «nuestros representantes» y a quienes con «nuestros impuestos» pagamos sus abultados sueldos y viáticos, son apenas unos «levanta manos» a pedido de sus «patrones políticos».
Un proyecto para «felicitar» a Pablo González por su nuevo cargo como Presidente de YPF, rechazar la investigación de los «vacunados de privilegio» o negarse a tratar los problemas del personal de salud esencial; son apenas una muestra del ridículo que hacen los legisladores oficialistas; y eso teniendo en cuenta que apenas sesionaron una vez. Pero prometen aún más «absurdos»: una «ley para la tenencia y control de perros y gatos». Todo esto mientras se atienden negocios con nombre propio de Ministros; áreas ten diversas como la minería, el petróleo, la pesca; y lamentablemente, también la salud.
Esta patética caricatura de Legislatura aún tiene mandato por los tres años que restan para su recambio; y no para de dar señales respecto a su inutilidad para resolver los problemas que están llevando a Santa Cruz a un desastre de grandes proporciones.
Tal vez, amparados y confiados en que el 90 por ciento de los santacruceños tiene un vínculo con la administración púbica, directa o indirectamente – con salarios, subsidios o bolsón de comida – el oficialismo de Santa Cruz considera que su impunidad se mantendrá. Sumando a la complicidad de los medios oficialistas que se niegan a publicar voces disidentes, las perspectivas de la provincia están lejos de ser alentadores.

Dan «vergüenza»
En este contexto y tal vez a modo de «catarsis» e «impotencia» al ver que la «maquinaria kirchnerista» está destruyendo la Cámara de Diputados -que debería ser la salvaguardia de la democracia – la diputada de la oposición, Nadia Ricci admitió: «siento vergüenza por cómo funciona la Legislatura»
Ricci consideró que no se tratan los temas que preocupan a los vecinos, no se respetan a las minorías, ni se trabaja para cambiar Santa Cruz.
Es más, denunció que «algunos diputados oficialistas miran para otro lado mientras los vecinos sufren. La gente lo que está necesitando hoy de los funcionarios es una respuesta y eso no está sucediendo lamentablemente. Los diputados oficialistas no están interesados en la agenda de la gente ni en resolver los verdaderos problemas de la provincia», enfatizó Ricci. Para la legisladora hay un divorcio entre lo que pasa en las calles y las prioridades de los políticos del oficialismo.
«Esto ya sucedió cuando nos dieron la espalda respecto al ibuprofeno inhalado y con los muchos proyectos que presentamos y que fueron cajoneados. También sucede con los pedidos de informes que solicitamos que son, en definitiva, para controlar lo que se está haciendo el Gobierno Provincial con nuestro dinero y que, quedan sin resolverse».
En este contexto defendió el rol de la oposición y aclaró que «en varias oportunidades y a través de varios recursos se pidió saber cómo se está manejando el tema de la salud y de la educación: «Presentamos más de 15 proyectos desde una Ley de Emergencia hasta pedidos de informes y no logramos que una sólo persona diga algo al respecto. «Me da vergüenza sinceramente pertenecer a una Legislatura que está funcionando de esta manera», sostuvo.

Vacunados de privilegio
Finalmente y con relación al escándalo de las vacunas en la provincia dijo que «es inadmisible que la gente acusada de «adelantarse en la fila» y vacunarse, pertenezca al partido que pertenezca, siga sentada ejerciendo su función pública. Esta gente fue elegida por el pueblo para que vele por sus derechos. Tienen que renunciar a su cargo, con las disculpas no alcanza».
«En la Cámara no pudimos ni debatir el tema porque el oficialismo cajonea los proyectos y cierra los debates. Quieren seguir mirando para otro lado como si no pasar nada»

Oficialmente se conoció ayer que el Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria, dejando sin efecto la cesantía de 7 trabajadores de la empresa Demarchi.
Según trascendió en las próximas horas, comenzarían las negociaciones en base a «una serie de reclamos que el Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz tiene con la operadora Sinpoec», expresaron fuentes gremiales.
Si bien el sindicato apuntó a la petrolera china, desde el sector empresarial marcaron que se trataba de un conflicto laboral de la firma Demarchi.
En este contexto el Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria, por lo que se vuelve a foja cero, y se deberá restituir automáticamente los puestos laborales a los trabajadores cesanteados.
El reclamo que se había agravado semanas atrás con una serie de medidas de fuerza en áreas de la operadora asiática; pero que también incluyeron críticas y reclamos al gobierno de la provincia de Santa Cruz, terminó en una instancia de mediación en la Cartera Laboral, el pasado viernes.
Finalmente, ayer el Ministerio dictó Conciliación Obligatoria, retrotrayendo el escenario de conflicto al inicio del mismo. En este contexto el Sindicato anunció que avanzará «con distintos reclamos que se mantienen contra Sinopec».
Más allá de esto, el Secretario Adjunto del Sindicato Petrolero, Rafael Guenchenen, no ocultó su malestar tanto con la operadora como con el gobierno provincial.
«No puede ser que tengan los yacimientos paralizados, que no se les exija un programa de perforación, remediación ambiental, y se permita que despidan de esta manera los trabajadores. Esta política que tienen la empresa y el gobierno provincial están destruyendo las pymes regionales, y están haciendo un daño irreparable a la industria petrolera» puntualizó.

En un fallo sin precedentes, que seguramente sentará antecedente en un ámbito tan controversial como la explotación minera, la Jueza Federal Marta Yañez hizo lugar a «la acción de amparo promovida por Fundación Rewilding Argentina» y en consecuencia, condenó «a Patagonia Gold S.A. y a la Provincia de Santa Cruz a abstenerse de autorizar, iniciar o continuar actividades de prospección o explotación minera en las áreas incluidas en el decreto 817/2019, hasta tanto se obtenga la intervención y aprobación «previa y vinculante de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos». De este modo, la magistrado «frenó» las intenciones de desarrollar minería a gran escala en la zona donde se encuentra uno de los patrimonios culturales más importantes de la Patagonia y Sudamérica: el yacimiento arqueológico Cueva de las Manos.
El diario Mas Prensa tuvo acceso al fallo de la magistrado a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia; en el cual primó el criterio de conservación y protección de bienes que son de toda la humanidad.
Vale recordar que en 2016, el gobierno de la provincia de Santa Cruz había autorizado la exploración minera en la zona de Cueva de las Manos, acción que había sido avalada por la justicia provincial, con un fallo del juez Marcelo Bersanelli.
De este modo, el fallo de Yañez pone las cosas en su lugar, y en sus 16 fojas expresa de manera contundente argumentos que aportan a un análisis definitivo: el supuesto desarrollo minero no puede llevarse puesto todo.
Si bien la medida fue «apelada», y ahora deberá resolver la Cámara Federal con sede en Comodoro Rivadavia; la sentencia es demasiado clara y fundamentada como para que en esta nueva instancia no se confirme la medida que protege nuestro Patrimonio

«Poder» y negocios

Un dato a tener en cuenta, y que acentúa aún más el valor del fallo de Yañez es que previo a su intervención estaba todo definido para que se desarrolle el proyecto de minería a gran escala en la zona mencionada.
Hay que recordar que el 7 de diciembre de 2015 la Secretaría de Minería, permitió la tarea de exploración a la empresa, meses más tarde la medida fue autorizada por la Policía minera.
En el 2016, Patagonia Gold obtuvo un permiso del Gobierno de Santa Cruz para realizar perforaciones en la Estancia Cueva de las Manos; sin medir que se afectaría un lugar que es Patrimonio Mundial de la Humanidad y una zona de enorme riqueza arqueológica.
Fue entonces cuando asociaciones conservacionistas entre ellas la Fundación Fauna Silvestre presentó un recurso para que se detuvieran las operaciones mineras.
Nuevamente aquí el «poder político» de Santa Cruz movió sus «mecanismos» y el juez Marcelo Bersanelli – a cargo del Juzgado de Primera Instancia N°1 en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería- en noviembre del 2019 rechazó la apelación, y volvió a poner el «negocio» en marcha, permitiendo a Patagonia Gold retomar actividades en la zona.
Varios datos «no anecdóticos» sobre el juez Bersanelli: llegó a magistrado sin ningún antecedente en la carrera judicial y pesaban sobre él varias denuncias sobre «des manejos financieros» en entes públicos provinciales. El juez, que está casado con Candela García, hermana de la ex ministro de Salud, Rocío García y de la senadora Virginia García. Y un detalle no menor es que antes de ser magistrado, acompañó como abogado a Cristina Kirchner, cuando la actual vicepresidente debió presentarse ante el juzgado federal de Río Gallegos para registrar sus huellas y justificar su no concurrencia a una citación del fallecido juez Claudio Bonadío, que investigaba la «Ruta del Dinero K» y el enriquecimiento ilícito de la familia Kirchner. Es decir que aquel juez provincial que dio vía libre a la afectación de un Patrimonio de la Humanidad, tiene vinculaciones más que directas con el «poder de turno en Santa Cruz». Es por ello que aquel fallo de Bersanelli hizo que muchos funcionarios del más alto nivel comenzaran a frotarse las manos calculando el enorme negocio que harían. No es un secreto que, en Santa Cruz, la minería tiene vínculos directos con Ministros y sus empresas.
Claramente el fallo de Yañez es una muestra de sensatez y coraje.

Fallo ejemplar

La nueva acción Judicial estuvo impulsada por «Fundación Rewilding Argentina» (antes Fundación Vida Silvestre).
En parte de sus considerandos, el fallo expresa «a manera de introducción y para una mejor ilustración, resulta pertinente explicar las posturas de las partes y la naturaleza de los bienes involucrados. Por un lado, la actora «Fundación Rewilding Argentina» ha argumentado la existencia de bienes culturales merecedores de tutela especial (restos arqueológicos que datan de más de 9.000 años de antigüedad), ubicados no sólo en la parte del inmueble denominado «Estancia La Elisa» (o también conocida como «Estancia Cueva de las Manos» o «Los Toldos»), sino también en una porción mayor de la Cuenca del Río Pinturas, ubicada en la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz. A partir de dicha premisa, solicitó ante esta autoridad judicial el dictado de una sentencia mediante la cual se impidiera allí la realización de actividades de prospección o explotación minera.
La empresa había pretextado que contaban con la autorización del Estado provincial, que en definitiva, es quien regulaba la actividad; pero en respuesta el fallo de Yañez sostiene que «si bien la Provincia de Santa Cruz resulta la titular de los recursos naturales existentes en su territorio -aspecto sobre el cual no puede existir controversia (arts. 121 y 124 CN)- lo cierto es que a partir de la reforma constitucional del año 1994 se ha introducido el «principio de congruencia», mediante el cual se busca lograr una aplicación coherente de la legislación ambiental al interior de los diferentes niveles del Estado Federal».

Más aun, la magistrado se expresó con relación a la postura del Gobierno Provincial en su rol y responsabilidad.
«Mención especial merece la resistencia de la Provincia de Santa Cruz a ser citada como litisconsorte o tercera al presente proceso, bajo el fundamento de que sólo sería la Autoridad de Aplicación y, por lo tanto, no podría ser considerada parte. Dicha pretensión no puede tener recepción favorable, pues si la empresa Patagonia Gold S.A. inició tareas de prospección en zonas actualmente vedadas y lo hizo a partir de una autorización conferida por el Estado Provincial – la que se ha reputado nula (por violar los presupuestos mínimos en materia ambiental) o insuficiente (por haber obviado la intervención previa y vinculante del Estado Nacional) -, resulta evidente que entre ambas existe un litisconsorcio pasivo necesario (art. 89 CPCCN)».
(NdR: la falta de litisconsorcio pasivo necesario es un defecto procesal por no dirigir la demanda contra todos los que deben ser demandados. El litisconsorcio pasivo necesario se produce cuando se constituye irregularmente el litigio al no dirigir la demanda contra sujetos que obligatoriamente han de ser demandados).
De este modo, la Justicia Federal ha logrado poner freno – al menos por ahora- a las ambiciones desmedidas del poder político y empresarial, que no duda en ir «por todo».
Seguramente el fallo de la Jueza Marta Yañez, generará jurisprudencia.