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Buenos Aires
La semana pasada, Luiz Inacio Lula Da Silva dejó la prisión después de permanecer allí durante 580 días, condenado por corrupción.
El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, declaró inconstitucional detener acusados con condenas en segunda instancia, sin esperar a que se agote la posibilidad de realizar apelaciones.
Ese escenario brasileño ilusiona a muchos presos K, que ya vienen reclamando su excarcelación ante el cambio de gobierno. Entre ellos, algunos cuentan con condenas, otros esperan una determinación de la Corte, están quienes aún siguen sin acusación firme. Las defensas cuestionan la llamada “doctrina Irurzun” que abrió el camino hacia las prisiones preventivas.
Las leyes y las situaciones procesales de Lula y otros presos brasileños por la operación Lava Jato poco tienen que ver con el sistema argentino, pero la coincidencia con la llegada al poder de Alberto Fernández alimenta las esperanzas de excarcelaciones.
En Brasil, el tribunal equivalente a la Corte Suprema cambió por tercera vez en menos de veinte años la jurisprudencia respecto a la detención obligatoria de condenados en segunda instancia. El ex presidente ya fue condenado en dos causas por corrupción: una de ellas ya fue confirmada tres veces, y sólo resta a última mirada del Supremo Tribunal Federal.
Con la votación de la semana pasada, Lula pudo pedir su excarcelación, al igual que otros 4.800 presos en todo Brasil.

Detenciones
En Argentina no hay una orden taxativa de la Corte respecto a las detenciones durante el proceso, ni aún después de una condena tras un juicio oral.
El sistema es mucho más complejo y las causas por corrupción duran décadas: primero un juez de instrucción las investiga y procesa a los acusados bajo la supervisión de la Cámara Federal, luego eleva el caso a juicio, después un Tribunal Oral Federal organiza las audiencias, su sentencia puede ser apelada ante la Cámara Federal de Casación Federal, y eventualmente ante la misma Corte Suprema.
Hasta que no esté esta última firma, la condena no está firme, y los acusados pueden seguir en libertad, excepto que los jueces de instrucción o los Tribunales Orales digan que la detención es necesaria por dos razones: peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.
Estos dos argumentos fueron esgrimidos por varios jueces para detener a procesados en causas que venían detenidas o avanzaban muy lentamente antes de la llegada de Mauricio Macri a la casa rosada.
Desde entonces, algunos de ellos ya fueron juzgados y tienen condenas que están bajo apelación, muchos otros fueron excarcelados -especialmente luego del aplastante triunfo de Alberto Fernández en las PASO- y otros esperan ser liberados por alguna u otra razón.
“No puede haber un gobierno nacional y popular, un gobierno peronista, con peronistas presos”, sentenció el ex ministro Julio De Vido durante un reportaje radial horas antes de la excarcelación de Lula. Lo dijo desde la cárcel, donde se encuentra desde noviembre de 2017.

Juez
Para detenerlo, el presidente de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun se basó en uno de los dos motivos que contempla la ley para detener a una personas en proceso de investigación: el entorpecimiento de la causa.
El juez se refirió a los “vínculos residuales” de ex funcionarios, que “por sus relaciones, contactos o lazos generados mientras estuvieron en la gestión pública” podrían entorpecer una investigación judicial, incluso años después de abandonar el cargo, a través de esos contactos.
Otro de los detenidos que en declaraciones radiales dijo que no ve la hora de estar libre es Lázaro Báez, que en los próximos meses recién escuchará la primera sentencia en su contra. “Nunca robé, trabajé toda la vida, la única condena que tengo es social”, se quejó.
El empresario -al que la justicia le detectó un patrimonio sólo en propiedades de U$S 205 millones- está acusado de haber lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Según la justicia, el dinero provenía de los fondos que el Estado le otorgaba por obras viales.
Báez es uno de los presos K que más tiempo lleva con prisión preventiva. En reiteradas oportunidades, el juez Sebastián Casanello detectó operaciones direccionadas por él desde prisión, con el fin de entorpecer la causa de “la ruta del dinero K”.
En abril de 2020 (cuando cumpla 4 años detenido) recibirá la sentencia.
El contratista sumó otra prisión preventiva en la cartelización de la obra pública, caso conexo a los cuadernos de las coimas.
Además, tiene dos causas elevadas por lavado a juicio, junto a Cristina Kirchner. Insiste en que lo persiguen por haber sido “amigo de Néstor”.
La justicia investiga en realidad, si su cuantioso patrimonio es resultado de haber oficiado como testaferro del matrimonio Kirchner.
A las voces de los presos K que con la asunción de Fernández como presidente, se ilusionan con dejar el penitenciario, se sumó la Roberto Baratta. Acusado con su jefe De Vido en el caso de la mina de carbón de Río Turbio y en una otro sobre negociados de la constructora Odebrecht, quedó detenido en agosto de 2018 por orden del juez Claudio Bonadio, cuando inició la causa de los cuadernos. Su ex chofer Oscar Centeno lo mencionó como responsable de cobrar coimas a empresarios contratistas del Estado. Quedó procesado con prisión preventiva en el expediente central y en cinco derivaciones más, casi todas ya elevadas a juicio oral.
Situación diferente es la del ex secretario de Obras Públicas José López, que se convirtió en arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas. Sabe que su situación es difícil de revertir, y lejos de ilusionarse con salir de prisión con el cambio de gobierno, pidió ante el programa de Testigos e Imputados Protegidos más seguridad y un traslado del lugar en el que se encuentra detenido.
López tiene una condena por enriquecimiento ilícito, la causa que explotó con las imágenes suyas escondiendo bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez. Además, enfrenta el juicio por la corrupción en la obra pública, y aguarda el inicio del juicio del caso cuadernos.

Buenos Aires
Una ruta de 160 millones de dólares complica al financista Ernesto Clarens. El fiscal Gerardo Pollicita pidió su procesamiento en este expediente en el que se investigan operaciones vinculadas a Lázaro Báez preso hace más de tres años.
En esta oportunidad se investiga otra ruta del dinero K por U$S 160 millones, maniobras por las que se pidió una acusación por lavado de dinero contra el financista y un grupo de personas del entorno del dueño de Austral Construcciones.
En un dictamen de 148 páginas al que accedió Clarín, el fiscal Pollicita pidió ante el juez Julián Ercolini el procesamiento por blanqueo de Ernesto Clarens, Sergio Fausto Gotti, Andrea Cantín (sobrina de Báez), César Andrés (contador del empresario K) entre otros imputados, todos acusados de haber utilizado una estructura societaria y financiera para el lavado de más de 160 millones de dólares.
La investigación realizada por la fiscalía, se concentra en el movimiento de fondos por parte de Clarens, el financista que supo ser dueño de Invernes SA hasta 2006, firma que tuvo autorización para el cobro de certificaciones de obra que provenían del Estado a nombre de Gotti SA.

Firmas
Estas firmas fueron absorbidas por Lázaro Báez a través del Grupo Austral, el holding al que Cristina Kirchner -según el procesamiento del juez Ercolini-, favoreció con 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos.
Esas contrataciones fueron adjudicadas bajo “una gran cantidad de irregularidades administrativas” que expusieron “el direccionamiento a favor del grupo Báez”.
Los agravantes en la maniobra fueron las obras inconclusas, los sobreprecios del 65% promedio que se abonaron sobre las licitaciones y las omisiones en los controles sobre las empresas del holding, entre las más relevantes.
De esta investigación se desprende una ruta de dinero millonaria que busca reconstruir el fiscal Pollicita.
“Se ha podido corroborar una nueva operatoria criminal por medio de la cual la asociación ilícita ya investigada desplegó un proyecto delictivo, bajo la conducción de Lázaro Báez y Ernesto Clarens —con la colaboración de una gran cantidad de individuos—”, sostiene el pedido de procesamiento.
Según la investigación, se realizaron un conjunto de maniobras sobre una porción importante de los “fondos sustraídos al Estado Nacional a través del fraude en la obra pública”, el cálculo inicial arroja 502 millones de pesos, “equivalentes a 160 millones de dólares aproximadamente, a la cotización oficial de entonces”.

Mecanismo
Lo que se puso en marcha fue un “mecanismo de reciclaje basado en la ficción de costos inexistentes, con el objetivo de dar a dichos fondos apariencia de licitud, alejándolos de su origen espurio y convirtiéndolos en efectivo, lo que obstruyó para siempre su seguimiento”.
Como toda maniobra de lavado de dinero, requiere de un delito precedente.
En este caso, se determinó que como en otras investigaciones por blanqueo que involucran a Lázaro Báez, a la familia Kirchner y a parte de su entorno, el origen de los fondos que se aplicaron a dichas operaciones es el otorgamiento de obra pública vial.
Para Pollicita, entre 2005 y 2009 se montó una estructura de “reciclaje de una parte importante de ese dinero a través de la ficción de costos inexistentes, con el fin de otorgar a dichos fondos apariencia de licitud, distanciándolo de su origen delictivo en la defraudación al Estado Nacional”.
Así, Báez y Clarens -este último aceptado como “arrepentido” en la causa de los Cuadernos de las coimas-, junto a un grupo de colaboradores, realizaban sucesivas intermediaciones comerciales y financieras bajo apariencia de costos inherentes a las obras públicas pero carentes de propósito comercial real, destinadas a otorgar ropaje de licitud a 502 millones de pesos”.
Es decir: fingían gastos y servicios entre empresas vinculadas entre sí que, según especificó Pollicita, no se realizaron efectivamente.
En su dictamen, el fiscal señaló que los “conductores de esta maniobra criminal fueron Báez y Clarens” y que Invernes fue “vértice central del esquema de blanqueo”.
Al respecto, Clarens dijo que no figuraba en el directorio ni como accionista, “siendo una sociedad prácticamente sin activos ni actividad. No obstante, era yo, exclusivamente, quien guiaba las operaciones de Invernes SA, sin injerencia alguna de los directores formales que hasta mayo de 2006 fueron personas allegadas a mí”.
Para Pollicita, continuó vinculado a la empresa hasta 2009, pese a que el financista dijo que desde 2006 no tuvo más relación con el negocio.

Buenos Aires
El 27 de diciembre de 2016 el juez federal Julián Ercolini dictó los procesamientos de la ex presidente y vicepresidente electa Cristina Fernández de Kirchner, del ex ministro de Planificación Julio De Vido y del ex secretario de Obras Públicas, José López, por las obras viales que otorgaron a Lázaro Báez.
En aquella decisión Ercolini, que también procesó a Nelson Periotti, quien condujo la Dirección Nacional de Vialidad durante el kirchnerismo, y a Carlos Santiago Kirchner (ex funcionario de Obras Públicas), fijó un embargo de 10 mil millones de pesos para los principales imputados en la causa.
Ese expediente llegó a juicio oral y público, y por ahora no declaró la vicepresidente electa, quien está entre los acusados de formar una asociación ilícita que defraudó a la administración pública.
Las defensas de algunos de los imputados apelaron tanto el procesamiento como el embargo. El procesamiento y el embargo fueron confirmados por la Sala I de la Cámara Federal.
Esa Cámara luego rechazó por mal concedido el recurso de apelación sobre el monto de los embargos.

Resolución
Contra esta resolución, la defensa de De Vido y de su esposa, Alessandra Minnicelli, presentó un recurso de casación que fue concedido por la Cámara Federal. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Guillermo Yacobucci, había resuelto –por unanimidad– declarar inadmisible el recurso de casación.
Consideraron que esa apelación no se dirigía contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal y que el caso tampoco involucraba una cuestión federal.
Contra esa decisión la defensa presentó un recurso extraordinario federal que la Sala IV también declaró inadmisible con la firma de los jueces Borinsky y Hornos. Contra la decisión de la Casación, la defensa de De Vido y Minnicelli se presentó en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El martes pasado los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda declararon inadmisible el recurso presentado por el ex ministro –detenido en la cárcel de Ezeiza– y su esposa. Por lo tanto el reclamo de De Vido por el embargo no tuvo lugar.
De Vido, que fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por el choque del tren en la terminal de Once, en febrero de 2012, con 51 muertos y 789 heridos, también es acusado de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta y cohecho, entre otras imputaciones en una docena de causas.