Por Jorge Sánchez*

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Poco se sabe que en 2018 el Banco Interamericano de Desarrollo financió una investigación para el entonces Ministerio de Producción y Trabajo que se proponía caracterizar las economías regionales en todo el país. Contrató un equipo de expertos argentinos que se desplegó en una selección de provincias. Entre ellas, Chubut. Las indagaciones incluyeron las consideraciones de lo que llamaron informantes clave. Testimonios de referentes locales a los que se les ofreció acceso preferencial a los resultados finales del trabajo a cambio de su participación en la investigación.

Resultó en una serie de conclusiones asertivas pero que nunca fue integrada como insumo de política sectorial en la provincia o sus municipios. El asunto podría ser una anécdota. Pero estableció como uno de los factores determinantes para el desarrollo regional una seria debilidad que, en contraste es una de las pocas dimensiones del asunto que podría estar al alcance de capacidades propias. A esto conviene prestar mucha atención. La denominó incoordinación interinstitucional. Esto es, la circunstancia de que coordinar actos protocolares, la celebración de efemérides, aniversarios o convenios nos es más fácil que articular flujos estables de información, formación, financiamiento y asistencia técnica para la creación de nuevas empresas y actividades. Flujos que no existen como tales entre otras cosas por la dificultad para sostener prestaciones reales o integrar conocimiento como el que se ofrecía en aquella oportunidad.

Así como la provisión de las soluciones que generalmente nos urgen en la región no puede ser inmediata, la configuración del estado actual de cosas no es reciente ni novedosa, sino resultado de un largo devenir. La comprensión de los procesos profundos que transitamos reconoce tres supuestos que vienen operando como agentes de la visión generalizada en la sociedad por estos temas. El aislamiento relativo de las instituciones más importantes limita la posibilidad de filtrarlos. De modo que han colonizado oficinas públicas, aulas universitarias y despachos de entidades financieras y empresas. Operan efectivamente como supuestos que subyacen a la gestión de cada institución y a las relaciones entre ellas.

El primero es el setentismo, adscripción a los postulados pretendidamente revolucionarios de aquella década que operando hasta ahora incluso, han terminado en la destrucción efectiva de las fuerzas armadas. De ahí que presenciemos sin más que impotencia la violación permanente del espacio aéreo nacional y el saqueo escandaloso del Atlántico Sur. El segundo es el garantismo. Destruyó en el largo plazo la seguridad pública y el sur de Santa Fe lo atestiguan con trágica crudeza. Caricaturizado en los desencajados rostros de funcionarios públicos requeridos por la prensa días atrás. El tercero es el progresismo. Hizo lo propio con la educación pública. Hoy no asegura a nuestros jóvenes la comprensión de textos ni el cálculo básico. Peor aún, los expone a la permanente manipulación. Nuestras cátedras universitarias entretanto, están cerradas al medio y son ajenas a sus dinámicas. Ello limita seriamente la posibilidad de producir y transferir conocimiento.

Hemos citado antes cómo los desafíos de riesgo para la región se relacionan con la destrucción de su patrón de desarrollo en el largo plazo, la migración del capital en el mediano y los efectos de la volatilidad económica en lo inmediato. Remediarlos será oneroso por dilatado en el tiempo. El precio que la región pagará para superar su notable incoordinación depende poco del interés individual. Depende más de la renovación de los supuestos compartidos por la sociedad que guían la vida institucional y la acción colectiva.

*Jorge Sánchez es Consultor Asociado en Claves ICSA Master of Business Administration por Broward International University, Diplomado en Políticas Públicas por UNPSJB, Diplomado en Economía Austríaca por ESEADE y en Negocios Internacionales por UNLZ.

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Una opinión sobre “El Precio de la Incoordinación

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