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Un frágil sistema de abastecimiento eléctrico con redes obsoletas y escasas; poco o nulo mantenimiento y un inexistente plan de trabajo o de contingencia que queda al descubierto cuando el viento o cualquier precipitación genera el colapso de la red de eléctrica; red cloacal colapsado en la mayoría de las localidades y un abastecimiento de agua insuficiente, pese a los anuncios reiterados de mejoras; estas son solo algunos datos de un diagnostico negativo de una empresa que desde años no concreta inversiones prioritarias. Supuestamente esto era lo que venía a revertir el ex diputado Jorge Arabel cuando asumió el compromiso como titular de Servicios Públicos Sociedad del Estado. Pero claramente no lo hizo, sino que la situación es igual o peor de lo que estaba.
Hay que recordar que Arabel se “sentó” en el sillón de Presidente de SPSE impulsado por su amigo, el intendente de El Calafate, Javier Belloni, con el aval del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.
También hay que recordar que el ex diputado llegó a la empresa, tras la sospechada gestión de Nelson Gleadel, acorralado por denuncias de irregularidades sumado al enojo de Alicia Kirchner, luego de que el entonces titular de SPSE, sin percatarse que el micrófono estaba abierto previo una conferencia en Caleta Olivia dejara al descubierto maniobras “poco éticas” en las adjudicaciones y contrataciones de la empresa.
Fue en marzo del 2022, cuando Arabel fue “puesto” en una de las empresas más importantes que maneja el gobierno – importante por los recursos que maneja y por las prestaciones básicas que debe brindar – y desde allí debería “mostrar” que una gestión eficiente era posible. Pero demostró todo lo contrario.

Son lo mismo

Solo unos días antes de asumir, Arabel se reunió con Belloni y Grasso y ambos le dieron el espaldarazo para que llegara a manejar la empresa.
“Me reuní con mi par de El Calafate, Javier Belloni y el diputado, Jorge Arabel. Dialogamos sobre el futuro de nuestra Provincia, de seguir trabajando en conjunto desde nuestro lugar, aportando a esa Santa Cruz con desarrollo, producción, trabajo e inclusión que todos soñamos”, dijo en sus redes sociales Grasso para dejar en claro que la “dupla” de intendentes, ahora candidatos a la gobernación por el oficialismo tenían un acuerdo de criterios. Luego, tras la designación Belloni dijo públicamente sobre Arabel: «la designación a la presidencia de SPSE es todo un desafío para vos y para quienes te acompañan, pero no tengo dudas de que los resultados de tu trabajo se verán reflejados en el bienestar de los santacruceños».
Claramente el “deseo” del intendente no se cumplió, y además la gestión de Arabel quedó muy por debajo de cualquier expectativa.
Pero esa “sociedad” de dirigentes que se empezaba a gestar tenía un objetivo, posicionarse en lugares clave del gobierno para una eventual campaña electoral.
Mientras ellos siguen “trabajando” para mantenerse en el poder, lo que SPSE da a los santacruceños no solo es insuficiente, sino que ahora vienen a prometer que harán lo que en estos años no hicieron.
Mientras tanto, siguen los cortes de energía inesperados; las cloacas se siguen rebalsando de materia fecal y ahora los vecinos de Caleta Olivia (cuyo intendente es Fernando Cotillo, otro candidato K) reciben notificaciones de multas por perdidas domiciliaras en la red de agua, cuando la misma red troncal de la mayoría de los barrios tiene perdidas constantes que terminan anegando calles y accesos.
La falta de planificación es tal que anuncian una nueva planta de Osmosis, sin siquiera solucionar el tema de la distribución.

Más de lo mismo

Cuando asumió Arabel, el reconcido peridista y director de Opi Santa Cruz, Rubén Lasagno analizo la salida de Gleadell, “denunciado por irregularidades de todo tipo”, y afirmó que “la gobernadora decidió cambiarlo por otra figura política afín. Arabel tomará a su cargo una empresa del Estado cruzada por acusaciones de corrupción, negociados, nepotismo, ñoquis y una vasta lista de irregularidades administrativas”, describió Lasagno. Luego con relación a lo que se podía esperar de Arabel, marcó dos escenarios posibles: que el diputado Arabel llegue con la orden precisa de hacer gatopardismo puro, cambiar para que nada cambie, o que en realidad llegue con el lápiz rojo para limpiar todo lo que se ha hecho y se hace desde la empresa de energía y por consiguiente, en poco tiempo, veamos denunciar al nuevo presidente de SPSE a su antecesor y/o antecesores por delitos incompatibles con la función pública (Osorio, Tamburo, Cirnigliario y Michudis antes de Gleadell)”, analizó el periodista. Hoy podemos decir que ocurrió la primera hipótesis.
Desde el portal de noticias, también marcó: “No hay que olvidar que Javier Belloni busca posicionarse como posible candidato a gobernador el 2023, por lo tanto, acá tiene la gran posibilidad de mostrar si es distinto o si es más de lo mismo, tomando a su cargo y a través de un hombre de su entorno, la empresa de energía más deficitaria de la Patagonia y no solo hacerla funcionar bien, sino auditarla, transparentarla y hacer visibles a los responsables de los delitos que por años hemos denunciado, con nombre, apellido y documentación que acreditan todas las irregularidades publicadas en nuestros informes de investigación”, sentenció Lasagno, que como periodista experimentado mostró algo que el tiempo y los hechos comprobaron. Son más de lo mismo.

¿Queremos seguir igual?

Como dice el refrán popular: “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Esta lógica fue expresada por el genio Albert Einstein, que puntualmente formuló: “locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes”.
No hace falta ser un genio para advertir que los santacruceños venimos haciendo lo mismo dese hace unos 30 años, y venimos obteniendo los mismos resultados patéticos.
Nos quejamos, criticamos y hasta repudiamos los manejos y falta de prioridades del gobierno; pero luego votamos lo mismo.
El caso de SPSE es una muestra inequívoca e inocultable de la falta de políticas y decisiones que beneficien a los santacruceños; y muestra que siempre se beneficia una dirigencia con privilegios “eternizada” en el gobierno; que se cubren mutuamente y que no quiere dejar de estar al calor del poder.

El candidato a gobernador por el sub lema «Santa Cruz Puede» recorrió los barrios Madre a la Lucha y Marina junto al vicegobernador, Fabián Leguizamón, y los candidatos a diputados por Municipio José Daniel Álvarez y Ariel Varela.

“Vamos a ganar porque los santacruceños no aguantan más vivir en las condiciones de abandono y desidia en el que se encuentran, la situación es insostenible y duele». La frase de Claudio Vidal por un lado marca el pulso de confianza que el espacio tiene de cara a las elecciones del próximo 13 de agosto; y por el otro, presenta la difícil situación que atraviesan muchas familias en esta provincia.

«Los riogalleguenses no se dejan engañar más con promesas vacías, quieren escuchar propuestas claras y que se cumplan sin retraso. Río Gallegos representa una de las mayores contradicción de la Patagonia, es una de las ciudades con mayor concentración de riqueza y niveles económicos, pero al mismo tiempo tiene el mayor nivel de pobreza. Se ha vuelto la capital de la emergencia social», manifestó el diputado nacional entre calles inundadas.

El dirigente político y gremial aclaró con determinación que «ningún santacruceño puede ni debe vivir en las condiciones de marginalidad y pobreza como las que padecen muchas familias en Río Gallegos», resaltando que «en los barrios de Madres a la Lucha y Marina la falta agua, de luz, de gas es la clara muestra del fracaso de un modelo que resultó ser una ilusión».

Durante la recorrida por los barrios, Vidal criticó la gestión de Pablo Grasso al afirmar que si bien «es lindo pintar una plaza o armar una pista de hielo; la prioridad tiene que ser dar respuesta a la situación social y económica que empujó a miles de familias a vivir en lugares marginales, y donde el municipio ni la provincia llegan a dar soluciones verdaderas».

Está claro que el vidalismo continúa afianzando su presencia en el territorio riogalleguense de cara a las elecciones, según las últimas encuestas de opinión pública lo muestran con mayor intención de voto.

El candidato a gobernador agregó que “los santacruceños quieren un cambio” porque “no aguantan más vivir con miedo, en una provincia destrozada, sin educación, sin servicio de salud digno cerca de sus casas”. «La mayoría ya no aguanta más la falta de agua, la falta de cloacas, están cansados de las promesas vacías y, por eso, estoy convencido de que se van a animar a cambiar».

«Se está dando un proceso silencioso en la sociedad que busca crecer, busca que Santa Cruz pueda desarrollarse, que pueda dejar atrás todo lo que está mal. Y es un proceso de cambio que se vio en las elecciones legislativas del 2021 y algunas de las contiendas provinciales que sumaron victorias en este 2023», resaltó el también presidente de la Mutual «12 de Septiembre», concluyó.

El caso muestra la desidia, la incompetencia que impera en muchos organismos del gobierno de Alicia Kirchner y la falta de controles, impunidad e inutilidad para dar soluciones.
Si bien el incidente que desencadenó este problema – que dejó a una familia viviendo en constante peligro de derrumbe de su casa – tuvo lugar a principios de este año; ayer el vecino, cansado del ninguneo y del manoseo de las autoridades y de la empresa que tenía a cargo la obra decidió hacer público el caso.

Detalles del caso

Meses atrás, comenzaron los trabajos para la demolición de un edificio ubicado en calle Salaberry entre Lavalle y Mosconi de Caleta Olivia, en donde funcionaba la agencia de Loas (Loterías para Obres de Acción Social de la provincia) con la aparente intención de construir oficinas nuevas. Si bien a principios de este año comenzó a verse movimiento de operarios y de alguna maquinaria, el lugar nunca estuvo correctamente señalizado, ni se colocaron carteles indicando detalles del proyecto. Vale mencionar que la obra habría sido licitada o contratada (se desconocen oficialmente los trámites legales del contrato) por el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) que debería coloca el cartel con todos los detales de la obra pública como tal. Este no es un detalle menor, y muestra claramente un “modus operandi” donde todo se hace de manera subrepticia y sin dar demasiadas explicaciones.
De un día para el otros, aparecieron en el obrador una maquinas viales, principalmente una retro excavadora que comenzó a derribar las paredes del viejo edificio, todo esto sin que hubiera medidas de seguridad para una tarea de esta magnitud.
Mientras llevaban adelante esta “demolición” poco “ortodoxa”, la estructura del techo cedió estrepitosamente, dañando estructuralmente la casa vecina, donde vive la familia Alarcón. Pese a los reclamos, nunca tuvieron respuestas; y lo más insólito y siniestro es que mientras conviven con el peligro de derrumbe sobre sus cabezas, ahora fueron denunciados por haber ocupado parte de la vereda. El colmo de la perversidad.

El drama de una familia

Ayer, agobiado por toda la situación, Roberto Alarcón, un obrero de la construcción que vive de su trabajo diario concurrió a la FM San Jorge de Caleta Olivia – que causalmente está en la misma cuadra que el edificio semi derrumbado – para hacer conocer el calvario que pasa desde hace casi medio año. En dialogo con el periodista Carlos Berenguel, del programa La Gaviota, el damnificado afirmó: “´Ésta situación no se la deseo a nadie”.
En este contexto, Alarcón relató que hace un tiempo se iniciaron los trabajos de demolición de la casa lindera a la suya, con maquinaria vial, principalmente retro excavadoras, “pero sin especialistas en el tema, ni ingeniero, ni un algún inspector de obra”.
A principios de este año “comenzó a haber movimiento de operarios, pese a que no hay cartel de oba, no hay inspectoras del IDUV, nadie se hace cargo.
“Tomaron la decisión de hacer un edificio nuevo y contrataron una empresa que vino con una máquina para empezar a derrumbar. Tiraron las paredes de la casa de atrás (donde se ubica el edificio de LOAS) y se derrumbó la losa. Nosotros estábamos en el comedor y sentimos una explosión terrible. Pensamos que se había caído alguna pared del dormitorio, pero lo que se había caído fue la parte de la losa de al lado, y eso repercutió en la losa de mi casa, desprendiéndose un pedazo de casi un metro de revoque”, precisó sobre el daño que “repercutió en toda la estructura” de la casa.
Luego del susto inicial, Alarcón salió a la calle para hablar con los operarios. Lejos de increparlos o insultarlos, el damnificado les dijo que eso ocurría “porque estaban haciendo mal las cosas. Así no se demuele, porque hay gente viviendo alrededor y hay casas que se debilitan, se cortan los hierros y esta no es la forma”, les advirtió.

Luego los invitó a ingresar a su casa, pero los operarios se negaron aduciendo que eso lo tenía que ver el dueño de la empresa. Al día siguiente concurrió el supuesto responsable de la obra, pero tampoco quiso ingresar a la casa para ver el daño y le pidió que le enviara fotos por WhatsApp.
“Pásame tu teléfono y envíame fotos que yo voy a ver qué hago, me dijo. Miró desde arriba y desde el costado y adentro no quiso pasar.
“La obra estaba adjudicada a la empresa Mata Negra, pero ahora me entero que estaba sub contratada, y está a cargo de un gitano”, explicó sorprendido luego del dialogo con quien se presentó para evaluar el daño.
Pero esto no termino allí. Pese a la gravedad de la situación, la solución que le ofrecieron fue hacerle una “sobre carga” (colocar cemento para sellar la grieta con una subestructura); pero dado que Alarcón tiene más de 30 años de experiencia en la construcción, les explicó que ese no era una procedimiento viable y seguro.
“Esta losa, como se agrieto y se debilitó de punta a punta, no se le puede hacer una sobrecarga porque se va a venir abajo”, advirtió.
Frente a esto, lo siguiente que le propusieron no fue subsanar el daño, sino taparlo. “Me dice que le podía hacer un techo de chapa arriba. Yo le explique que no tenía ninguna intención de sacar ningún rédito de esto, solo quería que le arreglaran el techo”. Pero el nivel de desprecio por reparar el daño de manera responsable, llegó al punto de informarle que le darían los materiales para que él mismo, en base a su conocimiento de constructor; hiciera las reparaciones.
En medio de ese verdadero problema de seguridad; el vecino concurrió al menos cuatro veces a ver a María Ester Labado, quien es la directora regional Zona Norte de IDUV; pero más allá de recibirlo y de enviar a “cuatro o cinco personas para que vean los daños”, nunca solucionó nada. Al cabo de cinco meses el vecino sigue sin respuestas. Cabe señalar que en todos estos meses el vecino nunca hizo una denuncia o una exposición policial por los daños a la propiedad; y siempre se dirigió a los entes oficiales a cargo de la obra.
“Me vi obligado a venir a la radio porque nadie me da una solución”, explicó ayer. Pero el calvario de esta familia no sólo no terminó con la destrucción de su casa, sino que ahora la policía concurrió a su casa para informarle que “tenía una denuncia por posesión de propiedad privada. Yo no estoy haciendo posesión de una propiedad privada, estoy en la vereda porque estoy esperando que se repare el daño que me hicieron a mí”, enfatizo Alarcón.
Mientras enfrenta estos nuevos problemas, el riesgo está latente dado que aún “está en pie una pared de más de 4 metros de alto que esta suelta y se mueve con el viento”, aseguró y sentenció: “Qué pasa si cae sobre mi hijo. En vez de salir a buscar que me arreglen la casa, tengo que salir a buscar a quien matar”, dijo visiblemente angustiado.

Vivir en peligro

Las irregularidades, arbitrariedades y desmanejos de esta obra están a la vista. La misma empresa involucrada en el caso tendría a su cargo el cuartel de bomberos del barrio Rotary de Caleta.
Alarcón solo busca que “se hagan cargo de lo que hicieron. Es una falta de respeto” enfatizó y dado que lleva meses intentando encontrar quien solucione su problema, en ese lapso pudo conocer otras situaciones de quien tiene a cargo la obra. “La empresa es de Río Gallegos y los operarios son de San Luis y de Córdoba”, mencionó y conformó que ayer realizó la denuncia correspondiente ante la Justicia para que intervenga en el caso.
Mientras tanto, Alarcón y su familia deben permanecer en alerta constante y esperando que no ocurra una tragedia; mientras que los funcionarios se toman su tiempo para responder.
El caso de las irregularidades en las obras adjudicadas por el IDUV (secretismo en las licitaciones y adjudicaciones, falta de controles y otros manejos); merecen un informe más detallado que publicaremos en breve.

La Canasta Básica Alimentaria medida en ciudades de la Patagonia por el Observatorio de Economía de la Universidad Nacional San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia (Chubut) indicó recientemente que para no ser “pobre” una familia de Caleta Olivia debe contar al menos con un ingreso de 257.125, 69 pesos; y para no “caer” en la indigencia, el promedio de ingresos debe ser de al menos 115.253,69 pesos.
A la luz de las cifras de la “inflación real”, la que se puede comprobar en cualquier comercio de la provincia de Santa Cruz, y no la que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que siempre es “manipulada” por el gobierno; los vecinos de Caleta estarían en los parámetros de la pobreza y la indigencia. Bastaría mencionar que en el mes pasado, nuestro país registró la segunda inflación más alta de América latina y la tercera más alta del mundo con el 115,6% y que los datos de este mes no los conoceremos porque este “dato clave” para saber en dónde estamos parados en materia económica no serán informados por decisión del INDEC y el Banco Central. Según transcendió tanto el organismo oficial de estadística como la autoridad monetaria tomaron esa decisión hace más de un mes, para que “las consultoras pudiesen obtener más tiempo para formular sus estimaciones”, argumentó el BCRA. Pero lo cierto es que la fecha prevista para que se conozcan los nuevos datos, es después de las PASO. Claramente, lo que el gobierno busca es que esta información que seguramente será negativa, no impacte en las urnas, es decir que no afecten el ánimo de los ciudadanos que claramente soportan todo el peso de las inútiles medidas que toma el Ministro de Economía y candidato a Presidente, Sergio Massa; y por elevación a sus candidatos en todo el país. Claramente, en una subestimación a los ciudadanos, el gobierno kirchnerista cree que escondiendo los datos de la inflación puede esconder a los pobres; pero esto es cada vez más difícil.

Salarios de pobres

Solamente hay que hacer un recorrido por las góndolas de los supermercados de cualquier localidad de Santa Cruz, para comprobar que a los precios y porcentajes que se manejan a nivel nacional; hay que sumar entre 10 y 15 puntos (en muchos casos hablamos de un 20 % final) en nuestra provincia.
En esta triste realidad que vivimos los santacruceños, siempre la que “las pagan” son los menos favorecidos y ya no solo estamos hablando de quienes no tienen un trabajo formal; sino también aquellos que son emprendedores privados e incluso a los trabajadores de la administración pública (provincia y municipios) que cobran salarios muy por debajo de los indicadores de pobreza e indigencia. La realidad marca que un empleado municipal, o un agente de la administración pública provincial, apenas si pueden llegar a comprar alimentos; dejando de lado los altísimos costos de servicios(?)como el gas y la energía eléctrica, y ya han descartado “lujos” como la TV por cable o el WiFi. En esta línea, quienes deben pagar alquileres, seguramente están atravesando momentos de zozobra.
Recientemente, el portal de noticias Opi Santa Cruz, indicó sobre este tema que en Santa Cruz el promedio salarial de los empleados del Estado en junio /23 era de $ 110.050,00; y más allá de los aumentos anunciados quedan lejos de alcanzar el costo de la Canasta Básica.
Si tenemos en cuenta que, de acuerdo a los datos estimados, un 70 por ciento de los habitantes de Santa Cruz tiene una relación laboral, contractual formal o informal, con el Estado (provincia-municipio), queda en evidencia que en Santa Cruz la pobreza es la medida con la que se puede medir la calidad de vida en nuestra provincia.