Este lunes fue un día clave para Cristina Kirchner, ya que el fiscal Diego Luciani presentó los alegatos contra la vicepresidenta por el juicio de la causa Vialidad por presunta corrupción. Será la etapa final del proceso a cargo del Tribunal Oral Federal 2, luego de la feria judicial.
El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, donde se juzga a la vicepresidenta y a otros doce imputados, se reanudó hoy con el inicio del alegato fiscal, que se extenderá durante nueve audiencias.
En ese marco, el fiscal hizo duras acusaciones contra la exmandataria por el proceso de supuesta corrupción en la adjudicación de la obra pública. «Entre 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita que tuvo como jefes a Néstor y Cristina Kirchner», y advirtió que hubo «una defraudación millonaria».
El fiscal se refirió a Báez como «socio comercial de Néstor Kirchner y de su esposa» y los responsabilizó de haber provocado un «perjuicio económico y social inconmensurable». Según comentó, «instalaron y mantuvieron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país».

Además, el magistrado dijo que «las 51 licitaciones analizadas buscaron eliminar la competencia para que Báez fuera beneficiado ilícitamente con contratos millonarios» y calificó como «una ficción» la supuesta competencia que tenían las empresas de Báez: «Fue una maniobra burda para montar un escenario de libre competencia».
El fiscal citó una declaración del actual presidente Alberto Fernández donde mencionó la relación que tenía el ex presidente durante 2003 y 2007 con el empresario kirchnerista. «Néstor Kirchner, y Lázaro Báez eran amigos íntimos, esto no está en discusión, no está controvertido. La misma Cristina Fernández lo admitió en su declaración indagatoria. También el actual presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial, al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner en el año 2003, 2004, en El Calafate, en circunstancias en que acompañó a Néstor, que estaba terminando su casa, y Lázaro Báez estaba allí, en el parque».
Por otro lado, el fiscal dijo que en los gobiernos K «la corrupción se convirtió en un comportamiento habitual, en hechos gravísimos, una organización permanente». Además, remarcó que «se encubrió, con un fin noble, la comisión de un delito, se direccionaron licitaciones públicas aprovechando una estructura de funcionarios que eran funcionales y que brindaban su aporte a la defraudación».
Luciani dijo que «luego de más de una década a cargo de la administración de la provincia de Santa Cruz los jefes de la asociación ilícita consolidaron una base de poder fáctico» y que «conocían y tenían el poder para influir en la designación de los funcionarios a cargo de Vialidad y de los organismos de control».

Absolución

En la última jornada previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron a empresas del también acusado Lázaro Báez en ese período.
El organismo consideró «irresponsable avanzar en la acusación» por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones.

Tanto la vicepresidenta como los restantes juzgados tienen obligación de presenciar las audiencias en esta etapa de alegatos, aunque como el debate se realiza por videoconferencia pueden conectarse a través de la plataforma Zoom. El juicio se realiza de manera virtual desde agosto de 2020, pero los tres jueces, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, están presentes en una de las salas de audiencias de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.
En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

La causa

La causa se inició a partir de la denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. Se apunta contra la vicepresidenta, Lázaro Báez y exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.
La presentación de Iguacel fue por la acusación de graves irregularidades en contratos de obra pública en Santa Cruz, como sobreprecios.
En la causa por corrupción en la obra pública la vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar obra pública a Báez.
El juez federal Julián Ercolini advirtió al elevar la causa a juicio oral que 51 de las 88 obras realizadas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 se hicieron con empresas del empresario K por $46 mil millones.
Según la acusación hubo una «maniobra de corrupción» entre el Gobierno durante el kirchnerismo y organismos estatales con los que «se montó una organización criminal».
De acuerdo a las acusaciones hubo «sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez».

Télam y Via Pais

El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, donde se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros doce imputados, se reanudará este lunes con el inicio del alegato fiscal, que se extenderá durante nueve audiencias.
Tras el receso judicial de invierno, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 escuchará desde este lunes en su rol de parte acusadora al fiscal de juicio Diego Luciani, quien ya anticipó que expondrá durante nueve audiencias, a razón de tres por semana.
En la última jornada previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio y termina el lunes, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron a empresas del también acusado Lázaro Báez en ese período.

El organismo consideró «irresponsable avanzar en la acusación» por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones.
Con esta postura, la única voz acusadora que quedó en el debate es la del fiscal Luciani, quien según fuentes judiciales considerará que hay pruebas para formular pedidos de pena.
Tanto la Vicepresidenta como los restantes juzgados tienen obligación de presenciar las audiencias en esta etapa de alegatos, aunque como el debate se realiza por videoconferencia pueden conectarse a través de la plataforma Zoom.
El juicio se realiza de manera virtual desde agosto de 2020, pero los tres jueces, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, están presentes en una de las salas de audiencias de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.
En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
Además de la Vicepresidenta, son juzgados el propio Báez, dueño de «Austral Construcciones»; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública José López.
También son juzgados exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.

Causa

Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo «Austral Construcciones» de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.
La Oficina Anticorrupción (OA) era querellante en la causa pero desistió de ese rol y de presentar acusación, por lo cual tras la presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas.
El juicio comenzó el 21 de mayo de 2019: declararon 114 testigos en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19.
Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que «fue un plan ideado por el Gobierno saliente» de Mauricio Macri y que la causa «forma parte del lawfare».
Entre los centenares de testigos estuvieron todos los jefes de Gabinete de los gobiernos de Cristina Kirchner y del fallecido expresidente Néstor Kirchner.
El 15 de febrero pasado, el presidente Alberto Fernández, exjefe de Gabinete entre 2003 y 2008, concurrió en persona a declarar como testigo a Comodoro Py 2002 y negó la existencia de «arbitrariedades» en la distribución de obra pública nacional.
A su turno, el también exjefe de Gabinete Sergio Massa sostuvo que las partidas para obra pública estaban incluidas en el Presupuesto nacional, aprobadas por el Congreso y negó haber recibido algún tipo de indicación u orden sobre la asignación de esos recursos.
También declararon empresarios de la construcción como un primo del expresidente Macri, Angelo Calcaterra, quien sostuvo que resulta «imposible» pensar la obra pública sin la «redeterminación de precios», una práctica habitual en momentos de inflación, que es uno de los puntos bajo análisis.
Al igual que el constructor Juan Chediak, otro testigo, mencionó que las empresas locales tienen por lo general «ventaja competitiva» por estar cerca de las zonas de la obra.
Otros testigos aludieron a las inclemencias del tiempo en la región, a la llamada «veda invernal» y al traslado de materiales a la hora de referirse al cálculo del costo de las obras.
El mes pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó recursos de la defensa de la Vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, y ratificó la continuidad del juicio oral.

(Télam)

Al igual que lo hicieron con Silvina Batakis cuando asumió, las organizaciones sociales salieron a marcarle la cancha a Sergio Massa. El flamante ministro de Economía, Producción y Agricultura asumirá la próxima semana y ya tiene pedidos de los sectores sociales más duros con Juan Grabois a la cabeza.
El dirigente social exigió que se implemente el Salario Básico Universal, una medida que el gobierno ya descartó tanto en la gestión de la exministra de Economía como con Martín Guzmán. En ese marco, no se descartan que haya más movilizaciones para pedir por medidas sociales.
El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos apuntó a que se lleven adelante «medidas urgentes» contra la «pobreza y la indigencia».

En su cuenta de Twitter, agregó: «Igual que a Batakis y Guzmán, le exigimos a Massa medidas urgentes para frenar la pobreza y la indigencia: Salario Básico Universal para informales y aumento general de sueldos y jubilaciones. Seguimos luchando porque si no cinco vivos se la van a seguir llevando. No aflojamos».
El dirigente reclama, junto a otros movimientos sociales, el salario universal «para todos los trabajadores informales», aumento de sueldo «para empleados públicos y privados con ingresos bajos», una suba para los jubilados que perciben el haber mínimo, y aguinaldo para los cooperativistas de obras públicas e integrantes del Programa Potenciar Trabajo.

Por su parte, Emilio Pérsico, líder de la organización social piquetera, más cercano al Gobierno, fue más cauto que Grabois y apuntó que «lo primero que hay que hacer es calmar la economía, es imposible pensar en redistribuir en medio de esta fuga de capitales. Después de eso discutiremos el salario universal».
En diálogo con Futurock, Pérsico dijo que «la inflación es el peor impuesto que están pagando los humildes». «No creo que Massa sea alguien relacionado a los sectores extranjeros y los bancos», aseguró.

La suba de tasas de interés de política monetaria que fijó este jueves el Banco Central (BCRA) -de 52% a 60%- comenzará a regir a partir de este viernes e impactará de manera inmediata en los depósitos a plazo fijo en pesos, como una forma de evitar que la suba de precios afecte a los ahorristas.
En el caso de los depósitos de hasta 10 millones de pesos hechos por personas humanas, el nuevo piso garantizado de tasa nominal anual (TNA) será del 61% -antes era de 53%- para los depósitos a 30 días, lo que representa un rendimiento mensual del 5,05% y un rendimiento anual efectivo del 81,3%.
Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada será del 54%, lo que representa una tasa efectiva anual de 69,6%.

Esto quiere decir que si este viernes una persona hiciera un plazo fijo por 30 días de $100.000, al finalizar el plazo recibirá $105.050, es decir los $100.000 que había depositado en un primer momento más un interés de $5.050.
Sin embargo, si decidiera al final de ese plazo hacer un nuevo plazo fijo por 30 días con el dinero inicial más los $ 5.050 ganados en intereses, obtendría al final del plazo $ 110.355, es decir los $ 105.050 depositados a principio de mes más un interés de $ 5.305.
En caso de no haber cambios en la tasa de interés durante el próximo año, si ante cada vencimiento la persona volviera a hacer un nuevo plazo fijo por 30 días con el capital inicial y los intereses ganados, en 12 meses tendría $ 181.300.
Es decir, los $ 100.000 depositados inicialmente más un interés de $ 81.300.

Plazos Fijos UVA

Los bancos también ofrecen los plazos fijos «UVA + 1%» pre cancelables, como una opción de inversión a tasa real positiva para las personas ahorristas ya que ofrecen una tasa mínima de 1% anual sobre la tasa de interés equivalente al Índice de Precios al Consumidor que informa el Indec más la tasa anual de 1%, lo que permite mantener el poder adquisitivo del ahorro y ganarle por un punto a la inflación, si se cumple el plazo contractual de 90 días.
La particularidad de este producto es que dispone de la opción de pre cancelación a partir de los 30 días, aunque con una tasas de interés equivalente al 85% de la TNA que dan los plazo fijos tradicionales, que en la actualidad sería de 51,85%.
Actualmente es obligatorio que todos los bancos ofrezcan en los home banking los plazos fijos «UVA + 1%» a través de todos los medios, ya sea en las sucursales con presencia física o a través de las plataformas electrónicas.

El Directorio del Banco Central (BCRA) dispuso que los consumos de más de 200 dólares que se financien con tarjetas paguen la tasa de interés que corresponde a la regulada por la ley para las tarjetas de crédito emitidas por entidades financieras.
De esta forma, siempre que se deje sin pagar al vencimiento del resumen compras con tarjeta de crédito por más de US$ 200 -equivalentes a unos $ 48.000, aproximadamente- deberán pagar una tasa de interés cercana al 83,23%, una tasa que depende en general de cada banco.

Esto es así porque la ley de Tarjetas de Crédito establece que los bancos pueden cobrar hasta un 25% más que la tasa que perciben por los créditos personales.
Según datos del Banco Central, el promedio de todo el sistema financiero para créditos personales es de 66,58%, por lo que un 25% por arriba de ese nivel equivale a 83,23% aunque, siendo un promedio de todos los bancos, habrá entidades que cobren más y otras menos.
De todas formas, informó el BCRA, los bancos «deberán notificar a los tarjeta habientes antes de aplicar esta medida».
«Para el resto de los consumos en pesos, el financiamientos de resúmenes hasta 200.000 pesos mensuales mantendrán la tasa máxima fijada por el BCRA de 62%», aseguró el Banco Central.