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El campo vuelve a manifestarse con una protesta en todo el país en reclamo por la presión impositiva como por la falta de gasoil. Si bien se esperaba que haya movilizaciones en diferentes puntos del país, no se anunciaron cortes de ruta. El acto central se realizó en Entre Ríos como epicentro de la movilización.
La Mesa de Enlace del sector impulsó la movilización y se espera que haya un cese de comercialización de productos del agro por, al menos, 24 horas. No habrá ninguna protesta en la Ciudad de Buenos Aires como parte de la visibilización de la marcha.
Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, fue uno de los primeros en salir a cruzar al Gobierno en medio de la protesta del sector. «Esto es el comienzo de un plan de lucha. Creo que es el comienzo de alzar la voz en el campo y mostrar la realidad que se está viviendo«.

La salida de Martín Guzmán y la llegada de Silvina Batakis, con una ideología que se inclina más por aumentar las retenciones, generó preocupación en el sector que rápidamente salieron a medir a la flamante Ministra de Economía.
Chemes señaló que tomaron «mal» los anuncios de la flamante ministra de Economía y aseguró: «Vemos que pasan los ministros y al campo se lo ve como una fuente de dólares. Lo único que se piensa es en recaudar».
Chemes dijo en declaraciones a TN que el Gobierno debería dar incentivos para que el campo pueda invertir y crecer, que esa sería «la base para solucionar los problemas estructurales de la Argentina» y que tiene que haber políticas «que generen confianza y certidumbre».

Críticas

En la mañana de este miércoles, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, cuestionó la Jornada Federal de Demanda que lleva adelante el sector.
«No estamos de acuerdo con este paro del campo, no conduce a nada. Nosotros privilegiamos el diálogo y acercar posiciones. Tuvimos serias dificultades con la provisión de gasoil y ahora hay una situación energética compleja, pero afortunadamente se ha ido resolviendo», dijo el funcionario.
«El ministro de Agricultura está en diálogo permanente con el campo y las puertas del gobierno están abiertas de par en par», concluyó.
La principal marcha se lleva a cabo en Entre Ríos, con un acto central que tuvo lugar al mediodía en Gualeguaychú, donde estuvieron los presidentes de las cuatro entidades agrarias que integran la mesa de enlace. Esta ciudad es donde se inició el histórico reclamo por la 125 a Cristina Kirchner cuando intentó aumentar la alícuota de las retenciones de la soja al 45%.
En Buenos Aires hubo movilizaciones en ciudades como Azul, Chascomús, Chivilcoy, Guaminí, Las Armas, Pehuajó, San Pedro y Tres Arroyos. Mientras que en La Pampa la protesta tuvo epicentro a la ciudad de Santa Rosa, sobre la ruta 5.
Por su parte, en Santa Fe las manifestaciones fueron en Rafaela, con los productores de las Sociedades Rurales de Rafaela, Humberto 1° y Sunchales junto a Productores Unidos de Rafaela, que convocaron a las 10 hs. en la Plaza 25 de Mayo.

En Comodoro Py, Cristina Kirchner se presenta en el inicio de los alegatos de la Unidad de Información Financiera (UIF) por el juicio oral donde se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita que de manera irregular le dio las construcciones a Lázaro Báez. Hay expectativa por lo que podrán decir desde el organismo del gobierno que actúa como querellante en la causa.
La presencia de la vicepresidenta no fue en los tribunales de Comodoro Py, sino que estará a través de videoconferencia por la plataforma zoom. La intención de Cristina es estar presente durante todos los alegatos mientras que lo permita su agenda.

La audiencia es para escuchar el inicio de los alegatos de la UIF, que estará a cargo del abogado Diego Duarte. La UIF es un organismo del gobierno nacional por lo que hay mucha expectativa de qué postura tendrá en esta etapa del juicio: si entiende que hubo delito y si acusará a la vicepresidenta y al resto de los imputados o solo a algunos y descarta que Cristina Kirchner haya cometido algún delito.
Justamente, este organismo es el que apunta a pedir la absolución de la vicepresidenta de los cargos de asociación ilícita y fraude por el supuesto direccionamiento de obras públicas. «El coloquio profundizó las dudas y debilitó la certeza, dejando huérfana la acusación en este sentido. Una pericia concluyó que no hubo sobreprecios», señalaron desde la UIF.
En el inicio del alegato, el abogado Diego Duarte por la UIF, señaló que el organismo debió en 2017 haber desistido de su rol como querellante al asegurar que en el caso no se investigan delitos de lavado de dinero. Todo una señal sobre cuál será la definición final de este organismo.
El organismo le había pedido al Tribunal Oral Federal 2 postergar el inicio de los alegatos para agosto, pero los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso rechazaron el pedido.

Los acusados por el juicio de la obra pública

Junto a Cristina Kirchner, hay 12 imputados que estarán en el banquillo de los acusados por parte del Tribunal Oral Federal 2. Entre los que más se destacan son el propio Lázaro Báez, quien es uno de los más complicados de la causa, junto a otros ex funcionarios kirchneristas.
Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

Investigación

La causa fue iniciada a partir de la denuncia de las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que se desarrollaron desde 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La empresa que llevó a cabo esto fue la que manejaba Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, de donde era originario el fallecido expresidente.
La investigación se llevó a cabo por la sospecha de sobreprecios, el pago total de la obra cuando muchas no habían finalizado y falta de antecedentes y capacidad de las compañías para realizarlas.
Se espera que el veredicto final se dé a conocer antes del 2023, para alejarlo de las elecciones presidenciales y dejar atrás cualquier tipo de especulación de lawfare, una de las principales denuncias que hizo la vicepresidenta durante sus presentaciones en las causas de dólar futuro o de Los Sauces y Hotesur.

Hizo foco en el equilibrio fiscal y expresó que «No vamos a gastar más de lo que tenemos».
La ministra de Economía anunció medidas con el objetivo de reducir el gasto y tender a una «convergencia al equilibrio fiscal» para defender «la solvencia y el prestigio del sector público». Dispuso la extensión del congelamiento de personal a todos los organismos de la Administración Pública Nacional.
La ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció este lunes una serie de medidas que tienden a lograr el equilibrio fiscal con un ahorro de $ 600.000 millones, a la vez que prevé ampliar el congelamiento de ingreso de personal a todos los organismos del Estado Nacional.
«No vamos a gastar más de lo que tenemos», señaló Batakis durante una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda.
Batakis anunció las medidas acompañada por los ministros de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; de Agricultura, Julián Domínguez; del presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce; y de la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

«Soy una persona que cree en el equilibrio fiscal y la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica», indicó Batakis.
En este sentido, dejó en claro que «las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y ejecución de sus propias erogaciones, va a ser solamente acorde con la proyección de la caja real».
También afirmó que el actual «amesetamiento» en la acumulación de reservas que transita la Argentina era «previsible» y está relacionado con «el ciclo económico» que tiene el país, vinculado con los tiempos de cosecha y, actualmente, con «la importación de energía», pero señaló que, «a partir de septiembre, esa meseta se va a ir pudiendo superar».
La ministra agregó que el contexto de guerra en Ucrania «afecta mucho a la Argentina» pero señaló que, pese a esa situación «inédita», la «matriz estructural de la Argentina está intacta», y sostuvo que la intención del Gobierno es «mantener esa estructura productiva, sostenerla, complejizarla, hacerla más productiva, generar puestos de trabajo y exportar más».
Batakis propuso la «creación de un Comité Asesor de Deuda que evalúe, analice y haga propuestas en materia de deuda soberana en pesos».
En cuanto al nuevo esquema para los empleos estatales, anunció que se «ampliará el congelamiento de personal vigente a todos los organismos del Estado».
Por otro lado, se pondrá en marcha una «modificación en la Ley de Administración Financiera en dos sentidos: la primera es que todos los organismos del Sector Público Nacional tienen que estar contemplados en el manejo eficiente del Presupuesto y las erogaciones».
En cuanto a la evolución del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que a la brevedad iniciará la segunda auditoría de las cuentas públicas del segundo trimestre, aclaró que «se mantendrán las metas y las tendremos que cumplir».
La ministra fue taxativa al momento de referirse al mercado de la deuda en pesos: «De ninguna manera está en duda que nosotros no podamos cumplir con nuestras obligaciones en materia en pesos. Esto lo descarto de cuajo».

Precios

Por otra parte, la estampida de los precios en esta última semana, ocupó un capítulo especial de sus definiciones.
«No podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tienen ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones», subrayó la jefa del Palacio de Hacienda.
En este contexto, adelantó la necesidad de «conformar la autoridad nacional de Defensa de la Competencia» y adelantó que «esta semana» desde el Gobierno se avanzará «en su reglamentación para proponer el concurso de ese tribunal».
También, se manifestó a favor de un mercado de pesos con «tasas positivas», en tanto que no mostró mayores reparos a la evolución del tipo de cambio.
«Entendemos que el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio. Hay que dimensionar que el mercado del dólar paralelo mueve US$ 3 millones por día mientras que el oficial tiene un mercado del US$ 1.000 millones diarios», puntualizó la funcionaria.
Respecto a la actualización tarifaria para los servicios de luz y gas, adelantó que el «viernes próximo ya estará abierta la segmentación para distintos tipos de población».

Las medidas anunciadas por Batakis

La ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció una serie de medidas que en esencia tienen el objetivo de lograr un equilibrio de las cuentas públicas.
Las principales medidas con impacto fiscal son las siguientes:
– Se modificará la ley de Administración Financiera para que todos los organismos del sector público realicen sus erogaciones de forma eficiente a través de un sistema de Cuentas Únicas.
– Este nuevo sistema de planificación de los recursos del Estado permitirá un ahorro de $ 600.000 millones.
– Se ampliará el congelamiento de ingreso de personal a todos los organismos del Estado.
– Se va a migrar al Ministerio de Economía el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias, con el objetivo de homogeneizar las valuaciones de todo el país.
– Se creará un Comité Asesor de la Deuda Soberana en Pesos.
– Se prevé avanzar en un esquema de tasas de interés positivas, es decir por encima de la inflación.
– Las cuotas presupuestarias mensuales que otorga el Ministerio de Economía a la Administración Nacional se liberarán en línea con la proyección de caja real.
– Se respetará el esquema de segmentación tarifaria para los usuarios y usuarias de gas y electricidad previsto en el decreto 332, en el que el 90% no tendrá nuevos aumentos en sus facturas en lo que resta del año.