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Buenos Aires
La actual administradora del Hospital Regional de Río Gallegos fue procesada junto al financista Ernesto Clarens quien está acusado de lavar más de $500 millones derivados de la obra pública durante el kirchnerismo. Es por dinero que recibió Lázaro Báez por la obra pública en Santa Cruz.

El financista Ernesto Clarens, declaró como «arrepentido» en la causa de los cuadernos.

Clarens quedó hoy procesado por lavar más de $500 millones derivados de la obra pública, un caso por el que la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario José López y el empresario Lázaro Báez enfrentan actualmente un juicio oral, según informaron a Infobae fuentes judiciales.
La decisión la tomó el juez federal Julián Ercolini en una resolución de 330 hojas. A Clarens lo procesaron por el delito de «lavado de activos agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esa naturaleza». Y se le trabó embargo por mil diez millones de pesos ($1.010.000.000,00).
«A pesar de los dichos volcados por Clarens en sus numerosos descargos y de lo manifestado en sus declaraciones indagatorias, considero que en base a una íntegra visión de la maniobra investigada y los elementos de prueba arrimados, me encuentro en condiciones de tener por acreditada, con la suficiencia que requiere la etapa en la cual nos encontramos, la materialidad de los sucesos y su intervención responsable en ello», sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.
Junto a Clarens, el juez también procesó a otros financistas, contadores y comerciantes por la maniobra que salpica a las firmas Austral Construcciones y Gotti SA, ligadas a Lázaro Báez, y de Invernes SA, del financista Clarens. El procesamiento alcanzó a Carlos Di Gianni, Guido Blondeau, Rafael Mateo Merlini, César Gerardo Andrés, Andrea Cantín, Martín Samuel Jacobs, Emilio Carlos Martín, Sergio Gotti, Armando Ulled, Andrés Kechichian, Héctor Doldi y María Julia Cis.

Investigación
Todo ocurre en el marco de la investigación por la asociación ilícita que radicó la diputada Elisa Carrió en 2008 contra los Kirchner y su entorno. «Corresponde recordar que en dicho sumario se comprobó, con la convicción propia de toda etapa preparatoria, la instrumentación de un esquema de corrupción estatal, entre los meses de mayo de 2003 y diciembre de 2015, que tuvo como objeto la asignación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a las empresas del conglomerado encabezado por Báez», recordó el juez.
Cheques originados en el dinero de la obra pública, una cadena de gastos injustificados y una seguidilla de facturas fueron la clave de los investigadores para poder avanzar en el nuevo capítulo de la causa de la obra pública en donde quedó en la mira Clarens, el financista preferido de Néstor Kirchner que habría armado la ingeniería para poder mover el dinero investigado. Siempre se sospechó que la firma de Clarens llamada Invernes significaba «Inversiones Néstor».

Acusación
Según la acusación, una vez que la plata llegaba desde el Estado nacional a Santa Cruz, aparecían las empresas contratistas del Grupo Báez que, con sucesivas intermediaciones comerciales y financieras, carentes de propósito comercial real, le permitiese adquirir «apariencia de licitud» al dinero que, inmediatamente, se convirtió en efectivo sin que fuera fácil detectar su origen.
En su dictamen el fiscal Gerardo Pollicita, que llevó la investigación, sostuvo en diciembre de 2018 que «a lo largo de los años 2003 a 2015 desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional por los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quienes conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción».
En ese contexto, Pollicita sostuvo: «Se ha podido corroborar una nueva operatoria criminal por medio de la cual la asociación ilícita ya investigada desplegó un proyecto delictivo, bajo la conducción de Lázaro Antonio Báez y Ernesto Clarens -con la colaboración de una gran cantidad de individuos-, consistente en la realización de un conjunto de maniobras sobre una porción importante de los fondos sustraídos al Estado nacional a través del fraude en la obra pública».
Ese perjuicio ascendería a «502 millones de pesos, equivalentes a USD 160 millones aproximadamente, a la cotización oficial de entonces», sostuvo Pollicita. La maniobra consistía en «un mecanismo de reciclaje basado en la ficción de costos inexistentes, con el objetivo de dar a dichos fondos apariencia de licitud, alejándolos de su origen espurio y convirtiéndolos en efectivo, lo que obstruyó para siempre su seguimiento». En ese contexto, la causa apunta a establecer si, como se sospecha, Lázaro Báez y Ernesto Clarens, conjuntamente con una gran cantidad de actores, cimentaron e implementaron una estructura destinada a reciclar una porción importante de los fondos públicos sustraídos fraudulentamente al Estado nacional a través de la obra pública vial.

Arrepentido
Clarens se convirtió en uno de los arrepentidos de la causa de los cuadernos, cuando el juez federal Claudio Bonadio motorizó una serie de detenciones en ese expediente iniciado a raíz de las revelaciones del chofer Oscar Centeno. En el medio del desfile de empresarios y ex funcionarios que aparecieron por el despacho del fiscal Carlos Stornelli también apareció Clarens. Fueron varias las declaraciones que hizo este financista.
De hecho, cuando su acuerdo todavía no estaba homologado para convertirlo en imputado colaborador, Clarens pidió modificar y ampliar su convenio. Mientras que en la primera declaración admitía que cambiaba pesos -provenientes de coimas pagadas por empresarios beneficiados por la obra pública- por dólares, en la segunda declaración aportó más información sobre los movimientos financieros del kirchnerismo.
En aquella declaración, Clarens se desligó de la selección de empresas que «ganaban» las licitaciones que realizaba el Ministerio de Planificación. Y reveló que era la propia Cristina Kirchner quien instruía a qué empresas debía pagarles primero Vialidad. En 2016 Lázaro Báez fue el único contratista que logró cobrar todo lo que le debían antes del 10 de diciembre. Según declaró el financista, «las personas de ‘la Camarita’ me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto. El monto dependía de la recaudación, eran alrededor de 300 mil dólares por cada entregada y con frecuencia semanal».
Fueron muchos los empresarios críticos de esa exposición y de la forma en que el financista logró convertirse en arrepentido. El abogado Pablo Lanusse, defensor de Juan Chediack, el ex titular de la Cámara de la Construcción, fue uno de los que más dispararon contra Clarens cuando en una audiencia ante la Cámara Federal, que en su momento cubrió Infobae, aseguró: «Clarens vino a cumplir un rol estratégico en la causa: seguir garantizando la impunidad de los jefes de la banda» . Y añadió: «No vino ni a apuntar para arriba, ni a colaborar con el recupero de fondos. El señor Clarens en esta causa viene a hacer lo que hacía durante el ejercicio de esta cleptocracia: apretar a los que eran víctimas y conspirar contra el éxito de la causa». (Fuente: Infobae)

Río Gallegos
De cara a la sesión de este jueves, el diputado de Encuentro Ciudadano también presentó iniciativas por la «matriculación como auxiliares de enfermería» de los alumnos de FENOA, por mayor cantidad de testeos y para que se «garantice la provisión de ivermectina» en la provincia. Señaló que «pese al agobio que todos sentimos a esta altura, en las sesiones debemos seguir señalando la atención que requiere la pandemia»

En un ciclo de sesiones ordinarias que va llegando a su fin y en un año signado por la atención de la pandemia, la sesión de este jueves no será la excepción: «desde nuestra banca seguimos presentando una serie de iniciativas que tienen que ver con poner en foco las demandas que existen respecto del seguimiento y la atención adecuada de la pandemia y vemos con preocupación que la situación se vuelve más difícil, de manera creciente, en el interior provincial», observó el diputado de Encuentro Ciudadano, Javier Pérez Gallart.
En este contexto y acompañado por sus pares radicales Nadia Ricci y Daniel Roquel, presentó un proyecto de resolución que solicita al Ministerio de Salud «la inmediata y urgente provisión al Hospital Zonal ‘Pedro Tardivo’, de la ciudad de Caleta Olivia, de los recursos humanos y materiales necesarios y suficientes para la atención sanitaria de la pandemia de coronavirus Covid – 19».

Escrito
En el escrito que acompaña la presentación del proyecto, Pérez Gallart plantea que, tal como sucedió meses atrás en Río gallegos, «otra vez han sido los propios profesionales de la salud, en este caso los del Hospital Zonal ‘Pedro Tardivo’, los que advierten de la desesperante situación que se vive en dicho nosocomio producto de la desbordante demanda de atención de pacientes afectados por el Covid – 19».
Párrafo seguido, el diputado reseña una nota formal presentada ante las autoridades el 5 de noviembre pasado en la que «los médicos describen el acuciante panorama del servicio de clínica médica y puntualizan entre otras imperiosas necesidades: asignar de manera urgente nuevos profesionales idóneos al servicio; garantizar un médico cada 8 a 10 pacientes; asignar un espacio de trabajo saludable; priorizar la salud física y mental de los profesionales que están en el frente de esta batalla de forma ininterrumpida desde hace siete meses; garantizar su derecho al descanso y el derecho de los pacientes de recibir atención en calidad y cantidad; asignar profesionales de otras especialidades a trabajar en la sala de Clínica Médica; optimizar la logística tanto de auxiliares como de especialistas interconsultores; garantizar la provisión de insumos en tiempo y forma y generar un espacio para pacientes más complejos como antesala a UTI».
«Nos parece fundamental hacernos eco en la Legislatura de este planteo que realizan los trabajadores de la salud del Hospital de Caleta Olivia; lo más lógico y esperable es que el oficialismo acepte tratarlo este mismo jueves y no que lo pasen a comisiones donde temas tan urgentes terminan demorando su tratamiento», señalaron desde Encuentro Ciudadano.

Enfermeros
Por otra parte, desde la banca de Encuentro Ciudadano también se presentó un proyecto de resolución que solicita «al Poder Ejecutivo Provincial, a través de las áreas que estime pertinente, habilite la matriculación como auxiliares de enfermería, en el marco de la Emergencia Sanitaria, a quienes realizaron el curso de ‘Auxiliar de enfermería -Asistente Terapéutico’ a través del Instituto de estudios de Formación y Capacitación Social FENOA».
«El pedido se funda ante la tensión existente en el sistema sanitario de Río Gallegos y otras localidades de Santa Cruz -escribe Pérez Gallart en los fundamentos- producto del incremento de contagios por COVID-19 y la demanda de pacientes que requieren la atención en los hospitales públicos». El escrito recuerda que «hace años y con mayor insistencia en los últimos meses, un grupo de más de 130 personas que se capacitaron entre 2016 y 2017 como auxiliares de enfermería y/o asistentes terapéuticos en el FENOA, reclaman que las autoridades del Ministerio de Salud y Ambiente los habiliten para ejercer en el sistema hospitalario».
«Días atrás, en la carta de la enfermera Yanina Fabre, quien renunció a la jefatura de departamento de Enfermería del Hospital Regional de Río Gallegos, relató las dificultades que atraviesa el sector de enfermería en cada área, desde el Triage hasta la internación clínica, y señaló a las autoridades Ministerio de Salud y del nosocomio que se había requerido -sin respuestas- la posibilidad de crear una figura de ‘asistencia en enfermería’ para el personal del FENOA», agrega el diputado en la fundamentación del proyecto.

Testeos
Por último, el diputado de Encuentro Ciudadano solicitará en esta sesión que, a través del Ministerio de Salud, se «aumente la cantidad de testeos en toda la provincia como medida preventiva ante el aumento de la cantidad de casos activos de COVID-19»; y que se «garantice la provisión de ivermectina para todas las localidades de la provincia».
Uno de los párrafos de la fundamentación destaca: «Como ya señalamos, para prevenir hay que testear más. Y para atender la enfermedad, entre otros, hay que tener al alcance los insumos cuyo uso resulta eficaz para aliviar los síntomas de las personas que enferman, y en muchos casos evitar que empeore el cuadro de salud. Concretamente solicitamos se garantice la provisión de ivermectina».
«Cabe señalar que el Ministerio de Salud de la Nación considera la ivermectina como medicamento de tratamiento para el Covid dados los buenos resultados de las pruebas existentes», subrayó Pérez Gallart.

Caleta Olivia
Bajo este lema se realizó una nueva Jornada Nacional de Lucha de los profesionales de la Salud, y en Santa Cruz, APROSA sigue exigiendo respuestas.

Desde APROSA Andrea Pérez, informó que el gremio, adhirió este martes 10 de noviembre a la Jornada Nacional de Lucha, organizada por Fesprosa y donde los gremios de las distintas provincias acompañaron pidiendo por la defensa de los equipos de salud.

Ante una nueva jornada, aprovechamos para seguir reclamando las deudas que este gobierno provincial sigue postergando al sector de la salud. No nos sirve a esta altura que nos quieran endulzar los oídos con promesas vacías, las paritarias tienen que ser ya, el Bono Nacional se tiene que pagar, los pases a planta permanente y a full-time ya no pueden esperar.

Fuimos solicitando que se mejore la situación de los trabajadores de la salud, insistimos con la falta de profesionales en nuestros hospitales y el gobierno de Alicia Kirchner, que es quien tiene la decisión final, no está escuchando. La situación sanitaria en San Cruz es lo que está llegando a su límite, hay una sensación de querer ir siempre detrás del problema en vez de prevenir cuestiones básicas, los parches en la salud no sirven.

Ya le pedimos de forma urgente la «hoja de ruta» a la cartera de Salud de Santa Cruz, para saber cómo se piensa actuar, cuáles son las medidas a tomar, y lamentablemente la postergación sigue siendo la respuesta, mientras vemos como nuestros vecinos se nos mueren y no podemos hacer nada. Y no es cuestión de «mezquindades» o «egoísmos», sino de falta de personal, de espacio, de insumos, de una estrategia clara, hemos perdido colegas en la trinchera contra el Covid.
Por último, Pérez pidió al gobierno de Alicia Kirchner que escuche a los trabajadores de la salud que siguen dando una pelea desigual ante la realidad que nos afecta a todos, no es el capricho de un gremio, es la salud de todos los santacruceños la que está en jaque.