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Caleta Olivia
A través de la Resolución N°22/2020 que lleva las firmas del intendente Fernando Cotillo, el director del HZCO, Daniel Covas, y la diputada por Municipio, Liliana Toro, el Comité Operativo de Emergencia de Caleta Olivia estableció la prohibición de ingreso y egreso a la ciudad, salvo para aquellas personas alcanzadas por dos excepciones.

La decisión que tomó el COE de Caleta Olivia tiene como finalidad resguardar a la ciudad ante el elevado de casos de COVID-19 en la vecina provincia de Chubut y, particularmente, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
La primera excepción involucra a los trabajadores de las actividades esenciales, y la segunda a todos aquellos que deban viajar para realizar tratamientos médicos y/o diagnósticos fueras de la ciudad.
En el caso de aquellos que viajen fuera de la ciudad por razones médicas, la Resolución aclara que deberán regresar en el día para evitar el aislamiento.
La norma dispone que toda persona que viaje fuera de la localidad y no esté alcanzada por las excepciones dispuestas, deberá a su retorno cumplir con el aislamiento preventivo y obligatorio.
También aclara que toda persona que ingrese a la ciudad, proveniente de zona de circulación y/o transmisión del virus COVID-19, deberá estrictamente cumplir con el período de cuarentena de 14 días.
La decisión del COE que avanza sobre la restricción sobre el ingreso y egreso a Caleta Olivia no modifica en ningún sentido los las medidas y protocolos que funcionan al interior de la localidad.
Caleta Olivia continúa en la etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) con las excepciones a actividades comerciales, deportivas y de esparcimiento que vienen funcionando hasta la fecha. En tal sentido, desde el COE solicitan a los vecinos extremar las medidas de cuidado y prevención para que la ciudad continúe en este estadio.

Nuevas pautas
Además, la Resolución N°22 establece la incorporación de nuevas pautas al «Protocolo de Instrucciones Generales para Conductores de Cargas Generales y Acompañantes», incorporado a través de la resolución N° 14-COE/2020.
De este modo, se establece la prohibición del servicio de reparto a domicilio por parte de los vehículo de cargas provenientes de otras localidades; se dispone la ocupación máxima de 2 personas por vehículo de transporte de cargas; se establece la restricción de descenso del transporte tanto para choferes como para ayudantes y se dispone el estricto cumplimiento de lo dispuesto por la declaración jurada para Conductores de Cargas Generales y Acompañantes.

Buenos Aires
Norma Calismonte se separó del contratista K en noviembre de 2015, pero aún está gestionando papeles de esa división. Las sospechas de movimientos a sus espaldas.

Desde julio de 2019 que Norma Calismonte, ex esposa de Lázaro Báez, no viaja a Capital Federal. Pese a la separación conyugal desde noviembre de 2015, nunca dejó de visitarlo en el Penal de Ezeiza, donde el contratista K ingresó en abril de 2016.
Pero un robo en el departamento familiar, y las crecientes pruebas de que muchos de los bienes familiares habrían sido adquiridos de forma espuria despertaron las sospechas de la señora, que decidió no regresar a Buenos Aires.
Con nuevos abogados, Calismonte pidió informes de todas las empresas en las que Báez figura como accionista, con sus respectivos movimientos de fondos. «Quiere saber la cifra exacta del dinero que va a reclamar en la división de bienes», señalaron allegados a la familia.
Norma Calismonte va a reclamar el 50% de la fortuna de Lázaro Báez. En más de cuatro años, nunca avanzaron en la discusión sobre la división de bienes, hasta que ahora el empresario le dio un poder de administración a los abogados Roberto Herrera y Alejandra Baldini (además defensores de Leonardo Fariña y los hijos del empresario K, Leandro y Melina).

Empresas
La mujer se inquietó porque hay camionetas de Austral Construcciones que circulan por Río Gallegos sin saber quién las entregó, maquinaria alquilada por abogados con poderes que concedió Lázaro Báez desde la prisión, movimientos de dinero cuyos resultados no van a la familia ni tampoco hay certeza de que se dirijan a las cuentas bancarias judiciales.
Esta sucesión de hechos llevaron a Calismonte, siempre de perfil bajo, a avanzar con el reclamo del 50% que le corresponde.
Para ello, sus abogados realizaron varias presentaciones judiciales para saber qué movimientos de fondos hay en las empresas intervenidas.
Se trata del conglomerado en el que Lázaro Báez figura como accionista con diferentes porcentajes de participación.
La principal firma es Austral, donde posee el 95% del paquete accionario (el restante está nombre de Martín Báez, preso en Ezeiza).
La firma insignia, señalada como la beneficiada de obra pública vial durante el gobierno kirchnerista, quebró hace un año y medio y se están realizando diversos remates de sus bienes para hacer frente a las deudas de los acreedores.
Además, hay otras catorce empresas en las que Báez figura como accionista. A los interventores y veedores judiciales, los abogados de Norma les hicieron las mismas consultas: cuánto valen esas acciones, cuál es la situación de las firmas y si hay allí bienes registrados.

Bienes
No es todo; Herrera y Baldini intimaron al ex yerno de Báez, Marcos Muller, que era responsable de administrar parte de los bienes del grupo empresarial y que ahora se dedica al rubro petrolero.
Calismonte le reclamó un detalle de los movimientos de dinero, de los bienes alquilados y vendidos bajo su administración. Esta situación se replicó con otros administradores nombrados por Báez, ¿la sospecha? que manejan aún dinero sin rendirlo a la justicia ni a la familia.
Se estima que son más de 2 millones de pesos por mes que circulan sin controles.
Se trata del manejo de cabañas, departamentos, estaciones de servicio y un grupo de empresas, que se encuentran en la Patagonia, en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal, y que además del ex yerno también son administrados por otras siete personas, en algunos casos con poderes otorgados por Báez, y en otros «simulan tener poderes.
Todos están identificados y haremos las presentaciones en la Justicia, tanto en la quiebra de Austral Construcciones, como en la intervención que hay sobre las empresas», señalaron los abogados.
Así, Norma Calismonte busca ponerle un número a al fortuna que reclamará al empresario K. En el marco de la causa por «la ruta del dinero K», el fiscal Guillermo Marijuan había ordenado al Tribunal de Tasación de la Nación que determine a cuánto asciende el patrimonio del dueño del Grupo Austral.
Por años, esa suma había sido imposible de cuantificar: esparcida por al menos nueve provincias, se volvió de impredecible la administración de muchas propiedades registradas mayoritariamente a nombre de las empresas del Grupo Austral.
El primer cálculo de lo oficialmente tasado, más las participaciones accionarias declaradas por Báez ante la Justicia, arroja un valor de 205 millones de dólares otorgado a las 1.420 propiedades que fueron investigadas en la causa por lavado de dinero.
La ex esposa de Báez anticipó que reclamará el 50% de los bienes gananciales: más de 125 millones de dólares.
«Ella pretende mantener intacto el patrimonio ganancial, porque sabe que personas que están esquilmando el patrimonio, vendiendo, alquilando máquinas, camionetas. Y hay un grupo de abogados que perciben montos millonarios de alquileres», explicaron los abogados a Clarín.
Cuando concluya el proceso judicial, Calismonte irá «por su porcentaje ganancial, pero hoy busca conservar los bienes y denunciar a quienes hacen negocios espurios con el patrimonio de las empresas de la familia», indicaron.
Un dato: toda la fortuna de Lázaro Báez está embargada en al menos cinco causas judiciales por lavado de activos. Es un gran interrogante para el reclamo futuro que hará su ex esposa.
Uno de los abogados del contratista ya le informó que su ex mujer avanza en el reclamo de su 50%.
«Yo no quiero perjudicar a Norma, ella tiene derecho de reclamar lo que le corresponde por ley de los bienes gananciales», dijo en su habitual tono calmo.