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Buenos Aires
La situación de la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido y otros ex funcionarios llegará a la Cámara Federal de Casación Penal, que revisará las prisiones preventivas en la causa de los cuadernos de la corrupción.
En la misma situación estará Gerardo Ferreyra, el dueño de Electroingeniería y el único de los hombres de negocios que quedó preso por la asociación ilícita que, según se sostiene en el expediente, funcionó para recaudar dinero detrás de los negocios de Planificación entre 2003 y 2015.
Según pudo saber Infobae, la Cámara Federal aceptó los recursos de casación que presentaron las defensas de Cristina, De Vido, su mano derecha Roberto Baratta y el asesor de éste, Nelson Lazarte.
También del ex responsable jurídico del Ministerio, Rafael Llorens; del secretario de De Vido, José María Olazagasti; del ex titular del Ente Binacional Yacyretá, Oscar Thomas; y del mencionado Ferreyra.
Salvo Cristina, que tiene fueros como senadora, el resto de los apelantes está en la cárcel.
El juez Bonadio había supeditado el envío al Congreso pidiendo su desafuero a la confirmación de los procesamientos, que tuvo lugar el 20 de diciembre. Ese trámite, sin embargo, aún no se solicitó.

PJ
El jefe de la bancada del PJ federal en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, ya avisó que no aprobarán un desafuero hasta que no haya sentencia definitiva.
“El propio presidente de la Corte dijo que la prisión preventiva no se puede utilizar como pena anticipada. (El pedido de desafuero para Cristina Kirchner) va a ser rechazado porque aquí la prisión preventiva se da en una etapa preliminar de la investigación y no hay ningún riesgo de fuga, ni la posibilidad de obstruir la investigación. La prueba está colectada, la Cámara ha dado lugar a la prueba del arrepentido que ha habido en la causa pero de ninguna manera hay riesgo de fuga”, había dicho el senador en declaraciones radiales tras el fallo de la Cámara Federal.
La Sala I de la Cámara de Casación, a cargo de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, revisará las prisiones preventivas impuestas en el caso cuadernos. Es decir: si hay riesgos procesales (fuga o entorpecimiento en la causa) para mantenerlos detenidos.
Esos jueces ya intervinieron previamente en distintos pedidos de excarcelación de varios de los protagonistas. Y decidieron dejarlos presos a los imputados que llegaron con sus pedidos. El tema promete dar debate entre los argumentos de las defensas y la opinión de los jueces. En su primera intervención, Figueroa había disentido con sus colegas sobre abrir los recursos que llegaron al tribunal, pero sus colegas fijaron el voto mayoritario.
Los principales ex funcionarios y empresarios investigados en la causa de los cuadernos

Resolución
En su resolución firmada el viernes pasado, a la que accedió Infobae, los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi habilitaron las apelaciones sobre las prisiones preventivas.
Pero no hicieron lugar a otros planteos, como los rechazos de las defensas de ex funcionarios y empresarios sobre las nulidades planteadas y la confirmación de sus procesamientos. Entre ellos están Ángelo Calcaterra (ex IECSA), Enrique Pescarmona (grupo Pescarmona) y Luis Betnaza (Techint), entre otros.
“No se advierte (…) la existencia de un perjuicio de imposible, deficiente o tardía reparación ulterior” y “no nos encontramos ante un supuesto de arbitrariedad capaz de inaugurar la vía recursiva pretendida”, señaló el fallo. Tendrán que intentar suerte a través de un recurso extraordinario para que Casación analice los procesamientos y las nulidades reclamadas.
Lo que sí aceptó la Cámara Federal es que vaya a Casación –para tener una instancia de revisión- los recursos de aquellos empresarios de segunda línea que, como arrepentidos, admitieron haber pagado coimas pero desligaron la responsabilidad en sus superiores. Se trata de Jorge Neira y Osvaldo Acosta (ambos Electroingeniería), Héctor Javier Sánchez Caballero (IECSA), Rodolfo Poblete (grupo Romero), Héctor Zabaleta (Techint) y Francisco Valenti (Pescarmona).
A ellos Bonadio les había dictado la falta de mérito como miembros de la asociación ilícita y las coimas, pero la Cámara Federal revocó esa decisión y los procesó –sin prisión preventiva- como partícipes de cohecho. Al mismo tiempo, sacó a todos los empresarios de la asociación ilícita que habrían liderado Cristina, De Vido y Baratta e incluyó en el rubro de los organizadores a los arrepentidos al ex secretario de Obras Públicas José López, el ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner y el financista Ernesto Clarens.
A Gerardo Ferreyra fue al único empresario que dejó como miembro de la asociación ilícita por su vinculación directa con Néstor Kirchner. Los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli lo querían como organizador.

Bajo el dicho popular respecto a que “la tercera es la vencida” el Gobierno irá por la reforma laboral apenas se abra el período de sesiones ordinarias en el Congreso. Otras variantes indirectas, sector por sector, ya se aplican a santo y seña de “preservar puestos de labor” o en ofensiva contra sindicatos exigentes, tal el caso de la promocionada organización de aeronáuticos de low cost.
La dinámica de intenciones formales no se concretaron ni en 2017 o el año pasado. Ahora la o las iniciativas buscarán poner base en el blanqueo de trabajadores, que enriquecería las flacas estadísticas de creación de empleo, y un Fondo de Cese Laboral, en modo similar al ítem por desempleo que perciben los trabajadores de la construcción. A la fecha hay referentes de la oposición se jactan de haber frenado los intentos anteriores de Cambiemos pero sobre todo el sindicalismo opositor que comanda Camioneros en el Frente Sindical (FS). Pablo Moyano resaltó: “Está a la vista de todos que estrategia del Gobierno es tapar todo lo malo pero la bronca de la gente no solo es por el tarifazo. La reforma laboral estuvo activa desde que arrancaron su mandato pero Camioneros, el Frente Sindical y las CTA le pusieron freno”, reseñó Moyano.
Antes de que la Casa Rosada eyectara a Jorge Triaca, primero eliminando el ministerio de Trabajo y luego alejándolo del elenco gubernamental, el actual titular de Producción y Trabajo, Dante Sica, ya había ganado alta confianza en el núcleo de poder. Arrancó casi sin herramientas, apelando a una buena relación con sindicatos industriales sobre todo, alcanzó a poner algún paño frío en medio de la sangría de empleo, recesión y sobre todo la manta corta paritaria.

Más importante
Ahora el desafío es llevar adelante la reforma laboral, sobre la cual Sica resume “es más importante para los trabajadores”. Partitura similar ofrece la secretaría laboral nacional desde hace años, cuando esta modificación de convenios amagó con concretarse como se hizo con la reforma previsional. Casi en dialecto empresario, el Gobierno considera que sin tales “correcciones” no se avanzará en el prometido “trabajo digno”. Ante los reparos sobre dicha tesitura consideran que el mal mayor, en todo caso, son los más de cuatro millones de trabajadores en negro que existen a la fecha “sin obra social ni beneficio alguno”.

Sica: El superministro consultor

En la agenda preparatoria que el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el canciller, Jorge Faurie, redactaron para la cumbre entre los presidentes Macri y Bolsonaro se destacan las propuestas para la modernización del Mercosur, que pretenden avanzar en la visita a Brasilia.
Bien se sabe que el superministro llegó al Gobierno por su gran conocimiento sobre las relaciones comerciales entre los principales socios de la región, a partir del trabajo que realizó su consultora Abeceb, de donde incluso emigraron varios de sus técnicos para acompañarlo en la función pública. Sin embargo, algunos compañeros de Gabinete comenzaron a preguntarse si “era necesario” que en el ítem Convergencia regulatoria se ponga en la mesa de negociación la presentación de la propuesta de hoja de ruta “basada en las recomendaciones de la consultoría argentina (Abeceb) realizada en el marco de la consultoría encargado por el BID”. Así, Sica hará una propuesta final en base a las recomendaciones que le hizo su propia empresa.