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Caleta Olivia
Los trabajadores de la empresa CPC recibieron ayer por la mañana promesa de pago de quincenas adeudadas y decidieron pasado el mediodía suspender el “piquete” que habían iniciado ayer temprano en la ruta 3, en inmediaciones de la planta de Osmosis inversa al norte de Caleta Olivia.
Posteriormente se trasladaron hasta la sede del gremio de la UOCRA, en el barrio 26 de Junio y fueron notificados que en el transcurso de esta semana se les abonarán parte de la deuda que la empresa propiedad aún del empresario kirchnerista Cristóbal López, mantiene con los trabajadores.
Los empleados de la empresa que construye la hoy paralizada obra de autovía Rada Tilly y Caleta Olivia y camino de circunvalación, iniciaron la semana pasada con las medidas de fuerza ante la falta de pago de cuatro quincenas.
Los manifestantes cortaron la semana pasada la ruta provincial 12, y luego similares medidas se tomaron en la rotonda de acceso a la ciudad, frente a la playa de tanques y en la ruta nacional 3, frente al obrador (quince kilómetros al norte de Caleta Olivia).

Policía
El jefe de la Unidad Regional de Comodoro, Claudio Crettón, se refirió a los cortes de ruta por parte de trabajadores de CPC y confirmó que llegó “un oficio del Juzgado Federal solicitando la intervención.
Consultado por ADNSUR sobre si no se avanzará con un desalojo, manifestó que “eso se analiza conforme pasa el tiempo. Las directivas es evitar el desalojo porque seguramente va a haber violencia”.
Agregó que evaluarán la situación si los cortes continúan y aclaró que “para un desalojo tenemos que solicitar refuerzos a otras ciudades porque tenemos una guardia de Infantería muy reducida”.
Crettón explicó que “igualmente, apenas se producen los cortes, se intervienen directamente y las comisarías son las que avisan al Juzgado sobre qué requieren” los manifestantes “y las circunstancias que sean requeridas”.
Se charla y se trata de que pasen vehículos. En este caso entregan panfletos, pasan vehículos, civiles, vehículos particulares, colectivos y taxis pero ellos tratan de evitar que pasen vehículos relacionados al petróleo.
Confirmó que hay presencia policial preventiva en 3 y 26 “por el tránsito y para evitar hechos violentos de estas y otras personas que quieran pasar” por el piquete que mantienen trabajadores de CPC.
Afirmó que el pedido del Juzgado es para que la Policía desaloje pero detalló: “nos pidieron que tomemos intervención y que previo a tomar medidas adecuadas, sea desalojado el sitio. Por ahora vamos a ver si los cortes continúan. Para un desalojo tenemos que solicitar refuerzos a otras ciudades dado que acá sólo tenemos una guardia de Infantería muy reducida. Son 15 efectivos y se va a necesitar muchos más porque son varios los cortes”, dijo.

Comodoro
El referente de UOCRA, Raúl Silva, sostuvo ayer que “estamos barajando la posibilidad de desvincular a la gente de CPC. Están dispuestos a renunciar siempre y cuando se les pague lo que se les adeuda. Vimos un comunicado en Buenos Aires donde Nación dice que se le van a rescindir los contratos a CPC. Esto está medio confirmado por lo que sería en vano pelear para que la empresa tenga continuidad”.
En diálogo con ADNSURTeVé, manifestó que “vamos a continuar en la ruta y vamos a ver qué respuesta tenemos”, dijo el dirigente aunque posteriormente ante la promesa de pago levantaron la protesta.
Silva remarcó que “si a los trabajadores les garantizan el pago de todo lo que se les adeuda, ellos enviarían de forma conjunta todos los telegramas”.
A su vez, planteó que “la UOCRA tiene el método de obras terminadas y después le conseguimos trabajo. A todo esto, la ruta y el acueducto se va a terminar y la empresa que venga dará prioridad a los trabajadores que ya estaban”
“Son cerca de 350 obreros, y si CPC se va, la que venga no va a arrancar de inmediato. Va a tardar cuatro meses como mínimo”, indicó.
Silva sostuvo que “vamos a continuar en la ruta y en el día de hoy (por ayer) vamos a ver qué respuesta tenemos. Hablamos con el gobierno provincial barajando la posibilidad de que la gente renuncie en conjunto y que se les pague lo que se les adeuda, en caso de no llegar a un entendimiento, la gente ya no aguanta. Desde las fiestas venimos con promesas de pago”.
El dirigente gremial planteó que “la gerencia de CPC dice que no tiene plata y si no tienen el pago de Vialidad es imposible pagar la deuda” y recordó que “estuvimos interiorizándonos sobre los pagos de Vialidad, hizo uno de 26 millones de pesos, la empresa dice que es verdad pero no lo hizo a CPC sino a una UTE con otras empresas”.
“Vamos a esperar el transcurso de la tarde y nos vamos a juntar con los compañeros de Santa Cruz para ver qué medidas tomamos. Ellos están en la ruta y creo que habían endurecido las medidas porque me dijeron que iban a hacer un corte total. Quedamos en juntarnos a la tarde para encarar esto en conjunto. Se analizará y veremos como encarar el conflicto”, remarcó.

Agua
Tras el comunicado de la SCPL respecto a las consecuencias de los cortes de ruta, Silva indicó que “toda la gente de la cooperativa puede pasar libremente en todos los cortes. No es así que en Sarmiento pueden pasar libremente, no sé quién sacó el comunicado de la cooperativa porque hablé con el gerente y me dijo que no tenía esa información y que la gente podía trabajar normalmente”.
“No es como dice el comunicado que la gente no puede ingresar a la bomba de Sarmiento. Y lo de Cerro Arenales es mentira porque tanto la cooperativa como una empresa subcontratista pueden pasar”, remarcó.
“Lo que decimos es que la gente trabajó las quincenas y alguien se lo tiene que pagar porque sino mañana viene una empresa, hace trabajar, dice que no tiene plata y se va. El responsable es Vialidad en el caso de la ruta y en el caso del acueducto es Edenosa porque la gente trabajó. Nosotros le decimos que si le van a sacar las obras a CPC y si ya está en un comunicado de diario Clarín, la gente está dispuesta a renunciar. Pero que paguen lo que corresponde”, concluyó.

Cristóbal
Cristóbal López espera una señal de la Justicia. No sólo espera que durante la feria judicial se resuelva su excarcelación, sino que se autorice la venta de su holding Grupo Indalo a favor de OP Investiment, de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre.
Eso incluye la decisión sobre una serie bienes con los que, pese a estar preso, busca conservar su titularidad: autos de alta gama, aviones, un coqueto restaurante con vista al mar en la Patagonia y unas casas de lujo.
El empresario K, espera que dichos bienes no sean vendidos para paliar la crisis financiera del grupo. Al respecto, deberán expedirse el juez Julián Ercolini, quien lo procesó por defraudación al Estado y lo detuvo; y el juez en lo Penal Económico, Javier Cosentino, que llevará adelante el concurso de acreedores de Oil Combustibles, principal activo del grupo
Con el reinicio de la actividad judicial, el 1° de febrero, el dueño de Indalo espera algunas resoluciones judiciales.
La primera de ellas busca conseguir la autorización para la venta de su conglomerado de 170 empresas.
Para dicha operación, Ercolini abrió una posibilidad y pidió a los tres veedores judiciales que se expidan sobre la viabilidad de la venta, su finalidad, el rol de Rosner y Dellatorre y sus antecedentes. La venta ya fue denegada a López en dos oportunidades en la justicia.
En paralelo, con la operación, López y su socio Fabián De Sousa, también detenido, buscan retener una serie de bienes de importante valor.

Listado
En la documentación presentada ante la justicia hay un listado de activos “excluidos” de la operación de venta del Grupo Indalo a OP Investments, que aún debe contar con la aprobación de la Justicia federal.
Así, López y De Sousa buscan transferir la totalidad de las acciones de su holding al fondo de inversión con todas sus deudas, pero conservando parte de sus bienes, cuya titularidad está bajo el nombre de algunas empresas, como reveló Clarín.
En el extenso escrito se reconocieron deudas millonarias con acreedores privados, “garantizados por accionistas”. Se compone de: 223 millones de pesos, cuyos principales afectados son Marcelo Tinelli (con $137 millones), y Héctor Colella, el “heredero de Yabrán”, con $ 75 millones. También se consignó ahí una deuda en dólares, por US$ 50 millones, de los cuales el conductor de televisión tiene US$ 12,9 millones y Colella US$ 1,8 millón, entre otros.
¿Con qué bienes quieren quedarse López y De Sousa? la lista incluye dos aviones King Air C 90 (uno de 1982 y otro de 2013, con un alto valor de mercado) y otra aeronave modelo Barón 58 (de menor costo).
También, ocho vehículos que eran utilizados por las accionistas antes de su detención. Entre los más importantes se encuentran dos autos BMW, uno inscripto bajo la titularidad de Alcalis de la Patagonia y otro a nombre de Oil Combustibles S.A. (OCSA).
De ésta última compañía hay también dos Jeep: un Cherokee PAT y un modelo Wrangler. Propiedad de la constructora CPC, no quieren entregar una Toyota Hilux y una Toyota Prado, al igual que otra camioneta Hilux, propiedad de Oil M&S SA.
Además, no incluyeron en la venta que analiza la Justicia, tres “unidades funcionales” en el Edificio Madero Center (Puerto Madero).
En uno de esos departamentos vivía Cristóbal López. Entre las propiedades, también se encuentran dos casas en el coqueto barrio cerrado y golf club Arelauquen, de San Carlos de Bariloche, que pertenecen a CPC. En esta zona privilegiada las propiedades no bajan del medio millón de dólares.
Al menos tres empresas no fueron incluidas en la venta a OP: Inverco del Cono Sur, en Comodoro Rivadavia, una financiera cuyo capital inicial cuando se constituyó fue de $ 612.000 y sus principales accionistas son De Sousa e Inversora M&S (usada como parte de la maniobra defraudatoria contra el Estado, junto a OCSA).
Tampoco se incluyó la venta del Parador 10, en Rada Tilly, Chubut. Ese distinguido restaurante fue inaugurado en 2014, con fuegos artificiales e invitados especiales; y cuenta con más de 100 mesas y 450 metros cuadrados cubiertos. Finalmente, López y De Sousa planean quedarse también con la empresa Promet, que produce aceite de oliva en la provincia de Catamarca.
Todo esto deberá ser evaluado por el juez Ercolini, que espera los informes de los veedores judiciales que tiene Indalo a comienzos de febrero.
Además, al respecto se deberá expedir el juez Javier Cosentini quien tiene a cargo el concurso de acreedores de Oil Combustibles SA, principal empresa del Grupo.

Cuando el Gobierno Nacional puso a consideración de inversores privados 38 proyectos hídricos que demandarán 9.500 millones de dólares, se generó interés en inversores extranjeros.
Las obras acapararon el interés de 79 empresas, 35 de ellas del orden internacional. El acueducto sobre el río Senguer llevará agua a las localidades de Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Puerto Deseado.
En agosto del año pasado, la Subsecretaría de Recursos Hídricos presentó 38 proyectos en el marco del Plan Nacional Agua, que busca que el territorio alcance el 100 por ciento de cobertura de agua potable y del 75 por ciento de saneamiento.
Según habían informado en ese momento, las iniciativas en cuestión “demandarán inversiones que exceden los recursos anuales disponibles”, por lo que el Gobierno Nacional debió impulsar “la cofinanciación con el sector privado para que los beneficios lleguen a la gente en el menor tiempo posible”.
El conjunto de obras presentado en agosto prevé una inversión de 9.500 millones de dólares, a desarrollarse mediante el modelo de Participación Público Privada (PPP), pero también con otras formas como contratos de pago diferido, de concesión o cualquier otra figura legal que contemple las necesidades de financiamiento.
En los últimos tres meses, el Ejecutivo Nacional puso esos proyectos a consideración de inversores privados. Fuentes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos señalaron a la agencia de noticias Télam que el llamado a manifestación de interés recibió propuestas de 79 empresas, 35 de ellas internacionales, vinculadas a distintos aspectos del diseño, construcción y operación de proyectos hídricos.
La evaluación de las notas de interés reflejó que de los 38 proyectos propuestos en carpeta, los más atractivos resultaron ser las obra de las plantas depuradoras de Escobar (350 millones de dólares) y de Laferrere con sus redes asociadas (200 millones de dólares), la mega obra del Río Subterráneo Norte (1.200 millones de dólares), el acueducto Los Monos en Santa Cruz (1.168 millones de dólares) y el Tramo IV de la Canalización de Río Salado (700 millones de dólares).
También despertaron el mayor atractivo los proyectos de la planta depuradora y la planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe, la potabilizadora de Rosario y otras como el Sistema Acueducto Norte, el Aprovechamiento Hidrológico Los Blancos I y II, la Expansión de Servicios de Agua y Cloaca del Gran Mendoza y la mejora del sistema de producción y distribución de Gualeguaychú.

Los Monos
A mediados de septiembre del año pasado, Pablo Bereciartua, subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, había visitado la zona norte de la provincia para presentar el proyecto del acueducto Los Monos, sobre el río Senguer.
La obra llevará agua a las localidades de Las Heras, Koluel Kaike, Pico Truncado, Fitz Roy, Jaramillo, Tellier, Puerto Deseado, Cañadón Seco y Caleta Olivia, mejorando la calidad de vida de más de 190.000 santacruceños, según había indicado el funcionario.
El proyecto consiste en el aprovechamiento múltiple del agua del río Senguer, que será dirigido mediante un acueducto que permitirá el abastecimiento de agua para consumo humano en Santa Cruz.
Se prevé que además de llevar agua para consumo humano, se destinará cerca del 30 por ciento del agua del proyecto para riego, generándose dos áreas de riego para crear zonas de desarrollo agropecuario en las localidades de Las Heras y Pico Truncado, cerca del valle del río Deseado.
“Esto será vital para mejorar la producción local de alimentos y crear trabajo en la región, cambiando el perfil productivo de la zona y posibilitando mejorar la oferta de alimentos”, se señala en los fundamentos de la iniciativa.