La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que «hoy se terminan los cortes y empieza un camino que no tiene vuelta atrás» con la implementación del protocolo de orden público que se pondrá en práctica este miércoles por primera vez e informó que, hasta el momento, se recibieron 5.000 denuncias de beneficiarios de planes sociales en la línea 134 que serán «judicializadas» tras la jornada de protestas.

«Hoy vamos a trabajar con el objetivo de que comience una nueva era para la convivencia y la paz donde los que tengan que llegar a sus trabajos no tengan que pensar que tienen dos o tres horas más de viaje», sostuvo la funcionaria esta mañana en declaraciones a TN, ante la movilización de la Unidad Piquetera prevista para esta tarde.

Bullrich adelantó que a los que corten las calles «se les pedirá que suban a la vereda» y que, en el caso de que haya manifestantes con menores, «habrá un aviso a las autoridades y a los organismos de la niñez, respecto de la responsabilidad de los padres sobre sus hijos».

«Tenemos los medios para identificarlos a todos. Esta es la decisión del gobierno: Se termina el corte y los que quieran manifestar que vayan a las plazas, a los cordones, pero no se corta la calle. Hoy es un comienzo y no hay que esperar un 100 por ciento de éxito pero comienza un nuevo camino que no tiene vuelta atrás», agregó la funcionaria.

En la misma línea, dijo que «se terminan los extorsionadores y los dueños de los planes» y explicó que ya se recibieron 5.000 denuncias en la línea 134, anunciada ayer, para recibir denuncias sobre presiones para marchar a cambio de un plan social.

«No recibimos más porque el sistema no tiene más capacidad y estuvo saturado todo el tiempo recibiendo mensajes que decían, `si no voy a la marcha me cortan el Potenciar Trabajo», indicó Bullrich y agregó: «Yo le digo a todos los argentinos que nos están mirando que es al revés, si se queda trabajando en la cooperativa de trabajo, en el comedor o cuidando a su familia, el plan Potenciar Trabajo lo va a tener».

Bullrich explicó que «hay muchas denuncias que tienen identificado el líder barrial o el piquetero que los obliga a ir y también al sistema de organización paralela al Estado» en municipios como Moreno, José C. Paz y Florencio Varela», y añadió: «Les cobran 7000 pesos de multa al que no va a las marchas. Es un Estado paralelo. Tenemos muchísimos nombres y terminado el día de hoy estas denuncias vamos a judicializar»

«Si alguien corta la calle y acepta que tiene un señor jefe que les da el plan, lo va a perder, si toca la calle lo va a perder, y esto es sin vuelta atrás», insistió.

Al ser consultada sobre cómo se identificará a los manifestantes, indicó que «en toda la Ciudad hay cámaras, en los ferrocarriles y en distintos lugares donde pueden hacer un piquete» y dijo que «habrá también policía con cámaras para luego generar un sistema de identificación».

En ese marco, aseveró que se está trabajando con el Renaper: «Vamos a identificar a todos los que cortan, sepan que tenemos la forma de hacerlo y que van a perder el beneficio. Si son inteligentes, se quedarán en sus casas o en el trabajo», completó.

Respecto de los que manifestantes que marchen con niños, la ministra sostuvo que «habrá más cuidado con las mujeres y hombres que tengan menores. Se va a anotar a las personas que estén en esta situación para avisarles a los organismos sobre el cuidado de los chicos como por ejemplo, los centros de niñez que tiene cada jurisdicción» para «realizar un aviso a las autoridades sobre la responsabilidad de esos padres».

Finalmente, sobre la provincia de Buenos Aires -cuyas autoridades dijeron que no acompañarán la implementación del protocolo- Bullrich indicó: «El viernes próximo vamos a hablar con el ministro de (Seguridad de) la provincia de Buenos Aires y trataremos de convencerlos de que la Argentina necesita paz y orden»

«La persona que corta será detenida si no se sube a la vereda. Les pedimos que no lleven esto a una situación de violencia extrema, hoy vamos a comenzar a ordenar el país y sepan que las formas de petición cambian, no será por medio de un piquete que alguien vaya a conseguir algo. El corte en la Argentina hoy empieza a terminarse», concluyó la funcionaria.

La Justicia rechazó un habeas corpus contra el protocolo antipiquetes y Bullrich celebró el fallo

Un juez rechazó el pedido de habeas corpus preventivo presentado por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrolla, entre otras personalidades, para que se deje sin efecto el protocolo de orden público anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien celebró la medida que considera «completamente legal».

«Resuelvo rechazar las presentes acciones de habeas corpus», resolvió el juez de instrucción en lo Criminal de la ciudad de Buenos Aires Gustavo Pierretti, en un fallo emitido anoche, en el que sostiene que en el pedido de habeas corpus no se da “ninguno de los supuestos contemplados” en la Ley 23.098 de Procedimiento de este recurso.

En ese marco, la funcionaria afirmó que «solo quienes ignoran la ley y viven fuera de ella podían pensar lo contrario».

Pierretti no hizo lugar al habeas corpus porque «las pretensiones introducidas» no encuentran respuesta en la Ley 23098 referida a este recurso.

«Los planteos formulados no logran demostrar que la normativa impugnada implique una injustificada o impertinente afectación a la libertad ambulatoria», justificó.

Si bien «el derecho a la protesta y la libre expresión reconocidos en nuestra Constitución Nacional deben ser tutelados, también debe ser protegida la integridad física de quienes formen parte de las manifestaciones y las personas que, sin hacerlo, transitan la zona», explicó.

Ante ello «es obligación del Estado velar por dichas protecciones a través de la adopción de un operativo de seguridad –a partir del 14/12/2023 regulado por la Resolución criticada-, siendo que para el supuesto de existir actos de violencia institucional o que, por caso, transgredan lo prescripto por el art. 194 del CP, serán motivo de la investigación penal que corresponda», agregó.

En caso de delito, «las fuerzas policiales o de seguridad se encuentran facultadas a actuar de conformidad con el art. 184, inc. 8° del CPPN, como podría ser el supuesto del art. 194 del CP, que reprime a quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

«Es en esta sintonía que el art. 2 de la normativa mencionada establece que: la intervención a la que se refiere el artículo anterior se producirá sin que necesariamente medie orden judicial, toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal de la Nación Argentina; sin perjuicio de la comunicación inmediata al juez o al fiscal competente”, interpretó el magistrado.

El habeas corpus corresponde si se denuncia «un acto u omisión de autoridad pública que implique limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente”, expresó el titular del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional 13, con sede en el Palacio de Justicia porteño.

«Si otros derechos, como la libertad de expresión, de reunión o de preservación de los datos personales e identificación con los alcances de los arts. 6 y 8 de la cuestionada resolución, pudiesen encontrarse en pugna, ésta no sería la vía procesal para el tratamiento de la cuestión», advirtió por otra parte.

En ese sentido, el fallo señaló que «el camino judicial más idóneo y efectivo para garantizar la tutela de esta cuestión y otros derechos y garantías colectivos, es el del amparo».

El habeas corpus preventivo fue presentado ayer por Pérez Esquivel, Pitrola, Claudia Ferrero y Liliana Alaniz y pide a a Justicia que «deje sin efecto de manera inmediata» la aplicación del protocolo por vulnerar «diversos derechos, garantías y principios constitucionales: derecho a la protesta, libertad de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a huelga y libertad sindical, libertad de expresión, libertad de circulación y libertad personal y principios de reserva, legalidad, principio republicano de gobierno, racionalidad y control de actos de gobierno y división de poderes».

En el fallo que fue elevado ya para revisión en la Cámara Nacional en lo Criminal, Pierretti evaluó que «se advierte que la resolución ministerial en cuestión tiende a garantizar la libre circulación de las personas frente a una manifestación y esto no afecta, de manera actual e inminente, la libertad ambulatoria de personas determinadas», según el texto al que tuvo acceso Télam.

«Lo resolvió la Justicia: ¡El protocolo para el mantenimiento del orden público es completamente legal!», escribió por su parte Bullrich en un mensaje difundido desde su cuenta personal en la plataforma X (ex Twitter), donde publicó la parte final, resolutiva, del fallo.