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Buenos Aires
El juez federal Julian Ercolini elevó ayer a juicio oral la causa Hotesur, en la que están involucrados la ex presidente Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el contador Víctor Manzanares.
El caso pasará ahora a una instancia de debate y se sorteará un tribunal para llevar adelante el futuro juicio.
Hotesur fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner, con 2 millones de dólares que el entonces ex presidente compró en los días de mayor tensión en el mercado financiero, cuando el valor se depreciaba y fugaban las divisas.
La empresa administra los hoteles de Cristina Kirchner y su familia, incluido el Alto Calafate, el hotel de lujo que utilizó Lázaro Báez para una maniobra de alquiler de habitaciones.
El empresario patagónico garantizó el pago de 935 plazas por mes, durante 2010 y 2011, sin importar si sus empleados usaban esas reservas o no, ni si se trataba de temporada alta o baja.
La causa penal comenzó en noviembre de 2014 con una denuncia que hizo la ex diputada Margarita Stolbizer por supuestas irregularidades de la firma ante la Inspección General de Justicia (IGJ). En esos registros figuraba que Hotesur adeudaba balances y detalles de la composición del directorio.
Según repasó ayer el juez Ercolini en su resolución, los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques “consideraron que el accionar desplegado por Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos Kirchner, Florencia Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez, Osvaldo José Sanfelice, Adrián Esteban Berni, Víctor Alejandro Manzanares, César Gerardo Andrés, Ricardo Leandro Albornoz, Romina de los Ángeles Mercado, Patricio Pereyra Arandia, Julio Enrique Mendoza y Jorge Ernesto Bringas encontraba adecuación típica en la figura de lavado de dinero previsto” en calidad de coautores.

Imputación
Puntualmente, “a Cristina Elisabet Fernández se le imputó que en el marco de la asociación ilícita que funcionó cuanto menos entre el 8/5/03 y el 14/12/16 y de la que formaba parte en calidad de jefe diseñó, ejecutó y dirigió un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito por medio del cual se legitimó -al menos desde el día 10/6/05 y hasta el 12/11/15- a través de la actividad hotelera desarrollada por los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por las empresas del grupo Báez, producto de la defraudación al Estado nacional a través de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a favor de la acusada, Néstor, Máximo y Florencia Kirchner”.
La acusación sostuvo que “para ello, Fernández junto con estos últimos, Lázaro y Martín Báez, Sanfelice, Mercado, Pereyra Arandia, Albornoz, Gelves, Berni, Mendoza, Martín, Bringas, Andrés, Leiva, Jacobs, Manzanares, Ruiz y otras personas que aún no se individualizaron, crearon y mantuvieron una compleja estructura societaria, financiera, económica y contable en la que intervinieron con distintos roles, a los fines de poner en marcha y ejecutar el proceso de blanqueo de fondos ilícitos”.
Y así, se añadió, “la imputada y Néstor y Máximo Kirchner se hicieron del dinero líquido necesario para adquirir una cadena hotelera que serviría como medio para la canalización del dinero espurio, para lo cual, realizaron diferentes operaciones comerciales, inmobiliarias y bancarias en su mayoría con firmas vinculadas a Lázaro Báez en las que actuó en forma directa o prestando el asentimiento conyugal cuando la ley lo exigió; todo ello con la finalidad de contribuir en la formación del vehículo que permitió canalizar dinero ilegítimo en favor de la familia Kirchner”.
En tanto, la causa Los Sauces, en la que se investigan los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, e incluye a muchos de los mismos acusados, se encuentra en una etapa inicial ante el Tribunal Oral Federal 5. No se descarta que los dos casos pudieran fusionarse en un mismo debate.

Río Gallegos
Ante los sucesivos incumplimientos de la operadora, el Instituto de Energía de Santa Cruz la intimó a readecuar las declaraciones juradas de inversiones correspondientes a 2019 bajo apercibimiento de caducidad de las áreas.
Tras considerar insuficientes los planes de inversión de Sinopec la provincia los instó mediante carta documento firmada por su presidente, el Licenciado Matías Kalmus, a reverlos y ajustarlos al mejor aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos que tienen por concesión, caso contrario podrían caducarse las áreas que no cumplan con las exigencias planteadas.
En el escrito el IESC manifestó que las declaraciones juradas de inversión “respecto de las concesiones bajo vuestra titularidad, no sólo fueron presentadas fuera del plazo legal, sino que a su vez exponen compromiso de inversión nulo para el área ‘El Cordón’”.
El documento enviado por el Instituto de Energía detalla también que SINOPEC circunscribe la inversión comprometida en las áreas del bloque 127 y Cerro Overo, al abandono de un único pozo en cada una de las áreas, “todo lo cual se halla reñido con los preceptos del Artículo 31 de la Ley Nacional 17.319”.

Concesiones
El organismo de control provincial también especifica que la operadora en las concesiones Cañadón León, Cañadón Minerales, Cerro Wenceslao, Meseta Sirven y Tres Picos “solo presenta inversiones proyectadas atinentes al abandono de un pozo con ‘más otras inversiones’ cuyo alcance resulta menester determinar a los efectos de controlar el cumplimiento de las prescripciones del artículo supra referido”.
En función de todo lo expuesto el Instituto de Energía intimó a SINOPEC a readecuar las declaraciones juradas de inversiones para el presente año, “a cuyos efectos se pretende la inclusión de aquellas necesarias, que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión, debiendo asimismo acompañar apertura detallada de los montos y rubros contenidos dentro de ‘otras inversiones” para lo cual estableció un plazo perentorio e improrrogable de diez días de recibida la carta documento en los términos del Artículo 31 de la Ley 17.319, “y bajo apercibimiento de caducidad (de las áreas) en los términos de lo dispuesto en el Artículo 80 inciso C de la Ley 17.319”.
Estos incumplimientos nos preocupan y nos ocupan, tanto que días atrás la propia gobernadora, Alicia Kirchner mantuvo una reunión con el máximo referente de SINOPEC para advertirle que es imperativo el resguardo de las fuentes de trabajo santacruceñas, señalaron desde el IESC.