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Buenos aires
El día fue instituido a partir de 2004 en homenaje a las Abuelas de Plaza de mayo y su lucha por recuperar nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar.
En 1977, estaba compuesta, en un principio, por 12 mujeres, entre ellas María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani y Alicia “Licha” de De la Cuadra, a las que luego se uniera Estela de Carlotto, actual titular de la Institución. Estas mujeres eran madres de desaparecidos que además de reclamar por la aparición con vida de estos, buscaban a sus nietos, algunos secuestrados junto a sus padres y otro nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención.
Estos niños fueron entregados ilegalmente a apropiadores, negándoles el derecho a conocer su identidad. Desde entonces, esta asociación ha crecido y lucha por recuperar la identidad de sus nietos, logrando más de 100 casos esclarecidos.
Con la Ley 26.001 del año 2004, el Congreso de la Nación instituyó el 22 de octubre como Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Precisamente esa es la fecha en que las Abuelas de Plaza de Mayo comenzaron su incansable búsqueda. Uno de los hechos significativos que sucedieron a partir de 2003 se sintetiza en la frase: Algo nuevo se está cimentando en esta sociedad, que pronunció Estela de Carlotto en el 30 aniversario del golpe de 1976.
La frase pronunciada en un contexto de masificación de presentaciones espontáneas de nietos apropiados durante la dictadura llevo al resultado que: Horacio Pietragalla Corti, Juan Cabandié Alfonsín, Victoria Donda Pérez, Pedro Luis Nadal García, Leonardo Fossati Ortega, Sebastián Casado Tasca, Alejandro Sandoval Fontana, Marcos Suárez Vedoya, se presentaron por su propia iniciativa, en diferentes sedes de Abuelas de Plaza de Mayo, para conocer la verdadera identidad que les había sido arrebatada.
Las Abuelas de Plaza De Mayo llevan 128 nietos recuperados y, continúan reclamando, luchando y marchando para restituirles la identidad a casi 400 nietos más.

Identidad
Nuestro país, que ha incorporado la Convención de los Derechos del Niño a la Constitución Nacional y que ha promulgado las leyes de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (ley Nº26.061) y de Identidad de Género (ley Nº26.743), debe velar por el derecho de las niñas, niños y adolescentes a conocer y preservar su identidad, su nacionalidad y sus relaciones familiares, así como a tener acceso a un DNI con el nombre, la imagen y el género autopercibidos.
Es importante señalar que la identidad de un niño o niña contempla diversos aspectos, como por ejemplo su identidad de género autopercibida, tal y como lo recepta la ley de Identidad de Género antes mencionada. Es por eso que desde el Área de Género del Ministerio Público Tutelar brindamos el servicio de Abogado del Niño y garantizamos en casos particulares y con un abordaje integral, el ejercicio del derecho a la rectificación registral, entre otros.
Del mismo modo, en el Comité Asesor en Diversidad Sexual sobre Infancia y Salud Mental se tratan diversas temáticas atenientes al respeto a la identidad e integridad de todos los niños, niñas y jóvenes, eliminando obstáculos específicos que los pudieran discriminar.
Este 22 de octubre suma el compromiso y trabajo por un país y una ciudad donde a nadie se lo prive de su identidad.

Buenos Aires
La Justicia secuestró ayer más de 11.000 cheques por una suma superior a los $400 millones, ligados a la causa de la obra pública por la que en febrero enfrentará su primer juicio oral la ex presidenta Cristina Kirchner, como jefe de una banda que integraron el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros.
Los enviados del juez Julian Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita se presentaron en las casas centrales de los bancos Macro y Santa Cruz, en el microcentro porteño, para secuestrar los cheques.
Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, de un muestrario del 35% de los cheques secuestrados se puede inferir que el dinero fue a parar a las cuentas de Ernesto Clarens, señalado como el financista de los Kirchner y ahora “arrepentido” en la causa de los cuadernos de la corrupción.
En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario de la firma Invernes SA, que pertenece a Clarens; y el secreto fiscal de la firma Juan Felipe Gancedo SA, una constructora de Viedma que creció durante la era K y que también aparece en la cadena de cobros.
Por las obras concedidas y pagadas a Lázaro Báez durante la gestión k en Santa Cruz, Cristina Kirchner, De Vido, el ex secretario de Obras Publicas José López, Carlos Kirchner –el primo de Néstor que está preso- y Báez, entre otros, enfrentarán a partir del 26 de febrero un juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 2.
Y aunque otras investigaciones indican que el dinero que Báez recibía volvía en “retornos” a la familia presidencial, a través de alquiler de propiedades como Los Sauces y Hotesur -por los que la ex presidenta y su familia también está procesada-, lo cierto es que el fiscal Pollicita puso ahora el foco en los mecanismos a través de los cuales se habría logrado, luego de un complejo proceso de ficticias intermediaciones comerciales y financieras, la libre disposición de una porción importante de esos fondos.

Austral
El análisis apuntó a las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti y Loscalzo y Del Curso, así como a la sucesión de Adelmo Biancalani, todas del grupo Austral, en donde se “podrían haber simulado costos inexistentes con el fin de generar una salida contable que les permitiera disponer ilícitamente de esos fondos”.
Con esa hipótesis, se le pidió a la Dirección Nacional de Vialidad y a la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz que remitieran toda la información disponible sobre “cómo fueron abonados los anticipos financieros otorgados en las 51 obras públicas viales financiadas con fondos nacionales” de la causa conocida como obra pública, y que ya llegó a juicio.
Con entrecruzamiento de datos contables, se detectaron las facturas apócrifas que tenían esas cuatro empresas. Y se interrogó a los funcionarios de la AFIP, Horacio Castagnola y Jaime Mecikovsky, que defendió Elisa Carrió en los últimos días.
Según se reconstruyó, los ingresos de Austral Construcciones “se originaban, en su abrumadora mayoría, en los pagos que la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz le giraban con motivo de las obras públicas viales irregularmente asignadas”, que provocaron un “millonario perjuicio al Estado”. Pero más de un cuarto de los ingresos fueron derivados hacia Gotti.

AFIP
Los funcionarios de AFIP que declararon en la causa contaron cómo se impugnó como falsas operaciones de compra de Gotti entre 2003 y 2007 “por un total de 495 millones de pesos, a nombre de 96 proveedores”.
Pero “cuando se inició la etapa del procedimiento administrativo conocida como fiscalización propiamente dicha -en la que Gotti pasó a intervenir activamente, presentando escritos y cuestionando el accionar de la AFIP-, se puso en marcha un conjunto de maniobras por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional tendientes a obstaculizar el avance de la fiscalización y remover a los funcionarios de AFIP comprometidos con ello”.
Y luego de ello, dijo Pollicita ante Ercolini, la entonces presidenta Cristina Kirchner elevó al Congreso de la Nación un proyecto de ley que preveía una moratoria general por evasión tributaria, la cual fue finalmente sancionada como Ley de Regularización Impositiva bajo el n° 26.476. Gotti se acogió a la moratoria.
La investigación detalló que “en el curso del procedimiento administrativo ante la AFIP la empresa GOTTI acompañó una copia del Contrato de Cesión de Cobranza suscripto entre dicha firma e Invernes SA, por medio del cual se acordó que esta última actuara como agente cobrador de las ventas y pagador de las compras de Gotti SA” y fue “por esa razón que las compras cuestionadas por la AFIP fueron abonadas mediante cheques girados contra cuentas bancarias a nombre de INVERNES SA”.
El fiscal también apuntó a la firma Juan Felipe Gancedo SA, una constructora patagónica a la que el propio Báez señaló en el inicio de la causa por la ruta del dinero k como una de las que había obtenido más obra pública que él. Carrió también la había denunciado en los inicios de su denuncia por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner.
El dictamen fiscal señaló también que “según explicaron los funcionarios de la AFIP que efectuaron las investigaciones contra Gotti SA en la Dirección Regional Comodoro Rivadavia, en el caso de la firma Juan Felipe Gancedo SA no sólo existía una matriz coincidente de proveedores apócrifos, sino que los cheques eran cobrados por las mismas cooperativas, a las cuales se había llegado a fiscalizar”.
En base a todo esto, se activaron los procedimientos en los bancos del microcentro por los que pasaron esos cheques y ayer quedaron secuestrados en la causa. Según señalaron las fuentes a Infobae, “se secuestraron once mil cheques en los procedimientos. Con solo dos mil cheques, aparece el 80% de los montos, arriba de $400 millones y de un muestrario del 35% de los cheques, se puede sospechar que la plata fue a parar a las cuentas de Clarens”.

Buenos Aires
La titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Silvana Giudici, anunció ayer que se extenderá hasta el 31 de octubre el plazo para que los usuarios de la telefonía móvil prepaga registren su línea y puedan evitar así el bloqueo de la señal.
“Estamos firmando hoy una prórroga hasta el 31 de octubre para que la gente pueda llamar al *234# y mantener la línea activa”, confirmó este jueves la funcionaria a cargo del ente que regula las telecomunicaciones, en diálogo con radio Mitre.
De esta manera, el Enacom dispuso un mayor período de tiempo para que los clientes de este tipo de servicio prepago puedan blanquear su identidad con las compañías. El plazo original era hasta hoy jueves 18 pero, según la titular del organismo, en estas semanas se recibió “más de un millón y medio de llamados” para regularizar las líneas, por lo que se busca que más usuarios queden nominalizados.
Con la nueva normativa, el Estado busca identificar la titularidad de más de 17 millones de aparatos celulares con el objetivo de eliminar las líneas anónimas. La expectativa es que disminuyan la cantidad de delitos cometidos bajo esta modalidad y desalentar la cantidad de teléfonos robados.
El trámite en cuestión es sencillo y consiste en realizar un llamado desde el teléfono celular al *234#. Allí se debe ingresar número de DNI, nombre y apellido del titular, junto a otros datos, como fecha de nacimiento y domicilio. El procedimiento permite vincular la línea y los datos del titular con el IMEI, el número que identifica a cada celular.
La medida está dirigida únicamente a los usuarios con líneas prepagas que hayan adquirido el chip y que aún no lo hayan registrado con sus respectivos datos personales.
Por lo tanto, quedan excluidos del requisito quienes tienen líneas con abono, ya que el número está registrado ante la empresa de telefonía.
Tampoco deberán realizar este procedimiento los usuarios que hayan adquirido un chip después de mayo de 2017, dado que a partir de esa fecha comenzó el registro automático al sistema.

Sistema
Hace casi 10 días, el sistema colapsó a pocas horas de su presentación, lo que hizo que muchos usuarios no pudieran registrarse y se demorara la operatoria.
Sobre el bloqueo y la reglamentación: la nueva regulación se instrumentó a partir de la Resolución Conjunta 6 – E/2016 del Ministerio de Comunicaciones y del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial en noviembre de 2016.
La decisión dispuso al Enacom a crear un Registro de Identidad de Usuarios del Servicio de Comunicaciones Móviles y a las empresas a llevar a cabo un procedimiento de confirmación de identidad de los nuevos chips prepagos activados.
Una vez pasada la fecha límite -era hasta este jueves 18 y se extendió al 31 de octubre- el usuario que no haya registrado su número sufrirá el bloqueo de la línea y, para restaurarla, deberá realizar un trámite de forma personal en la empresa prestadora del servicio. Completado ese paso, desde la compañía telefónica le informarán al usuario si puede conservar o no su número telefónico.
Según informó el Enacom, cada persona puede vincular hasta cinco líneas telefónicas a una determinada flota de celulares.
En el país se calcula que existen unos 60 millones de celulares, de los cuales unos 35 millones funcionan a partir del servicio prepago.