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La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de Presupuesto 2023.
Tras 15 horas de debate, se logró la aprobación en general de la iniciativa que establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economía del 2 por ciento, una pauta inflacionaria del 60 por ciento, y prioriza el gasto social.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles y giró al Senado el proyecto de Presupuesto 2023 que contempla un crecimiento de la economía del 2%, una pauta inflacionaria del 60% y un gasto total de $ 29 billones, y se estableció que el gasto total educativo no podrá ser inferior al 1,33% del Producto Bruto Interno (PBI).
A lo largo de la sesión que se extendió por 19 horas, el oficialismo no logró incorporar el artículo para eliminar la exención del impuesto a las Ganancias al Poder Judicial al perder la votación por 134 contra 116 votos del Frente de Todos (FdT), ni el artículo que permitía al Gobierno poder aumentar las retenciones agropecuarias.

En cambio, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, propuso a pedido del diputado Hugo Yasky facultar a la Jefatura de Gabinete para que pueda reasignar partidas a fin de que el gasto total de educación no pueda ser inferior al 1,33% del PBI, con el fin de asegurar «a la sociedad y la comunidad educativa que no habrá reducción de fondos».
El plenario legislativo sancionó la iniciativa de gastos y recursos con un amplio apoyo en la votación en general ya que cosechó 180 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Provincias Unidas, Federal, Ser y los bloques de Juntos por el Cambio (JxC), Evolución Radical, UCR, y Encuentro Federal, que tiene como referentes a Emilio Monzó y Margarita Stolbizer.
El rechazo juntó 22 votos que correspondieron a la Coalición Cívica, Republicanos Unidos, Ahora Patria, y Creo, la izquierda y las dos bancadas de derecha Avanza Libertad y Libertad Avanza, y el Pro se abstuvo con 49 sufragios.
Si bien se incluyeron reformas, se respaldaron las variables de un aumento del 2% del PBI, una pauta inflacionaria del 60% y un descenso del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%, que se busca con reducción de gastos y de subsidios, y un dólar promedio de $219. El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.

Sanción

La sanción del proyecto se efectuó en una sesión especial que se inició a las 13.45 del martes y finalizó poco antes de las 9.30 de este miércoles, donde expusieron más de 130 oradores sobre el Presupuesto 2023 que aplicará el Gobierno en el último año de gestión del presidente Alberto Fernández.
El oficialismo pudo imponer su postura en la mayoría de los artículos, con excepción de la exención del pago de Ganancias a la Justicia, retenciones y un tema de salud.
Pero sí lo logró en el alza de cuotas que deben pagar los monotributistas de categoría alta por obra social, blanqueo de capitales, un beneficio impositivo al gremio de camionero y una tasa para seguridad portuaria.
Otro punto que generó debate fueron los artículos de blanqueo de capitales con el fin de permitir la compra de viviendas usadas y de insumos y bienes de servicio con dólares de ahorro, pero el oficialismo se impuso en la votación por 127 a 118 votos.
Sobre los aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del monotributo, el FdT se impuso por 126 a 120 votos.
El Frente de Todos consiguió mantener el artículo que autoriza al Gobierno a modificar los montos a partir del cual los trabajadores de la cuarta categoría deben pagar Ganancias sin tener que recurrir al Congreso, por 127 a 115 sufragios.
Además el FdT junto a diputados de la izquierda, algunos del Interbloque Federal y Provincias Unidas, mantuvo el artículo que beneficia al gremio de Camioneros al eximir el pago de Ganancias sobre viáticos y premios, por 129 a 120.
En el tramo final se incluyó un artículo propuesto por el Pro para que el ajuste por inflación en los balances de las empresas se aplique en forma prorrateada en tres veces, un tercio en el 2022, otro tercio en 2023, y otro en 2024, y así el Gobierno podrá contar con mayores recursos tributarios.
Además, el oficialismo retiró el artículo 115 del Presupuesto que deroga las plataformas de negociación de las «facturas de crédito electrónicas» ya que hubo pedidos de las pymes y del Gobierno para estudiar mejor el sistema.
También se aprobó una tasa sobre los pasajes de avión de $250 que se destinará a la seguridad aeroportuaria, por 123 a 122.
Otro punto significativo fue la inclusión de una cláusula por la cual, si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.
En cuanto a la distribución del gasto, el proyecto contempla destinar a la Administración Gubernamental $ 1,6 billones, a Servicios de Defensa y Seguridad $ 1,2 billones, a gastos sociales $ 18 billones, servicios económicos $ 4,5 billones y a deuda pública $ 2,9 billones, lo que implica casi $ 29 billones.
Contempla un aumento en las exportaciones de 7,1% contra importaciones que se incrementarían el año próximo 2%, y de esta manera, el superávit comercial pasaría de US$ 7.700 millones este año a US$ 12.300 millones en 2023.

(Télam)

El gremio, que solicita un aumento del 131%, no logró ponerse de acuerdo con los empresarios del sector y anunció que iniciarán una medida de fuerza en todo el país.
Las negociaciones salariales entre el Sindicato de Camioneros y los empresarios del sector fracasaron este miércoles, por lo que el gremio de Hugo y Pablo Moyano iniciará un paro nacional el próximo lunes, informaron a Télam fuentes de la organización sindical.
Poco antes de la finalización de una reunión paritaria en el Ministerio de Trabajo, Hugo Moyano había dicho que el sector patronal «se niega a reconocer lo que el trabajador merece», y advirtió que «si no dan el aumento» del 131% que reclama Camioneros «el lunes arrancamos con las medidas de fuerza», consistente en paros a nivel nacional.

Habló ante afiliados y activistas de Camioneros concentrados frente a la sede del Ministerio de Trabajo, en Callao al 100, mientras transcurrían las negociaciones paritarias en las que el gremio había anunciado que iba a reiterar el pedido de una mejora salarial del 131% y los empresarios mantendrían su ofrecimiento de 84% de incremento.
«Hemos venido acá porque el sector empresario se niega a reconocer lo que el trabajador merece», dijo Moyano y manifestó que «no quieren reconocer el esfuerzo y sacrificio que hicimos durante la pandemia, nunca dejaron de trabajar».
En esa línea, sostuvo que «si no dan el aumento que el trabajador se merece, el lunes arrancamos con las medidas de fuerza» y remarcó que «vamos a demostrar que con los trabajadores no se juega».
La organización gremial nacional que conducen Hugo y Pablo Moyano demanda además el pago de un bono de fin de año y el incremento de los adicionales para los trabajadores de las 18 ramas que contempla el convenio colectivo laboral 40/89 del sector, indicaron a Télam fuentes gremiales.
En una cuarta instancia de negociación, luego de varios cuartos intermedios, sindicalistas y empresarios negociaron desde las 15 en la sede laboral de la porteña avenida Callao al 100 en procura de superar las distantes posiciones y evitar la posibilidad de un conflicto.
Pablo Moyano había calificado la semana anterior como «insuficiente» la oferta salarial de las cámaras empresarias y advirtió sobre la posibilidad de iniciar medidas de fuerza.
El dirigente gremial y cotitular de la CGT había considerado como «una ridiculez» la oferta patronal de recomposición de los haberes del 84% para todo el año, y ratificó la exigencia de un 131%, de un bono y de una mejora de todos los adicionales, a la vez que acusó a varios grupos empresarios de «especuladores que aumentan los precios».
«El ofrecimiento de un 84% es una falta de respeto a los camioneros, por lo que si las cámaras continúan con esta propuesta ridícula comenzarán las acciones de fuerza y serán los empresarios los responsables de esas medidas», afirmó entonces Moyano.
El dirigente había calificado como «especuladores» a Arcor, la Sociedad Rural Argentina (SRA), Mercado Libre, Techint y a Paolo Rocca, entre otros, porque «aumentan a diario los precios de los productos», y explicó que el bono deben percibirlo todos los trabajadores, en especial los que no cubren la canasta básica y sobre una base inicial de 30.000 pesos.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó la autorización de un aumento en las cuotas de medicina prepaga que comenzará a regir en diciembre próximo al señalar que afecta a las familias «en un servicio imprescindible como el de la salud». «Resulta francamente inaceptable este nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8%), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga, y que, de esta manera, suman el 114% anual de aumento otorgado. O sea, más de un 20% sobre la inflación anualizada», afirmó la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter.
Fernández señaló que «oportuna y reservadamente» manifestó su «opinión contraria a seguir concediendo aumentos que afectan a las familias argentinas en un servicio imprescindible como el de la salud y que además agrava al proceso inflacionario».

El incremento, que será del 13,8% y regirá a partir del próximo 1 de diciembre, se sumará a las subas implementadas en los meses de octubre (11,53%), agosto (11,34%), julio (4%), junio (10%), mayo (8%), abril (6%), marzo (6%) y enero (9%).
De esta forma, en diciembre las prepagas modificarán sus cuotas por novena vez en el año.
En 2021, en tanto, tuvieron seis incrementos, y en el primer año de la pandemia (2020) uno solo (del 10% en el mes de diciembre).
Desde el sector privado, el presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS) y propietario de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, sostuvo que «de ninguna manera la medicina prepaga sube más que la inflación, sino todo lo contrario. La medicina prepaga está muy por debajo de la inflación».
En declaraciones a la prensa, Belocopitt justificó la suba en la cuota de las prepagas en base a la inflación acumulada desde inicio de 2020 hasta la fecha.
«Desde que asumió la administración de Alberto Fernández, tomando los datos técnicos históricos hasta el mes de agosto 2022, la cuota de la medicina prepaga aumentó el 173,9% y la inflación fue del 221,5 por ciento», dijo el empresario.
Con un enfoque coincidente con el de la Vicepresidenta, el economista Hernán Letcher -a través de su cuenta de Twitter- sostuvo que «con estos aumentos de los valores de las prepagas, ocurren dos cosas: 1) el poder adquisitivo de los salarios, medido en planes de salud prepagos, caerían 13% y 2) el costo de prepagas se ubicaría a fin de año 25 puntos por encima de los salarios».
El nuevo incremento de 13,8% fue autorizado por el Ministerio de Salud a instancia de la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el organismo encargado de establecer las subas en base al Índice de Costos de Salud creado este año y que rige los aumentos desde el mes de agosto.
De acuerdo a lo expresado en la Resolución 1293/2022, el Índice define las alzas contemplando «la evolución de los rubros de recursos humanos, medicamentos, insumos médicos, otros insumos y gastos generales que resulten significativos para el sector».

La defensa de Nelson Periotti, exdirector de Vialidad Nacional, concluirá este lunes su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 y pedirá la absolución de su cliente en el marco del juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz.
«En la causa Cuadernos se ha acreditado por la pericia que esa prueba, que es la única prueba, tiene más de mil enmiendas. No sabemos cuál va a ser la consecuencia jurídica de eso, pero claramente esa cuestión debilita toda la prueba que la fiscalía quiere usar de ese expediente» en el juicio Vialidad, advirtió el abogado de Periotti, Federico Paruolo.
El defensor comenzó en la mañana del lunes su tercera y última jornada de alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 que ya anticipó terminará con un pedido de absolución para el exdirector de Vialidad Nacional en el kirchnerismo, a quien la fiscalía solicitó condenar a diez años de prisión.

El juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 terminará su etapa de alegatos a fin de mes y luego será el turno de la réplica por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola si es que piden hacer uso de ese derecho.
Finalmente el Tribunal escuchará las últimas palabras de los 13 juzgados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El veredicto se espera para antes de fin de año.
Al retomar su alegato, la defensa de Periotti hizo alusión a una pericia difundida este último fin de semana y ordenada en el marco de una causa que investiga una denuncia por supuestas alteraciones a los escritos de Centeno, arrepentido en la causa Cuadernos.
Esa pericia que ordenó el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en la causa abierta por denuncia de un empresario procesado en el caso Cuadernos, Armando Loson, dio como resultado alteraciones en dos de los cuadernos, como tachaduras, enmiendas y agregados que no habría hecho el ex chofer.
Lo ocurrido «implica claramente una violación del derecho de defensa en juicio porque no vamos a poder alegar más adelante» e impide dictar «una sentencia justa, ajustada a derecho, valorando prueba de una causa que no tiene resolución».
El caso Cuadernos es un ejemplo «claro de por qué esto no puede pasar», concluyó.
El viernes pasado, la defensa de Periotti descartó que haya existido un «apagón informativo» vinculado a la obra pública en el Congreso nacional entre 2003 y 2015, al rechazar esta afirmación de la fiscalía.
«La fiscalía aludió a un apagón informativo del Congreso nacional sobre las obras. No existió tal apagón», sostuvo el abogado Paroulo.
«Mi asistido (por Periotti) fue al Congreso en más de una ocasión y a esas audiencias ingresaban hasta legisladores provinciales», enfatizó.
El entonces titular de Vialidad Nacional «fue a Diputados y Senadores a hablar de obra pública. Es imposible hablar de apagón informativo», agregó.

Alegato

El alegato se realiza con Periotti y su abogado presentes en la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002 al igual que los tres jueces del Tribunal Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.
El martes pasado, en la primera jornada de su alegato final, el abogado de Periotti afirmó que el exfuncionario llegó a juicio en esta causa «en un contexto de lawfare» y sostuvo que «todos los imputados e imputadas probaron su inocencia».
Periotti tiene un pedido de 10 años de prisión por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y su defensor aseguró que durante el debate oral en el que se juzga a 13 acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, «todos los imputados e imputadas probaron su inocencia».
Paruolo anticipó que pedirá la absolución a Periotti al término de su alegato porque hay «certeza de la inocencia».
En el debate son juzgados 13 acusados, entre ellos a la Vicepresidenta, con un pedido de 12 años de prisión por parte de la fiscalía y cuya defensa ya alegó y reclamó la absolución.
En la causa se investiga el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas nacionales en Santa Cruz a favor de empresas del también acusado Lázaro Báez, dueño de «Austral Construcciones», además de presuntos sobreprecios e incumplimientos en los trabajos pese a su pago.

(Télam)