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El abogado Mariano Fragueiro Frías, defensor del imputado expresidente de Vialidad en Santa Cruz, Héctor Jesús Garro, advirtió que los fiscales del caso Diego Luciani y Sergio Mola -quienes pidieron para Garro tres años de prisión en suspenso- hicieron abuso de «falacias circulares».
La defensa de uno de los acusados en la causa Vialidad aseguró hoy que la fiscalía «violó la Constitución» al mantener la acusación sobre hechos ya juzgados, en un proceso en el que la justicia de Santa Cruz dictaminó años atrás que no hubo hechos de corrupción ni de cartelización en la obra pública en esa provincia entre 2003 y 2013.
Mariano Fragueiro Frías, abogado del extitular de Vialidad de Santa Cruz Héctor Jesús Garro, inició este lunes la ronda de alegatos finales de las defensas en la llamada causa Vialidad, reclamó la absolución de su cliente y manifestó su rechazo al atentado sufrido el jueves último por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también acusada en este proceso.

«Intentaron convertirse en aladides de la corrupción», expresó Frías sobre la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, pero, en realidad -advirtió- hubo «violación de garantías constitucionales, de debido proceso y al derecho de defensa en juicio».
Además, Frías remarcó: «Tratar de neutralizar la acción de la supuesta corrupción que invocan no se hace cometiendo atropellos y avasallamiento de las constituciones provinciales, ni las normas constitucionales. Se afectó el federalismo; eso no está bien».
Sentado en la primera fila en la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002 junto a Garro, Fragueiro Frías insistió ante los jueces que la causa Vialidad «es cosa juzgada» porque ya hubo un expediente en Santa Cruz que evaluó las mismas obras y fue cerrado.
«Se juzgó en los tribunales locales y lo más grave es la interferencia en los gobiernos locales, en la Constitución de la provincia de Santa Cruz, se genera un daño irreparable al sistema federal», argumentó el abogado, para quien la fiscalía «violó la Constitución». Fragueiro Frías apuntó también que su defendido «era un funcionario local de Santa Cruz» y la provincia «se regía por la Constitución local».
El acusado presidió Vialidad provincial por seis meses, entre 2005 y 2006, y las obras de ese período por las que fue acusado «están todas en el Presupuesto provincial y el Tribunal de cuentas de la provincia intervino y aprobó la inversión de los fondos», según detalló el defensor.

Falacias

Al tomar la palabra esta mañana, el abogado apeló al Preámbulo de la Constitución Nacional y pidió «que el odio no gane nuestra sociedad y cualquier manifestación violenta sea absolutamente una excepción en las reglas de nuestra sociedad y nuestra convivencia social», en relación al intento de magnicidio hacia Fernández de Kirchner del jueves último.
Luego, al iniciar su alegato, el defensor de Garro aseguró que los fiscales Luciani y Mola hicieron abuso de «falacias circulares» al «afirmar cuestiones que son absolutamente inexistentes y que de ningún modo pueden alcanzar a nuestro defendido».
Por primera vez desde que se reanudó el juicio de manera semipresencial, el abogado y Garro acudieron en persona a la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002, donde estuvieron también los jueces del TOF 2 Jorge Gorini, Andrès Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

El defensor había pedido la presencia en la sala también de los dos fiscales de juicio, Luciani y Mola, pero ambos optaron por seguir su alegato conectados de manera virtual desde sus respectivos despachos en el edificio judicial.
La fiscalía pidió condenar a Garro a tres años de prisión en suspenso, pero su abogado reclamó la absolución porque «no hay absolutamente nada que pueda justificar una condena».
El alegato se extendió por casi tres horas y el juicio continuará este martes con el turno de la defensa de otro exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda, que tiene un pedido fiscal de condena a 6 años de prisión.
El juicio se reinició después de dos semanas de receso y luego de que la fiscalía pidiera condenar a 12 años de prisión a la Vicepresidenta y al empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones como presuntos organizadores de una asociación ilícita y defraudación al Estado.
También pidió diez años de cárcel al exministro de Planificación Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López y al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
La defensa de la Vicepresidenta, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, está sexta en la lista elaborada por el Tribunal para el orden de las exposiciones.
Tanto ella como los restantes acusados podrían hacer uso del derecho de pedir ir en persona a la sala de audiencias de Comodoro Py, en el juicio que se realiza de manera virtual, con las partes conectadas a través de la plataforma Zoom.
En esta etapa de los alegatos, la expresidenta también tiene la posibilidad de dirigirse de manera directa al Tribunal en caso de desearlo.
El mes pasado el Tribunal rechazó un pedido de la defensa de Fernández de Kirchner para que ampliara su declaración indagatoria.
En la causa se investiga supuestos direccionamientos de las licitaciones de 51 obras públicas nacionales en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Después de dos semanas y tras el pedido de condena de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, el juicio oral por las presuntas irregularidades en las obras públicas de Santa Cruz se reanudará mañana.
Mañana a las 9:30 horas el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 iniciará la etapa de alegatos de las defensas. La primera será de Héctor Garro, ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, y para quien la Fiscalía pidió tres años de prisión en suspenso.
Garro y su abogado, Mariano Fragueiro Frías, estarán en persona en la sala de audiencias y solicitaron que lo estén los fiscales y los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF) que pidieron una pena de un año de prisión.
El resto de las partes seguirán la audiencia por videoconferencia.
El juicio se reanudará en un contexto muy distinto después del alegato de la Fiscalía. En el centro de la escena política está el intento de homicidio de Cristina Kirchner, por el que hay un detenido -Fernando Sabag Montiel- y una investigación en curso.

Por el hecho, el gobierno nacional decretó feriado el viernes, hubo una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo en repudio a lo ocurrido y la Cámara de Diputados hizo lo propio en una sesión especial.
Sin embargo, los cruces entre oficialismo y oposición continuaron y en los discursos hubo referencias al juicio y al pedido de condena de los fiscales contra Cristina Kirchner de 12 años de prisión y de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta.
Según informaron a Télam fuentes judiciales, el Tribunal Oral Federal 2 prevé comenzar la audiencia el lunes 5 a las 9.30 como estaba previsto desde la última jornada llevada a cabo el 22 de agosto, para dar inicio a la etapa de alegatos defensistas.
Para la etapa de alegatos se dejó abierta la posibilidad de que cada imputado y su defensa puedan pedir hablar en persona ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
Esto es lo que ocurrirá el lunes en el alegato defensor de Garro, que se extenderá una jornada y se anticipa terminará con un reclamo de absolución debido a que «el exfuncionario estuvo sólo cinco meses en su cargo y no hay peritajes, documentos ni nada» que hayan demostrado que cometió algún delito, explicaron fuentes de su defensa.
El abogado pidió además al TOF2 que en la sala de audiencias estén también presentes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
En el juicio se debaten las supuestas maniobras para beneficiar al empresario, y también acusado, Lázaro Báez con adjudicaciones de obra pública nacional y otras irregularidades en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a través de la firma «Austral Construcciones» y otras que adquirió en ese período.
El inicio de los alegatos de las defensas con esta opción de presencialidad se da en un momento en que la Cámara Federal de Casación pidió al Ministerio de Seguridad de un refuerzo en la seguridad del edificio, donde también se investiga el atentado a la Vicepresidenta.
De hecho el viernes tanto la jueza federal María Eugenia Capuchetti como el fiscal Carlos Rívolo, a cargo de esta causa, resolvieron por cuestiones de seguridad ir ellos a tomar declaración como testigo a la vicepresidenta a su domicilio.
A la hora de tomar declaración indagatoria al hasta ahora único acusado por la tentativa de homicidio también optaron por evitar un traslado a la sede judicial y se dirigieron a sede de la Policía Federal donde permanece detenido.
Los alegatos en el juicio se realizarán por orden alfabético y el Tribunal dio un máximo de tres días a cada defensa, aunque algunas de ellas ya anunciaron que hablarán por menos tiempo.
La defensa de la Vicepresidenta figura en sexto lugar y se prevé que llegue su turno entre finales de septiembre y principios de octubre.
Al igual que los restantes acusados, tanto la Vicepresidenta como sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy podrían hacer uso del derecho de pedir ir en persona a la sala de audiencias de Comodoro Py.
En esta etapa de los alegatos, la expresidenta también tiene la posibilidad de dirigirse de manera directa al Tribunal en caso de desearlo.
El Tribunal rechazó en agosto un pedido de la defensa para que la vicepresidenta amplíe su declaración indagatoria.
El martes 6 será el turno del alegato del también ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz y responsable del llamado «distrito 23» en esa provincia, Mauricio Collareda, a quien la fiscalía pidió 6 años de cárcel.
A la hora de pedir penas, Luciani y Mola reclamaron condenar también a 12 años de prisión a Báez y diez años para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas de la Nación José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros.