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APROSA solicitó apertura de la sectorial y rechaza la oferta del gobierno en la «central»

Río Gallegos
El gremio envío una nota al ministerio de trabajo y al de salud, pidiendo, la apertura de la paritaria sectorial, y dar continuidad al convenio colectivo de trabajo.
Asimismo, se mostró en desacuerdo con la propuesta salarial que el gobierno provincial hiciera en la paritaria central, al considerarla «fuera de la realidad» e incomprensible de los niveles inflacionarios que afixia a la clase trabajadora santacruceña.

Tal como estaba previsto, APROSA-FESPROSA, envió por estas horas, dos notas al ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y a la cartera de Salud y Ambiente, donde se les solicita, la apertura de paritaria sectorial, en función de atender los niveles inflacionarios, que durante el 2019 superaron el 50%, reflejado en una caída estrepitosa de los salarios, que actualmente están en inferioridad, para poder afrontar la economía de todos los días.

Negociación
En este contexto, hay que recordar que el año anterior, el poder ejecutivo, se negó en abrir la mesa de negociación sectorial para la salud. Esta decisión arbitraria, no tan sólo generó ajuste social en los asalariados, sino también, profundas asimetrías, ante la impunidad de negociaciones unilaterales de las direcciones hospitalarias, quienes establecieron acuerdos fuera de la ley y sin legitimidad sindical, lo cual, es un avasallamiento a los gremios, que defienden la calidad de la salud pública.
Por este motivo, es que APROSA, también esta solicitando en las misivas enviadas recientemente, finalizar el convenio colectivo de trabajo, con el propósito unificar, reglamentar y dar transparencia a la salud pública como servicio público esencial que es, donde claramente, se testifica que necesita una reconversión urgente, para dejar atrás las injusticias e improvisaciones.

Paritaria central
Luego de la reunión de paritaria central entre el ejecutivo y los gremios que fueron parte del encuentro, APROSA mostró su «descontento» con la oferta salarial hacia los trabajadores estatales. Esto-indicaron-da testimonio que «el gobierno sigue sin entender que no se puede seguir ofreciendo propuestas, alejadas de una inflación que superó el 50% en 2019».
Pareciera-agregaron- que el estado sólo tiene una «política confiscatoria» en lugar de ayudar a recuperar el salario, porque no hay que olvidar, que este ínfimo aumento que se propuso, automáticamente va ser absorvido ante el tributo que los trabajadores deberán pagar en concepto de ganancia.
Por eso es que pedimos racionalidad al gobierno provincial, para que las propuestas sean serias y no, «alejadas de la realidad», porque gobernar-advirtieron- no sólo es una «cuestión recaudatoria», sino principalmente, una actitud de compromiso con la clase trabajadora, que desde hace muchos años, viene haciendo un esfuerzo sobrehumano, ante una clase política distante de lo que significa el bien común, sentenciaron.

Caleta Olivia
Así lo anunció el Secretario Adjunto Rafael Guenchenen. Los reclamos datan del 2018, pero la autoridad laboral todavía no se expidió respecto a un perjuicio económico que afecta a casi 70 operarios. «Hay una burocracia que maneja tiempos muy diferentes a los que necesitan los trabajadores».

Desde el Sindicato petrolero, anunciaron en las últimas horas de que podría iniciarse una medida de fuerza contra la empresa AESA, debido a distintos reclamos que se vienen realizando desde finales del 2018, cuya resolución se estaría frenando por la «indefinición» del Ministerio de Trabajo provincial, a través de una «interminable» instancia de laudo arbitral.

«No puede ser que hayamos realizado las presentaciones en el 2018, estamos en el 2020, y todavía nos tengan a las vueltas» manifestó el Secretario Adjunto del Sindicato petrolero, Rafael Guenchenen.

«Que los papeles están en Caleta Olivia, que están en Río Gallegos, que así funcionan los plazos administrativos. La burocracia maneja tiempos muy diferentes a los del pueblo» sentenció el dirigente, en relación a la cartera laboral, a cargo de Teodoro «Lalo» Camino.

«Creemos en el diálogo, creemos en la paz social, pero esto no da para más. No vamos a permitir que jueguen con los trabajadores» añadió, tras participar de distintas asambleas con operarios de esta empresa.
El reclamo remite a la falta de cumplimiento de compensadores sobre tres conceptos convencionales: diferenciales de turno, categoría y disponibilidad; y afectan a casi 70 trabajadores. Pero además, se espera resolución a otros reclamos como categorías, reubicación de trabajadores e infraestructura de transporte.
Pero también, hubo quejas respecto al mal estado de los caminos en las regiones de SINOPEC e YPF, que se encontrarían en situación intransitable.
Según trascendió, si no hay respuestas en las próximas horas, podría iniciarse una medida de fuerza.

Río Gallegos
El Legislador Provincial de Santa Cruz Daniel Roquel cuestionó la iniciativa presentada en el Senado que busca regular e impedir que el periodismo acceda e informe sobre causas de corrupción.
«Rechazamos completamente el Proyecto de Ley presentado por un grupo de Senadoras del Frente para la Victoria que busca censurar e impedir el funcionamiento normal de los medios de comunicación», sentenció Roquel.

Roquel remarcó que este tipo de iniciativas no solo generan un retroceso en materia de libertades y conquistas de todo el pueblo argentino, sino que lastiman y hieren nuestro sistema democrático. Las decisiones que pudieran tomarse y ejecutarse en función de cuestiones arbitrarias orientadas a diferentes sectores políticos ponen en peligro a todos los habitantes del suelo argentino.»
«Entendemos que desde la recuperación democrática han sido miles los hombres y mujeres que han luchado, y lo siguen haciendo, por defender la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Lamentamos que algunos sectores políticos busquen callar y castigar a quienes no hacen más que ejercer sus derechos», destacó el Legislador.

Daniel Roquel fue más allá y cuestionó la existencia de presos políticos en Argentina: «Queremos recalcar que en la Argentina no hay presos políticos, hay políticos presos por no haber cumplido con sus deberes de funcionarios públicos y por haberse adueñado de los recursos que pertenecen a todo el pueblo argentino. nosotros jamás vamos a defender a los corruptos».

Río Gallegos
La Diputada Nacional Roxana Reyes se expresó respecto del proyecto impulsado por varias Senadoras Nacionales oficialistas que busca limitar al periodismo en causas por corrupción, y que establece que se anularían las prisiones preventivas de los acusados en este tipo de causas cuando los medios de comunicación hayan hablado sobre los temas.
Las dirigentes del FVS dicen que las notas periodísticas y la cobertura de este tipo de hechos por los medios afectan la percepción sobre la inocencia de los imputados.

«Esta iniciativa desnuda nuevamente el poco espíritu y respeto democrático que tienen Ianni y los dirigentes del Frente para la Victoria y demuestra nuevamente algo que en Santa Cruz estamos viviendo hace mucho tiempo que es el ataque permanente a las instituciones y a la libertad de prensa», repudió Reyes.
Entre tanto, el proyecto que lleva las firmas de las senadoras María E. Catafalmo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Pilatti Vergara fue girado a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Reyes remarcó que esta iniciativa ataca al el funcionamiento institucional de la república y destruye la Libertad de prensa y de expresión.
Desde El Calafate, donde se encuentra recorriendo y realizando actividades con vecinos, Reyes manifestó que resulta aberrante que se busque condicionar y callar a los medios de comunicación sobre todo en temas tan sensibles como los vinculados a la corrupción.
«El periodismo es un actor fundamental en una democracia que tenemos que proteger y cuidar entre todos porque sin periodismo se avanza hacia el totalitarismo, algo que en Santa Cruz conocemos muy bien», destacó la Diputada.

Opositores
Reyes dijo que el Frente para la Victoria busca acallar las voces opositoras, cuestionar al periodismo y a todos los que no piensen como ellos, y por eso avanza en el control de los medios de comunicación, premiando con pautas oficiales y recursos públicos a los medios amigos, concentrando la propiedad de los mismos en manos de empresarios afines y poniendo en duda el funcionamiento independiente de la prensa.
«Ianni y las senadoras del Frente para la victoria buscan replicar lo que ya hicieron en Santa Cruz, donde ahogaron y persiguieron a los medios independientes para lograr una prensa adicta que no cuestione ni critique nada de lo que hace el poder k», finalizó Reyes.

La condena de FOPEA
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también hizo su descargo respecto a este proyecto de ley presentado el 20 de diciembre pasado en el Senado de la Nación que restringe a su entender la posibilidad de investigar hechos de corrupción en la República Argentina.
«Este Proyecto contradice en forma evidente nuestra misión profesional, les pedimos a los socios y socias de todo el país que, en la medida de lo posible, alerten a sus respectivos senadoras y senadores nacionales sobre este proyecto y les informen sobre su carácter restrictivo del ejercicio del periodismo profesional», destacaron.

Río Gallegos
Lo hicieron este lunes ante las autoridades de la obra social, «en el contexto de las serias dificultades que sigue evidenciando nuestra Caja, problemas que por otra parte no son nuevos y que tienen consecuencias sobre los afiliados», señaló el diputado de Encuentro Ciudadano.

Este lunes, el diputado provincial de Encuentro Ciudadano, Javier Pérez Gallart, presentó junto al Dr. Javier Stoessel una ampliación del pedido de acceso a la información que Stoessel había presentado semanas atrás y que fuera respondido de manera parcial por parte de las autoridades.
«Esta presentación se da en el contexto de las serias dificultades que sigue evidenciando nuestra obra social, problemas que por otra parte no son nuevos y que tienen consecuencias sobre los afiliados. Todos hemos observado los problemas que presenta la Caja desde que comenzó el año», advirtió Pérez Gallart.
El pedido de información, amparado en la ley provincial 3540 (de Acceso a la Información Pública), solicita a las autoridades información detallada en ocho puntos.

La semana pasada, el Dr. Javier Stoessel, ex vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas, recibió la respuesta a un pedido de información que él, en calidad de ciudadano, había presentado a mediados de enero: «La información que suministra el Estado debe ser clara y precisa. En este caso, la información no fue completa ni precisa, y se omitieron algunos puntos», explicó tras la nueva presentación.

Pedido en detalle
-Estado de deuda actualizado con prestadores médicos de la Caja de Servicios Sociales (CSS), a la fecha de contestación, discriminada por prestador médico.
-Solicito se informe la deuda mantenida, discriminando por *profesionales médicos clínicos, *médicos especialistas (traumatólogos, cardiólogos, ginecólogos, etc)., *kinesiólogos y fisoterapistas, *odontólogos, *bioquímicos, *servicios de diagnóstico por imagen, como así también, deudas mantenidas con clínicas privadas, hospitales públicos, hospitales privados, y cualquier otro servicio médico con el cual la CSS mantenga deuda; todo lo anterior ya sea que se trate de servicios prestados por particulares, personas jurídicas, sanatorios, clínicas u hospitales, y ya sea que se encuentren en la Provincia de Santa Cruz o en otras Provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-Listado de farmacias vinculadas con la CSS y en las cuales pueden los afiliados adquirir medicamentos, discriminados por ciudad donde se encuentra.
-Deuda mantenida por la CSS con farmacias, discriminando farmacia a que adeuda, y periodo de facturación adeudado.
-Listado de proveedores de servicios de alojamiento en el país, destinado a alojamiento de derivados.
-Deudas mantenidas con alojamientos destinados a afiliados derivados a los distintos puntos del país, principalmente Capital Federal, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos.
-Monto abonado por prestación médica, según tipo de prestación.
-Si la CSS avala la práctica seguida por diversos profesionales médicos de requerir el pago de co-seguros, monto del co-seguro permitido para el cobro, y si la CSS avala dicho cobro en función de retrasos en los pagos o en función del monto que abona por prestación médica.

En la agenda legislativa
«Creo muy poco de las respuestas al pedido de información pública del Dr. Stoessel», advirtió la semana pasada el diputado Pérez Gallart al ser consultado por la prensa: «Un punto de esa respuesta es el tema de la deuda, y otro respecto de que según las autoridades de la obra social los servicios se prestan con normalidad, cuando por el contrario uno recibe o percibe la preocupación de manera permanente de las caídas en la prestación, el pago de co-seguros, etc». «Me voy a reunir con el Dr. Stoessel para ampliar el pedido de información», había adelantado.
«Por un lado, los santacruceños observamos una mala administración que es histórica en una obra social que, luego de tres décadas de intervención, deberá normalizarse este año a partir de la nueva ley que se sancionó el año pasado. Por el otro, creo que los problemas de la obra social, en principio, tienen que ver más con un problema de administración de las autoridades políticas que con la falta de recursos económicos», señaló el diputado de Encuentro Ciudadano.
Además, Pérez Gallart adelantó que la problemática de la obra social «será motivo de presentaciones y trabajo cuando comiencen las sesiones legislativas: es un tema que desde Encuentro Ciudadano venimos trabajando y planteando a lo largo de los años, en los últimos años a través del trabajo legislativo de Gabriela Mestelán».
«Va a seguir siendo permanente nuestra preocupación y ocupación sobre estos temas que tienen que ver con la salud pública», finalizó.