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Efectivos de la Gendarmería Nacional serán los encargados de trasladar a Lázaro Báez desde el domicilio en la localidad de EL Calafate, donde disfruta del beneficio de «arresto domiciliario» hasta la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal que se encuentra en la ciudad de Río Gallegos.
La medida se conoció luego que el juez Norberto Guillermo Costabel, presidente del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), ordenara la inmediata detención del seudo empresario en la causa denominada «Ruta del Dinero K». Tras la determinación del magistrado el fiscal del juicio presentó un escrito ante el TOF 4 en el que pide que se haga el cómputo del tiempo que lleva detenido Báez y solicitó que lo que falta por cumplir lo cumpla en la cárcel.
Si bien en un principio se especuló con que Lázaro sería trasladado a Buenos Aires para cumplir con lo resuelto por la Justicia en el Penal de Ezeiza – donde se encuentran alojado la mayoría de los detenidos por causas de corrupción – finalmente se resolvió que «por el momento» sea llevado a la Unidad Penitenciara Federal de la capital de Santa Cruz.
Vale mencionar que el cómputo oficial de los años de prisión asignados por el fallo, determina que le quedan más de seis años para responder a la acusación por lavado de dinero que quedó firme hace dos semanas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Detalles del fallo

«A efectos del efectivo cumplimiento de la pena cuya ejecución se encuentra habilitada, corresponde disponer la inmediata detención y/o captura de Lázaro Antonio Báez a efectos de ser alojado en la unidad penitenciaria federal», expresa la resolución judicial.
«Se practicará por secretaría el cómputo de la pena fijándose la fecha de vencimiento de la pena mencionada y el cual será notificado a las partes a los fines establecidos por el art. 493, primer párrafo, del Código de forma», puntualiza el escrito.
En cuanto al requerimiento de la defensa de Báez para que la pena se cumpliera en el domicilio, la respuesta judicial fue: «Las interpretaciones y cuestionamientos efectuados por la defensa con relación a lo actuado por la acusación pública y al trámite de esta incidencia constituyen una visión sesgada que desatiente la cuestión central, cual es que la sentencia condenatoria ha pasado en autoridad de cosa juzgada y -consecuentemente- se ha tornado operativo su cumplimiento, de modo que corresponde continuar con el trámite de ejecución conforme lo precisado».

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Cristina Kirchner en la Causa Vialidad. Este fallo, además de impedir a la expresidenta ocupar cargos públicos de por vida, deja firma la condena a seis años de prisión.
La causa tiene 17 largos años de vida, desde aquella primera denuncia de Elisa Carrió hasta este último fallo de la Corte firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Fue este martes cuando, el Tribunal Oral Federal N 2 le ordenó a la ex presidente que en cinco días hábiles se presente en Comodoro Py para quedar detenida y comenzar a cumplir su condena.
Un detalle, en la parte resolutiva se dispone el decomiso de 84 mil millones de pesos. Tal vez esa «fortuna» debería regresar a las arcas de la provincia de Santa Cruz para resarcir el saqueo que se hizo con la obra pública
A continuación las pruebas que la condenaron y la cronología de una causa que tuvo como escenario del crimen la provincia de Santa Cruz.

Pruebas del caso

El dictado del decreto 54/2009 considerado por los fiscales como un «instrumento para la maniobra criminal». Esa norma modificó un fideicomiso preexistente e incorporó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria. Según el tribunal, el decreto «proveyó una fuente ilimitada de financiamiento al ente vial y le permitió agilizar paulatinamente el proceso de pagos reduciendo la burocracia preexistente». Es decir, dotó de dinero a Vialidad para hacer las obras, pero en un «contexto de opacidad suficiente para que el Administrador General» del organismo dispusiera libremente de esos recursos.
El decreto cambió el statu quo, pues modificó el fideicomiso y permitió que no se especifiquen las obras que serían financiadas con esos fondos e incluyó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria directa del fideicomiso para la ejecución de las rutas.

Cristina Kirchner facultó a su secretario de Obras Públicas, José López, a hacer modificaciones al fideicomiso, lo que permitió el uso de fondos discrecionalmente.
Eso es lo que permitió que hubiera un perjuicio de al menos 84.000 millones de pesos para la Administración Pública Nacional, dijo Borinsky en su voto. Hubo indicios que demuestran el «conocimiento y la voluntad de realizar la maniobra por la cual fue condenada Cristina Kirchner», dice la sentencia.
* La creación de Lázaro Báez como empresario de la construcción. El fiscal Luciani sostuvo que «de la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Báez, amigo del entonces presidente de la Nación [Néstor Kirchner] y socio comercial de éste y de su esposa». La acusación sugiere el rol de Néstor Kirchner tras bambalinas y la continuidad de la maniobra, tras su muerte, cuando ya Cristina Kirchner controlaba el poder.
«En simultáneo con la asunción presidencial de Néstor Kirchner, se creó la empresa Austral Construcciones, liderada por Báez, quien en ese entonces no solo no tenía ninguna empresa registrada a su nombre sino que tampoco tenía ninguna experiencia en el rubro vial. Fíjense: su anterior trabajo conocido había sido el de empleado bancario, aportaba a la AFIP como monotributista. Eso era Lázaro Báez en el año 2003», aseveró Luciani.
* El caso Hotesur: los jueces entendieron que el dinero que embolsó Báez con esta maniobra fue en parte redireccionado a los Kirchner, mediante lo que se investiga en la causa Hotesur, aún pendiente de juicio. Parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la expresidenta», dijeron los jueces.
os chats encontrados en el teléfono de López revelan la «connivencia en el tramo final de la maniobra» para darle impunidad a todo el fraude, consideraron.
En esos mensajes, López conversaba con Lázaro Báez y su mano derecha, Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones. Surgió de ese teléfono la existencia de reuniones entre López y Cristina Kirchner vinculadas a la «intervención directa» de la expresidenta en la parte final de la maniobra (noviembre y diciembre de 2015, luego de la victoria en el balotaje de Mauricio Macri).
Operativo «Limpiar todo»: Allí, Cristina Kirchner coordinó con López y Báez el «plan limpiar todo», que consistió en el cierre de las empresas de Báez, el despido de los trabajadores y asegurarse de que el empresario cobrara todo lo que tenía pendiente del Estado.
«Esos mensajes permiten dilucidar cómo fueron los últimos días del Gobierno de Cristina Fernández y cómo, desde la Residencia de Olivos y la provincia de Santa Cruz, coordinaron los últimos pagos de certificados [de obras] que se le debían a Lázaro Báez y los despidos de los empleados de Lázaro Báez. Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner. Nos sorprendió que esto nunca hubiera salido a la luz. Analizamos 26.000 mensajes. El estudio de las comunicaciones confirma que la paralización y el abandono de las obras fue una idea gestada, decidida y avalada por la propia Cristina Fernández», afirmó Luciani.
En esos mensajes se hace alusión a reuniones de López con Cristina Kirchner en Olivos y de la entonces mandataria con Báez, en Santa Cruz. Mola mostró también mensajes entre López y su segundo, Abel Fatala, donde se referían a «la jefa» o «la Pta.», en alusión a Cristina Kirchner.
«No es verosímil que Cristina no se enterara de nada», argumentó el fiscal. También mostraron mensajes entre López y Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones, para coordinar el cierre de las empresas.
Después de las elecciones presidenciales de 2015, en las que Mauricio Macri fue elegido presidente, Austral Construcciones se preocupó por cobrar todos los certificados de obra y despedir a todos los trabajadores y desarmar las empresas. Báez cobró entonces 537 millones de pesos por obras que no concluyó.

Los jueces consideraron que Cristina Kirchner no habría sido ajena a ese plan: «La urgencia en organizar un viaje relámpago (que en principio apuntaba a reunir a los funcionarios y empresarios involucrados en la maniobra en Río Gallegos), la presencia del avión presidencial en Río Gallegos y, fundamental y primordialmente, las alusiones directas a un encuentro necesario para que Fernández de Kirchner tomase decisiones (junto con Báez) respecto de las empresas y las obras, conforman un cuadro de contundencia respecto de este segmento de la maniobra».
* Las obras sin finalizar, con sobreprecios y cartelización, con Cristina Kirchner en la presidencia, son otra prueba valorada por los jueces. Se mostraron rutas sin terminar, pavimentadas por tramos, con maniobras para ofertar empresas del mismo grupo Austral y asegurarse los contratos. La cartelización de la obra pública permitió que el Estado nacional debiera pagar a Báez importes que superaban los presupuestos oficiales de las obras, ya que «no existía competencia real» entre las compañías constructoras.
Los fiscales sostuvieron que estas maniobras ilegales se produjeron a través de López, recordado por haber intentado esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento.
Para los jueces de Casación, la entonces presidenta se involucró para que Báez cobrara los fondos que se le adeudaban antes de dejar el Gobierno. Eso tenía una razón y era que el empresario era su socio comercial, indicaron. Mientras que Báez cobraba por las obras públicas, parte de esos fondos iban a negocios de la familiar Kirchner, lo que es materia del caso Hotesur.
Luciani argumentó también que los Kirchner duplicaron en la Nación el esquema construido en la provincia para la gestión de la obra pública.
(Fuente: La Nación)

Cronología

Noviembre de 2008

Elisa Carrió, fue la primera que denunció a Cristina Kirchner por la supuesta cartelización de la obra pública. En ese momento se hacía conocido públicamente el nombre de Lázaro Báez.

Abril de 2016

Ocho años después de la denuncia de Carrió, tomó impulso la investigación. Fue tras la presentación que hizo Javier Iguacel, quien estaba al frente de Vialidad Nacional en la presidencia de Mauricio Macri. Habló de obras de Austral Construcciones con «un enorme sobreprecio digitadas» desde el Ministerio de Planificación que encabezaba Julio de Vido.

Marzo de 2018

Fue en marzo de 2018 que por el pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, el juez Julián Ercolini dio por clausurada la instrucción y elevó el expediente a la próxima instancia. Se trató del segundo juicio oral que tenía Cristina en la Justicia federal.
A ese paso se llegó después de que vencieran los plazos para que los imputados, entre ellos Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Báez, respondieran a la demanda civil por 22.500 millones de pesos que les realizó Vialidad Nacional.
Los intentos de Cristina de evitar el juicio
Cuando la causa Vialidad quedó radicada en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), la vicepresidenta planteó quince quejas diversas para evitar el avance del juicio. Pasó varias veces por la Sala I de la Cámara Federal, integrada en ese entonces por los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, y también por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que conforman Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Carlos Carbajo.

Marzo 2019

Tras el pedido de los fiscales Pollicita y Mahíques, el expediente llegó finalmente al TOF 2, a cargo de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

Agosto de 2022:

El planteo de prisión para Cristina fue formulado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Después de nueve audiencias de alegatos, concluyeron que la vicepresidenta fue la jefa de una asociación ilícita que se dedicó «a la sustracción de fondos públicos» para beneficiar a quien era su socio comercial y por eso pidieron para ella una pena de 12 años de prisión y que sea inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos. También, el decomiso de los bienes y las ganancias producidas por ese dinero defraudado al Estado.
«La sentencia ya estaba escrita», el descargo de Cristina tras el pedido de los fiscales

Diciembre de 2022

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, condenó por unanimidad a Cristina Kirchner por corrupción en el caso Vialidad, y dispuso para ella una pena de 6 años de prisión. Sin embargo, sólo la encontraron responsable del delito de administración fraudulenta, con una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Dejaron afuera de la sentencia la acusación por asociación ilícita.

Noviembre de 2024

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad el 13 de noviembre del año pasado. Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña dieron lectura a la sentencia del caso Vialidad, con la que avalaron el criterio que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) adoptó el 6 de diciembre de 2022.

Marzo de 2025

Casación le niega recursos extraordinarios a Cristina y los otros acusados.

Junio de 2025

Finalmente, el máximo tribunal resolvió por unanimidad confirmar el fallo que condena seis años de prisión a Cristina Kirchner y le prohíbe ejercer cargos públicos de manera perpetua.

(Fuente: Clarín)