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Buenos Aires
Los cinco ministros de la Corte resolvieron suspender a la vicedecana del Cuerpo de Peritos Oficiales del máximo tribunal, Carmen Penedo, hasta que se complete la investigación sumaria abierta el 26 de febrero para precisar el rol que tuvo en la causa penal donde se investigaba el patrimonio de Néstor Kirchner en 2009.
Penedo, junto al entonces decano del Cuerpo, Alfredo Peralta -hoy jubilado-, firmó el peritaje contable en el que se basó el ex juez Norberto Oyarbide para sobreseer en solo cinco meses meses al matrimonio Kirchner por presunto enriquecimiento.
Los supremos tomaron esa decisión en su reunión de acuerdos ayer, en base a un informe del Cuerpo de Auditores que depende de la Dirección Jurídica de la Corte Suprema, que recomendaba su desafección en forma preventiva, tal como adelantó Infobae.
En este sumario aún falta completar medidas de prueba como el testimonio de otros integrantes del Cuerpo de Peritos.
Lo hicieron en base a ese dictamen y a lo dispuesto por los artículos 1º y 7º del Reglamento del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Justicia Nacional. Este último artículo le asigna a la Corte la atribución de designar al vicedecano de ese cuerpo pericial, a propuesta del decano, y establece que el designado debe reunir los requisitos necesarios. Entre ellos figura no tener sanciones disciplinarias en los últimos cinco años.
Penedo fue designada vicedecana el 17 de octubre del año pasado por la Corte, a propuesta del actual decano, Alejandro del Acebo. El mandato era, en principio, por tres años.

Confesión
Según declaró como arrepentido el histórico contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, en la causa de los cuadernos, se habría reunido con el entonces decano del Cuerpo de Peritos Contadores en un departamento de la Capital.
Allí, Peralta le habría presentado a Penedo y -según Manzanares- le dijo que de ahí en adelante debía llevarle a ella la documentación para la pericia.
Manzanares admitió ante los fiscales que temía por el resultado del peritaje por la “falta de consistencia” y de documentación respaldatoria de algunas de las operaciones realizadas por Néstor Kirchner.
En particular, las de venta en 2008 de más de una docena de propiedades a personajes de su círculo cercano, como Lázaro Báez o Rudy Ulloa. En su declaración, Manzanares reconoció que la pericia contable terminó siendo “laxa”.
El análisis contable firmado por Peralta, Penedo y el propio Manzanares como perito de parte fue el elemento en que se basó Oyarbide para dictar el sobreseimiento del matrimonio Kirchner en solo cinco meses.
Ese peritaje tomó como base las declaraciones juradas del matrimonio y la documentación aportada por Manzanares, sin confrontar ni profundizar sobre los contratos de las operaciones, alquileres, préstamos ni plazos fijos aportados, muchos de ellos sin suficiente respaldo.
Al trascender los dichos de Manzanares como arrepentido, la Corte dispuso abrir una investigación sumaria contra Penedo, que fue firmada por la totalidad de los integrantes del Tribunal.

Concurso cuestionado
Penedo accedió a su cargo de perito en 2007 luego de un cuestionado concurso que recibió múltiples impugnaciones, con el apoyo del propio Peralta, cuando era secretaria del Cuerpo de Peritos.
Demorado por más de un año, recién se destrabó después de las elecciones de 2007 en las que se impuso Cristina Kirchner. Según el presidente de la ONG Contadores Forenses, Alfredo Popritkin, él mismo ex perito oficial de la Corte, Penedo no contaba con los antecedentes académicos necesarios para el cargo.

Buenos Aires
El juez federal Sergio Torres le envió a la jueza electoral María Servini la parte del expediente iniciado a partir del Caso Cuadernos en el que se investiga el financiamiento de campañas electorales del Frente para la Victoria.
El juez Claudio Bonadio había citado a indagatoria al los diputados nacionales Máximo Kirchner , Eduardo De Pedro y Andrés Larroque, al ex secretario de Justicia Julián Álvarez, al dirigente José Ottavis y al empresario de medios kirchneristas Sergio Szpolski, entre otros.
Fueron citados porque de la investigación iniciada a partir de los anotaciones del chofer Oscar Centeno se desprendía que parte del dinero recaudado por las coimas de la obra pública fue a campañas electorales del kirchnerismo.

Cámpora
Bonadio había llamado a indagatoria a los dirigentes de La Cámpora después de la declaración como arrepentido del ex secretario de Obras Públicas José López.
El ex funcionario que tiró bolsos con nueve millones de dólares en un convento confesó ante Carlos Stornelli, fiscal del Caso Cuadernos, haber recaudado dinero negro proveniente de empresarios de obras públicas.
Entre los dichos de López, más material hallado en la computadora de Martin Larraburu -quien fuera secretario del ex jefe de Gabinete Juan ManuelAbal Medina-, se determinó quiénes eran los receptores del dinero que se aprobaba a partir de la recaudación ilegal de coimas.
Antes de resolver la situación procesal de los imputados, Bonadio envió la causa a sorteo.
El caso le tocó a Torres, quien la semana pasada determinó que debe ser Servini, la jueza electoral, la que investigue si se cometió algún delito vinculado con el financiamiento ilegal de las campañas de los últimos años.

Máximo
Máximo Kirchner había sido indagado por el juez del caso cuadernos, Claudio Bonadio, por el delito de asociación ilícita y la Cámara Federal ordenó que sea este magistrado quien resuelva su situación procesal por esta acusación.
Al juez Torres le quedaron entonces los delitos vinculados al financiamiento irregular de organizaciones políticas y actos eleccionarios.
“El objeto procesal de las presentes actuaciones abarca únicamente los eventos que tendrían por finalidad el posible financiamiento espurio del partido ‘Frente para la Victoria’, sus agrupaciones satélites y las campañas electorales de los años 2011, 2013 y 2015″, remarcó Torres.
Estos delitos se encuentran bajo la órbita de las leyes de Financiamiento de Partidos Poíticos (26215) y de Democratización de la Representación Política, Transparencia y Equidad Electoral (26571)”, agregó.
Todo ello “se encuentra bajo la órbita de control de la Justicia electoral”, concluyó.
El magistrado entendió que el envío del caso recibido en su juzgado el 31 de octubre pasado al fuero federal electoral “colaborará, además, a proveer una mejor y más pronta administración de justicia”.
Torres recibió esta parte de la investigación por sorteo luego que su par Claudio Bonadio resolvió que podían tratarse de delitos electorales, algo que debía investigarse de manera independiente al caso central de los cuadernos, en el que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner.
Por ello tras indagar a Máximo Kirchner y a otros imputados en este tramo del caso como Andrés Larroque, Eduardo DE Pedro y José Ottavis se desprendió de la causa sin resolver sus situaciones procesales.
Además en esta parte del caso son investigados los ex intendentes de Vicente López, Enrique García y de San Martín, Ricardo Ivoskus y el empresario de medios Sergio Szpolski. Todos fueron indagados por Bonadio antes de desprenderse de esta parte de la pesquisa y sus situaciones procesales siguen sin resolución.
Según la investigación, parte del dinero ilegal del pago de sobornos por parte de empresarios investigado como una asociación ilícita en la causa cuadernos “se destinó para solventar actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de sus organizaciones satélites como ‘La Cámpora’”.
En particular se apunta a las elecciones de 2011, 2013 y 2015.