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Río Gallegos
Tras años de debates y tres licitaciones, el proyecto hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz continúa sin comenzar a erigirse. Los cuestionamientos ambientales y la redefinición de la obra.
Ubicado en la provincia homónima, el río Santa Cruz se extiende desde el Lago Argentino hasta el Mar que lleva el mismo nombre.
Corre libre y virgen por 385 kilómetros -543 si se incluyen sus fuentes, el río La Leona y el lago Viedma-, erigiéndose como el último argentino de origen glaciar en hacerlo.
Pero esto podría pronto cambiar, de finalmente llevarse a cabo las represas hidroeléctricas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic sobre su curso.
La primera tomaría residencia a 170 kilómetros de El Calafate y la segunda, a unos 135 kilómetros de la localidad Comandante Luis Piedra Buena.
Ahora bien, la historia de este megaproyecto no es reciente ni está exenta de polémicas. Su potencialidad viene siendo estudiada desde la década de 1950, entre los posibles “ríos represables” que posee la Argentina.
Pero fue recién en 2010 cuando se realizó la primera licitación para su explotación hidroeléctrica. Denominadas entonces Cóndor Cliff y La Barrancosa, fue adjudicado al consorcio integrado por Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), Camargo Correa Construcciones Civiles y Corporación América.
Las obras, sin embargo, nunca comenzaron. En abril de 2012 debería haberse realizado una segunda licitación, pero esto no ocurrió.
Finalmente, en 2013, con un tercer proceso licitatorio, este fue adjudicado al consorcio que conforman Electroingeniería, China Gezhouba Group Company Limited e Hidrocuyo.

Costo
Su costo de construcción se eleva a los u$s 4.700 millones, capital que será aportado en más del 50% por el China Development Bank, proveyendo el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y el Bank of China lo restante.
De este modo, y tal como se apuntó en el evento “Energía a Cualquier Costo”, que organizaron Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y Aves Argentinas, entre otras organizaciones, este se incluye entre los 45 acuerdos comerciales y vinculantes que la Argentina celebró con China desde 2003 a la fecha (solo en 2014 fueron 20), en tanto que el monto asignado es parte de los u$s 250.000 millones que el gigante asiático se comprometió a prestar a los países de América latina y el Caribe en el período 2015-2024.
Según fuentes cercanas al proyecto, que pidieron la reserva de sus nombres, las obras durarán cinco años y medio. A los cuatro años y medio, se pondrá en marcha la primera turbina y durante el año restante, las demás.
De este modo, la potencia irá creciendo progresivamente. En cuanto a la generación de empleo, las represas tendrán entre 5.500 y 6.000 trabajadores en su momento de pico, de los cuales solo alrededor de 150, técnicos especializados, provendrían de China.
Reparos
Sentado esto, la participación del país presidido por Xi Jinping es uno de los reparos que existen en torno a este proyecto. Sin ir más lejos -se especificó en el mencionado evento-, Gezhouba fue inhabilitada por 18 meses, en mayo de 2015, por el Grupo del Banco Mundial, como consecuencia de su mala conducta en tres proyectos financiados por esta entidad en China vinculados a la conservación del agua, la recuperación tras terremotos y la gestión de inundaciones. Sumando a ello, se detalló, “a mitad de este año, Aysa dio de baja un contrato con Gezhouba por sobredimensión de obra y falta de recursos técnicos”.

Contrato
En cuanto al contrato en sí, poco es lo que se sabe. “Los contratos de préstamos entre los bancos chinos y los gobiernos nacionales no son públicos, y tampoco he logrado acceder al contrato de Gezhouba y Electroingeniería para la construcción de las represas en Santa Cruz”, confirma Paulina Garzon, directora de China-Latin America Sustainable Investments Initiative (CLASII).
En su opinión, las represas santacruceñas son “un proyecto ‘emblemáticamente problemático’” por dos razones: “Primero, es un proyecto cuyo futuro no depende de sus méritos sino de una condicionalidad impuesta por los bancos chinos de “cross default”. El Gobierno argentino está obligado a continuar con el proyecto o, de lo contrario, caerán los fondos para la construcción del tren Belgrano-Cargas, además de asumir todos los costos de no adquirir el préstamo ya aceptado.
Y segundo, la magnitud de los impactos ambientales en los glaciares, el río Santa Cruz, el parque nacional, en especies en vías de extinción serán demasiado grandes y no tienen sentido en medio de la crisis que vive el planeta por el cambio climático.
En muchas ocasiones se dice que las represas son una opción limpia de energía, en este caso, nada más lejos de la verdad”.

Respuesta oficial
Tal como afirmó el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, semanas atrás, “la continuidad de las obras sin una profunda revisión y análisis previo hubiera significado convalidar ciertos aspectos del proyecto que no podían de ningún modo aceptarse”.
Si bien, desde su cartera, no quisieron participar de esta nota, El Cronista tuvo acceso a una respuesta de pedido de informe, realizado por FARN, en que se detallan algunas de las modificaciones que se llevarían a cabo sobre el proyecto original.
Firmado por Jorge Marcolini, actual subsecretario de Energía Hidroeléctrica -quien estuvo vinculado a los proyectos que aquí se analizan, desde el ámbito privado-, este apunta que “se planteó al Contratista una disminución de equipamiento innecesario (tres turbogeneradores) y sus obras asociadas”, reduciéndose el número de turbinas de once a ocho.
Asimismo, “se incluyeron otras obras esenciales” que no estaban contempladas en el proyecto original, como es el caso de “la conexión de los turbogrupos al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de una Línea de Extra Alta Tensión de 500 kilovoltios de aproximadamente 175 kilómetros de longitud”.
Por otra parte, sostiene una fuente familiarizada con la obra, la represa Cepernic va a funcionar como una central de base, por lo que generará menos a lo largo del día, pero de un modo más constante, en tanto que la Kirchner será central de punta, generando gran cantidad de energía en cortos períodos de tiempo.
Al ser menos los motores, se reduce la potencia instalada, que pasa de 1.740 a 1.310 MW. De todos modos, afirma, “su funcionamiento va a ser diferente, por lo que la generación se mantiene”.
“La reducción de la cota garantiza el desacople de los lagos, que está planteada en el estudio de impacto ambiental; tiene que ver con que la represa no va a incidir en el lago y, por ende, en los glaciares”, concluye.
¿Nuevo proyecto?
Si bien el planteo de modificaciones al proyecto ya se ha realizado, de acuerdo a Nápoli, “nadie tiene los papeles” y “no hay estudio para analizar”.
En este sentido, cuestiona, “¿qué validez puede tener una declaración de un ministro, sin el acompañamiento de un estudio?”
Lo único que parece cierto, al día de hoy, es que las obras no comenzarán en noviembre, tal como se había anunciado, dado que los estudios aún no han finalizado. “Si empieza en noviembre, no han cumplido con la evaluación de impacto. Y tampoco con informarle a la Corte.
Porque la Corte intervino en un determinado momento y pidió informes, y enviaron los del viejo proyecto”, puntualiza el director Ejecutivo de FARN.
A este respecto, una fuente gubernamental asegura que la revisión del proyecto culminó en junio, pero que el consenso entre los ministerios a él vinculados es que lo devenido de tal proceso es “un nuevo proyecto y, por lo tanto, debe ser tratado como tal”.
Esto implica que deben volver a hacerse todos los pasos para la habilitación del mismo, incluyendo, entre otros, los estudios de impacto ambiental, la ampliación de la línea de base, los estudios complementarios, el análisis de los sistemas hidrológicos aguas abajo de la cuenca y todas las instancias de participación ciudadana (las audiencias públicas, entre ellas). “Si todo esto sale bien, el proyecto se hace, sino, no”, define.