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Un nuevo golpe para Alberto Fernández llegó este viernes después de que el fiscal Guillermo Marijuán presentara una denuncia penal contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por la causa que investiga a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo que habrían cobrado ese beneficio de alguna manera «irregular» de acuerdo a un informe que reveló la AFIP el pasado 24 de octubre.
Según apuntó el letrado público, se abrió una investigación para detectar cómo hicieron 253.184 beneficiarios para acceder al plan presentando irregularidades en sus declaraciones juradas. De acuerdo a lo que remarcaron desde la Administración Federal de Ingresos Públicos, estos contenidos son «estadísticos» y no nominales por el «secreto fiscal» al que está impuesto el organismo recaudador.

En ese marco, el representante del Ministerio Público Fiscal apuntó contra la actual funcionaria de la cartera de Desarrollo y contra el Secretario a cargo de la Secretaría Economía Social de dicho organismo, Emilio Miguel Angel Pérsico, «por las conductas que encuadran en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos».
De acuerdo a lo que se detalló, el mencionado programa que otorga el Ministerio de Desarrollo Social contaba con 253.184 personas de ellos (el 18,30%) que habrían efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales. También que 35.398 beneficiarios (el 2,56%) habrían realizado alguna compra de divisas con findes de ahorro en los últimos 6 meses.
Frente a ese número que constató, dijo en su denuncia, en base a dos informes proporcionados por la AFIP que se encargó de realizar el entrecruzamiento de datos, el fiscal Marijuan pidió la suspensión de los más de 253.000 planes.
Sin embargo, la ministra Tolosa Paz que está frente a la cartera hace poco más de un mes, resolvió dar de baja sólo a 2.243 programas asistenciales.

Un proyecto de ley que establece la prohibición del consumo de alcohol para conducir vehículos recibió dictamen favorable en comisión en el Senado y quedó en condiciones de ser convertido en ley en la próxima sesión de la Cámara alta.
La iniciativa, conocida como Alcohol Cero, fue sancionada por la Cámara de Diputados el 24 de noviembre por una mayoría de 195 votos, por lo que se descuenta un amplio apoyo también de senadores de todo el arco político.
Desde la oposición, no obstante, pidieron más tiempo para dar «un debate serio» sobre el tema y reclamaron «endurecer» penas para los casos de conductores alcoholizados al volante.

La norma tratada sustituye el artículo 48 de la ley de Tránsito y contempla reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir.
Para la presidenta de la comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado, María Teresa González, esta ley «es una asignatura pendiente» y «va a marcar un antes y un después en el desarrollo e interrelacionamiento de toda la sociedad argentina».
«En Diputados ya están abocando a ver modificación del Código Penal (para endurecer penas), es evidente que faltan cosas pero hay que avanzar en este tema», afirmó.
En la audiencia de, Pablo Martínez Carignano, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), informó que en Argentina «mueren aproximadamente 4.000 personas por año en accidentes viales» y se trata de «la principal causa de muerte en menores de 35 años».
«Ninguna enfermedad, ningún delito, mata más jóvenes en nuestro país. De cuatro siniestros que terminan con uno o más fallecidos en uno hubo presencia de alcohol», señaló Martínez Carignano ante los senadores.
El funcionario añadió que «el riesgo de accidente para los conductores que han bebido es mucho mayor que el que corren los conductores que no han consumido» y ponderó a las provincias y distritos del país que ya establecieron la ley de alcohol cero.
Por otro lado, remarcó que hubo un marcado descenso de accidentes en las jurisdicciones en las que se prohíbe el consumo de alcohol para conducir y aclaró que no se trata de «una ley seca» y «no se busca un país de abstemios» sino que se tome conciencia de que «el vino y cualquier bebida alcohólica arriba de un auto lo que causa es muerte».
La «tolerancia cero» con el alcohol ya se implementa en siete provincias y 13 localidades del país, donde se obtuvieron mejores resultados en términos de siniestros viales que con la normativa actual.
La representante de la fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, lamentó la demora en la aprobación de la ley en el Congreso y pidió celeridad para avanzar.
Carlos Linares, senador por Chubut del FdT, consideró que se trata de una norma que «esperó demasiado», mientras que Mariana Juri, senadora de la UCR por Mendoza, se quejó de la falta de tiempo para discutir la propuesta.
«Si creen que el cambio de un solo artículo de una ley va a cambiar de verdad el gran problema que tenemos en Argentina. Esto no da solución al problema», dijo y se pronunció a favor de «endurecer las penas».
La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5 gramos) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores hasta 200 miligramos (0,2 gramos); y para transporte de pasajeros de menores de edad y de carga, alcohol cero.

En el marco del juicio y a la espera del veredicto por la causa Vialidad, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) mostró su apoyo a Cristina Kirchner y convocó a un paro de actividades para el próximo 6 de diciembre.
«Si la tocan a Cristina… paramos el Estado. Les trabajadores no vamos a permitir un Lula en nuestro país. Basta de #Lawfare y persecución política», escribieron a través de Twitter junto a una imagen que dice: «Si la condenan el 6/12 paramos el Estado». Por su parte, el secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, se expresó también desde su red social personal. «Resolvimos hacer un paro general con movilización por una urgente Reforma Judicial y contra la justicia corrupta, fascista, corporativa, que además de querer prescribir a Cristina tiene a Milagro Sala presa hace 7 años».

«El martes va a ser el día en el que la Justicia va a gatillar. Nosotros vamos a parar el Estado. Todo lo que podamos parar del Estado lo vamos a parar», advirtió más tarde Catalano en diálogo con El Destape Radio.
Y precisó: «En el transcurso de estas 48 horas vamos a decidir de qué manera movilizarnos y dónde».
«Ayer estuve en comunicación con algunos dirigentes sindicales con los que quedamos en seguir hablando. El tema es que en la experiencia previa, cuando fue el intento de magnicidio, la CGT debería haber convocado a un paro y no lo hizo. Desde ATE evaluamos que no podemos quedarnos en la especulación de ver cómo son los tiempos del resto de las instituciones», argumentó.
«Hay cosas que hay que hacerlas. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer», sentenció.

La condena que pidieron los fiscales para Cristina

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La vicepresidenta está acusada de ser la jefe de una asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio contra el Estado. Junto a ella, hay doce acusados más.

Luego de apelar al fallo del juez Martín Cormick, que anuló el nombramiento de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura, Cecilia Moreau suspendió la designación de los consejos y se enfrentó con la oposición.
«Apelo a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas e instituciones de la República para encontrar una pronta resolución a este tema», sostuvo la presidenta de la Cámara Baja.
La presentación que se realizó en la Cámara de Diputados sostuvo que «elementales razones de prudencia permiten afirmar que el tratamiento de una cuestión de esta naturaleza requeriría de la mayor amplitud en el debate, en el supuesto caso de que se entendiera, hipótesis que esta representación no acepta, que existe una causa o caso judicial».

Asimismo, agregó que «con la intención de resguardar las potestades de la institución que representa», resolvió «dejar en suspenso todas las designaciones establecidas en la Resolución 1608/2022 hasta tanto se salde la cuestión».

El pedido de la UCR hacia la Cámara baja

El pedido para que la Cámara baja apele el fallo había sido planteado este martes por el bloque de diputados nacionales de la UCR, que solicitó que la Cámara actuara en ese sentido ante la designación de la diputada Roxana Reyes, de ese partido, como representante al Consejo de la Magistratura. La petición fue formulada a través de una nota firmada por el presidente de la bancada radical, Mario Negri, y por la propia Reyes, propuesta por el bloque de la UCR y nominada por resolución de la Presidencia de la Cámara para integrar el Consejo en representación de la segunda mínima.
«Resulta un deber inexcusable e ineludible interponer recurso de apelación contra la sentencia en cuestión, ya que más allá de su inoficiosidad en lo que respeta a su componente anulatorio de un acto administrativo de objeto cumplido, corresponde refutar el señalamiento de ilegalidad en lo obrado por el entonces presidente de este Cuerpo que dictó la Resolución 689/22», planteó el bloque de la UCR a Moreau.
Además, los diputados radicales pidieron que la presidencia del cuerpo «también rechace la improcedente intimidación contenida en el punto 2° (del fallo de Cormick) por haber sido dictada sin jurisdicción y, lo más grave, por pretender imponer a esta Cámara una actuación en desconocimiento del claro mandato de la ley 24.937 en lo que respeta a la potestad de propuesta de los legisladores representantes en el Consejo de la Magistratura en cabeza de los bloques legislativos de mayor representación y de primera y segunda minoría, respectivamente».
«Al ser esta Cámara de Diputados el sujeto pasivo de la sentencia en cuestión confiamos en que en su condición de Presidenta del Cuerpo y, especialmente, en el rol que le atribuye el art. 42 del Reglamento, interponga el correspondiente recurso de apelación a los multas de no consentir tan grave e ilegal determinación judicial por el gravamen que ocasiona no solo a este bloque y a la diputada Roxana Reyes, sino a la Cámara en su conjunto».
Para los diputados radicales, «resulta también inaceptable que el juez sentenciante impute a esta Cámara y sus integrantes haber pergeñado un ardid consistente en dividir bloques ex profeso con la finalidad de obtener un espacio de representación adicional en el Consejo de la Magistratura. Dicha sustentabilidad resulta temeraria y constituye una infamia ya que es sabido que los bloques PRO y UCR siempre estuvieron conformados como entidades independientes y separadas».
El juez sostuvo en su fallo que la actual «asignación de representantes se realizó con legisladores elegidos en las elecciones realizadas en 2019 y 2021? y que «en ambos procesos electorales el Frente de Todos (Partido Justicialista y otros), constituyó una alternativa para votar ; y el Frente Juntos por el Cambio (PRO, UCR, Coalición Cívica). Para el juez, «de otorgarle un integrante al bloque ensamblado por el PRO y otro integrante al bloque UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda reducción de la cámara». Así pensó que la Presidencia de la Cámara debe dictar una nueva resolución, «no poder otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical».