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El juicio oral en la causa Vialidad entrará desde noviembre en su último tramo, en el que se esperan las palabras finales de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien la fiscalía pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos mientras que su defensa reclamó la absolución por haberse «desmantelado» la acusación de Diego Luciani y Sergio Mola.
Con la finalización este lunes del alegato final de la defensa de los acusados extitulares de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibañez, el debate ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 seguirá con la respuesta fiscal a nulidades planteadas.
Además, Luciani y Mola podrían pedir replicar en base a lo escuchado en los alegatos de las defensas de los 13 acusados, que en todos los casos reclamaron la absolución y consideraron que las pruebas durante el debate dieron por tierra con la acusación.
Una vez concluida esta etapa, se anunciará un cronograma para las últimas palabras de los 13 acusados, entre ellos la Vicepresidenta, el empresario Lázaro Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública José López.

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez como Austral Construcciones comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid 19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020 sin recuperar nunca la presencialidad plena.
«No es corrupción o justicia. Hay un solo camino, justicia. Las acusaciones fueron desmanteladas, destruidas. No hay otro camino», sostuvo el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Fernández de Kirchner, al cerrar su alegato final con un reclamo de absolución en septiembre pasado, a más de tres años de iniciado el debate y luego de escucharse a 114 testigos en 117 audiencias.
Ese día, la Vicepresidenta también hizo uso de su derecho como abogada a ejercer su propia defensa y habló ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
«¿Yo impunidad? Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado -replicó la expresidenta-. Me siento en estado de indefensión. Los jueces que me juzgan, un fiscal, son amigos y juegan al fútbol en la quinta de Macri, otros iban a jugar con Macri a Olivos», cuestionó.
Además, sostuvo que la acusación fue una «fábula» montada para llevarla «de los pelos» ante la Justicia, que en la causa «se violó la Constitución Nacional» y que los fiscales cometieron «prevaricato».
En un alegato que se extendió por nueve audiencias y terminó el 22 de agosto último, los fiscales Luciani y Mola la acusaron de ser la jefa de una supuesta asociación ilícita y le atribuyeron haber cometido el delito de administración fraudulenta por irregularidades en las 51 obras públicas viales que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
«Estamos convencidos de haber alcanzado la verdad y ahora le toca a cada uno de los jueces, a quienes la sociedad está mirando. Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia. y ustedes tienen la decisión», concluyó Luciani al pedir condenas de 12 años de prisión para la exmandataria y su inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
También pidieron 12 años de prisión para el empresario Báez como autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Alegato

En el alegato, Luciani y Mola sostuvieron que en el kirchnerismo se montó un esquema «piramidal» de corrupción.
En cuanto al resto de los acusados, todos los defensores coincidieron en reclamar la absolución al realizar sus alegatos, mientras que la otra querella del caso, la Unidad de Información Financiera (UIF), decidió no acusar porque consideró que en la causa Vialidad no hubo delito de defraudación ni tampoco asociación ilícita.
«Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios y sería irresponsable avanzar en una acusación», sostuvo en su alegato el abogado de la UIF Leandro Ventura y descartó que corresponda encuadrar a los investigados bajo los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.
En el caso de la titular del Senado y exmandataria entre 2007 y 2015, el organismo consideró que su intervención en los hechos investigados se desarrolló «en el marco de facultades que le eran propias, en el marco de la Constitución Nacional y las leyes». Las defensas remarcaron en sus alegatos que no hubo perjuicio al erario público, que tampoco se probaron sobreprecios y que las redeterminaciones de precios a las obras adjudicadas a Báez eran habituales por efectos de la inflación y por las condiciones climáticas y geográficas de Santa Cruz.
También pidieron no considerar como prueba una pericia que arrojó supuestos sobreprecios por las irregularidades que se denunciaron en torno a la realización de esa prueba pericial, entre otros argumentos.
A lo largo de más de tres años de juicio declararon como testigos los ex jefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, entre ellos el actual presidente Alberto Fernández y el actual ministro de Economía, Sergio Massa.
También declararon empresarios del rubro de la construcción vinculados a la obra pública como el primo del expresidente Mauricio Macri Ángelo Calcaterra, quien remarcó que «es imposible» realizar obra pública «sin redeterminación de precios» para ajustar los valores «a la realidad».
Otros testigos, como el caso del constructor Juan Chediak, evaluaron que la cercanía geográfica con las obras licitadas constituía una «clara ventaja» para la empresa oferente Austral Construcciones, de Báez.
Cuando el debate era aún presencial, prestó declaración indagatoria por primera vez Fernández de Kirchner y afirmó que la acusación en el debate donde por primera vez era juzgada «fue un plan ideado por el gobierno saliente», en referencia a Mauricio Macri, y lo enmarcó en el «lawfare» planeado con «el auxilio invalorable del aparato judicial».
Al finalizar el alegato, Luciani y Mola pidieron además diez años de cárcel para De Vido y para el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periott; y seis años para el exresponsable del distrito 23 de ese organismo, Mauricio Collareda, al igual que para el extitular de la Administración General de Vialidad en esa provincia, Juan Carlos Villafañe.
Para otro exresponsable del distrito 23 de Vialidad, Raúl Daruich, y el expresidente de la AGVP Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP, Raúl Santibáñez.
En cuanto al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder.

(Télam)

La Federación Nacional de Trabajadores y Obreros Camioneros, que lideran Hugo y Pablo Moyano, y las cámaras empresarias de la actividad convinieron en la cartera laboral bajo la supervisión de la ministra Raquel Olmos una recomposición salarial en paritarias del 107% y el pago de un bono de fin de año de 100 mil pesos en cuatro tramos.
Fuentes gremiales y oficiales informaron los términos del acuerdo y señalaron su satisfacción por la superación de la negociación paritaria sin tener que recurrir a medidas de fuerza.
Los camioneros finalmente lograron el incremento luego del fracaso de cuatro reuniones paritarias previas, tras la intervención de Olmos, quien condujo la negociación con Hugo y Pablo Moyano.

El encuentro se realizó en el piso 18 de la cartera laboral, en la avenida Leandro Alem al 600, y las partes convinieron en el acuerdo la mejora en cuatro tramos: 27% en noviembre, 27% en febrero de 2023, otro 27% en mayo y 26% en agosto del año próximo, por lo que el gremio levantó de forma definitiva la huelga nacional prevista para el lunes entrante.
Además, sindicalistas y empresarios convinieron el pago de una asignación extraordinaria o bono de 100 mil pesos en 4 cuotas para marzo, abril, mayo y junio próximos.
Los camioneros habían anunciado que a partir de la 0 del lunes iniciarían una huelga nacional en todas las ramas del convenio colectivo de trabajo 40/89.
Hugo Moyano y su hijo Pablo, adjunto del gremio, explicaron luego del encuentro en Trabajo que además los empresarios se avinieron a otorgar un adicional del 10% para los choferes que cumplen tareas de larga distancia, quienes hace pocos días fueron beneficiados con la exención del pago de Ganancias sobre los viáticos, lo que fue incluido en un artículo del presupuesto 2023 que aprobó la Cámara de Diputados.
También los sindicalistas puntualizaron que el gremio obtuvo beneficios diferenciados para otras ramas de la actividad del sindicato.
La ministra Olmos destacó a la prensa que «es un logro que se haya cerrado la paritaria» camionera y sostuvo que «los gremios que están en sistema de paritarias lograron un buen nivel de actualización» salarial.
«El acuerdo superó las expectativas, ya que a pesar de que al principio el gremio reclamó un 131% de aumento, los empresarios solo ofrecían el 84% y, hasta la intervención hoy de la ministra Olmos, las negociaciones estaban trabadas», aseveró por su parte Pablo Moyano.
Además, el cotitular de la CGT ratificó su demanda de pago de un bono salarial de emergencia para la totalidad de los trabajadores, un reclamo que el dirigente formuló ante el propio presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.
El gremio camionero dudó en un principio, luego del nuevo fracaso paritario del miércoles, en asistir a Trabajo hasta que se le informó que Olmos encabezaría el encuentro.
«Lo importante del acuerdo es que los trabajadores no perderán poder adquisitivo salarial», coincidieron ambos dirigentes luego del encuentro en la avenida Alem, y especificaron que el convenio paritario contempla el período noviembre-octubre.
«Es un logro que se haya cerrado esa paritaria. Este 107% abarca 16 meses y también un bono de 100 mil pesos en cuatro cuotas», destacó Olmos en diálogo con Radio Nacional, al referirse al acuerdo paritario obtenido este jueves por el Sindicato de Camioneros de Hugo Moyano, y resaltó también que «los gremios de la alimentación cerraron en un 87%».

(Télam)

Más allá de la aprobación del presupuesto a nivel nacional, el diputado nacional Claudio Vidal expresó en el recinto de debate que «en Santa Cruz soportamos un gobierno que gestiona mal y deja sin obras a miles de santacruceños».

En este sentido, pidió a la gobernadora Alicia Kirchner que gobierne con equidad, equilibrio, igualdad, y por sobre todas las cosas, con justicia social. Y destacó que «los docentes no son los enemigos del pueblo de Santa Cruz».
Durante su alocución en la Cámara de Diputados en medio del debate por el Presupuesto nacional 2023, Claudio Vidal consideró que ningún salario tendría que pagar ganancias. «Hoy se discute el salario de la justicia, pero ninguno debería pagar. Los trabajadores petroleros, mineros, el sector pesquero, todos pagan ganancias, y esto no puede continuar de esta manera», dijo.

En otro punto del debate, consideró que «cuando analizamos esta ley de presupuesto, la verdad que hay provincias como en Santa Cruz que no hay fondo del estado nacional que alcance», por lo que consideró que hay una mala administración de lo que ocurre en la provincia.
Enumeró que se destinaron fondos para la obra del acueducto en la zona norte de la provincia, «y llega el verano nuevamente y esas localidades estarán sin agua durante varios meses». Agregó que las rutas no terminan de repararse. Recordó el reclamo de los vecinos de la Cuenca Carbonífera para garantizar puestos de trabajo y producción del carbón y la generación de energía.
Asimismo expuso de los barrios más habitados de la ciudad capital de la provincia, como San Benito, Bicentenario I y II, 22 de Septiembre, Madres en Lucha y otros más que significan más de 35 mil habitantes que no cuentan con servicios básicos como luz, agua, gas, sistema de cloacas. «Obras que nunca llegan y presupuestos en esta Cámara que se encuentran redactados con montos millonarios para obras que nunca se concretan», dijo Vidal.
Por ello es que el Diputado del bloque SER Santa Cruz, pidió a la Gobernadora «que por favor gobierne con equidad, con equilibrio, con igualdad y por sobre todo, que se practica muy poco en mi provincia, con justicia social».
En este aspecto, mencionó que los docentes no son enemigos de Santa Cruz. «Es lamentable en una provincia en donde se dice que gobierna el peronismo, tengamos un salario docente de una escuela especial de 57.850 pesos.
El reclamo de los trabajadores docentes por mejora salarial y por mejores condiciones en los establecimientos educativos públicos no es un capricho, es un derecho», y finalizó: «derecho a la educación y derecho que gocen de un salario digno y acorde a su función».