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Aerolíneas Argentinas anunció este jueves la reprogramación de un centenar de vuelos que estaban previstos para el viernes, producto de una nueva medida de fuerza anunciada por los controladores aéreos que están bajo los gremios de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Apetsa).
La medida se da en reclamo por reclamos salariales y comenzará a aplicarse durante todo el viernes. El presidente de la aerolínea de bandera, Pablo Ceriani señaló que tuvieron que reprogramar 101 salidas de aviones, pero que no afectará más de dos horas de retraso.

Esta situación afectará a más de 12.000 pasajeros que son notificados a través de su correo electrónico, por donde se haya registrado la reserva del vuelo.
«Este tipo de medidas echan por la borda buena parte del esfuerzo que todos los actores de la industria venimos haciendo para sostener la operación y los puestos de trabajo en un contexto tan difícil como fue el de los últimos dos años», expresó Ceriani.
Los vuelos reprogramados son principalmente de cabotaje y afecta 40 salidas de Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, 4 salidas de Ezeiza y 57 salidas que parten desde el interior del país.
«A partir del 18 de febrero retomarán de manera progresiva las medidas legítimas de acción gremial que incluirán la suspensión de las autorizaciones de despegue de vuelos comerciales, carga y aviación en general en todo el territorio nacional», remarcó Atepsa.
Carnaval
Desde el gremio señalaron que las acciones gremiales no afectarán los servicios durante el inicio y el fin del feriado de Carnaval «para garantizar esta importante fuente de ingresos para sectores vinculados con el turismo y el descanso esperado por quienes planificaron sus viajes durante estas fechas».
Sin embargo, el gremio alertó que que si no hay respuestas a las demandas por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), «las protestas se intensificarán hasta que se brinde solución».

(Via Pais)

Fue condenado a 9 años de prisión. El líder mapuche debía regresar a prisión luego del fallo de la Corte Suprema de Chile, que revocó la libertad condicional que se le había otorgado el 21 de enero.
La Corte Suprema de Chile revocó el martes la libertad condicional de Facundo Jones Huala y deberá regresar a la cárcel. El mes pasado, el líder mapuche había recibido libertad condicional hasta que se rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del activista que estaba preso por una condena por incendio y portación de arma de fuego ilegal.

Este miércoles se conoció que Jones Huala no se presentó ante la Justicia chilena y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, confirmó que desconoce su paradero: «Está prófugo de la Justicia», reconoció en conferencia de prensa.
El líder mapuche debía regresar a prisión luego del fallo de la Corte Suprema de ese país que revocó la libertad condicional que se le había otorgado el 21 de enero pasado. Había iniciado trámites diplomáticos para regresar a la Argentina, aunque el gobierno chileno apeló la decisión al asegurar que debía cumplir la condena en ese país.
Jones Huala fue condenado a 9 años de prisión por ser el autor de los delitos de incendio y portación ilegal de arma de fuego ocurrido en el fundo Pisu Pisué, en diciembre de 2016.
Cuando el Tribunal de Apelaciones de Temuco decidió la libertad condicional amparado en «la buena conducta» se le exigió que se presentara regularmente ante la justicia para certificar su domicilio. En aquel momento, aseguró que residiría en una comunidad mapuche de Temuco.
Por su parte, Isabel Huala, madre del líder de la RAM, aseguró no estar al tanto de las novedades del vecino país: «No estuve en contacto con nadie, no puedo decir nada» dijo según publica TN.

(ADNSur)

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, afirmó este miércoles que el programa Precios Cuidados llegará a los almacenes de proximidad con una canasta de 75 productos, y aseguró que la inflación de 3,9% de enero «duele por el bolsillo del pueblo».
«Ahora estamos elaborando una canasta de 75 productos para llegar a los almacenes de proximidad. Tenés ahí el minorista que quiere mantener su nivel de ingresos, cosa que es lógica, y remarca. Hoy la discusión de precios de góndola está muy trasladada a los distribuidores y los comercios de proximidad», aseveró el funcionario esta mañana a la radio FM Metro.

Allí se refirió también a la evolución de la inflación: «Me duele por el bolsillo del pueblo. El 60% de la variación (anual en el precio de los alimentos) se explica en frutas y verduras. Nosotros estamos tratando de reconstruir instrumentos regulatorios», señaló.
De cara a la incidencia de las frutas y verduras en la inflación de los alimentos, Feletti aconsejó que se profundicen los mecanismos de ofertas a través de «ferias de fin de semana», teniendo en cuenta que seguramente permitirán una «moderación» de los precios en las verdulerías de barrio.
En cuanto a la política salarial que lleva adelante el Gobierno, explicó la importancia de «aparear la política de precios con los salarios», y consideró que hay que «construir una canasta de (productos) frescos que defiendan el salario».
«Si permitiste que se exportaran 920.000 toneladas de carne en 2020, una cifra récord en 100 años, tenés a los tipos parados en un lugar distinto, y la demanda externa sobre la carne, y la leche ahora, es infinita», afirmó Feletti.
A su criterio, para que el salario sea «potente», es necesario «asegurar energía y alimentos baratos, dos insumos que la Argentina produce».

(Télam)

El Presidente de la Nación se presentó esta mañana como testigo por pedido de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y decidió responder en forma presencial. Ya declararon Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.
Se trata del juicio que se sigue por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en una causa denominada como «Vialidad» y en la que está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El testimonio del primer mandatario fue pedido por la defensa de la expresidenta y de otros dos acusados, el empresario Lázaro Báez y el exministro de Planificación Julio De Vido a raíz de su condición de ex Jefe de Gabinete en el kirchnerismo.

El Presidente estuvo casi tres horas en Comodoro Py. El jefe de Estado defendió la gestión de la ex presidenta, criticó a la justicia por esta causa y tuvo un tenso cruce con el fiscal Diego Luciani.
El presidente de la Nación llegó a las 9:35 horas a los Tribunales, fue citado por haber sido jefe de Gabinete de Cristina Kirchner cuando era presidenta de la Nación y porque en ese rol intervenía en la redistribución de partidas presupuestarias, entre ellas de la obra pública, uno de los temas que se investiga en el juicio. Ya declararon los otros ex jefes de Gabinete de Cristina Kichner (Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, y Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación) y el 21 de febrero lo hará Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.
Como Presidente tenía la opción que le da la ley de declarar por escrito. Pero optó por ir personalmente a los tribunales, lo que se leyó como un gesto político de apoyo a Cristina Kirchner, y se ratificó en su declaración.
El juicio se inició en mayo de 2019 y se juzga si hubo irregularidades en la concesión de las 52 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Entre ellas sobreprecios, la falta de terminaron de varias obras a pesar de que se pagaron en su totalidad y la falta de antecedentes de las empresas de Báez para ganar las licitaciones. Los acusados en el juicio de la obra pública son 13: Cristina Kirchner, Báez, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros ex funcionarios nacionales y provinciales.
En su declaración, el jefe de Estado desvinculó a Cristina Kichner de cualquier irregularidad en la obra pública. “Definitivamente no”, contestó cuando Alberto Berladi, abogado de Cristina Kirchner, le preguntó si los ex presidentes le pidieron beneficiar a algún empresario en particular o si supo de algún direccionamiento de la obra pública. “Definitivamente no. Ni a la provincia de Santa Cruz ni a ninguna otra”, fue la respuesta ante la pregunta de beneficiar con fondos a Santa Cruz. “No me consta que eso haya pasado”, fue su respuesta ante la pregunta de si el presupuesto que aprobaba el Congreso era para beneficiar a Báez.
Más adelante, el fiscal le preguntó si conocía a Báez. “Voy a tratar de ser lo más explicito posible. No conozco a Báez. Lo cruce una vez en Calafate y recuerdo el dialogo. Me dijo `buenos días` y le contesté `mucho gusto`. Néstor estaba terminando de hacer su casa y conocí a Báez en el parque porque estaba haciendo una obra. Esto fue 2003, 2004, no tengo idea”, respondió.
Visiblemente molesto, ante una consulta sobre las presuntas relaciones comerciales que mantenían los Kirchner con Báez, Fernández reiteró: “No lo conozco a Lázaro Báez, no sé qué hace de su vida, no sé qué empresas tiene, no sé qué vínculos tiene con gente; no lo sé”.
Esta fue la primera vez que un Presidente declaró como testigo en un juicio oral en el que la principal imputada es su vice.

Testimonio

Alberto Fernández negó este martes la existencia de «arbitrariedades» en la distribución de obra pública nacional y sostuvo que le llama «mucho la atención» lo que se debate en el juicio oral por presuntas irregularidades en la provincia de Santa Cruz, al declarar como testigo y responder preguntas de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El Presidente sostuvo que se trata de «decisiones políticas no judiciables», al declarar bajo juramento de verdad ante el Tribunal Oral Federal 2, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.
También destacó que el expresidente Néstor Kirchner «siempre fue muy cuidadoso con las cuentas públicas» y remarcó que «tenía casi una obsesión con eso, que tuvo primero como gobernador y luego como Presidente», informó Télam.
Cuando le preguntaron cuál era el criterio para distribuir obra pública, el Presidente dijo que “son criterios discrecionales que tienen que ver con las necesidades que en cada jurisdicción se enfrentan. Eso no tiene una regla. Los criterios son criterios de lo que uno entiende de que lo que en ese momento está necesitando el país”.
Y agregó: “No hay un criterio único para distribuir la obra pública. Es política y la política es el arte de manejar la realidad y la realidad es cambiante”.
Le insistieron con la misma pregunta y Fernández profundizó: «todos nosotros creemos que la inversión pública es un gran motor para la economía y hay un principio rector que son cuestiones de naturaleza política. Algunos creemos esto, que el Estado tiene que estar presente y motorizar la obra pública y otros creen que deben hacerlo los privados. Hace un año hubo un terremoto en San Juan y decidimos que se construyan 1000 viviendas en San Juan. El criterio fue la necesidad. En el 2003 la Patagonia tenía un infradesarrollo y hubo que hacer mucha obra. Es muy importante porque está toda la producción petrolera y pesquera».
«Nosotros en 2003 o en 2009 y como me pasa a mí ahora, la obra pública es un enorme motorizador de la economía».
El Presidente agregó: «quiero que entiendan que una vez que el Presupuesto es aprobado es responsabilidad de cada ministro. Cada ministro es autónomo. No consulta al Presidente sobre cómo gasta el dinero de su ministerio».
Le volvieron a preguntar sobre cómo asignaban los recursos en la Ley de Presupuesto y reiteró: «un presupuesto no es la decisión de un Presidente, todos los ministerios construyen sus números y eso es revisado por el Congreso nacional».
Para el lunes próximo está citado el presidente de la Cámara de Diputados y ex jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien declararía por videoconferencia.