+Prensa

Durante la tarde de este lunes fue realizada una denuncia en la Comisaría Segunda de la ciudad de Rio Gallegos referida a los hechos de violencia acontecidos durante la mañana del día de hoy en las afueras de las instalaciones del edificio de la Dirección de Tránsito Municipal.

Las agentes de tránsito Estelvina Paillacar y Claudia Cabrera quienes junto a la Abogada Carla Tellez tuvieron que dirigirse a la Comisaría Segunda, luego de que en la Comisaría de la Mujer no quisieran radicarles la denuncia correspondiente, acusando que el hecho no se enmarcaba en un ámbito personal sino laboral.

Las denunciantes, expresaron que se encontraban en el predio de tránsito junto a otras compañeras del sector, cuando por calle Estrada y Mariano moreno, pudieron divisar a siete u ocho hombres, entre los cuales pudieron identificar a Mauricio Andrade, Jefe de Departamento de SIPEM, que irrumpieron en la protesta pacífica que llevaban adelante con empujones, forcejeos, gritos y golpes para luego retirarse del lugar.
También manifestaron que hasta el momento no se presentó ni tomaron contacto con ninguna autoridad de Tránsito ni del sindicato que las representa a las trabajadoras.

Es imporante resaltar, que ambas Agentes de Tránsito, que radicaron las denuncias por separado, manifestaron que en el sector se viven destratos e irregularidades desde hace algún tiempo. Entre algunos ejemplos, una de ellas manifestó que la Directora de Tránsito Municipal hace caso omiso a los reclamos de los trabajadores y que en algunas ocasiones incluso han llegado a presionar a trabajadores para que se presenten en sus puestos de trabajo aún cuando estos eran casos de COVID positivo o estando aislados. Inclusive mencionaron que en dicho destacamento no se cumplen los protocolos sanitarios. A contrapartida también mencionaron un caso en el cual una inspectora fue denunciada por las autoridades por ser un supuesto contacto estrecho de un caso COVID positivo, cuando ambas personas no conviven ni manifiestan ser contactos estrechos entre sí.

Esta situación, se repite de similar manera en varios destacamentos de la Municipalidad capitalina, en donde numerosos trabajadores manifiestan irregularidades e incumplimiento de los protocolos que deben asegurarles el desarrollo de sus funciones sin poner en riesgo la salud de ellos o sus familias.

El edificio de tránsito municipal ubicado sobre calle Mariano Moreno en Río Gallegos comenzó con las puertas cerradas en la mañana de hoy por un reclamo de los trabajadores del sector. Dicho reclamo está motivado por lo que los trabajadores consideran un abandono del sector y falta de medidas de seguridad biosanitarias que habrían facilitado el contagio de COVID-19 de gente que cumplía tareas en el lugar.
«También solicitamos el apartamiento de su actual equipo de trabajo los cuales no han hecho otra cosa que hostigar y perseguir a los inspectores que no han compartido su modalidad de «trabajo» la cual se ha destacado por la prepotencia, soberbia y falta de respeto hacia los compañeros dependientes de esta dirección», expresaron los trabajadores a través de las redes.
Lo cierto es que durante esta jornada se vivieron momentos de tensión, cuando un grupo de militantes del sector político del Intendente (FDT) se hizo presente en el lugar y buscó quitar los neumáticos que los trabajadores habían puesto para bloquear la entrada a Tránsito, agrediendo a los manifestantes.
Desde el Partido Obrero denunciamos este intento de amedrentamiento y la violencia ejercida por parte de las huestes de Pablo Grasso, que solo encuentra en la patoteada la respuesta a los reclamos de los trabajadores municipales.
Nada nuevo bajo el cielo riogalleguense, conocidas son las prácticas implementadas por el FPV históricamente frente a los laburantes. Citemos solo algunos ejemplos a modo de recordatorio. El mismo Kirchner como intendente junto a la guardia de infantería reprimiendo en los corralones municipales al poco tiempo de asumir a fines de la década del ’80.
La represión y aprietes a los mineros del carbón ya con Kirchner como gobernador y la golpiza a los caceroleros en 2002 donde el propio Grasso participó como mano de ejecutora.
Demás está decir los recuerdos que se nos vienen inmediatamente a la memoria cuando la patota del asesino de Pedraza se cobrara la vida de nuestro compañero Mariano Ferreyra.
Llamamos la atención de la dirigencia del SOEM que en principio estuvo muy falta de reflejos y no actuó decididamente en defensa de los trabajadores. El silencio claramente no es el camino para defender a los obreros, y si no se actúa con premura y energía se corre el riesgo de avalar estos métodos que serán aplicados contra todos los municipales.
Es imperioso además rodear de solidaridad a los trabajadores agredidos, que el poder político escuche el grito de unidad de los trabajadores santacruceños frente a cualquier amenaza. Mucho nos ha costado a los estatales santacruceños romper las ataduras del miedo allá por el 2007, no debemos entregar la calle a ninguna patota, la calle es de los trabajadores.
Nos ponemos a disposición de los trabajadores agredidos, y no podemos de dejar de señalar la imperiosa necesidad de que los propios trabajadores en asamblea definan las acciones a seguir y su autodefensa frente a la violencia emanada del poder político municipal.
Cualquier hecho de violencia es exclusiva responsabilidad del ejecutivo municipal y de las patotas amparadas por el FDT.
Hace no muchos días denunciábamos como la intendencia de Río Gallegos trataba de apropiarse del significado de las huelgas obreras de 1920 -21, marcando que Grasso y el sector político del que forma parte está en las antípodas de aquellos obreros que murieron en manos del Estado, que tampoco quiso escuchar y atender a sus reclamos.

Partido Obrero – Río Gallegos

Río Gallegos
El lunes por la tarde, se radicó una denuncia en la Comisaría Segunda de Río Gallegos referida a los hechos de violencia acontecidos durante la mañana en las afueras de las instalaciones del edificio de la Dirección de Tránsito Municipal.
Las agentes de tránsito Estelvina Paillacar y Claudia Cabrera estuvieron junto a la abogada Carla Tellez.
Las denunciantes, expresaron que se encontraban en el predio de Tránsito junto a otras compañeras del sector, cuando por calle Estrada y Mariano Moreno, pudieron divisar a siete u ocho hombres, entre los cuales pudieron identificar a Mauricio Andrade, jefe de Departamento de SIPEM, que irrumpieron en la protesta pacífica que llevaban adelante con empujones, forcejeos, gritos y golpes para luego retirarse del lugar.

También manifestaron que hasta el momento no se presentó ni tomaron contacto con ninguna autoridad de Tránsito ni del sindicato que las representa.
Ambas agentes de tránsito, radicaron las denuncias por separado y manifestaron que «en el sector se viven destratos e irregularidades» desde hace algún tiempo.
Una de ellas manifestó que «la Directora de Tránsito Municipal hace caso omiso a los reclamos de los trabajadores y que en algunas ocasiones incluso han llegado a presionar a trabajadores para que se presenten en sus puestos de trabajo aún cuando estos eran casos Covid positivo o estando aislados». Inclusive, mencionaron que en dicho destacamento no se cumplen los protocolos sanitarios. A contrapartida también mencionaron un caso en el cual una inspectora fue denunciada por las autoridades por ser un supuesto contacto estrecho de un caso Covid positivo, cuando ambas personas no conviven ni manifiestan ser contactos estrechos entre sí.
Esta situación, se repite de similar manera en varios destacamentos de la Municipalidad capitalina, en donde numerosos trabajadores manifiestan irregularidades e incumplimiento de los protocolos que deben asegurarles el desarrollo de sus funciones sin poner en riesgo la salud de ellos o sus familias, se indicó extraoficialmente.