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Río Gallegos
Mario Reynaldi juez del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz fue acusado formalmente de “mal desempeño” por sus vinculaciones con el ex comisario Horacio “Mono” Herrera investigado por trata de personas con fines de explotación sexual en esta provincia. Sin embargo, no estarían los votos en el plenario para iniciarle juicio político.
Mario Reynaldi, juez del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz fue acusado en el Consejo de la Magistratura por sus vinculaciones con un ex comisario investigado por trata de personas con fines de explotación sexual en Santa Cruz.
El dictamen aprobado la semana pasada en la Comisión de Acusación y Disciplina del organismo por 6 votos sobre 9, propone su inmediata suspensión y la apertura de su juicio político, que podría culminar con su eventual destitución.
Sin embargo, todo indica que no estarían los dos tercios necesarios para que sea aprobado en el próximo plenario del cuerpo en dos semanas, y Reynaldi terminaría recibiendo solo una sanción económica.
Debido a que el trámite en el Consejo lleva casi tres años -plazo en que se vence-, el oficialismo y sus aliados en el Consejo no podrían demorar su tratamiento hasta obtener los votos necesarios.
El expediente contra Reynaldi fue instruido por la consejera representante de los abogados Adriana Donato, a partir de una denuncia de Marcelo Colombo, titular de la Fiscalía de Trata y Explotación de Personas, por el supuesto encubrimiento a un ex policía que manejaba una red que prostituía mujeres en Río Gallegos.
Se basa en escuchas telefónicas de Reynaldi con el comisario retirado Horacio Herrera, quien tenía su teléfono intervenido en una investigación de la Justicia penal santacruceña, informó Pasa en Santa Cruz.
Según la presentación realizada por el fiscal Colombo en 2015, las conversaciones evidenciarían que el magistrado no sólo hablaba habitualmente con el ex policía, sino que sabía que regenteaba un prostíbulo en las afueras de la capital santacruceña donde mujeres -en su mayoría dominicanas- eran forzadas a la prostitución.
Pese a esto, nunca lo denunció como hubiera correspondido siendo juez. Los diálogos revelan que, incluso, Reynaldi lo habría asistido legalmente en diversas situaciones personales.

Llanto
En cuatro descargos escritos y en el oral que hizo el mes pasado ante el Consejo, Reynaldi negó el presunto encubrimiento de las actividades ilegales de su amigo comisario y sostuvo que las escuchas telefónicas fueron interpretadas de manera “equívoca y errónea”.
También denunció una campaña mediática de desprestigio en su contra, liderada por la jueza santacruceña Ana Álvarez y el camarista federal de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra.
Pero el magistrado sí confirmó su “amistad de más de 20 años” con Herrera y admitió haber asistido en diversos trámites vinculados a la importación de un vehículo y a su divorcio con su ex mujer, que amenazaba denunciarlo -justamente- por trata.
Ante los consejeros, y acompañado de su pareja, el 15 de marzo último, Reynaldi lloró y dijo estar incluso “arrepentido” por este accionar.
Sus explicaciones, además de ser consideradas “inverosímiles” por Donato, tuvieron numerosas contradicciones con los testimonios de otros testigos citados por el Consejo de la Magistratura.
Incluso con el del propio Herrera, quien dijo que no tenía “amistad manifiesta, sino de un conocimiento”. Este punto no es menor. El consejero representante de los jueces Leónidas Moldes sostuvo en el debate que “no se puede perder de vista que se trata de un amigo (por Herrera) del juez, y la amistad íntima es una condición absolutoria”.
Moldes presentó junto a su colega Luis Cabral, el dictamen de minoría en el que se propone sólo un descuento del 30% en su sueldo por un mes como sanción económica.

Cargos
En el dictamen que obtuvo la mayoría de los votos, se lo acusa a Reynaldi de cuatro cargos. El primero de ellos, “haber mantenido contacto habitual con una persona imputada por el delito de trata de personas, en una causa en la que se investiga la conducta de varios implicados en una banda criminal”.
El segundo, “afectar la honradez y credibilidad que debe inspirar el magistrado a los demás órganos de gobierno y a la sociedad, interesándose en la obtención y utilizacion de información de una investigación judicial para colaborar en beneficio de su amigo”.
En tercer lugar, “haber accedido a una causa judicial sin ser parte ni contar con autorización, a fin de beneficiar su propia situación procesal”. Y por último, “haber gestionado y haberse interesado en asuntos de terceros”.
Los representantes de los jueces Moldes y Cabral, en su dictamen, rechazaron los tres primeros por considerar que “la prueba colectada fue insuficiente” para abrirle un juicio político, y que “no se logró probar su responsabilidad penal” en la causa que se le abrió en la Justicia de Santa Cruz por encubrimiento.
Si bien Reynaldi fue sobreseído en el expediente judicial, Donato hizo hincapié en que el jury se basa en el “mal desempeño” del magistrado, que implica “no sólo la falta de idoneidad profesional o técnica, sino también de comportamiento”.
Para esta consejera, “el alcance de las conversaciones y mensajes de texto entre Herrera y Reynaldi, como el sobreseimiento recaído por encubrimiento en la causa judicial, no hace que desparezcan cada una las conductas que son evaluadas bajo el prisma de la responsabilidad política”.

Escuchas
Las intervenciones telefónicas sobre el celular de Herrera en las que se basó la acusación, fueron ordenadas por la jueza de primera instancia de Santa Cruz Ana Álvarez, en la causa donde se investigaba el ejercicio de la prostitución en varios inmuebles de Río Gallegos y sus alrededores.
Entre ellos estaba “Casa Grande”, que era administrado por el ex comisario mayor y en el que se ejercía la prostitución, además de ser la sede donde residían las mujeres extranjeras que eran forzadas a ofrecer su cuerpo por dinero en otro local cercano, “Verónica”.
Si bien en primera instancia Herrera fue sobreseído, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó ese sobreseimiento y ordenó seguir investigándolo.
Las escuchas fueron incorporadas en la denuncia ante el Consejo que hizo el fiscal Colombo, quien fue además fiscal coadyuvante en la causa penal en Santa Cruz. Copia de esas grabaciones se encuentran en seis cassettes en el organismo, junto a sus transcripciones.
Desde agosto de 2012 y por un corto lapso de tiempo, hubo 71 llamadas y 32 mensajes de texto entre los celulares de Reynaldi y Herrera. Incluso, el ex comisario recibió varios llamados desde el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz en el que se desempeña Reynaldi.

Diálogos
En una de las conversaciones, del 2 de julio de 2012, el ex comisario llamó a este juez, y en un diálogo que revela un trato de extrema confianza, le comentó que no pudo resolver un problema en la Aduana. Reynaldi, no solo le dijo que llame a su Juzgado para le den el número, sino que además le sugirió que lo vea al jefe de la Aduana en Río Gallegos de su parte. A continuación, Reynaldi le pidió un favor para el hijo de un amigo:
Juez Reynaldi: —Estoy preocupado, Chiche. Tengo un amigo acá…
Ex comisario Herrera: —¿Qué pasó?
Juez Reynaldi: —Y… está enamorado viste, con tus chicas.
Para el fiscal Colombo, este diálogo revela que Reynaldi “sabía que su amigo se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en el inmueble que administraba”, y que nunca lo denunció. Reynaldi en su descargo señaló que se refería a la joven hija de Herrera y a sus amigas. Este punto fue rebatido por el testimonio del propio ex policía.
No fue la única gestión que le hizo como favor a Herrera. En otra conversación, Reynaldi admitió haberlo ayudado en un trámite sobre su divorcio, intentando usar su influencia ante el juez que lo llevaba adelante para acelerar la audiencia. Incluso le ofreció asistencia jurídica en su disputa por el pago de alimentos, ya que -según Herrera- su ex mujer quería denunciarlo por trata.