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Buenos Aires
Como Día de la Lealtad se conoce en la Argentina a la conmemoración anual del 17 de octubre de 1945, día en que se produjo en Buenos Aires una gran movilización obrera y sindical que exigía la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón.
Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, creada a su pedido, Perón había promovido los derechos de los trabajadores. Una gran cantidad de manifestantes —en su mayor parte provenientes del sur del Gran Buenos Aires— ocupó el centro de la ciudad, especialmente la Plaza de Mayo, logrando la libertad del prisionero. Al año siguiente, Perón sería elegido Presidente de la Nación.
Según el historiador José Luis Romero el movimiento fue organizado por los sectores ya considerados peronistas, quienes con apoyo militar y policial organizaron el movimiento popular para conseguir el retorno de Perón.

Nace el peronismo
Ese día es considerado como el del nacimiento del peronismo y uno de sus máximos símbolos, así como uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento obrero argentino. Más allá del nombre dado por el Partido Justicialista, también es llamado Día de la Lealtad Peronista y 17 de Octubre.
Entre 1946 y 1954 la fecha estaba declarada como feriado nacional.

Secretaría de Trabajo
La alianza entre sindicalistas y militares obtuvo que el gobierno militar designara a Perón como Director del Departamento de Trabajo, un cargo aparentemente sin valor alguno. Un mes después, consiguen elevar la jerarquía del organismo a Secretaría de Estado. Desde la Secretaría de Trabajo y con el apoyo de los sindicatos, Perón empezó a desarrollar gran parte del programa sindical histórico: se crearon los tribunales de trabajo; se sancionó el Decreto 33.302/43 extendiendo la indemnización por despido de los empleados de comercio a todos los trabajadores; más de dos millones de personas fueron beneficiados con la jubilación; se sancionó el Estatuto del Peón de Campo y el Estatuto del Periodista; se crea el Hospital Policlínico para trabajadores ferroviarios; se prohíben las agencias privadas de colocaciones; se crean las escuelas técnicas dirigidas a obreros; en 1944 se firmaron 123 convenios colectivos que alcanzaban a más de 1 400 000 obreros y empleados y en 1945 otros 347 para 2.186.868 trabajadores. Adicionalmente Perón logra derogar el decreto-ley que reglamentaba los sindicatos sancionado en los primeros días del gobierno militar.
En ese marco los sindicatos comenzaron un período de gran crecimiento, y lo que fue aún más decisivo, comenzaron a afiliar masivamente a los “nuevos” trabajadores, los que estaban migrando masivamente a la ciudad desde el interior del país, los llamados “morochos”, “grasas” y “cabecitas negras” por las clases medias y altas, y los propios trabajadores “viejos” descendientes de la inmigración europea.

Electoral
La alianza entre sindicatos y el grupo de jóvenes militares encabezados por Perón generó inmediatamente una fuerte oposición de los sectores conservadores políticos, económicos y militares, con apoyo de la embajada de Estados Unidos (embajador Braden) que genera una alta polarización electoral para 1945.
El 12 de julio de 1945 los sindicatos dirigidos por Borlenghi realizan un acto masivo el centro de la ciudad de Buenos Aires (en Diagonal Norte y Florida). Al finalizar, la multitud de trabajadores comienzan a corear el nombre de Perón y lo proclaman como candidato a presidente.

Los días de octubre
El 8 de octubre de 1945, un enfrentamiento entre Perón y el general Eduardo Ávalos, jefe de la poderosa guarnición de Campo de Mayo es dirimido mediante una votación de los oficiales superiores que decide exigir la renuncia de Perón, que en esos momentos ejercía simultáneamente los cargos de vicepresidente de la nación, secretario de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, por lo cual al día siguiente Perón renunció a todos sus cargos en el gobierno dictatorial.
Perón obtiene autorización para dar un discurso -que además se transmitió por radiofonía- el 10 de octubre desde el balcón de la Secretaría de Trabajo en la esquina de las calles Perú y Alsina. Ante el público allí reunido pronuncia un discurso que tuvo gran repercusión, en el que detalló un avanzado programa de reivindicaciones laborales.? El 11 de octubre Ávalos asumió el cargo de Ministro de Guerra y esa noche se realizó en el Círculo Militar una reunión de casi 300 oficiales, en la que se debatió el rumbo que se debía seguir, incluyendo la discusión sobre si mantener o no a Farrell en la presidencia y se recibió también la opinión del dirigente socialista Alfredo Lorenzo Palacios que propició que el gobierno se entregara a la Corte Suprema de Justicia. La asamblea decidió enviar una delegación a entrevistarse con Ávalos y, en realidad, los únicos puntos sobre los que habían concordado era pedir la inmediata convocatoria a elecciones, la designación de ministros civiles, el levantamiento del estado de sitio y la detención y procesamiento de Perón. Cuando a la medianoche finalizaba la reunión por las radios se estaba difundiendo el decreto de convocatoria a elecciones.

Perón
Perón y Eva se fueron en automóvil en la madrugada del jueves 11 con “Rudi” Freude, hijo de un amigo suyo, y Juan Duarte hacia San Nicolás primero y a una isla del Delta después, dejándole dicho a Mercante que si era preguntado no ocultara su paradero.
El 12 de octubre el presidente Farrell ordenó la detención de Perón y la policía fue a buscarlo a su departamento de la calle Posadas por lo que Mercante le comunicó al jefe de policía dónde se encontraba y al día siguiente guio al subjefe de policía mayor D’Andrea hasta la isla, desde donde fue llevado detenido a la cañonera Independencia, la que a su vez lo trasladó a la Isla Martín García.? Una vez detenido Perón el diario Crítica salió a la calle con el siguiente título en primera plana: “Perón ya no constituye un peligro para el país”.
El 15 de octubre la FOTIA declaró en Tucumán una huelga general, y esa misma noche hicieron lo mismo varios sindicatos de Rosario, exigiendo la libertad de Perón. En Berisso y Ensenada los obreros realizaron una gran movilización que durante varios días mantuvo la ciudad de La Plata convulsionada. Lo mismo ocurría en Valentín Alsina, Lanús, Avellaneda y otras localidades del sur del Gran Buenos Aires. También al mediodía del 16 los obreros ferroviarios de Tafí Viejo habían abandonado los Talleres.
Perón, alegando problemas de salud, consiguió que lo a trasladen al Hospital Militar, en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires, adonde llegaría en la madrugada del 17.
Ese día, la policía, claramente favorable a Perón, no obstaculizó la marcha e incluso algunos de sus integrantes intercambiaron expresiones de simpatía con los manifestantes, cuyas consignas nada tenían que ver con el reclamo de la CGT sino que expresaban su apoyo a Perón y la exigencia de su liberación.
Ávalos accedió a entrevistarse con Perón en el Hospital Militar. Tuvieron una corta reunión en la que pactaron las condiciones: Perón hablaría a los manifestantes para tranquilizarlos, no haría referencia a su detención y obtendría que se retiraran y por otra parte el gabinete renunciaría en su totalidad y Ávalos solicitaría su retiro.

Río Gallegos
La Diputada Nacional Roxana Reyes recibió amenazas de muerte. Los mensajes llegaron a través de sus redes sociales e incluyen amenazas contra el Presidente de la Nación Mauricio Macri. Al respecto la Legisladora comentó que ya realizó la denuncia pertinente ante las autoridades y que dio aviso al Ministerio de Seguridad de la Nación.
Se trata de un grave hecho de intimidación contra una funcionaria que viene denunciando corrupción, lavado de dinero, sobreprecio en la obra pública y malversación de los recursos del Gobierno de Santa Cruz.
“No nos van a detener. Vamos a cambiar esta realidad, vamos a seguir luchando contra los mafiosos y contra los corruptos. No vamos a dar ni un paso atrás “, remarcó Reyes.
La Diputada sostuvo que este tipo de intimidaciones buscan frenar el trabajo que vienen desarrollando pero destacó que por supuesto no lo van a conseguir.
Reyes sostuvo que son muchos los que no quieren que el cambio avance en Santa Cruz, pero son muchos más los que quieren transformar la Provincia y ya lo están logrando con esfuerzo y mucho trabajo.
“Estamos desenmascarando las mafias, peleando contra los que saquean Santa Cruz y vamos a seguir en este camino”, enfatizó Reyes.

Río Gallegos
En una reunión informal convocada por el gobierno, funcionarios provinciales del Ministerio de Salud y de Trabajo, llamaron a los referentes de APROSA para acercar las partes en búsqueda de restablecer el canal de diálogo.
En el encuentro, el gremio mantuvo su postura sobre sus reclamos y principalmente, el pedido de la paritaria sectorial para solucionar los reclamos de la ley 1795 y 1200.
La secretaria general, Andrea Pérez, junto al secretario tesorero, Juan Ponce, estuvieron en la ciudad de Río Gallegos para participar de la confección del convenio colectivo de trabajo, que lleva más de 10 años de discusión, y que según se adelantó, podría estar terminado antes de fin de año.
“Esto será un antes y un después para la salud pública en Santa Cruz”, precisó Pérez, en referencia al trabajo que se viene realizando en pos de articular las necesidades sectoriales y gremiales en este manifiesto, que seguramente va a convalidar los derechos que tenemos como trabajadores, y las obligaciones del estado para proteger nuestras reivindicaciones, enfatizó la doctora.
Por otra parte, el gobierno a sabiendas de la presencia de los principales referentes de APROSA en la capital provincial, le solicitó acceder a una reunión informal, en búsqueda de poder sanear el canal de diálogo, que durante muchos meses estuvo cortado.
En tal sentido, funcionarios provinciales por una lado, y Andrea Pérez, Juan Ponce y Fredy Sánchez Céspedes por el otro, se volvieron a ver las caras, y allí intercambiaron visiones políticas sobre la realidad de la salud pública provincial.
En este punto, APROSA no se desvió de sus reclamos, dejando en claro, que su lucha va a persistir en base a lo que viene reclamando desde hace tiempo, y pidió directamente al gobierno que atienda las problemáticas que viven los integrantes de la ley 1795, y 1200, donde el gremio tiene injerencia.
Asimismo, durante la charla, el gremio volvió a solicitar por la apertura de la paritaria sectorial, ya que considera que se trata de la única instancia institucional para poder avanzar y así, buscar caducar con las asimetrías. Por su parte, el gobierno ofreció armar mesas y una agenda de trabajo, en base a la postura política de APROSA para migrar hacia nuevas ventajas que sean prósperas para los trabajadores.

Nación
Otro de los puntos de reflexión sobre este encuentro con autoridades provinciales fue la incertidumbre que tienen los trabajadores del Hospital SAMIC, quien el estado nacional muestra indicios en desentenderse de esta institución, con la intención de trasladarla a la órbita de la esfera provincial, sin medir consecuencias.
Sobre el tema, APROSA mostró su preocupación y dijo no entender esta quita de recursos del gobierno nacional, que no solamente lo hace en Santa Cruz, sino en el todo el país, que sufre una baja en la calidad del sistema de salud, afectado además, por el desmantelamiento del ministerio de salud, dejándolo en el rango de secretaría, todo un símbolo, como si este servicio esencial, no fuera prioridad para los argentinos, y ni que hablar para la administración central.
Recordemos que días atrás Andrea Pérez y Juan Ponce, en representación de APROSA, estuvieron en la capital federal, para ser parte de la inmensa movilización organizada por la FESPROSA, cuyo propósito fue reclamarle al gobierno nacional que cambies su errónea política de salud y sus medidas, que tienen como eje el recorte y el ajuste fiscal.

Buenos Aires
El fiscal ante la Cámara Federal respaldó la apelación que hicieron Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, en el marco de la causa que comenzó con las anotaciones del chofer Oscar Centeno
El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes sostuvo la apelación que hicieron los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo del procesamiento que dictó el juez Claudio Bonadio en la investigación de corrupción iniciada a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
El 17 de septiembre pasado Bonadio había procesado a unas 40 personas entre ex funcionarios y empresarios. En la causa se reveló el pago de coimas que empresarios de la obra pública -y de otras áreas- les hacían a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para quedarse con negocios.
El juez había dictado los procesamientos por los delitos de asociación ilícita, dádivas y cohecho en base a las anotaciones que hizo Centeno -chofer de Roberto Baratta, número dos de Julio De Vido en el ministerio de Planificación del kirchnerismo- más las declaraciones de 20 arrepentidos.
Bonadio consideró jefa de la asociación ilícita a Cristina Kirchner y la procesó con prisión preventiva a resultas de la apelación que deberá resolver la Cámara Federal para que, de confirmar el procesamiento, el Senado de la Nación le quite sus fueros para proceder a detenerla.
En este contexto, Moldes solicitó que una vez confirmada la resolución por la Cámara, se le quiten los fueros a la ex mandataria y sea detenida de manera “inmediata”.

Memorial
El fiscal inició su memorial presentado ante los jueces de la Sala I de la Cámara Federal señalando que no hay demasiadas diferencias entre los fiscales y la decisión de Bonadio: “De la lectura de los agravios de los recurrentes se advierte que el disenso entre la posición del Juez y la del Ministerio Público es mínimo.
Básicamente se limita a la calificación legal asignada a una parte de los hechos, los tipos penales aplicables y el rol desempeñado por algunos de los integrantes de la asociación delictiva”, dijo Moldes.
El fiscal respaldó todo lo solicitado por los fiscales, quienes pidieron que los imputados sean acusados del delito de cohecho (coimas) y no por el de dádivas.
“A la luz de los hechos expuestos en las presentes actuaciones -señaló- parece absurdo suponer que los empresarios que acordaron con los más altos funcionarios del gobierno entre los años 2003 y 2015 y que se beneficiaron con ello –cartelización de la obra pública– simplemente hayan obsequiado dinero a los funcionarios en el sentido definido por la norma legal cuestionada”.
Y agregó que la confesión como arrepentido del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, así lo muestra: “Tal declaración resulta determinante para entender que los pagos, efectuados por los empresarios y que eran receptados por los funcionarios corruptos, exceden el mero intento de congraciar al receptor. Por el contrario, se conformó una cadena de engranajes para que unos cedan el acto funcional de otorgar o concesionar, y los dadores se beneficiaran con los contratos de obra pública obtenidos de manera espuria, y en desmedro de las reglas de la competencia”.

Imputados
El fiscal, en su presentación a la que accedió Infobae, citó las declaraciones de varios imputados para mostrar que “…los pagos efectuados no tenían, por cierto, el carácter de una mera dación, o como homenaje al funcionario y sin esperar contraprestación o acto por parte del agente que recibe; sino que demuestran la clara existencia de un acuerdo venal y corrupto entre empresarios y funcionarios públicos, a fin de obtener de ambos lados un lucro indebido; el funcionario provecho patrimonial en función del cual liberaba un pago; adjudicaba una obra, extendía una concesión o la obtención de subsidios”. Para Moldes se pagaron coimas y no dádivas.
Moldes coincidió también con Stornelli y Rívolo en cuanto a que Wagner, el financista Ernesto Clarens, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Gerardo Ferreyra, fueron organizadores de la asociación ilícita bajo investigación y no tan solo miembros como determinó Bonadio.
El fiscal explicó el funcionamiento de una asociación ilícita: “Veamos, es jefe de una asociación ilícita quien detenta un dominio mayor del quehacer delictivo por ser el único con capacidad funcional para conducir, actuar o desactivar el accionar de la banda, de manera tal que los otros deben rendirle cuentas constantemente, pues es el jefe quien tiene la última decisión. Esos jefes, a su vez, pueden ser también organizadores o delegar en otros esa función, pero siempre, imparten directivas y ordena jerárquicamente la asociación –En el presente caso hablamos de Cristina Elisabet Fernández, viuda de Kirchner-”.
Y continuó: “El organizador, necesariamente debe intervenir en su establecimiento, sea al fundarla o una vez constituida. En el primer caso serían aquellos que deciden conformar una ‘sociedad’ tendiente a cometer delitos, diagramando el esquema diario para cumplir con los propósitos delimitados por el acuerdo previo; son los que toman a su cargo la tarea de esquematizar la asociación, al menos en el rubro que les compete, de manera que suelen tener más conocimiento acerca de las actividades propias que desarrollan; son los que han actuado en su establecimiento, ordenamiento o constitución”.
“Por ello quien organiza debe tener un reproche mayor al de los integrantes y menor que el del jefe. Mientras que un mero integrante puede agruparse luego de que la organización ya esté conformada por al menos tres personas, del organizador depende, que se den los recaudos necesarios para que efectivamente se constituya la asociación. Comprende a aquél que establece las bases constitutivas de la sociedad o a quien es el encargado de la programación de los planes delictivos que la banda tiene como finalidad cometer”, añadió.
Por eso Moldes señaló que Clarens “integró la sociedad desde casi sus comienzos, por tanto tuvo una participación primordial tanto en su desarrollo constitutivo como hasta en los últimos hechos investigados y formó parte de la agrupación bajo el mando tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Elisabet Fernández, viuda de Kirchner”.
“Él era quien recibía los pagos provenientes del sector de la construcción vial, siendo el único encargado, desde un comienzo, de cambiar las divisas y de realizar las tratativas necesarias para girarlos a sus destinatarios finales, por él se canalizaban los pagos ilícitos. Su rol de organizador se percibe claro cuando vemos que de las declaraciones surge que el sistema de pagos no había sido entendido hasta que él diagramara el camino que debía cumplirse, Wagner, por ejemplo, señaló que el esquema era confuso y que fue a partir de su incorporación, por decisión de los funcionarios, que se hizo estable y ordenado”, planteó el fiscal en el escrito.