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Buenos Aires
El fiscal ante la Cámara Federal respaldó la apelación que hicieron Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, en el marco de la causa que comenzó con las anotaciones del chofer Oscar Centeno
El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes sostuvo la apelación que hicieron los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo del procesamiento que dictó el juez Claudio Bonadio en la investigación de corrupción iniciada a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
El 17 de septiembre pasado Bonadio había procesado a unas 40 personas entre ex funcionarios y empresarios. En la causa se reveló el pago de coimas que empresarios de la obra pública -y de otras áreas- les hacían a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para quedarse con negocios.
El juez había dictado los procesamientos por los delitos de asociación ilícita, dádivas y cohecho en base a las anotaciones que hizo Centeno -chofer de Roberto Baratta, número dos de Julio De Vido en el ministerio de Planificación del kirchnerismo- más las declaraciones de 20 arrepentidos.
Bonadio consideró jefa de la asociación ilícita a Cristina Kirchner y la procesó con prisión preventiva a resultas de la apelación que deberá resolver la Cámara Federal para que, de confirmar el procesamiento, el Senado de la Nación le quite sus fueros para proceder a detenerla.
En este contexto, Moldes solicitó que una vez confirmada la resolución por la Cámara, se le quiten los fueros a la ex mandataria y sea detenida de manera “inmediata”.

Memorial
El fiscal inició su memorial presentado ante los jueces de la Sala I de la Cámara Federal señalando que no hay demasiadas diferencias entre los fiscales y la decisión de Bonadio: “De la lectura de los agravios de los recurrentes se advierte que el disenso entre la posición del Juez y la del Ministerio Público es mínimo.
Básicamente se limita a la calificación legal asignada a una parte de los hechos, los tipos penales aplicables y el rol desempeñado por algunos de los integrantes de la asociación delictiva”, dijo Moldes.
El fiscal respaldó todo lo solicitado por los fiscales, quienes pidieron que los imputados sean acusados del delito de cohecho (coimas) y no por el de dádivas.
“A la luz de los hechos expuestos en las presentes actuaciones -señaló- parece absurdo suponer que los empresarios que acordaron con los más altos funcionarios del gobierno entre los años 2003 y 2015 y que se beneficiaron con ello –cartelización de la obra pública– simplemente hayan obsequiado dinero a los funcionarios en el sentido definido por la norma legal cuestionada”.
Y agregó que la confesión como arrepentido del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, así lo muestra: “Tal declaración resulta determinante para entender que los pagos, efectuados por los empresarios y que eran receptados por los funcionarios corruptos, exceden el mero intento de congraciar al receptor. Por el contrario, se conformó una cadena de engranajes para que unos cedan el acto funcional de otorgar o concesionar, y los dadores se beneficiaran con los contratos de obra pública obtenidos de manera espuria, y en desmedro de las reglas de la competencia”.

Imputados
El fiscal, en su presentación a la que accedió Infobae, citó las declaraciones de varios imputados para mostrar que “…los pagos efectuados no tenían, por cierto, el carácter de una mera dación, o como homenaje al funcionario y sin esperar contraprestación o acto por parte del agente que recibe; sino que demuestran la clara existencia de un acuerdo venal y corrupto entre empresarios y funcionarios públicos, a fin de obtener de ambos lados un lucro indebido; el funcionario provecho patrimonial en función del cual liberaba un pago; adjudicaba una obra, extendía una concesión o la obtención de subsidios”. Para Moldes se pagaron coimas y no dádivas.
Moldes coincidió también con Stornelli y Rívolo en cuanto a que Wagner, el financista Ernesto Clarens, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Gerardo Ferreyra, fueron organizadores de la asociación ilícita bajo investigación y no tan solo miembros como determinó Bonadio.
El fiscal explicó el funcionamiento de una asociación ilícita: “Veamos, es jefe de una asociación ilícita quien detenta un dominio mayor del quehacer delictivo por ser el único con capacidad funcional para conducir, actuar o desactivar el accionar de la banda, de manera tal que los otros deben rendirle cuentas constantemente, pues es el jefe quien tiene la última decisión. Esos jefes, a su vez, pueden ser también organizadores o delegar en otros esa función, pero siempre, imparten directivas y ordena jerárquicamente la asociación –En el presente caso hablamos de Cristina Elisabet Fernández, viuda de Kirchner-”.
Y continuó: “El organizador, necesariamente debe intervenir en su establecimiento, sea al fundarla o una vez constituida. En el primer caso serían aquellos que deciden conformar una ‘sociedad’ tendiente a cometer delitos, diagramando el esquema diario para cumplir con los propósitos delimitados por el acuerdo previo; son los que toman a su cargo la tarea de esquematizar la asociación, al menos en el rubro que les compete, de manera que suelen tener más conocimiento acerca de las actividades propias que desarrollan; son los que han actuado en su establecimiento, ordenamiento o constitución”.
“Por ello quien organiza debe tener un reproche mayor al de los integrantes y menor que el del jefe. Mientras que un mero integrante puede agruparse luego de que la organización ya esté conformada por al menos tres personas, del organizador depende, que se den los recaudos necesarios para que efectivamente se constituya la asociación. Comprende a aquél que establece las bases constitutivas de la sociedad o a quien es el encargado de la programación de los planes delictivos que la banda tiene como finalidad cometer”, añadió.
Por eso Moldes señaló que Clarens “integró la sociedad desde casi sus comienzos, por tanto tuvo una participación primordial tanto en su desarrollo constitutivo como hasta en los últimos hechos investigados y formó parte de la agrupación bajo el mando tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Elisabet Fernández, viuda de Kirchner”.
“Él era quien recibía los pagos provenientes del sector de la construcción vial, siendo el único encargado, desde un comienzo, de cambiar las divisas y de realizar las tratativas necesarias para girarlos a sus destinatarios finales, por él se canalizaban los pagos ilícitos. Su rol de organizador se percibe claro cuando vemos que de las declaraciones surge que el sistema de pagos no había sido entendido hasta que él diagramara el camino que debía cumplirse, Wagner, por ejemplo, señaló que el esquema era confuso y que fue a partir de su incorporación, por decisión de los funcionarios, que se hizo estable y ordenado”, planteó el fiscal en el escrito.

Buenos Aires
El Senado aprobó la Ley de Integración Social y Urbana de los barrios populares. El legislador por Santa Cruz Eduardo Costa destacó su importancia para integrar y dar oportunidades a todos los vecinos.
La Ley de regularización dominial fue presentada por el Gobierno Nacional y fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y el Senado Nacional.
“Esta ley es muy importante porque va a servir para integrar a cientos de vecinos a la ciudad de Río Gallegos y les va a dar la oportunidad de tener su terreno, urbanizado y con servicios”, destacó Costa.
Se trata de una iniciativa histórica que beneficia a miles de personas de barrios populares, villas y asentamientos del todo el país que se convertirán en propietarios de sus viviendas. En Santa Cruz, la medida alcanzará a los barrios Madres a la Lucha, Los Lolos, José Font/ Marina y asentamiento Bicentenario I y su extensión de Río Gallegos; todos terrenos que pertenecen al municipio.
Es importante destacar que esta Ley de regularización dominial no sólo incluye el acceso al título de propiedad de sus casas sino que además busca que estas personas puedan acceder a los servicios públicos.

Río Gallegos
Esta ley puntualmente en Río Gallegos alcanzará a casi 800 viviendas y cerca de 3450 personas que hoy viven en asentamientos en la zona de Río Gallegos, fundamentalmente mujeres y niños menos de 15 años.
“El Estado Nacional dará el título de propiedad a estas familias, pero esto no sólo se trata de regularizar la situación dominial, sino que significa además comenzar a reconocer los derechos de los vecinos de la provincia quienes tendrán acceso a servicios básicos y podrán dejar atrás la situación de precariedad en la que hoy viven con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, entre ellas, en el acceso a la vivienda, a la salud, el trabajo y la educación”, destacó Costa.
Esta Ley sólo pudo ser posible dentro del Programa del Gobierno de Cambiemos que entiende la importancia de lograr la urbanización de los 4228 barrios populares, villas y asentamientos del todo el país. Vale comentar que actualmente en Argentina el 94% de esas personas no tienen acceso al agua, el 99% no tiene acceso a la red cloacal y el 75% no tiene red eléctrica.
“Esta Ley aprobada en el día de hoy representa el trabajo del Gobierno Nacional en conjunto con varias organizaciones nacionales que permitirá garantizar una vivienda digna y mayor calidad de vida para los vecinos de Santa Cruz”, dijo Costa.
Agregó que “se trata de una ley Integral del espacio socio urbano porque no sólo comprende el acceso a la vivienda sino también mejora de equipamiento social, elimina barreras urbanas y posibilita mayor conectividad, entre otras cosas.

Buenos Aires
Anteriormente conocido como “Día de la Raza”, el 12 de octubre, es una fecha utilizada para promover la reflexión histórica acerca de los derechos de los pueblos originarios.
El 12 de octubre es la fecha en el país para promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios.
En el año 2010 el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el nombre de Día de la Raza por Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana.
Pasó a llamarse así, luego de que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner firmara el decreto 1584. “Se modifica la denominación del feriado del día 12 de octubre, dotando a dicha fecha de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos”, se lee en los considerandos.
Hasta entonces, el 12 de octubre se conmemoraba el Día de la Raza. En todos los países hispanoamericanos se recuerda en esa fecha, la llegada al continente americano de la expedición liderada por Cristóbal Colón.
El uso del término “raza” fue descartado por razones científicas, políticas y culturales .El concepto tuvo lugar en el siglo XVIII. La discriminación racial residía en asociar determinadas características físicas a determinadas características culturales.

Reflexión
Actualmente con el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana, se busca promover desde distintos organismos una reflexión permanente acerca de la historia y encaminar hacia el dialogo para una diversidad cultural, como también allí están en pie la promoción de los Derechos Humanos de nuestros pueblos originarios, como lo marca la Constitución Nacional en su articulado sobre la igualdad de las personas, dándole la garantía del respeto a la identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
El 12 de octubre, fecha en la que tradicionalmente se conmemoró la llegada de Colón a América, se promueve un día de reflexión histórica y diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios.
Una verdadera fecha para recordar, celebrar y trabajar para el bienestar de todas las culturas. Se trata de una fecha que habilita actualmente profundas reflexiones y debates, como también expresa las reivindicaciones de los pueblos originarios del continente americano.

Respeto
Desde hace años se ha venido debatiendo lo que sucedió en nuestro continente con la llegada de los conquistadores en 1492, por eso establecer un feriado donde se conmemore el respeto por la diversidad cultural, es un reconocimiento histórico para con los pueblos originarios
El cambio en el significado del feriado “implica armonizar la legislación nacional con el derecho de los pueblos indígenas, consagrando y reconociendo que los derechos humanos tienen los caracteres de universalidad, indivisibilidad e interdependencia”, informaron desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Vale destacar que la Constitución Nacional consagra el derecho a la igualdad en sus artículos 16 y 75, inciso 23; mientras que el artículo 75, inciso 17 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural y el artículo 75, inciso 22 otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos allí enumerados, los cuales a su vez consagran en más de una oportunidad el mencionado principio de igualdad y no discriminación.
Cabe mencionar, también, que esta transformación está en consonancia con la recomendación Nº 84 del Plan Nacional contra la Discriminación, que aconseja “Transformar el 12 de Octubre en un día de reflexión histórica y de diálogo intercultural”.

Decreto
Dentro de las consideraciones tomadas, se destaca un extracto del citado decreto el cual expresa:
[…] asimismo, se modifica la denominación del feriado del día 12 de octubre, dotando a dicha fecha de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos.
El 12 de octubre se conmemora en todos los países hispanoamericanos en recuerdo al momento histórico en que personas de Europa occidental llegaron por primera vez al continente americano. Desde el año 1917, por Decreto del entonces Presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, se recordó esta fecha bajo el nombre “Día de la Raza”.
En 2007 el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) presentó un proyecto por el cual se proponía cambiar la denominación de esa fecha por “Día de la Diversidad Cultural Americana”. La iniciativa se concretó por medio del Decreto N° 1584/10. Este cambio radicó en que la división de la humanidad en “razas” carece de validez y que, además, esa categoría constituye una concepción político-social errónea y peyorativa; por lo tanto, su utilización sólo favorece reivindicaciones racistas.
A su vez, el Plan Nacional Contra la Discriminación estableció, entre sus prerrogativas, dejar atrás la conmemoración de “la conquista” de América y el proceso que sólo valoró la cultura europea, para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de culturas que los pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad.