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Un frágil sistema de abastecimiento eléctrico con redes obsoletas y escasas; poco o nulo mantenimiento y un inexistente plan de trabajo o de contingencia que queda al descubierto cuando el viento o cualquier precipitación genera el colapso de la red de eléctrica; red cloacal colapsado en la mayoría de las localidades y un abastecimiento de agua insuficiente, pese a los anuncios reiterados de mejoras; estas son solo algunos datos de un diagnostico negativo de una empresa que desde años no concreta inversiones prioritarias. Supuestamente esto era lo que venía a revertir el ex diputado Jorge Arabel cuando asumió el compromiso como titular de Servicios Públicos Sociedad del Estado. Pero claramente no lo hizo, sino que la situación es igual o peor de lo que estaba.
Hay que recordar que Arabel se “sentó” en el sillón de Presidente de SPSE impulsado por su amigo, el intendente de El Calafate, Javier Belloni, con el aval del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.
También hay que recordar que el ex diputado llegó a la empresa, tras la sospechada gestión de Nelson Gleadel, acorralado por denuncias de irregularidades sumado al enojo de Alicia Kirchner, luego de que el entonces titular de SPSE, sin percatarse que el micrófono estaba abierto previo una conferencia en Caleta Olivia dejara al descubierto maniobras “poco éticas” en las adjudicaciones y contrataciones de la empresa.
Fue en marzo del 2022, cuando Arabel fue “puesto” en una de las empresas más importantes que maneja el gobierno – importante por los recursos que maneja y por las prestaciones básicas que debe brindar – y desde allí debería “mostrar” que una gestión eficiente era posible. Pero demostró todo lo contrario.

Son lo mismo

Solo unos días antes de asumir, Arabel se reunió con Belloni y Grasso y ambos le dieron el espaldarazo para que llegara a manejar la empresa.
“Me reuní con mi par de El Calafate, Javier Belloni y el diputado, Jorge Arabel. Dialogamos sobre el futuro de nuestra Provincia, de seguir trabajando en conjunto desde nuestro lugar, aportando a esa Santa Cruz con desarrollo, producción, trabajo e inclusión que todos soñamos”, dijo en sus redes sociales Grasso para dejar en claro que la “dupla” de intendentes, ahora candidatos a la gobernación por el oficialismo tenían un acuerdo de criterios. Luego, tras la designación Belloni dijo públicamente sobre Arabel: «la designación a la presidencia de SPSE es todo un desafío para vos y para quienes te acompañan, pero no tengo dudas de que los resultados de tu trabajo se verán reflejados en el bienestar de los santacruceños».
Claramente el “deseo” del intendente no se cumplió, y además la gestión de Arabel quedó muy por debajo de cualquier expectativa.
Pero esa “sociedad” de dirigentes que se empezaba a gestar tenía un objetivo, posicionarse en lugares clave del gobierno para una eventual campaña electoral.
Mientras ellos siguen “trabajando” para mantenerse en el poder, lo que SPSE da a los santacruceños no solo es insuficiente, sino que ahora vienen a prometer que harán lo que en estos años no hicieron.
Mientras tanto, siguen los cortes de energía inesperados; las cloacas se siguen rebalsando de materia fecal y ahora los vecinos de Caleta Olivia (cuyo intendente es Fernando Cotillo, otro candidato K) reciben notificaciones de multas por perdidas domiciliaras en la red de agua, cuando la misma red troncal de la mayoría de los barrios tiene perdidas constantes que terminan anegando calles y accesos.
La falta de planificación es tal que anuncian una nueva planta de Osmosis, sin siquiera solucionar el tema de la distribución.

Más de lo mismo

Cuando asumió Arabel, el reconcido peridista y director de Opi Santa Cruz, Rubén Lasagno analizo la salida de Gleadell, “denunciado por irregularidades de todo tipo”, y afirmó que “la gobernadora decidió cambiarlo por otra figura política afín. Arabel tomará a su cargo una empresa del Estado cruzada por acusaciones de corrupción, negociados, nepotismo, ñoquis y una vasta lista de irregularidades administrativas”, describió Lasagno. Luego con relación a lo que se podía esperar de Arabel, marcó dos escenarios posibles: que el diputado Arabel llegue con la orden precisa de hacer gatopardismo puro, cambiar para que nada cambie, o que en realidad llegue con el lápiz rojo para limpiar todo lo que se ha hecho y se hace desde la empresa de energía y por consiguiente, en poco tiempo, veamos denunciar al nuevo presidente de SPSE a su antecesor y/o antecesores por delitos incompatibles con la función pública (Osorio, Tamburo, Cirnigliario y Michudis antes de Gleadell)”, analizó el periodista. Hoy podemos decir que ocurrió la primera hipótesis.
Desde el portal de noticias, también marcó: “No hay que olvidar que Javier Belloni busca posicionarse como posible candidato a gobernador el 2023, por lo tanto, acá tiene la gran posibilidad de mostrar si es distinto o si es más de lo mismo, tomando a su cargo y a través de un hombre de su entorno, la empresa de energía más deficitaria de la Patagonia y no solo hacerla funcionar bien, sino auditarla, transparentarla y hacer visibles a los responsables de los delitos que por años hemos denunciado, con nombre, apellido y documentación que acreditan todas las irregularidades publicadas en nuestros informes de investigación”, sentenció Lasagno, que como periodista experimentado mostró algo que el tiempo y los hechos comprobaron. Son más de lo mismo.

¿Queremos seguir igual?

Como dice el refrán popular: “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Esta lógica fue expresada por el genio Albert Einstein, que puntualmente formuló: “locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes”.
No hace falta ser un genio para advertir que los santacruceños venimos haciendo lo mismo dese hace unos 30 años, y venimos obteniendo los mismos resultados patéticos.
Nos quejamos, criticamos y hasta repudiamos los manejos y falta de prioridades del gobierno; pero luego votamos lo mismo.
El caso de SPSE es una muestra inequívoca e inocultable de la falta de políticas y decisiones que beneficien a los santacruceños; y muestra que siempre se beneficia una dirigencia con privilegios “eternizada” en el gobierno; que se cubren mutuamente y que no quiere dejar de estar al calor del poder.

El candidato a gobernador por el sub lema «Santa Cruz Puede» recorrió los barrios Madre a la Lucha y Marina junto al vicegobernador, Fabián Leguizamón, y los candidatos a diputados por Municipio José Daniel Álvarez y Ariel Varela.

“Vamos a ganar porque los santacruceños no aguantan más vivir en las condiciones de abandono y desidia en el que se encuentran, la situación es insostenible y duele». La frase de Claudio Vidal por un lado marca el pulso de confianza que el espacio tiene de cara a las elecciones del próximo 13 de agosto; y por el otro, presenta la difícil situación que atraviesan muchas familias en esta provincia.

«Los riogalleguenses no se dejan engañar más con promesas vacías, quieren escuchar propuestas claras y que se cumplan sin retraso. Río Gallegos representa una de las mayores contradicción de la Patagonia, es una de las ciudades con mayor concentración de riqueza y niveles económicos, pero al mismo tiempo tiene el mayor nivel de pobreza. Se ha vuelto la capital de la emergencia social», manifestó el diputado nacional entre calles inundadas.

El dirigente político y gremial aclaró con determinación que «ningún santacruceño puede ni debe vivir en las condiciones de marginalidad y pobreza como las que padecen muchas familias en Río Gallegos», resaltando que «en los barrios de Madres a la Lucha y Marina la falta agua, de luz, de gas es la clara muestra del fracaso de un modelo que resultó ser una ilusión».

Durante la recorrida por los barrios, Vidal criticó la gestión de Pablo Grasso al afirmar que si bien «es lindo pintar una plaza o armar una pista de hielo; la prioridad tiene que ser dar respuesta a la situación social y económica que empujó a miles de familias a vivir en lugares marginales, y donde el municipio ni la provincia llegan a dar soluciones verdaderas».

Está claro que el vidalismo continúa afianzando su presencia en el territorio riogalleguense de cara a las elecciones, según las últimas encuestas de opinión pública lo muestran con mayor intención de voto.

El candidato a gobernador agregó que “los santacruceños quieren un cambio” porque “no aguantan más vivir con miedo, en una provincia destrozada, sin educación, sin servicio de salud digno cerca de sus casas”. «La mayoría ya no aguanta más la falta de agua, la falta de cloacas, están cansados de las promesas vacías y, por eso, estoy convencido de que se van a animar a cambiar».

«Se está dando un proceso silencioso en la sociedad que busca crecer, busca que Santa Cruz pueda desarrollarse, que pueda dejar atrás todo lo que está mal. Y es un proceso de cambio que se vio en las elecciones legislativas del 2021 y algunas de las contiendas provinciales que sumaron victorias en este 2023», resaltó el también presidente de la Mutual «12 de Septiembre», concluyó.

El caso muestra la desidia, la incompetencia que impera en muchos organismos del gobierno de Alicia Kirchner y la falta de controles, impunidad e inutilidad para dar soluciones.
Si bien el incidente que desencadenó este problema – que dejó a una familia viviendo en constante peligro de derrumbe de su casa – tuvo lugar a principios de este año; ayer el vecino, cansado del ninguneo y del manoseo de las autoridades y de la empresa que tenía a cargo la obra decidió hacer público el caso.

Detalles del caso

Meses atrás, comenzaron los trabajos para la demolición de un edificio ubicado en calle Salaberry entre Lavalle y Mosconi de Caleta Olivia, en donde funcionaba la agencia de Loas (Loterías para Obres de Acción Social de la provincia) con la aparente intención de construir oficinas nuevas. Si bien a principios de este año comenzó a verse movimiento de operarios y de alguna maquinaria, el lugar nunca estuvo correctamente señalizado, ni se colocaron carteles indicando detalles del proyecto. Vale mencionar que la obra habría sido licitada o contratada (se desconocen oficialmente los trámites legales del contrato) por el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) que debería coloca el cartel con todos los detales de la obra pública como tal. Este no es un detalle menor, y muestra claramente un “modus operandi” donde todo se hace de manera subrepticia y sin dar demasiadas explicaciones.
De un día para el otros, aparecieron en el obrador una maquinas viales, principalmente una retro excavadora que comenzó a derribar las paredes del viejo edificio, todo esto sin que hubiera medidas de seguridad para una tarea de esta magnitud.
Mientras llevaban adelante esta “demolición” poco “ortodoxa”, la estructura del techo cedió estrepitosamente, dañando estructuralmente la casa vecina, donde vive la familia Alarcón. Pese a los reclamos, nunca tuvieron respuestas; y lo más insólito y siniestro es que mientras conviven con el peligro de derrumbe sobre sus cabezas, ahora fueron denunciados por haber ocupado parte de la vereda. El colmo de la perversidad.

El drama de una familia

Ayer, agobiado por toda la situación, Roberto Alarcón, un obrero de la construcción que vive de su trabajo diario concurrió a la FM San Jorge de Caleta Olivia – que causalmente está en la misma cuadra que el edificio semi derrumbado – para hacer conocer el calvario que pasa desde hace casi medio año. En dialogo con el periodista Carlos Berenguel, del programa La Gaviota, el damnificado afirmó: “´Ésta situación no se la deseo a nadie”.
En este contexto, Alarcón relató que hace un tiempo se iniciaron los trabajos de demolición de la casa lindera a la suya, con maquinaria vial, principalmente retro excavadoras, “pero sin especialistas en el tema, ni ingeniero, ni un algún inspector de obra”.
A principios de este año “comenzó a haber movimiento de operarios, pese a que no hay cartel de oba, no hay inspectoras del IDUV, nadie se hace cargo.
“Tomaron la decisión de hacer un edificio nuevo y contrataron una empresa que vino con una máquina para empezar a derrumbar. Tiraron las paredes de la casa de atrás (donde se ubica el edificio de LOAS) y se derrumbó la losa. Nosotros estábamos en el comedor y sentimos una explosión terrible. Pensamos que se había caído alguna pared del dormitorio, pero lo que se había caído fue la parte de la losa de al lado, y eso repercutió en la losa de mi casa, desprendiéndose un pedazo de casi un metro de revoque”, precisó sobre el daño que “repercutió en toda la estructura” de la casa.
Luego del susto inicial, Alarcón salió a la calle para hablar con los operarios. Lejos de increparlos o insultarlos, el damnificado les dijo que eso ocurría “porque estaban haciendo mal las cosas. Así no se demuele, porque hay gente viviendo alrededor y hay casas que se debilitan, se cortan los hierros y esta no es la forma”, les advirtió.

Luego los invitó a ingresar a su casa, pero los operarios se negaron aduciendo que eso lo tenía que ver el dueño de la empresa. Al día siguiente concurrió el supuesto responsable de la obra, pero tampoco quiso ingresar a la casa para ver el daño y le pidió que le enviara fotos por WhatsApp.
“Pásame tu teléfono y envíame fotos que yo voy a ver qué hago, me dijo. Miró desde arriba y desde el costado y adentro no quiso pasar.
“La obra estaba adjudicada a la empresa Mata Negra, pero ahora me entero que estaba sub contratada, y está a cargo de un gitano”, explicó sorprendido luego del dialogo con quien se presentó para evaluar el daño.
Pero esto no termino allí. Pese a la gravedad de la situación, la solución que le ofrecieron fue hacerle una “sobre carga” (colocar cemento para sellar la grieta con una subestructura); pero dado que Alarcón tiene más de 30 años de experiencia en la construcción, les explicó que ese no era una procedimiento viable y seguro.
“Esta losa, como se agrieto y se debilitó de punta a punta, no se le puede hacer una sobrecarga porque se va a venir abajo”, advirtió.
Frente a esto, lo siguiente que le propusieron no fue subsanar el daño, sino taparlo. “Me dice que le podía hacer un techo de chapa arriba. Yo le explique que no tenía ninguna intención de sacar ningún rédito de esto, solo quería que le arreglaran el techo”. Pero el nivel de desprecio por reparar el daño de manera responsable, llegó al punto de informarle que le darían los materiales para que él mismo, en base a su conocimiento de constructor; hiciera las reparaciones.
En medio de ese verdadero problema de seguridad; el vecino concurrió al menos cuatro veces a ver a María Ester Labado, quien es la directora regional Zona Norte de IDUV; pero más allá de recibirlo y de enviar a “cuatro o cinco personas para que vean los daños”, nunca solucionó nada. Al cabo de cinco meses el vecino sigue sin respuestas. Cabe señalar que en todos estos meses el vecino nunca hizo una denuncia o una exposición policial por los daños a la propiedad; y siempre se dirigió a los entes oficiales a cargo de la obra.
“Me vi obligado a venir a la radio porque nadie me da una solución”, explicó ayer. Pero el calvario de esta familia no sólo no terminó con la destrucción de su casa, sino que ahora la policía concurrió a su casa para informarle que “tenía una denuncia por posesión de propiedad privada. Yo no estoy haciendo posesión de una propiedad privada, estoy en la vereda porque estoy esperando que se repare el daño que me hicieron a mí”, enfatizo Alarcón.
Mientras enfrenta estos nuevos problemas, el riesgo está latente dado que aún “está en pie una pared de más de 4 metros de alto que esta suelta y se mueve con el viento”, aseguró y sentenció: “Qué pasa si cae sobre mi hijo. En vez de salir a buscar que me arreglen la casa, tengo que salir a buscar a quien matar”, dijo visiblemente angustiado.

Vivir en peligro

Las irregularidades, arbitrariedades y desmanejos de esta obra están a la vista. La misma empresa involucrada en el caso tendría a su cargo el cuartel de bomberos del barrio Rotary de Caleta.
Alarcón solo busca que “se hagan cargo de lo que hicieron. Es una falta de respeto” enfatizó y dado que lleva meses intentando encontrar quien solucione su problema, en ese lapso pudo conocer otras situaciones de quien tiene a cargo la obra. “La empresa es de Río Gallegos y los operarios son de San Luis y de Córdoba”, mencionó y conformó que ayer realizó la denuncia correspondiente ante la Justicia para que intervenga en el caso.
Mientras tanto, Alarcón y su familia deben permanecer en alerta constante y esperando que no ocurra una tragedia; mientras que los funcionarios se toman su tiempo para responder.
El caso de las irregularidades en las obras adjudicadas por el IDUV (secretismo en las licitaciones y adjudicaciones, falta de controles y otros manejos); merecen un informe más detallado que publicaremos en breve.

La Canasta Básica Alimentaria medida en ciudades de la Patagonia por el Observatorio de Economía de la Universidad Nacional San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia (Chubut) indicó recientemente que para no ser “pobre” una familia de Caleta Olivia debe contar al menos con un ingreso de 257.125, 69 pesos; y para no “caer” en la indigencia, el promedio de ingresos debe ser de al menos 115.253,69 pesos.
A la luz de las cifras de la “inflación real”, la que se puede comprobar en cualquier comercio de la provincia de Santa Cruz, y no la que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que siempre es “manipulada” por el gobierno; los vecinos de Caleta estarían en los parámetros de la pobreza y la indigencia. Bastaría mencionar que en el mes pasado, nuestro país registró la segunda inflación más alta de América latina y la tercera más alta del mundo con el 115,6% y que los datos de este mes no los conoceremos porque este “dato clave” para saber en dónde estamos parados en materia económica no serán informados por decisión del INDEC y el Banco Central. Según transcendió tanto el organismo oficial de estadística como la autoridad monetaria tomaron esa decisión hace más de un mes, para que “las consultoras pudiesen obtener más tiempo para formular sus estimaciones”, argumentó el BCRA. Pero lo cierto es que la fecha prevista para que se conozcan los nuevos datos, es después de las PASO. Claramente, lo que el gobierno busca es que esta información que seguramente será negativa, no impacte en las urnas, es decir que no afecten el ánimo de los ciudadanos que claramente soportan todo el peso de las inútiles medidas que toma el Ministro de Economía y candidato a Presidente, Sergio Massa; y por elevación a sus candidatos en todo el país. Claramente, en una subestimación a los ciudadanos, el gobierno kirchnerista cree que escondiendo los datos de la inflación puede esconder a los pobres; pero esto es cada vez más difícil.

Salarios de pobres

Solamente hay que hacer un recorrido por las góndolas de los supermercados de cualquier localidad de Santa Cruz, para comprobar que a los precios y porcentajes que se manejan a nivel nacional; hay que sumar entre 10 y 15 puntos (en muchos casos hablamos de un 20 % final) en nuestra provincia.
En esta triste realidad que vivimos los santacruceños, siempre la que “las pagan” son los menos favorecidos y ya no solo estamos hablando de quienes no tienen un trabajo formal; sino también aquellos que son emprendedores privados e incluso a los trabajadores de la administración pública (provincia y municipios) que cobran salarios muy por debajo de los indicadores de pobreza e indigencia. La realidad marca que un empleado municipal, o un agente de la administración pública provincial, apenas si pueden llegar a comprar alimentos; dejando de lado los altísimos costos de servicios(?)como el gas y la energía eléctrica, y ya han descartado “lujos” como la TV por cable o el WiFi. En esta línea, quienes deben pagar alquileres, seguramente están atravesando momentos de zozobra.
Recientemente, el portal de noticias Opi Santa Cruz, indicó sobre este tema que en Santa Cruz el promedio salarial de los empleados del Estado en junio /23 era de $ 110.050,00; y más allá de los aumentos anunciados quedan lejos de alcanzar el costo de la Canasta Básica.
Si tenemos en cuenta que, de acuerdo a los datos estimados, un 70 por ciento de los habitantes de Santa Cruz tiene una relación laboral, contractual formal o informal, con el Estado (provincia-municipio), queda en evidencia que en Santa Cruz la pobreza es la medida con la que se puede medir la calidad de vida en nuestra provincia.

Siempre se dijo que el límite de la ética pública y política es hacer campaña o aprovecharse de la necesidad de la gente para obtener un beneficio personal.
En épocas electorales y en medio de la crisis institucional, social y económica más profunda que recuerde el país, deberían ser los funcionarios (de bien) los que entendieran que los límites y restricciones que impone la Ley no sólo hay que respetarlos, sino que hay que honrarlos y propulsarlos. Este no sería el caso de los candidatos a la gobernación que impulsa el kirchnerismo en Santa Cruz.
Todo lo contrario. De una manera impune, arbitraria y obscena, hacen campaña desde sus sillones de intendentes o funcionarios, algo que destroza los principios democráticos. Pero evidentemente pocos les importa.
Cabe señalar que desde la semana pasada rige la “prohibición” para que el Gobierno haga campaña con la inauguración de obra pública, o anuncios de tipo oficial hasta la realización de las PASO.
Esta veda electoral está en vigencia desde el miércoles 19 de julio, y puntualmente establece la prohibición de realizar actos y anuncios públicos de gestión que puedan promover la captación del voto.
La veda no solamente comprende a los candidatos presidenciales que ostentan un cargo público, sino que alcanza a todos los Ejecutivos provinciales y municipales.
En esto la ley es clara: los candidatos no podrán hacer uso de los cortes de cinta o los grandes anuncios de proyectos de gestión.
El Código Electoral Nacional dispone que “durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten”. En su articulado la Ley 19.945, precisa que la prohibición debe comenzar a regir 25 días antes de las PASO que se llevarán a cabo el próximo 13 de agosto. Lo mismo ocurrirá semanas antes de los comicios generales del 22 de octubre.
Para que queda claro: por estos días está prohibido “la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo”. Además, el Código establece en el artículo 133 bis penas de inhabilitación para quienes transgredan esta disposición”.
Más aún, la ley establece castigos: “Los funcionarios públicos que autorizaren o consintieran la publicidad de actos de gobierno en violación de la prohibición establecida en el artículo 64 serán pasibles de inhabilitación de uno (1) a diez (10) años para el ejercicio de cargos públicos”.
Pero esto no parece importar a Javier Belloni (Intendente de El Calafate),Pablo Grasso ( intendente de Río Gallegos) o Fernando Cotillo ( intendente de Caleta Olivia) entre otros funcionarios- candidatos que se pasean por la provincia con fondos de los contribuyentes municipales que son quienes en definitiva “pagan la campaña”, mientras que usando la prensa oficial y los comunicados de gobierno anuncian desde aumentos salariales, obras y planes de gobierno; es decir todo lo que está prohibido hacer.

Uso y abuso

La respuesta a esta actitud impúdica tal vez sea la confianza que les genera la impunidad de años en el “poder” y la creencia que los santacruceños ya están acostumbrados a todas a sus arbitrariedades. Pero podría ser algo peor aún: pensar que la necesidad es tan grande que se puede comprar los votos con anuncios a los empleados públicos o inaugurando obras que los vecinos reclaman desde años y que “sorpresivamente”, siempre llegan durante las campañas.
En esto la Ley es clara; los candidatos-funcionarios podrán continuar con recorridas en barrios, visitas a las localidades y la propaganda oficial en medios de comunicación audiovisual podrá seguir. Hasta ahí se soporta que haya discursos de campaña en donde se promete hacer lo que no hicieron, o volver asegurar que son “distintos” al gobierno actual pese a que lo integran hace décadas.
Pero lo que no se puede tolerar es que “usen” a la gente y la “manipulen” a días de las elecciones anunciándoles aumentos salariales y bonos extraordinarios, como hizo Grasso con los trabajadores de la Comuna. Tampoco lo que hizo Cotillo en plena veda, inaugurando (cortando cintas en realidad) de una planta elevadora; en tanto que anunciar eventos masivos gratuitos pagados por la comuna como hizo el intendente Belloni la semana pasada esta “al límite” de la normativa. Sigue siendo “campaña” desde el rol de intendente.
Ocurre que ésta manera de “manejarse” de los tres intendentes -ahora candidatos- tiene relación con la forma de hacer política de sus “Jefes” (la familia Kirchner) y ahora que les toca estar en la primera línea de la política, se mimetizan con esa impunidad de creer que el “Estado son ellos”.
El uso y abuso de los recursos de todos los vecinos es una constante; pero transgredir el límite de la ley sin el menor pudor, puede ser un indicio de por dónde irá su gestión si llegan a la gobernación.

Fuera de la Ley

La democracia no solo se defiende con el voto cuando los ciudadanos estamos convocados a las urnas; se defiende en el día a día de la convivencia que establece la Ley que debe ser respetada por todos.
Si bien el caso de la violación a la Ley Electoral parece un tema coyuntural en medio de la campaña, es necesario y prioritario que la Justicia, como “Poder del Estado” intervenga.
Claramente, no son personajes de la política provincial a quienes se les pueda pedir (o reclamar) ética; por eso sería irrisorio pensar que estos funcionarios tuvieran la delicadeza de renunciar a sus funciones o pedir licencia mientras “hacen campaña”; pero esto es un imposible basado en sus actitudes “a morales”.
Queda entonces esperar que quienes deban actuar actúen y que por una vez sea la Justicia de Santa Cruz, o el fuero Federal Electoral la que ponga freno a la impunidad.

Algo ya conocido en Santa Cruz es que desde el “poder” y mediante “maniobras” de funcionarios de turno se generan arbitrariedades en materia de terrenos; siempre con un trasfondo de enormes negocios inmobiliarios. Esto es algo lamentablemente frecuente en la provincia; pero lo ocurrido en la Cuenta Carbonífera roza lo obsceno y deja en evidencia el uso y abuso de aquellos que tienen privilegios e impunidad.
Esto es lo que fue denunciado esta semana por la “Asociación Club Hípico Los Gauchos” (personería jurídica N°724/03) una entidad pionera en materia de tradicionalismo y deporte en la zona, que se vio violada en sus derechos adquiridos.
Mediante una Carta Abierta dirigida a toda la comunidad, para que se conozca en toda la provincia lo que está ocurriendo en la Cuenca, la entidad expresó su “total repudio”; al Ejecutivo Municipal y al Concejo Deliberante local.

Maniobra conjunta

Todo quedó al descubierto luego de que mediante una coordinada acción entre los “poderes” locales, los ediles aprobaran por unanimidad el proyecto de ordenanza que deroga la adjudicación de tierras a la mencionada entidad. Luego esto fue ratificado por la Comuna y de este modo se “despojó” a la institución no solo de los terrenos sino también se la priva de llevar adelante los proyectos que quedarían para toda la comunidad.
“Desde el año 1995, hemos cuidado y dado resguardo a un lugar que en los años ochenta era un basural a cielo abierto, y abogamos siempre por acompañar a los intendentes en el otorgamiento de terrenos a vecinos y vecinas que tanto lo necesitan”, explicó el presidente de la entidad, Miguel Sánchez.


Vale recordar que, en 2011, la asociación “cedió formalmente el 30% de sus tierras adjudicadas”; con la promesa oficial de que allí se llevaría a cabo la construcción de un Plan Federal de Viviendas. Esta muestra de buena voluntad de la entidad se firmó con el compromiso de las autoridades de entregar la escritura por las 33 hectáreas restantes.
Además, hubo “acuerdos formales por alambrados y lotes en la zona la faja, nunca cumplidos y/o tramitados; y la construcción del ansiado albergue, para uso de todas las asociaciones civiles y comunidad en general, donde se gestionaron recursos ante Nación, que ingresaron y nunca se destinaron a la obra mencionada”, precisó Sánchez.
En este punto queda al descubierto otra situación recurrente en Santa Cruz: promesas incumplidas y obras que se anuncian se firman que nunca se realizan.

Derechos adquiridos


Pero los poderosos de la Cuenca fueron más lejos aún y apuntaron a despojar de todos los derechos adquiridos por la entidad hípica.
“En marzo de 2023, el municipio nos pide que cedamos casi la totalidad de las hectáreas adjudicadas al Club, para realizar un loteo de viviendas, dejándonos sólo tierra para la sede social; y desconociendo acuerdos y compromisos anteriores. Ante nuestro rechazo, de manera inconsulta y sin facultades, el Concejo Deliberante aprueba y remite un proyecto de ordenanza al ejecutivo municipal, que viola derechos adquiridos por nuestra Club Hípico, en el cual arbitrariamente nos desadjudican la totalidad de la parcela 29”, precisó el presidente de la “Asociación Club Hípico Los Gauchos.
En medio de la campaña electoral, es evidente que el gobierno y los oficialismos locales no dudan en usar toda su estructura para avanzar en su conveniencia.
Por eso, frente a la “negativa” de la entidad a este nuevo despojo de tierras, el Concejo Deliberante y el Ejecutivo hicieron pesar todo el rigor de sus facultades.
“Buscan desapoderarnos de lo que es de toda la comunidad, nuestra tierra no es parte de un negocio inmobiliario, nuestro rol como asociación sin fines de lucro apunta al cuidado y resguardo de animales, a generar actividades de integración con la comunidad mediante visitas, colonias, fiestas tradicionales, entre otras”; expresa la Carta Abierta, usada casi como último recurso para poner en conocimiento de la situación a toda la ciudadanía.
“Nuestra no conformidad con este despojo de tierra que es nuestra, ha provocado que socios del Club sean denunciados penalmente sin motivo alguno, y se ha generado un malestar social en el cual no tenemos responsabilidad alguna”, señala la misiva que expone los mecanismos de amedrentamiento que se utilizan desde el “poder”.
Pero ante el argumento oficial de llevar adelante un proyecto urbano, la entidad optó también por exponer sus dudas: “Nuestro principal interrogante, antes de echar culpas, es saber si las tierras en controversia son aptas para construcción de viviendas, sabiendo que se trata de una zona de chorrillos y vegas, en cercanía a humedales, con flora y fauna autóctona. Sumado a esto, desconocemos si las 15 hectáreas que cedimos en el año 2011, para un plan federal de viviendas, cuentan con un estudio de impacto ambiental e informes técnicos, pertinentes”, advirtieron.

TEXTO COMPLETO


CARTA ABIERTA A LOS VECINOS Y VECINAS DE LA CUENCA

La “Asociación Club Hípico Los Gauchos”, personería jurídica N°724/03, manifiesta por este medio su total repudio al accionar del Concejo Deliberante y del ejecutivo municipal, respecto del proyecto de ordenanza aprobado por unanimidad, que deroga la adjudicación de tierras a nuestra institución.
Desde el año 1995, hemos cuidado y dado resguardo a un lugar que en los años ochenta era un basural a cielo abierto, y abogamos siempre por acompañar a los intendentes en el otorgamiento de terrenos a vecinos y vecinas que tanto lo necesitan.
En este sentido, en el año 2011 nuestra institución cedió formalmente el 30% de sus tierras adjudicadas, para la construcción de un plan federal de viviendas, con el compromiso de recibir escritura por las 33 hectáreas restantes. Asimismo, se generaron acuerdos formales por alambrados y lotes en la zona la faja, nunca cumplidos y/o tramitados; y la construcción del ansiado albergue, para uso de todas las asociaciones civiles y comunidad en general, donde se gestionaron recursos ante Nación, que ingresaron y nunca se destinaron a la obra mencionada.
En marzo de 2023, el municipio nos pide que cedamos casi la totalidad de las hectáreas adjudicadas al Club, para realizar un loteo de viviendas, dejándonos sólo tierra para la sede social; y desconociendo acuerdos y compromisos anteriores. Ante nuestro rechazo, de manera inconsulta y sin facultades, el Concejo Deliberante aprueba y remite un proyecto de ordenanza al ejecutivo municipal, que viola derechos adquiridos por nuestra Club Hípico, en el cual arbitrariamente nos desadjudican la totalidad de la parcela 29.
Nuestra negativa, ha generado que dos poderes del estado municipal, busquen desapoderarnos de lo que es de toda la comunidad, nuestra tierra no es parte de un negocio inmobiliario, nuestro rol como asociación sin fines de lucro apunta al cuidado y resguardo de animales, a generar actividades de integración con la comunidad mediante visitas, colonias, fiestas tradicionales, entre otras.
Nuestra no conformidad con este despojo de tierra que es nuestra, ha provocado que socios del Club sean denunciados penalmente sin motivo alguno, y se ha generado un malestar social en el cual no tenemos responsabilidad alguna.
Nuestro principal interrogante, antes de echar culpas, es saber si las tierras en controversia son aptas para construcción de viviendas, sabiendo que se trata de una zona de chorrillos y vegas, en cercanía a humedales, con flora y fauna autóctona. Sumado a esto, desconocemos si las 15 hectáreas que cedimos en el año 2011, para un plan federal de viviendas, cuentan con un estudio de impacto ambiental e informes técnicos^, pertinentes.
Nuestro club como toda entidad sin fines de lucro, nunca busca entorpecer el crecimiento de la ciudad, ni ser * dispuesto a buscar comunidad.

Miguel Sanchez
Presidente
Club Hípico Los Gauchos