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El procesamiento fue dado a conocer por la Cámara Federal, en el marco de una causa ligada al juicio por el que está siendo juzgada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Este viernes se confirmó el procesamiento del financista Ernesto Clarens y un grupo de personas de su entorno sospechados de haber lavado más de 500 millones de pesos derivados de la obra pública, un caso por el que la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario José López y el empresario Lázaro Báez enfrentan actualmente un juicio oral, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
Se trata de maniobras fraudulentas que ocurrieron entre 2005 y 2009.

A Clarens se lo señaló como el financista preferido de Néstor Kirchner que habría armado la ingeniería para poder mover el dinero investigado. Siempre se sospechó que la firma de Clarens llamada Invernes significaba «Inversiones Néstor». En diez años pasó de ser un simple broker a uno de los operadores más poderosos del kirchnerismo y cuando explotó la causa de los cuadernos se convirtió en uno de los «arrepentidos», en una declaración que costó tironeos entre el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, ya fallecido, a la hora de aceptar su rol de «imputado-colaborador».
El caso de Clarens se investiga dentro de la megacausa que impulsó Elisa Carrió. El objetivo es determinar si, a lo largo de los años 2003 a 2015 los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción.
El fiscal Gerardo Pollicita, dijo que Lázaro Antonio Báez y Ernesto Clarens junto a una veintena de personas llevaron adelante un «complejo mecanismo de reciclaje de activos, consistente en la celebración ficticia de sucesivas intermediaciones comerciales y financieras, bajo la apariencia de costos inherentes a las obras públicas pero carentes de propósito comercial real, destinadas a otorgar ropaje de licitud». La acusación sostuvo que «los fondos habían sido sustraídos al Estado Nacional a través del fraude en la obra pública vial de Santa Cruz, los cuales fueron finalmente convertidos en dinero en efectivo».
De acuerdo al procesamiento de Ercolini, «el beneficiario final de esta operatoria habría sido el propio Lázaro Báez, quien controlaba a Gotti SA». Pero en esta causa Lázaro no quedó involucrado porque al momento de los hechos regía una ley de lavado de dinero que dejaba afuera el «autolavado».
Precisamente, la causa por los fondos recibidos por Lázaro Báez a través de Austral Construcciones están siendo ventilados en el juicio oral que sustancia el Tribunal Oral Federal número 2 desde mayo de 2019 y en donde están acusados Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Báez, entre otros.
En noviembre del año pasado, el juez Ercolini procesó a Clarens por «lavado de activos agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esa naturaleza». Y se le trabó embargo por mil diez millones de pesos. También fueron procesados otros financistas, contadores y comerciantes por la maniobra que salpica a las firmas Austral Construcciones y Gotti SA, ligadas a Lázaro Báez, y de Invernes SA, del financista Clarens. El procesamiento alcanzó a Carlos Di Gianni, Guido Blondeau, Rafael Mateo Merlini, César Gerardo Andrés, Andrea Cantín, Martín Samuel Jacobs, Emilio Carlos Martín, Sergio Gotti, Armando Ulled, Andrés Kechichian, Héctor Doldi y María Julia Cis.

«Nos encontramos ante una emblemática maniobra de corrupción, cuyo punto de partida puede reconocerse en el montaje de una asociación ilícita, de carácter estable y permanente, liderada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, e integrada por Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Kirchner, Lázaro Báez y Martín Báez- entre otros individuos-, sostenida ininterrumpidamente entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2015, y que tuvo la finalidad de cometer múltiples delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos», dijo el juez Ercolini.
El fallo de más de un centenar de fojas recorre las distintas instancias de la maniobra y concluye que «desde el año 2005 hasta el 2009 fueron traspasados $ 790.256.010 aproximadamente de Austral Construcciones S.A. a Gotti S.A., empresa esta última que, desde hacía tiempo, había delegado la gestión de sus cobros y finanzas en Invernes S.A.- cuyo objeto eran los servicios de financiación y actividades financieras-.fue posible determinar la utilización de 8325 facturas comerciales, aproximadamente, por la suma de $ 677.699.861,82 correspondientes a un total de 65 proveedores, cuyas prestaciones no pudieron ser corroboradas».
Así, Invernes libró 1930 cheques -como mínimo-, por la suma de $504.101.311, 41, que luego eran canjeados o vendidos a diversas personas- físicas como jurídicas- para su conversión en efectivo, como contraprestación a los servicios previamente facturados pero no realizados. «En ninguna ocasión los proveedores depositaron los cheques en sus respectivas cuentas bancarias. Tampoco fueron cobrados por ventanilla pues, esos instrumentos fueron endosados a terceros que, en su gran mayoría, resultaron ser entidades financieras».