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Buenos Aires
La Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica está terminando los trámites para rescindir por incumplimiento un par de licitaciones que López había obtenido en la administración Cambiemos, en un caso porque nunca empezó la obra y en el otro porque se venció el plazo para terminarla.
A la buena noticia que recibió el empresario Cristobal López que significó la liberación de prisión le siguieron una lluvia de malas nuevas.
Primero el escarnio público al que lo está exponiendo el Gobierno que, desde el Presidente hasta el último de los ministros, no paran de aseverar sentirse “indignados” por la libertad del empresario.
Después, el fallo que planteó la intervención de Oil Combustibles. Y ahora, la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica está terminando los trámites para rescindir por incumplimiento dos licitaciones que López había obtenido en la administración Cambiemos. Y, además, tendrá que devolver dinero.
Este es el caso del contrato que la constructora del ahora empresario libre, CPC S.A., había obtenido por la obra del Colector Costero que conduciría los líquidos cloacales a la Planta Depuradora de San Carlos de Bariloche.
Se trata de una obra licitada en 2016 por $ 228 millones, por la que el Estado ya había pagado a la empresa un anticipo de 10% para que inicien los trabajos, lo que hasta ahora no hizo.
“Entre el lunes y hoy terminaremos la rescisión del contrato y, además, los intimaremos para que devuelvan los $ 28 millones que se les adelantó”, explicó a El Cronista una fuente del entorno del ahora secretario de Infraestructura y Política Hídrica Pablo Bereciartua.

ENHOSA
Según pudo saber El Cronista, Luis Jahn, el administrador del Ente Nacional de Obras Hidricas de Saneamiento (Enohsa), ya firmó la resolución de rescisión de los contratos y hoy notificarán a la empresa.
La segunda obra es la repotenciación del sistema de acueductos Lago Musters Sarmiento Comodoro Rivadavia Rada Tilly Caleta Olivia.
En este caso, la obra se encuentra al 31/10/17 con un avance de casi 90%, pero el plazo de la obra ya se encuentra vencido.
“La empresa solicitó en septiembre una ampliación de plazo hasta el día 21 de diciembre de 2017, pero no presentó un plan de trabajo consistente ni respondió las observaciones de la inspección de Obra. Así es que la obra se encuentra parada desde diciembre por retención de servicios del personal por atraso en el pago de quincenas”, señala un trabajo de la oficina de Bereciartua.
“Nosotros priorizamos terminar la obra porque estaba al 90% y estuvimos varios meses negociando con la empresa de López para que la reinicie y la termine. Hasta le adelantamos dinero para que retire unas máquinas que tenía en la aduana para la planta de ósmosis pero no retiró las cosas y se gastó el dinero”.

Buenos Aires
Javier Cosentino, juez a cargo del concurso preventivo de Oil Combustibles, decidió la intervención plena de la petrolera y apartar de su gestión a Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, las caras de OP Investment, el fondo inversor que había pactado con Cristóbal López la compra –no autorizada por la Justicia– de las 170 empresas que componían el ex grupo Indalo, rebautizado Ceibo por sus nuevos administradores.
Según decidió el magistrado, la petrolera –que está en una situación financiera crítica y tiene su refinería de San Lorenzo, Santa Fe, paralizada desde fines de febrero– será conducida por los tres administradores judiciales que había designado hace un mes, Carlos Bianchi, Francisco Cárrega y Liuba Lencova Besheva, hasta el 10 de agosto, cuando finalice el período de exclusividad. Es decir, el plazo legal que tiene Oil para ofrecer propuestas de pago a sus acreedores.
Si bien Oil se presentó en concurso preventivo a mediados de 2016, el actual proceso se inició, recién, a inicios de febrero último.
En noviembre, la Corte Suprema había planteado que la presentación inicial de la petrolera era nula, ya que había cambiado “fraudulentamente” su domicilio para radicarla en Comodoro Rivadavia.
Tras un rechazo inicial de la Justicia Comercial de Capital Federal, la Cámara ordenó que se aceptara el expediente, que –tras la negativa de otro tribunal (Comercial 4), recayó en el Juzgado Número 5, Secretaría 10, de la que Cosentino es subrogante. El magistrado aceptó la apertura de la convocatoria el 9 de febrero.

Petrolera
Según los informes de sus síndicos, Oil tiene un activo de $ 16.494,2 millones y deudas, entre pasivos verificado y admisible, de $ 11.234,75 millones.
De ese monto, unos $ 6000 millones corresponden a la AFIP (sin intereses ni punitorios). En su ejercicio 2016, la petrolera facturó $ 10.405,98 millones y perdió $ 418,32 millones. En 2015, había registrado ingresos por $ 9498,8 millones, con un beneficio neto de $ 639,2 millones.
Una semana más tarde, Cosentino decidió nombrar a los tres co-administradores. Alegó, entre otros motivos, que el pasivo posconcursal de Oil ascendía a $ 1184,2 millones, deuda gestada durante el último trimestre de 2017 y que, según el juez, se generó, básicamente, por la falta de pago del impuesto a la transferencia de combustibles, que se canceló regularmente hasta el 30 de septiembre.
Esto llevó a que la AFIP –principal acreedor de Oil– embargara las cuentas bancarias de la compañía por $ 670,7 millones. Le reclama $ 856 millones, en concepto de Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) no pagado en el último trimestre de 2017.
Al 1º de marzo, el pasivo posconcursal de Oil había subido a $ 1482,65 millones.
Ese dinero “pisado” por el ente recaudador le impidió a la compañía pagar el combustible necesario para procesar en su refinería.
Sin acceso a líneas de financiamiento, se vio obligada a interrumpir las actividades de su refinería, paralizada por primera vez desde su inauguración, hace 80 años.
Entre tanto, Rosner y Dellatorre negociaron acuerdos para abastecer de productos a sus más de 350 estaciones de servicio. Primero, con Lukoil e YPF y, luego, con Pampa Energía y Trafigura.
Pero no obtuvieron la autorización judicial para firmar los contratos. Entre tanto, empezaron a recibir en sus oficinas cartas documentos de estacioneros que consideraban ya iniciado el plazo previsto para la rescisión contractual con esa bandera.

Fallo
“Ciertamente, no se desconoce el esfuerzo realizado por los Señores Rosner y Dellatorre con la finalidad de allegar distintas propuestas para enmendar la crítica coyuntura. Pero ninguna, en concreto, se ha efectivizado y la situación de caos generalizado se ha tornado evidente”, sostuvo Cosentino en su fallo.
Sin embargo, no es el motivo principal por el que decidió apartarlos. El viernes, los co-administradores le habían pedido que iniciara una investigación judicial –reservada y, llegado el caso, con participación de la Justicia Federal Penal– acerca de la gestión de Rosner y Dellatorre.
Apuntaron, específicamente, contra los sueldos que cobraron como empleados en relación de dependencia de la petrolera –con sueldos de $ 360.000, en el caso de Rosner– y el retiro anticipado de honorarios que hicieron, de unos $ 5 millones cada uno (aunque fueron devueltos, tras la observación de la intervención). También, cuestionaron contrataciones directas que hizo la compañía durante los meses de gestión de OP, tanto de personal directivo y administrativo, como de asesoramientos, consultorías y servicios de terceros.
Entre ellos, el abogado defensor de López, Carlos Beraldi ($ 13 millones), el ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner, Alberto Fernández ($ 430.000), el ex titular del Banco Central, Martín Redrado ($ 2,3 millones), y la propia OP ($ 726.000).
Además, puntualizaron que las demás sociedades del ex grupo Indalo –rebautizado Ceibo– con Oil ascendían a $ 6035,56 millones y u$s 3,38 millones. Entre julio y diciembre de 2017, la petrolera les giró un neto de $ 380 millones.
Bianchi, Cárrega y Lencova Besheva, también, enfatizaron la falta de respuesta y precisiones que Rosner y Dellatorre hicieron a cada uno de sus pedidos de información. OP, a su vez, le había solicitado a Cosentino que definiera los alcances de la co-administración, ya que, entendía, se movían con criterios –y tiempos– de funcionarios judiciales y no con la urgencia y velocidad de respuesta que requiere una empresa en situación financiera crítica.

Seis puntos
Falta de suministro de información requerida, tanto por los interventores como por la propia comisión fiscalizadora de Oil (que renunció);
“Notable aumento” del pasivo posconcursal, tanto impositivo como comercial, y desconocimiento por los administradores de lo relativo a ese incremento;
Aprobación de honorarios por “sumas de importante magnitud, hallándose la sociedad en concurso e, incluso, en situación de reducción de capital obligatoria, montos incrementados, no obstante el aumento de las pérdidas”;
Conformación de un “Centro de costos corporativos” que implicó un pasivo de más de $ 2 millones en dos meses a cargo de Oil, “que se halla en una situación de crisis extrema”;
Contrataciones de servicios externos “por sumas relevantes sin que, al menos, en algunos casos, se haya justificado la prestación de tales servicios”;
“Desatención de la regla de prudencia y austeridad aconsejada invariablemente por la sindicatura desde hace tiempo, lo que permite inferir infracción al parámetro del artículo 59 de la ley 19.550, que impone a los administradores societarios comportarse en su gestión ‘con la diligencia de buen hombre de negocios’”.
Observa el juez que el último balance anual de Oil, cerrado el 30 de junio de 2017, arrojó una pérdida de $ 625,3 millones. Pero se aprobaron honorarios por $ 22,8 millones, “en exceso del límite fijado por el artículo 261 de la ley 19.950” (de sociedades comerciales) y “montos muy superiores a los aprobados en el ejercicio anterior, con una pérdida mucho más significativa. Es entonces que la gravedad de los hechos y las circunstancias del caso llevan al Tribunal a adoptar la extrema medida de separación de la administración prevista en la Ley de Concursos, con la finalidad de preservar a la empresa concursada con todo lo que ello implica, en la medida de lo posible”, argumentó el magistrado. Consultados, voceros de Ceibo reconocieron que Rosner y Dellatorre ya habían sido notificados y apelarán, al menos, formalmente el fallo. El sábado, habían emitido un comunicado certero, en cuanto a quién culpar por todos sus desventuras: “Queda en evidencia que la AFIP y el Poder Ejecutivo Nacional insisten con lograr la quiebra de las empresas que nuclea el Grupo Ceibo por motivaciones que este directorio no comprende”.
“Yo no vendí. A Rosner, nosotros lo pusimos de presidente para que se pusiera a trabajar e hiciera lo que él decidiera para traer dinero y capitalizar a la compañía”, había declarado López la noche anterior, recién liberado de su prisión preventiva.