+Prensa

Caleta Olivia
En el marco de los diferentes controles que efectúan los Grupos de Operaciones Rurales en la Provincia, los efectivos pertenecientes a la División GEOR con asiento en Comandante Luis Piedra Buena, este lunes en horas de la tarde circunstancias se realizaron controles prevencionales por la ruta provincial 288, se identificó una camioneta marca Toyota Hilux, color blanca, procedente de la zona rural comprendida
dentro del ámbito de la jurisdicción de la localidad de 3 Lagos.
Luego de la identificación de estilo respecto de sus ocupantes, dos hombres y documentación del vehículo, no se detectó irregularidad, visualizando sobre la caja de carga una lona color azul, resguardando un bulto considerable, tratándose conforme dichos de su conductor, de animales vacunos faenados, situación que se corroboró con la voluntad de su poseedor.
Dicho sujeto resulta propietario de establecimiento ganadero emplazado en la zona de referencia, y en atención a la irregularidad en cuanto al transporte y cantidad de carne, que posteriormente se contabilizó en tres terneros completos y dos cuartos, se lo trasladó hacia las instalaciones de la base de la división del Grupo de Operaciones Rurales, donde se procedió a labrar las correspondientes actas de secuestro y desnaturalización de los productos cárneos, por aplicación de la Ley Sanitaria Provincial 1764.

Caleta Olivia
En instalaciones de la Escuela Especial 2 “Cecilia Grierson” se concretó el anuncio de las actividades previstas para desarrollar hoy miércoles 21 de marzo en el “Día Internacional de las personas con Síndrome de Down”.
Mediante conferencia de prensa, la Directora de la institución Mariela Pescara, la referente del Consejo Municipal Asesor de Discapacidad Mariela Fonti y el Diputado Gerardo Terráz invitaron a la comunidad a participar de esta jornada de inclusión.
La actividad se enmarca en una agenda de diferentes propuestas que se abordarán en conjunto a lo largo del presente año, en esta ocasión la actividad iniciará a las 10, en el “Monumento al Obrero Petrolero” para lo cual se invitó a diversas instituciones.
El objetivo es concientizar sobre la inclusión de todas las personas con Síndrome de Down.
Al respecto, la docente Pescara añadió: “se realizarán diversas actividades, los chicos están elaborando presentes para repartir en el sector comercial y habrá una suelta de globos. La idea es ir con algo verde que es lo que caracteriza esta jornada, y se invita a todos aquellos que se quieran sumar”.
Por otra parte, Mariela Fonti recordó que el Consejo Asesor de Discapacidad estará presente distribuyendo folletería alusiva, y además informó: “la semana pasada se desarrolló un encuentro entre autoridades de escuelas especiales y equipo de tres CIC municipales donde se trabajó esto de extender redes al ámbito de los mismos, ya que cuentan con bastantes ofertas de actividades útiles para los alumnos como talleres de cerámica, música y sexualidad. Mientras tanto continuamos en búsqueda de otros de espacios para tratar de integrar a los chicos de nuestra institución, esto se trabajará durante el año”, consideró finalmente.

Caleta Olivia
“El juez del juzgado de instrucción 2 de Caleta Olivia se ocupa de redactarle notas a los medios locales para publicitarse y justificar que desde que asumió está abocado de lleno a hacer cumplir la ley”, denunció ayer Juan Ignacio Paradiso, un vecino de esta ciudad que desde su cuenta personal en la red social Facebook, y por diversos medios presenta hechos y denuncias vinculadas al sector político y la administración pública.
En este caso, apuntó contra el juez Gabriel Contreras, de quien señaló que “en horario de trabajo” y en “complicidad” con un portal de noticias local “desde su despacho deja preparada la redacción para que periodistas de ese sitio pasen a retirarla y la escriban tal cual se la redactó el juez”
Los cuestionamientos ponen en duda la ética y el desempeño de magistrado, y en comunicación con este medio también mencionó la jurisprudencia que apoya estas críticas.
Según esta denuncia, el juez redacta personalmente partes de prensa en los que menciona y da detalles de sus actuaciones, y luego los entrega para que difundan su actividad al frente del juzgado.

Cuestionamientos
“¿Dónde quedó en este Juez la conciencia funcional, independencia, dignidad y transparencia, decoro, Austeridad republicana, Prudencia, Lealtad y secreto profesional?”cuestionó y lamentó que el mencionado magistrado opere de esta manera con algunos medios locales.
En cuanto al haber recurrido al diario +Prensa, para dar a conocer esta situación, consideró que “más allá de la utilización de las redes para exponer casos” vinculados a delitos o corrupción, el caso de la información sobre hechos judiciales que deja trascender este magistrado, “tiene que ser de conocimiento mas amplío y quedar expuesta a la opinión pública”, consideró.
Vale mencionar que esta denuncia, fue acompañada con fotografías.
“En orden a la sociedad, el juez en sus relaciones con la prensa y con el público en general, tiene prohibido anticipar directa o indirectamente el contenido de las decisiones que adoptará; Debe evitar comentarios sobre un caso específico; Debe procurar que no trasciendan detalles de las causas en trámite y en especial, tiene prohibido trabajar para la prensa.”, sostuvo Paradiso.
“El juez tiene prohibido utilizar el prestigio de su cargo para promover intereses privados ( en referencia al portal local de noticias a la que le suministró la nota) ajenos a la función judicial”, insistió.
Remarcó: “los demás magistrados, – ahora que se hizo público – tienen el deber de denunciar al Juez Contreras ante el Tribunal de Ética, y aplicarle la sanción disciplinaria por su mal comportamiento constituyendo una falta ética y al desempeño”, sentenció.
“Expuesto ahora públicamente lo que hace el magistrado, será muy difícil que acepten luego tesis defensivas contrarias, o que se valoren serenamente pruebas que puedan demostrar el error de sus conductas previas”, puntualizó.
Finalmente, aclaró que según su apreciación “el Juez Contreras es el extremo opuesto a la mayoría de los jueces, se trata de un fenómeno aislado, estrictamente circunscripto a un caso particular, que no debe confundirse con la actitud mayoritaria de la magistratura que todavía sigue ceñida al principio de discreción y respeto a las normas constitucionales”

Los argumentos y criticas

q“Podríamos clasificar a los jueces de acuerdo con la actitud que asumen frente a la requisitoria periodística y, no me refiero justamente, a la tipología basada en manifestaciones públicas realizadas en los medios, en materia de comunicación judicial. Si bien se pueden presentar un abanico de opciones que cada juez puede asumir en virtud de la discrecionalidad que la ley concede en el ejercicio de la magistratura, No es el caso del Juez Contreras”, considera el denunciante.
“Lo que se puede señalar en el caso, a título ejemplificativo, es la actitud del Juez que resulta claramente incompatible con las funciones que las leyes y las normas constitucionales le imponen.
Va más allá de algo “reservado”, para referirme al juez que adscribe a la norma de conducta resumida en el adagio “los jueces hablan sólo por sus sentencias”. Sin embargo, entiendo que el término “imprudente” resulta más conveniente para describir a esta clase, puesto que la expresión remite a una discusión ética que afecta no solo la relación que los magistrados tienen con la prensa sino toda la actuación pública del juez.
Desde esta perspectiva, la imprudencia en el manejo de la información judicial por parte del magistrado podría configurar una hipótesis de mal desempeño de la función y una transgresión a las normas positivas que regulan el ejercicio de la magistratura (artículo 53 de la Constitución Nacional) y no una opción legítima que puede adoptar en virtud de las facultades que la ley le confiere. Esta clase de magistrado mantiene relación directa con la prensa, hasta lo podríamos catalogar de “empleado del medio periodístico”, insistió en su argumentación.
Finalmente apoyó su postura con definiciones del fallecido Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Enrique Petracchi: “Es fundamental restaurar el sabio precepto de que sólo hablen a través de sus fallos. En tal sentido, lo más deseable sería limitar en la medida de lo posible los contactos individuales con los operadores de los medios y tratar de canalizar la información que se entienda adecuada, por medio de canales institucionales formales como pueden ser las oficinas de prensa del Poder Judicial o del Ministerio Público”.

Los argumentos y criticas

“Podríamos clasificar a los jueces de acuerdo con la actitud que asumen frente a la requisitoria periodística y, no me refiero justamente, a la tipología basada en manifestaciones públicas realizadas en los medios, en materia de comunicación judicial. Si bien se pueden presentar un abanico de opciones que cada juez puede asumir en virtud de la discrecionalidad que la ley concede en el ejercicio de la magistratura, No es el caso del Juez Contreras”, considera el denunciante.
“Lo que se puede señalar en el caso, a título ejemplificativo, es la actitud del Juez que resulta claramente incompatible con las funciones que las leyes y las normas constitucionales le imponen.
Va más allá de algo “reservado”, para referirme al juez que adscribe a la norma de conducta resumida en el adagio “los jueces hablan sólo por sus sentencias”. Sin embargo, entiendo que el término “imprudente” resulta más conveniente para describir a esta clase, puesto que la expresión remite a una discusión ética que afecta no solo la relación que los magistrados tienen con la prensa sino toda la actuación pública del juez.
Desde esta perspectiva, la imprudencia en el manejo de la información judicial por parte del magistrado podría configurar una hipótesis de mal desempeño de la función y una transgresión a las normas positivas que regulan el ejercicio de la magistratura (artículo 53 de la Constitución Nacional) y no una opción legítima que puede adoptar en virtud de las facultades que la ley le confiere. Esta clase de magistrado mantiene relación directa con la prensa, hasta lo podríamos catalogar de “empleado del medio periodístico”, insistió en su argumentación.
Finalmente apoyó su postura con definiciones del fallecido Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Enrique Petracchi: “Es fundamental restaurar el sabio precepto de que sólo hablen a través de sus fallos. En tal sentido, lo más deseable sería limitar en la medida de lo posible los contactos individuales con los operadores de los medios y tratar de canalizar la información que se entienda adecuada, por medio de canales institucionales formales como pueden ser las oficinas de prensa del Poder Judicial o del Ministerio Público”.

Caleta Olivia
Afiliados Autoconvocados de la Caja de Servicios Sociales lanzaron petitorio y junta de firmas dirigido a las autoridades en todos sus estamentos.
La iniciativa la dieron a conocer el lunes en conferencia de prensa realizada a las 18 horas en la sala Liliana Venanzi.
En el petitorio solicitan que a las autoridades “cesen la intervención y rindan las cuentas de la Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz a los fines de la normalización de todos sus servicios y prestaciones de salud en virtud de la crítica situación que viven trabajadores y jubilados provinciales por la falta de prestaciones medicas y las consecuencias que ello trae aparejadas.

Historia
La Caja de Servicios Sociales (CSS) fue creada en 1964 como la entidad que se ocuparía de los aportes solidarios para cubrir los servicios de salud de los trabajadores del estado de la provincia de Santa Cruz a través de la Ley 364.
Debía ser conformada por un directorio integrado por un presidente, 3 vocales elegidos por el ejecutivo, 1 (uno) vocal por los activos y 1 (uno) por los pasivos -jubilados-.
Es decir que los trabajadores eran informados de la utilización de sus aportes.
Pero en 1985 la CSS fue intervenida a través del Decreto 1514 por el entonces gobernador Antonio Puricelli para “ordenarla” según los objetivos de ese instrumento legal.

Presente
Hoy, 2018 se encuentra en problemas ya que no puede hacer frente a los servicios de salud que los trabajadores y jubilados necesitan con urgencia e inmediatez, además de la baja calidad y cantidad de prestaciones rutinarias y mediatas que le ofrecen a los afiliados a cambio de sus aportes. (A la altura de cualquier obras social).
En el petitorio dado a conocer los afiliados autoconvocados afirman que “hoy, 30 años después prácticamente seriamos “rehenes” de una obra social “supuestamente” en bancarrota, por la critica situación que viven todos aquellos afiliados que la necesitan, por ello exigimos a la Sra Gobernadora, al Vicegobernador y a los Diputados de la Provincia de Santa Cruz:
Normalización de todos los servicios y prestaciones, blanqueo de las cuentas y cese de la intervención y volver al directorio con la participación de los trabajadores.
El petitorio puede ser firmado y compartido a través de las redes sociales, en la plataforma Change. Org o en instalaciones de ADOSAC, en la distintas escuelas de la ciudad y también los autoconvocados estarán juntando firmas en el Gorosito desde los próximos días.

Caleta Olivia
Afiliados Autoconvocados de la Caja de Servicios Sociales lanzaron petitorio y junta de firmas dirigido a las autoridades en todos sus estamentos.
La iniciativa la dieron a conocer el lunes en conferencia de prensa realizada a las 18 horas en la sala Liliana Venanzi.
En el petitorio solicitan que a las autoridades “cesen la intervención y rindan las cuentas de la Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz a los fines de la normalización de todos sus servicios y prestaciones de salud en virtud de la crítica situación que viven trabajadores y jubilados provinciales por la falta de prestaciones medicas y las consecuencias que ello trae aparejadas.

Historia
La Caja de Servicios Sociales (CSS) fue creada en 1964 como la entidad que se ocuparía de los aportes solidarios para cubrir los servicios de salud de los trabajadores del estado de la provincia de Santa Cruz a través de la Ley 364.
Debía ser conformada por un directorio integrado por un presidente, 3 vocales elegidos por el ejecutivo, 1 (uno) vocal por los activos y 1 (uno) por los pasivos -jubilados-.
Es decir que los trabajadores eran informados de la utilización de sus aportes.
Pero en 1985 la CSS fue intervenida a través del Decreto 1514 por el entonces gobernador Antonio Puricelli para “ordenarla” según los objetivos de ese instrumento legal.

Presente
Hoy, 2018 se encuentra en problemas ya que no puede hacer frente a los servicios de salud que los trabajadores y jubilados necesitan con urgencia e inmediatez, además de la baja calidad y cantidad de prestaciones rutinarias y mediatas que le ofrecen a los afiliados a cambio de sus aportes. (A la altura de cualquier obras social).
En el petitorio dado a conocer los afiliados autoconvocados afirman que “hoy, 30 años después prácticamente seriamos “rehenes” de una obra social “supuestamente” en bancarrota, por la critica situación que viven todos aquellos afiliados que la necesitan, por ello exigimos a la Sra Gobernadora, al Vicegobernador y a los Diputados de la Provincia de Santa Cruz:
Normalización de todos los servicios y prestaciones, blanqueo de las cuentas y cese de la intervención y volver al directorio con la participación de los trabajadores.
El petitorio puede ser firmado y compartido a través de las redes sociales, en la plataforma Change. Org o en instalaciones de ADOSAC, en la distintas escuelas de la ciudad y también los autoconvocados estarán juntando firmas en el Gorosito desde los próximos días.