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El juicio en la causa Vialidad se reanudará este lunes con la respuesta de la fiscalía a los planteos de nulidad hechos en el debate y seguirá, en caso de requerirlo, el derecho a réplica a los alegatos finales de las defensas de los 13 acusados, entre ellos el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El Tribunal Oral Federal 2 había dispuesto un receso de dos semanas al finalizar la última audiencia de alegatos defensores y mañana, desde las 9.30, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola responderán nulidades planteadas.
Además, tendrán que informar si hacen uso del llamado derecho a réplica al contenido de los alegatos de las defensas.
En caso positivo, deberían fijarse audiencias para ello y se abriría la oportunidad para que los abogados soliciten luego hacer sus «dúplicas».
Si la fiscalía no hace uso de esta opción, tras la respuesta a los planteos de nulidad el juicio entrará en la etapa de últimas palabras de todos los procesados, para lo cual el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 fijará un cronograma.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu determinaron que en la audiencia de este lunes los fiscales podrán responder a planteos de nulidad parcial de su alegato de la defensa oficial de uno de los acusados, el exsecretario de Obra Pública José López, vinculados al uso de tramos de su declaración indagatoria en otra causa penal.
También se cuestiona la incorporación como prueba de las transcripciones de sus mensajes obtenidas de su teléfono celular en la causa que lo investigó por enriquecimiento ilícito.
Además, responderán por nulidades que planteó la defensa del también imputado empresario y dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez por supuesta violación a su intimidad porque fue escuchado de manera ilegal en la cárcel cuando estuvo preso, y se introdujeron a la acusación «elementos novedosos» que no fueron parte del requerimiento fiscal de elevación a juicio leído en mayo de 2019, cuando se inició el debate.
Tanto los fiscales como la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) podrán responder a otro planteo, el de excepción de cosa juzgada hecho por la defensa de Báez.
El Tribunal prepara un cronograma para las últimas palabras de los 13 acusados, entre ellos la Vicepresidenta; Báez; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y José López.

La causa

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez como Austral Construcciones comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid 19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.
«No es corrupción o justicia. Hay un solo camino, justicia. Las acusaciones fueron desmanteladas, destruidas. No hay otro camino», sostuvo el abogado Carlos Beraldi, defensor de la Vicepresidenta, al cerrar su alegato final con un reclamo de absolución en septiembre pasado.
Ese día, Fernández de Kirchner también hizo uso de su derecho como abogada a ejercer su propia defensa ante el pedido de 12 años de cárcel en su contra hecho por la fiscalía como supuesta jefa de «asociación ilícita» y administración fraudulenta.
«¿Yo impunidad? Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado -replicó la expresidenta-. Me siento en estado de indefensión. Los jueces que me juzgan, un fiscal, son amigos y juegan al fútbol en la quinta de (Mauricio) Macri, otros iban a jugar con Macri a Olivos», cuestionó.
Además, sostuvo que la acusación fue una «fábula» montada para llevarla «de los pelos» ante la Justicia, que en la causa «se violó la Constitución Nacional» y que los fiscales cometieron «prevaricato».
La fiscalía también pidió 12 años de prisión para Báez como autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.
Los fiscales pidieron además diez años de cárcel para De Vido y para el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti; y seis años para el exresponsable del distrito 23 de ese organismo, Mauricio Collareda, al igual que para el extitular de la Administración General de Vialidad Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe.
Para otro exresponsable del distrito 23 de Vialidad, Raúl Daruich, y el expresidente de la AGVP Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP, Raúl Santibáñez.
En cuanto al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder.
Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.

(Télam)

A pesar de ser una de las tres únicas industrias generadoras de divisas netas para el país, las trabas a las importaciones de insumos esenciales ya perjudican la producción minera de oro y plata, y la construcción de los proyectos de litio y cobre.

Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) se emitió un comunicado en el que hacen pública su preocupación ante la continuidad de las demoras en los procesos de aprobación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y del Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (SIRASE), y la falta de perspectivas de una solución. Esta situación ya perjudica la producción de los proyectos mineros. «Para nuestra industria es esencial saber que podremos acceder a los insumos para producir y continuar con la construcción de las ampliaciones y los nuevos proyectos», expresan.

(Foto ilustrativa)

La problemática se viene arrastrando desde inicios del año y a pesar de los recientes cambios puestos en marcha, pone en riesgo el ritmo de producción, con posibilidad de que esta llegue a detenerse por completo. Esto demora las ampliaciones de los yacimientos y la construcción de nuevos emprendimientos y frena la llegada de divisas. También daña a toda la cadena productiva de proveedores, compuesta mayormente por pymes, que son las que dinamizan las economías regionales.
Todo esto se ve profundizado además por un contexto de baja en los precios de los metales (considerando que el 80% de las exportaciones nacionales corresponden a oro y plata) y por un incremento de los costos productivos, que en el último año ronda el 30% en dólares.
La minería es una industria con una balanza comercial netamente exportadora y fue uno de los 3 únicos sectores que en 2021 produjo ingreso neto de divisas para el país. De allí la importancia de que siga produciendo y creciendo. A esto se suma que genera más de 90.000 empleos y brinda aportes al Estado por $ 107.000 millones anuales, se indicó.
Para este año, se prevé exportar U$D 3.800 millones y en los próximos 10 años se podría triplicar esta cifra, con exportaciones anuales por U$D12.000 millones e inversiones por más de U$D20.000 millones si se sostuvieran las condiciones internacionales y se generara el contexto nacional adecuado. Esto incluye, primordialmente, la posibilidad de que se regularicen las importaciones.
«Cada dólar que utiliza la minería vuelve al país multiplicado en divisas, aportes impositivos, empleo de calidad, generación de infraestructura y desarrollo regional. Con esta base, insistimos en la necesidad de llegar a una solución, a fin de que se pueda garantizar el volumen de exportaciones proyectadas para 2022 y los beneficios que de ello se derivan para el país», cierra el comunicado.