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El exministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido, sostuvo este viernes que la acusación en la causa Vialidad «es insostenible», proclamó la inocencia de todos los imputados y advirtió que si hay «una banda que perseguir es la que rescindió los contratos» del plan estratégico de obra pública vial, en alusión al macrismo.
«Si hay una banda que perseguir, es la que rescindió los contratos, la que impulsa el ‘lawfare’ con los empresarios del denominado círculo rojo», agregó De Vido al hablar por última vez ante el Tribunal Oral Federal 2 que lo juzga por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
En el marco del juicio, el martes próximo a las 9.30 tendrá oportunidad de exponer, si lo desea, la también acusada vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un cronograma que incluye a otros imputados y, luego, el TOF2 anunciaría fecha para el veredicto.

La exposición de De Vido

En su exposición, De Vido remarcó que «no hubo direccionamiento de la obra pública» sino que, por el contrario, se llevó adelante un plan de obra estratégico para cumplir con lo prometido en la plataforma electoral del fallecido ex presidente Néstor Kirchner en 2003.
«Me obligan a reiterar estos conceptos que formaron parte de la plataforma política del presidente Kirchner para todo el pueblo argentino. Por ende, no puede ser nunca una banda formada para delinquir», como acusaron los fiscales.
El plan actuó «cubriendo cada una de las asimetrías regionales» y fue un «objetivo del señor presidente Kirchner, no como jefe de una banda sino como presidente de la República, legítimamente electo por el pueblo», agregó.
El exfuncionario agregó que lo que los fiscales en su acusación llamaron un «plan para limpiar todo», fue en realidad «la reasignación de partidas para que las obras no se paralizaran».
«Venía el cambio de Gobierno y el gobierno de Macri procedió tal cual sospechábamos, abandonaría el plan estratégico territorial y rescindiría todas las obras», explicó.
Este proceso, «ese abandono de obras en todo el país que causó perjuicio a todos los ciudadanos es el que debía estar investigándose, señores jueces, porque todos en algún momento lo vamos a pagar», advirtió al hablar ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
«Me solidarizo con todos los imputados e imputada, en particular los que siempre soportaron esta injusta persecución que concluye con esta política judicial denominada ‘lawfare’. Somos compañeros, así nos llamamos los peronistas, no somos socios, no tenemos negocios ni negociados»
De Vido hizo uso de su derecho a decir las últimas palabras en el juicio que entró en su etapa final, en una jornada en la que tuvieron esa oportunidad otros de los 13 acusados.
«Es la tercera vez que para imputarme utilizan relatos mediáticos de opositores políticos», cuestionó y remarcó: «Es la tercera vez que me traen a un juicio de manera direccionada».
De Vido remarcó la «enorme irregularidad de este proceso» y «la inocencia de los acusados».
«Todos sabemos que esta acusación ha sido siempre insostenible, injusta», continuó y dijo a los jueces: «Deben elegir una condena inmoral o e resguardo del estado de derecho. Esa es la única opción. La historia nos juzgará a todos, quizás también a ustedes».

La exposición de Lázaro Báez

La audiencia comenzó a las 9.30 con las palabras finales del dueño de «Austral Construcciones», Lázaro Báez, quien sólo dijo que su defensa expuso «la realidad y la verdad» en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
«No voy a hacer uso de la palabra, quería agradecer a mi defensa que ha expresado con claridad todo lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo en que hemos sido privados de nuestra libertad», dijo Báez a los jueces del Tribunal Oral Federal 2, al comienzo de la audiencia.
Conectado de manera virtual, el empresario -que tiene un pedido de 12 años de prisión por parte de la fiscalía y un reclamo de absolución por parte de su abogado defensor Juan Villanueva- consideró que «la defensa ha expuesto la realidad y la verdad».
«Porque la verdad, la única que se preocupó en buscarla fue mi defensa y la del resto de las personas que han sido imputados en esta causa. Nada más, muchas gracias», concluyó.

Más exposiciones

Luego fue el turno de uno de los exresponsables del distrito de Vialidad Nacional en Santa Cruz, Raúl Daruich, quien se dirigió de manera breve al Tribunal y finalmente del exsubscretario de Obra Pública Abel Fatala, quien sólo reiteró que su área no tenía intervención en la Dirección Nacional de Vialdad.
El cronograma dispuesto por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini prevé que el martes 29 tengan oportunidad de decir sus palabras finales la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obras Pública José López.
El tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.
Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo, Nelson Periotti.

El juicio

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez, comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid-19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.
En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.
Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.
Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.
Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.
En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

El senador cordobés Luis Juez denunció en los Tribunales federales a Cristina Kirchner por desobedecer a la Corte Suprema de Justicia y avanzar en la designación del kirchnerista Martín Doñate para integrar el Consejo de la Magistratura.
La denuncia sostiene que la vicepresidenta incurrió en el delito de desobediencia a la autoridad y puede estar en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionario público «porque debía comunicar un decreto y no lo hizo», sostuvo Juez en la denuncia.
El planteo tiene dos partes: por un lado hace alusión a que la vice no cumplió con el fallo de la Corte que indicaba que Doñate debía ser apartado del Consejo y nombrado Juez para completar el periodo que finalizaba el 18 de noviembre pasado. Eran solo diez días, pero la vice no envió el decreto con el nombramiento del senador de Juntos como ordenaba el máximo tribunal.
El segundo hecho refiere a la sesión de la Cámara Alta en la que el oficialismo aprobó el decreto de designación de Martín Doñate, elegido por Cristina Kirchner, para que ocupe su cargo en la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, un periodo que inició el martes pasado con la jura de 11 consejeros y finaliza en 2026.

«Se desoyó a la Corte, no en el sentido doctrinario, sino en una orden expresa y operativa automáticamente. Tal conducta se denomina desobediencia a la autoridad», expresa la denuncia penal.
El senador de Juntos por el Cambio expresó a este medio que el reclamo no responde a «una cuestión personal, pues estoy dispuesto a renunciar a ser parte del Consejo de la Magistratura, si mi persona es el problema, pero no sin antes defender las instituciones y el principio de buena fe en sus actuaciones»:
«Alguna vez Cristina va a tener que entender que somos todos iguales ante la ley, que los que tenemos responsabilidades públicas somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo y que desobedecer una orden judicial tiene que tener consecuencias sin importar el lugar que ocupe el que lo haga», dijo Juez a este medio.

Qué dice la denuncia de Juez contra Cristina

El 7 de noviembre el máximo tribunal hizo lugar al amparo interpuesto cuando Cristina Kirchner por primera vez designó a Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura.
Esto fue posible porque cerca del vencimiento del plazo para designar a los representantes del Congreso, el bloque oficialista se partió. Juez calificó esa maniobra como una «falsedad montada para dividir fraudulentamente en dos el bloque de la mayoría «Frente de Todos», de manera de quedarse con la mayoría y la segunda minoría, a la cual se la denominó «Unidad Ciudadana».
Al respecto, Juez entendió que se «despojó a la verdadera segunda minoría de la representación que por ley le correspondía». Se refería a la oposición de Juntos.
Este primer hecho fue denunciado penalmente por el senador opositor, quien retomó el último fallo de la Corte que sostiene que «la realización de acciones que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular una verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo, recibe un enfático reproche en múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino».
Tal reproche -continúa el fallo del máximo tribunal-, «se acentúa cuando el ardid o la manipulación procura lesionar la exigencia de representación política (en este caso con relación a las minorías), aspecto de suma trascendencia para la forma de gobierno representativa adoptada por el texto constitucional argentino y, en definitiva, su ideario democrático».
Con esta situación planteada el senador de Juntos indicó que la Presidenta del Senado, se encontraba obligada a dictar, un nuevo decreto, «adecuándose a lo ordenado por la Corte Suprema» es decir, designando hasta el 18 de noviembre a Juez y a Humberto Schiavone, como suplente de la segunda minoría.
Sin embargo, Cristina Kirchner no firmó aquel decreto, pero sí el que ratifica a Doñate para el mandato siguiente que concluirá en 2026. Esto se constituye como el segundo hecho denunciado por Juez.
«La vicepresidenta nada hizo, desobedeciendo sin más la orden de la Corte Suprema, pasando a preparar la reiteración de la maniobra, pero atrás de un cortinado. La omisión de la denunciada, incursiona en el delito de desobediencia a la autoridad».
Sobre el último accionar de la vicepresidenta, Juez indicó que responde a «la piratería disfrazada de legalidad por usar bandera de Estado, para que la hoy denunciada concretara el acto pirata» y «convocara a su corso, creyendo que con eso legitimaba su actitud, eximiéndola de efectos penales».
El día que el Senado aprobó la nueva designación de Doñate no fue presidida la sesión por Cristina Kirchner que se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo ya que Alberto Fernández estaba fuera del país, sin embargo Juez sostuvo que «actuó por mano ajena pero con idéntica responsabilidad criminal», ya que la vice «a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, instruye a la Presidenta Provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, para que copie el decreto parlamentario presidencial, fulminado por la Corte Suprema de Justicia, y dicte uno idéntico, el 15 de Noviembre de 2022, que lleva el número 86/22, ad referéndum del cuerpo».

La CGT, la CTA y las cámaras empresarias acordaron en el Consejo del Salario un aumento del mínimo, vital y móvil del 20% en cuatro tramos, que se abonará un 7% en diciembre, 6 en enero, 4 en febrero y otro 3% en marzo de 2023, lo que para la cartera laboral totalizó una mejora paritaria del 110,5% en un año y permitirá que ese haber llegue a casi 70 mil pesos en marzo próximo.
«El nuevo incremento del mínimo, vital y móvil para el año paritario, comprendido entre marzo de este año e igual mes de 2023, totalizó un 110,5 por ciento», informó Trabajo.
Los dirigentes gremiales de la CTA Autónoma votaron en contra del nuevo incremento y señalaron que el acuerdo implicó que «el ingreso mínimo se eleve a 69.500 pesos recién en marzo» próximo, indicó el estatal y líder de esa central, Hugo Godoy.
Sindicalistas y empresarios sesionaron de forma virtual en primer término en la Comisión Técnica y, desde las 16.30, iniciaron la plenaria, que determinó el nuevo monto del haber mínimo, vital y móvil y de las prestaciones mínima y máxima por desempleo, y convinieron revisar nuevamente el acuerdo salarial en febrero de 2023.

La CTA, la CGT y las cámaras respaldaron la propuesta de aumento salarial del 20% en cuatro tramos y la revisión en febrero, lo que mereció un duro rechazo de la CTA Autónoma, que ratificó en el encuentro sus posiciones históricas al respecto.
El acuerdo fue finalmente rubricado en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa Rosada por el presidente Alberto Fernández, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Trabajo, Raquel Olmos.
El sector empresario, representado por Daniel Funes de Rioja (UIA) y el de los trabajadores, a través de Héctor Daer (CGT) y Hugo Yasky (CTA), manifestaron sus expectativas en torno al acuerdo.
El Presidente agradeció y ratificó la importancia y las responsabilidades que cada uno de los sectores asumieron para llevar adelante una propuesta que tiene por objeto fundamental combatir la alta inflación y recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios, indicaron fuentes oficiales.
«Tomada con mayoría absoluta de los integrantes del Consejo del Salario, es otra muestra del valor de nuestra democracia: no hay forma de hacer política sin diálogo. Seguiremos trabajando por una sociedad más justa en donde todos ganen», señaló luego Fernández en su cuenta de Twitter.

El nuevo salario mínimo

A partir de ese acuerdo, el ingreso mínimo pasó a ser de 51.200 pesos en septiembre, de 54.550 en octubre y de 57.900 este mes, mientras que en agosto el ingreso era de 47.850 pesos para los trabajadores mensualizados a jornada completa.
Sindicalistas y empresarios deliberaron de forma virtual bajo la supervisión de la cartera laboral y determinaron el nuevo valor del mínimo, vital y móvil, actualmente de 57.900 pesos, para un tramo corto cuatrimestral y con nueva revisión en febrero.
El encuentro tripartito fue convocado por el Gobierno ante el elevado proceso inflacionario y de alza de precios y se realizó de forma virtual entre cámaras y centrales obreras.
La CGT se había reunido en la sede nacional del gremio de Sanidad (Fatsa) para fijar una posición, al igual que lo hizo la CTA Autónoma, en tanto la CTA del diputado nacional Hugo Yasky reclamó que el nuevo valor del mínimo superase en 4 puntos el índice de inflación de diciembre y que en enero se produzca otro aumento salarial.
El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionó primero en la llamada Comisión Técnica y, luego, comenzó la plenaria de 32 integrantes -16 por la parte trabajadora y 16 por la empleadora-, y consensuó el acuerdo final.
Yasky había señalado que ante «la imposibilidad de anticipar la inflación» deben realizarse «revisiones trimestrales» -en este caso fue cuatrimestral-, porque solo para no perder poder adquisitivo «serían necesarios en diciembre 63.856 pesos en relación con ese mes del año anterior y 69.197 pesos para recuperar el de diciembre de 2019», y dijo que para alcanzar el valor de 2015 el haber mínimo tendrá que ser de 90.000 pesos.
La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) de Godoy y Ricardo Peidro rechazó nuevamente el acuerdo y ratificó que para no perder contra la inflación de este año el ingreso mínimo en diciembre debería ser de 64.000 pesos; reclamó otra vez «una política integral para que ese haber supere a la inflación y no pierda poder adquisitivo» y también sostuvo la necesidad de legislar y aprobar «un salario universal».
La CTA Autónoma reclamó esta tarde una actualización del mínimo del 47% y, en un documento posterior al encuentro, Godoy sostuvo que desde hace tiempo «la inflación no es determinada por los aumentos de precios sino por la especulación empresaria, que no realiza ningún esfuerzo para distribuir los ingresos a favor de los trabajadores».
Aunque el dirigente valoró los esfuerzos de la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, para hallar «un punto intermedio», dijo que «el nuevo aumento no permite siquiera sostener el nivel de ingresos de marzo y no recupera poder adquisitivo», y detalló que la exigencia de una mejora del 47% entre noviembre y marzo se fundamentó en las pérdidas del 20% durante el macrismo y de otro 11% a partir de 2019.
Godoy ratificó la necesidad de definir una canasta de referencia para «tener claridad respecto de lo que se discute»; propuso revisar la cuotificación de los aumentos y ratificó la demanda de la CTAA de que el mínimo alcance a los sectores de casas particulares, rurales y estatales provinciales y municipales, los que aún «no tienen este derecho», dijo.