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Buenos Aires
La familia Kirchner perderá el manejo pleno de sus hoteles, el último de los negocios que tenían en manos de un hombre de confianza, Osvaldo Sanfelice.
El fiscal Gerardo Pollicita pidió la intervención plena de Idea SA firma que gerenciaba los hoteles Las Dunas, La Aldea y el Alto Calafate.
El pedido se realiza en base a tres puntos: la deuda que la empresa mantiene con Hotesur (propiedad de Cristina Kirchner) por más de $ 2 millones, la falta de “colaboración de las autoridades de Idea con el interventor de Hotesur” y la ausencia de libros contables y societarios” de la firma de Sanfelice.
La empresa Idea SA tuvo como único cliente a los Kirchner. Manejó desde su constitución los tres hoteles después que Lázaro Báez, preso por lavado de dinero, dejó de gerenciar los hoteles que entonces pertenecían a la ex Presidenta.
Hoy las acciones fueron transferidas en partes iguales a Máximo y Florencia Kirchner procesados por maniobra de blanqueo a través, justamente, del negocio hotelero con el empresario K.
En el marco de dicha causa conocida como Hotesur SA (firma dueña del hotel Alto Calafate) se ordenó una veeduría jurídico contable de tipo informativa que se renovó hace pocos meses, sobre dicha empresa, también Valle Mitre (de Báez) e Idea SA.
El objetivo de esta medida cautelar instaurada por el juez Julián Ercolini, era determinar el estado de sus bienes y los pormenores de los negocios y actividades que las empresa realizaban, “con la finalidad de conocer y controlar el funcionamiento de las firmas, sin interferir en su administración”, expresa el dictamen del fiscal Pollicita al que accedió Clarín.

Veeduría
Para el representante del ministerio Público Fiscal, una veeduría no es suficiente al momento de garantizar “un eventual decomiso, lo cierto es que a la luz de los últimos acontecimientos revelados en el marco de esta investigación respecto de la empresa IDEA, resulta necesario ampliar las facultades de la intervención a los fines de mantener incólume el patrimonio cautelado”, expresó Pollicita.
Sanfelice se encuentra procesado junto a Cristina Kirchner por lavado de activos en la causa Hotesur SA, maniobras societarias donde Lázaro Báez garantizó más de 32 millones de pesos a la ex Presidenta y cuyos fondos “de origen ilícito permitieron el incremento patrimonial de la familia Kirchner”, indicó en su momento el juez de la causa.
No son los únicos planteos que llevan al Fiscal a pedir la total intervención de Idea SA. En primer lugar, se informó una deuda de la empresa con Hotesur.
Según el convenio, la primera, debe abonar por mes -desde el 26 de mayo de 2015-, un canon mensual en $190.000 más IVA y el 22% de las utilidades.
Los veedores de Hotesur detectaron que a julio de 2017, Sanfelice pagó “sólo los cánones fijos correspondientes a los meses de septiembre y octubre del año 2017 con cinco meses de retraso, sin saldar el porcentaje de utilidades ni los intereses correspondientes”.
Entre julio 2017 a marzo de 2018,Sanfelice adeuda $ 2.019.461,31 a la firma dueña del Alto Calafate.
Lo llamativo para el fiscal Pollicita es que a marzo del año en curso, Idea cuenta con un saldo positivo de $ 4.062.158.
“Pese a contar con fondos líquidos para hacer frente a sus deudas, ha decidido incumplir intencionalmente con el pago de sus obligaciones e incrementar la deuda con Hotesur, impidiendo la recaudación del canon locativo del Hotel Alto Calafate –uno de los bienes más importantes de los activos cautelados”, expresa el dictamen con el que se pide la intervención.
Por otro lado, se recriminó la falta de colaboración de las autoridades de Idea SA con el interventor de Hotesur que buscaba determinar el monto total de la deuda generada, y la ausencia de libros contables y societarios de la firma de Sanfelice responsable de administrar los hoteles de la familia Kirchner.
Así, Sanfelice “obstruye el ejercicio de las facultades asignadas al interventor de Hotesur” al no brindar toda la información y documentación sobre todo, “preservar la integridad del patrimonio cautelado”.
Y por otro lado, desde el 13 de julio de 2015 Idea ”no han obtenido nuevos libros legalmente habilitados ante la Secretaría de Registro Público de Comercio”.

Un 2 de Julio de 1948 se sanciona la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales que posibilitó que los pequeños arrendatarios accedieran a la propiedad de la tierra, los primeros beneficiados fueron 78.000.
En esos años las cooperativas agrarias tenían fuerte presencia y desde entonces son un pilar del desarrollo del campo. Ese mismo año se fabricó en el país el primer tractor del cono sur llamado Pampa, lo que puso al país en la vanguardia tecnológica agraria. Desde entonces fuimos un país relacionado con la producción del campo, con distintas políticas y representaciones en lo social de esta situación.

Cada 2 de julio, desde 2001, se celebra el Día Mundial de OVNI. Este día pondera uno de los grandes enigmas de nuestra época, los ovnis.
Se eligió esta fecha ya que un día como hoy sucedió el incidente de Roswell, en el desierto de Nueva México, Estados Unidos.
En esa ocasión, aparentemente, una nave se estrelló contra tierra y, según testigos, tras el suceso se vio a integrantes heridos de la tripulación extraterrestre. Pese a ello, el gobierno estadounidense desmintió esta versión y dijo que se trató de un accidente con un globo.
Este incidente abrió un debate acerca de la posible existencia de seres que habiten fuera de nuestro planeta. Además, esto permitió la fundación de los llamados ufólogos (especialistas sobre OVNIs).
En este día mundial, se realizan numerosas actividades dirigidas a todos aquellos que creen en los extraterrestres como por ejemplo, sesiones de películas, series de ciencia ficción y observación del cielo en busca de objetos extraños.

Buenos Aires
El 2 de Julio de 1895 fallece Ignacio Pirovano (1844-1895), notable cirujano argentino. Se perfeccionó en París, donde revalidó su título de médico.
Prestó grandes servicios en la epidemia de cólera en Buenos Aires (1867) y, en la de fiebre amarilla (1871). Fue sobresaliente profesor de histología y el primero en usar en el país el microscopio. Nació en Buenos Aires, el 23 de agosto de 1844. Un hospital de Buenos Aires lleva su nombre.
Ignacio Pirovano se ha destacado no sólo por sus cualidades quirúrgicas, perfeccionó la utilización de la asepsia en la cirugía argentina y realizó la primera laparotomía del país, sino también por formar una gran cantidad de destacados cirujanos, lo que le valió el título de padre de la cirugía argentina.
Él era hijo de Aquiles Pirovano y Catalina Ayeno. Si bien su abuelo y bisabuelo habían ejercido la medicina en Europa, su padre era un platero italiano que había emigrado a la Argentina pero que no había logrado desarrollarse económicamente. Pirovano debió trabajar para costearse sus estudios, trabajando en una farmacia, como farmacéutico y llegó a ser practicante del Dr. Francisco Muñiz en la guerra contra el Paraguay en 1865 y durante las epidemias de cólera en 1867 y de fiebre amarilla en 1871.
Pirovano realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y en 1866 ingresó a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Ya había obtenido el título de farmacéutico cuando en 1872 se graduó como médico, sorprendiendo con su tesis Herniotomía sobre la extirpación de hernias, que presentaba un adelanto en relación a los métodos de la época. Recibió una beca del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que le permitió perfeccionarse en Francia. Allí frecuentó las clases de Claude Bernard y Luis Pasteur, asistió a las sesiones quirúrgicas de Auguste Nélaton y Jules Péan y conoció a Joseph Lister, quien le daría los fundamentos antisépticos que luego desarrollaría en el país y mejorarían la cirugía argentina. Tras tres años de estudios, regresó a Buenos Aires graduado como Doctor en la Facultad de Medicina de París.

Dr. Ignacio Pirovano
Al regresar fue nombrado titular de la cátedra Histología y Anatomía Patológica, en la Universidad de Buenos Aires. Allí instaló un laboratorío y desarrolló el uso sistemático del microscopio, que hasta su llegada no existía en la institución. En 1879 ocupó la cátedra de Medicina Operatoria y en 1882 la de Clínica Quirúrgica, tras la muerte de Manuel Augusto Montes de Oca.
El método antiséptico de Lister, basado en vaporizaciones del campo operatorio con ácido fénico, había sido introducido al país por Manuel Montes de Oca, pero fue Pirovano quien perfeccionó su utilización y la extendió al ámbito hospitalario. Practicó especialmente la cirugía de cabeza, cuello y extremidades, y su fama hizo que centralizara la mayoría de las operaciones de Buenos Aires y hasta del resto del país. Se retiraría de la actividad debido a un cáncer de la base de la lengua, y fallecería el 2 de julio de 1895, a los cincuenta años. Actualmente, un hospital ubicado en el barrio porteño de Coghlan lleva su nombre, el nombre del mismo es Hospital General de Agudos “Dr. I. Pirovano”.

Buenos Aires
La mayor amenaza judicial contra la Argentina en el extranjero, una demanda de 3000 millones de dólares de un fondo buitre por la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, ingresó a instancias cruciales en Nueva York. El Gobierno estima que los costos totales del juicio podrían trepar incluso más, motivo suficiente para el desvelo en tiempos de escasez y tormentas financieras.
Bernardo Saravia Frías, el procurador del Tesoro de la Nación, viajó a Nueva York pocos días atrás para supervisar los argumentos de los abogados que representan al Estado argentino. Se debate entre el cielo o el infierno: el tribunal debe definir si el juicio corresponde trasladarlo a Buenos Aires o si avanza en Nueva York. Los tiempos están vencidos pero el tribunal todavía adeuda una respuesta. Si la resolución de la Corte del Distrito Sur de Nueva York es desfavorable, el gobierno está convencido de que la mejor estrategia es patear el tablero
Existe un método judicial para que las fichas vuelen por el aire. Si la corte finalmente resuelve que el juicio prosiga en Nueva York, la decisión de la Procuración del Tesoro es requerir un procedimiento que en los tribunales de Estados Unidos se conoce como “discovery process”, y que obligaría a la justicia norteamericana a investigar a los dueños del fondo Burford Capital, responsable de la demanda, y a conocer cómo fue el camino financiero que condujo desde la YPF privada de los tiempos de Néstor y Cristina Kirchner hasta los buitres de Nueva York. La estrategia fue confirmada a LA NACION por fuentes gubernamentales. Tirar de la cuerda puede derribar una mampostería pesada.

Recta
La amenaza traza una línea recta entre Nueva York y Comodoro Py. Desde 2006 descansa en el juzgado de Ariel Lijo una denuncia de Elisa Carrió y Paula Oliveto sobre los manejos del kirchnerismo en torno a YPF. En 2012, las legisladoras ampliaron la denuncia para que se investigara en particular la venta de las compañías del Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, al fondo Burford Capital.
“Es evidente que estamos en presencia de un negocio financiero que se aleja de la necesidad de explotación y exploración que debía ser objetivo de una empresa con el objeto social de YPF. Todo ello, ante la anuencia de los representantes del Ministerio de economía, Planificación y SIGEN que fueron partícipe del vaciamiento, ya que suscribió sin realizar controles de ningún tipo tanto de las memorias como de los balances de YPF”, concluyeron las denunciantes. En otras palabras, que la familia Eskenazi sabía que vendía básicamente el derecho a un juicio internacional contra la Argentina cuando entregó sus empresas.

Kirchnerismo
El Grupo Petersen, que durante el kirchnerismo llegó a manejar el 25% de YPF, siempre enfatizó que no tenía nada que ver con los buitres. “El Grupo Petersen está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior”, señaló a través de un comunicado cuando se conoció el juicio.
De todas formas, si la Corte de Nueva York finalmente se inclina por el infierno, el estudio Skadden de Nueva York, que patrocina al Estado argentino, tiene la indicación de avanzar con el “discovery process” para conocer los detalles del acuerdo que dejaron en manos del fondo Burford el poder de litigar contra la Argentina. Para subrayar que se trata de protagonistas diferentes, en el Grupo Petersen sostienen que el fondo Burford no sólo compró las empresas de Ezkenazi, sino que es un jugador global de los litigios financieros.
“Hay tres opciones: quilombo, mega quilombo o giga quilombo; si el juicio sigue en Nueva York vamos por la opción del giga quilombo”, describe con tono dramático un funcionario a cargo del seguimiento del proceso. En los cálculos a mano alzada del Gobierno estiman que el costo del juicio podría alcanzar los 5000 millones de dólares, en otras palabras, un tercio del primer desembolso del FMI.
La demanda, en los papeles, fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF, antes de venderlas al fondo Burford. El argumento de los demandantes es que la estatización de YPF violó las leyes de oferta pública en los Estados Unidos. La Argentina sostiene que fue una decisión soberana y, por lo tanto, no debía seguir los caminos de una oferta accionaria tradicional en el mercado.
Así y todo, en la Casa Rosada también tomaron nota de los emisarios del gobierno español que en los últimos meses se acercaron para consultar por las vicisitudes del juicio. Si es tan clara la línea que separa el pasado del presente, ¿por qué la preocupación actual?
A fines de 2007, Enrique Eskenazi , titular del Grupo Petersen, adquirió el 14,9% del capital accionario de YPF por 2.235 millones de dólares, con opción a ampliar su participación. La red financiera incluyó una red de diferentes bancos y un crédito de la española Repsol, que controlaba la petrolera. El Grupo Petersen pagó luego gran parte de la deuda con los dividendos que dio después la propia YPF.
Por la estatización, el gobierno de Cristina Kirchner terminó por compensar a Repsol con unos 5.000 millones de dólares, mientras que las firmas de la familia Ezkenazi terminaron por ser vendidas por la imposibilidad de cubrir las deudas, entre otras, la contraída con la propia Repsol. Fue el preámbulo de la llegada de Burford al juzgado del inmemorial juez Thomas Griesa. Su señoría murió, al fin, a los 87 años, y su lugar lo ocupó la jueza Loretta Preska, quien en contra de las esperanzas locales por el cambio de nombre, le dio la razón al fondo Burford. Ahora tres magistrados de la Corte del Distrito Sur de Nueva York debaten dónde continuará el juicio. El legado de Griesa no garantiza sosiego para los nervios locales. (Fuente: La Nación)