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El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) dio a conocer este martes su veredicto en la causa denominada como «Vialidad» y resolvió condenar a la vicepresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública contra el Estado entre 2003 y 2015.
Esto lo resolvieron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, integrantes del TOF2.
La sentencia fue leída por el TOF2 constituido de manera presencial en una sala de audiencias en la planta baja de los tribunales federales en Comodoro Py 2002, edificio que amaneció con fuertes medidas de seguridad (doble vallado, solo un acceso habilitado y dos centenares de policías destinados a la custodia) para evitar incidentes durante la movilización de seguidores de Cristina Kirchner.

Un fallo histórico

Se trata de un fallo histórico y de alto impacto para la escena política de la Argentina, porque Cristina Kirchner no solo se convirtió así en la primera vicepresidenta en ejercicio en ser condenada por un caso de corrupción, sino que además la sentencia se conoció en medio de los movimientos que inició la referente del oficialismo para mostrarse como potencial candidata para pelear la presidencia en 2023.
En principio, la condena no será de cumplimiento efectivo porque Cristina Kirchner podrá apelar ante la Cámara Federal de Casación, una vez que se conozcan sus fundamentos. Y si el fallo en la segunda instancia también es adverso, la Vicepresidenta podrá recurrir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que tendrá la última palabra.
El juicio por la causa Vialidad se extendió durante tres años, en el que se desarrollaron 117 audiencias y se escucharon a 114 testigos. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron 12 años de cárcel para Cristina Kirchner y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Luciani y Mola justificaron su pedido al considerar que la expresidenta lideró una asociación ilícita que funcionó en la estructura del Estado para favorecer al empresario Lázaro Báez con contratos de obras viales en Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Los fiscales sostuvieron que la empresa Austral Construcciones (del grupo empresarial de Báez) fue la estructura creada para extraer fondos públicos mediante la asignación irregular de obras públicas viales. Asimismo, consideraron que hubo varios proyectos asignados a esa compañía que registraron sobrecostos y muchos nunca se terminaron. Luciano y Mola hablaron del » mayor» esquema de corrupción «que se haya conocido en el país».
En sus presentaciones ante el TOF2, Cristina Kirchner negó las imputaciones y acusó al tribunal de tener la condena escrita desde el inicio del juicio. La Vicepresidenta hasta comparó al tribunal con un «pelotón de fusilamiento».
La defensa de Cristina Kirchner fue ejercida por un equipo liderado por el abogado Carlos Beraldi. «Acá hablan de retornos cuando son solo operaciones comerciales, con prestaciones recíprocas, uno alquila y el otro paga un alquiler, uno pide un préstamo y el otro paga los intereses, cómo pueden hablar de retorno», justificó Beraldi, sobre las relaciones comerciales entre Báez y la familia Kirchner.

En una entrevista publicada ayer en el diario de Brasil, Folha de San Pablo, Cristina Kirchner explicó porqué el 2 de diciembre de 2019, en la primera audiencia del juicio oral, dijo «la sentencia ya está escrita». «Se violaron todas las garantías constitucionales», sostuvo, y volvió a insistir sobre los vínculos entre el fiscal Luciani y el presidente del Tribunal, Gimémez Uriburu. La semana pasada, la Vicepresidenta difundió un documento titulado «Las veinte mentiras de la Causa Vialidad», con réplicas a las acusaciones.
En su alegato, el fiscal Luciani le puso un número al perjuicio que, entendió, le produjeron al Estado las maniobras ejecutadas entre 2003 y 2015, a los fines de favorecer al Grupo Austral Construcciones de Lázaro Báez: unos 5.321 millones de pesos, dijo.

Causa Vialidad

La causa se inició en 2016, por una denuncia de Javier Iguacel, entonces director nacional de Vialidad. La investigación quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini y de los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques. Ercolini procesó a Cristina Kirchner.
Antes de ir a juicio oral, la causa pasó varias veces por la Sala I de la Cámara Federal, integrada en ese entonces por los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, y también por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que conforman Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Carlos Carbajo.
El juez Ercolini quedó envuelto el pasado fin de semana en un episodio polémico, al trascender chats sobre un vuelo privado, de octubre pasado, a la estancia patagónica de Joe Lewis, junto a otros funcionarios judiciales.
Entre estos estuvieron el camarista Carlos Mahiques, y su hijo, fiscal general porteño, Juan Mahiques, padre y hermano de uno de los fiscales, Ignacio Mahiques, que imputó a Cristina Kirchner en la primera etapa de la causa.

Después de tres años de juicio, con 117 audiencias y 114 testigos escuchados, y sobre todo, con Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena por estar entre los trece acusados, este martes el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el veredicto en la llamada «Causa de Vialidad». El impacto político del fallo es incuestionable; sus efectos, impredecibles. Sin conocerse, el veredicto ya divide aguas. La Vicepresidenta de la Nación calificó al Tribunal de «verdadero pelotón de fusilamiento» e insistió en que la condena ya fue escrita «en base a hechos inexistentes». La oposición, en tanto, se alineó con la frase del fiscal Diego Luciani al terminar su alegato: «Corrupción o Justicia».
El Tribunal deberá decidir entre la absolución reclamada por las defensas y las condenas pedidas por los fiscales Luciani y Sergio Mola. Para la Vicepresidenta pidieron 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, como jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta.

Para el empresario Lázaro Báez los fiscales reclaman también 12 años de prisión. El ex ministro Julio De Vido y el ex Secretario de Obras Públicas, José López están en la lista de los trece acusados que completan ex funcionarios de Vialidad Nacional. El fiscal Luciani le puso un número al perjuicio que, entiende, le produjeron al Estado las supuestas maniobras fraudulentas ejecutadas entre 2003 y 2015, a los fines de favorecer al Grupo Austral Construcciones de Lázaro Báez: unos 5.321 millones de pesos, precisó.
«Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país», dijo el fiscal Luciani.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner fue ejercida por el abogado Carlos Beraldi y por ella misma. «Acá hablan de retornos cuando son sólo operaciones comerciales, con prestaciones recíprocas, uno alquila y el otro paga un alquiler, uno pide un préstamo y el otro paga los intereses, cómo pueden hablar de retorno», justificó Beraldi, sobre las relaciones comerciales entre Báez y la familia Kirchner.
La Vicepresidenta volvió a hablar el martes pasado, en lo que la jerga judicial llama «últimas palabras». «Si dije que este era el tribunal del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento», calificó. Sobre los fiscales, dijo: «mintieron».
«Lo que nunca pensé es que iba a estar tan mal acusada desde la fiscalía, nada se pudo probar», agregó. Publicó, entonces, en las redes sociales, un documento titulado «Las Veinte Mentiras de la Causa Vialidad», un punteado con réplicas a los fiscales.
Cristina Fernández de Kirchner también criticó en su momento los vínculos sociales, deportivos y amistosos entre integrantes del tribunal y el fiscal Luciani. Cuestionó ahora que se le acuse de encabezar una asociación ilícita, figura penal que, dijo, aún no se les imputa a los detenidos en la causa por el intento de asesinato en su contra. «Cuando uno es víctima, la figura de la asociación ilícita no existe», ironizó.
El Presidente Fernández se solidarizó con Cristina Fernández de Kirchner con una cita de un jurisconsulto italiano (Francesco Carrara). Su jefe de gabinete, Juan Manzur, acaso fue más directo: «La Vicepresidenta hizo su descargo en forma muy contundente y yo les vuelvo a decir lo que dije públicamente: creo en la inocencia de la vicepresidenta y esperemos que hable la Justicia ahora».
El jefe de gobierno porteño y aspirante presidencial por un sector del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó a Cristina Fernández de Kirchner. «Decir que un tribunal de la democracia es un pelotón de fusilamiento es una vergüenza. Es otro ataque más de la Vicepresidenta y de todo su espacio político a la Justicia. Acá hay un fiscal que presentó las pruebas, hay un tribunal que debe juzgar de manera independiente. No hay que meterse», dijo Larreta.
Elisa Carrió también aludió al inminente veredicto: «El martes podemos poner fin a dieciséis años de impunidad», dijo, a la vez que consideró que «nadie debe festejar una condena, porque toda condena, aun siendo un acto de Justicia, es un momento de dolor». El diputado Mario Negri suscribió en Twitter la frase del fiscal Luciani: «Corrupción o Justicia».
Cristina Fernández de Kirchner difundió por las redes unas declaraciones del diputado oficialista Leopoldo Moreau, bajo el título «La Corte Suprema juega al truco con las instituciones». Más allá de las referencias al juicio de Vialidad, el diputado explicitó un comentario dominante en el oficialismo en el Congreso. «Yo creo que el martes va a haber una condena a Cristina», dijo Moreau. Vinculó el fallo al jueves tumultuoso en Diputados y a la tensión en el Senado por el Consejo de la Magistratura.
En el bloque del Frente de Todos acusan a la oposición de promover «un vacío legal» ante una acefalía en la presidencia de la Cámara Baja, más una eventual condena judicial a la Vicepresidenta. «Tal vez pensaban en desestabilizar la línea de sucesión de la Cámara de Diputados», dijo Moreau.
Según trascendió en los tribunales de Comodoro Py, el martes por la tarde los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso darán a conocer el fallo.

Los acusados

Cristina Fernández de Kirchner: 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua como jefa de la asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada.
Lázaro Báez, empresario: 12 años de cárcel como organizador de la asociación ilícita y también por el concurso con el delito de administración fraudulenta, en calidad de partícipe.
Julio De Vido, exministro de Planificación Federal: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público, como organizador de la asociación ilícita y por administración fraudulenta.
José López, exsecretario de Obras Públicas: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita, en concurso real con la administración fraudulenta.
Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV): 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita en concurso con la administración fraudulenta.
Mauricio Collareda, exresponsable del Distrito N°23 «Santa Cruz» de la DNV: 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada
Raúl Daruich, exresponsable del Distrito N°23 «Santa Cruz» de la DNV: 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada.
Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 3 años de prisión en suspenso, por administración fraudulenta.
Juan Carlos Villafañe, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 6 años de prisión por administración fraudulenta.
Raúl Pavesi, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 5 años.
José Santibañez, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 4 años de prisión.
Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas de la Nación: 4 años de prisión.
Carlos Kirchner, exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal: absolución por el delito de asociación ilícita y pedido de condena a dos años de prisión en suspenso por supuesto abuso de autoridad.

(Via País)