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El Ministerio de Salud derogó la resolución 696/20 del 31 de marzo de 2020, que habilitaba la presentación en la farmacia de recetas en formato de mensaje de texto o mensajes «a través de aplicaciones de mensajería vía web, mail o fax». Aquel permiso se encuadraba en la emergencia sanitaria pero, desde este lunes según lo publicado en el Boletín Oficial, queda sin efecto.

La resolución derogada permitía presentar la prescripción médica en la farmacia «a fin de que el paciente no deba presentarse al centro de salud u hospital para que le sea renovada la receta de medicamentos crónicos y/o cualquier otro medicamento que utilice habitualmente».
Ahora, considerando el avance de las coberturas de vacunación, «se ha logrado disminuir de manera considerable la incidencia de enfermedad grave y la mortalidad por Covid-19, independientemente de la variante circulante», dicta el texto.

Al mismo tiempo, destacaron que actualmente el impacto del coronavirus «se da en el marco de una población con altas coberturas de vacunación» y que «la ocupación de camas de terapia intensiva por Covid-19, todas las provincias se ubican por debajo del 78% de ocupación».
Cabe mencionar que, desde el inicio de la campaña nacional de vacunación de Covid-19 hasta el 19 de diciembre de 2022, «se alcanzó una cobertura del 82% en población general y 86,1% en mayores de 3 años con esquema primario».
En julio de 2020 el Senado aprobó por unanimidad la ley que regula las recetas digitales. La norma surgió de la unificación de siete proyectos distintos y habilitó a los médicos prescribir todo tipo de medicamentos de manera electrónica y las farmacias podrán dispensarlos. Autoriza también la teleasistencia, motivada por la pandemia de coronavirus.

Opinión

Arnaldo Casiró, director del Centro de Especialidades Médicas Nro. 1 del GCBA, considera que la medida es acertada porque «muchos pacientes dejaron de ir al médico» a controlarse aprovechando la comodidad de tener la receta por medios electrónicos.
También Rubén Solari, jefe de unidad del Hospital Muñiz, señaló: «Si bien resultaba práctico para ambas partes, hubo una demanda abusiva de prestaciones. Incluso, en algunas circunstancias, fue de manera descontrolada y sin reconocimiento de honorarios a los profesionales por parte de obras sociales o prepagas. El PAMI tiene un sistema de emisión de receta electrónica con firma digital del que deberían tomar de ejemplo».
En tanto, el epidemiólogo Carlos Di Pietrantonio considera que se trata de «una medida lógica». «No estaba reglamentada cómo debía ser su uso y aplicación. La metodología de fotografiar una receta adolece de muchas fallas de seguridad. Es muy simple borrar lo escrito para cambiar la indicación, por ejemplo. En realidad, es una receta fotografiada y no una digital la cual lleva una firma electrónica registrada (algunas disponen de token)».
Por su parte, Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, sostiene: «Hoy, sin restricciones, uno debería cumplir con las normativas internacionales de seguridad sobre lo que se denomina receta electrónica. La salud digital que contempla la telemedicina y recetas virtuales no es una foto de WhatsApp».
Para Lautaro De Vedia, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), es «una mala decisión». «Era una excelente herramienta, sumamente útil tanto para los pacientes como para los médicos», opina.
Martín Stryjewski, jefe de Internación del CEMIC, dijo: «Se habían autorizado por la Emergencia del Covid. Es de notar que resultaba absolutamente práctica y debería mantenerse, pero tal vez debe hacerse a través de una nueva ley. Así, todos los profesionales deberíamos tener una firma digital certificada, que requiere un proceso de validación, para poder prescribir on line».
No obstante, reconoce que las farmacias y expendedores deberían tener acceso a dicha base para poder verificar. «Las fotografías eran muy prácticas pero no tenían nada de seguridad. Quedó demostrado que es útil, pero se debe implementar de forma seria», agregó.
Por su lado, la diputada Graciela Ocaña cree que la decisión es «un retroceso» que le hace «la vida más difícil no sólo a quienes padecen patologías crónicas sino a todos los pacientes en general».

Receta electrónica

Las recetas electrónicas o digitales están reguladas por la Ley 27.553. Dentro del sistema de PAMI se puede emitir una receta electrónica dirigida directamente a la farmacia, sin la necesidad de que el paciente deba retirarla en formato de papel.
La receta digital es la que se usa, por ejemplo, en los efectores del GCBA y en muchas instituciones privadas. «El médico hace una receta que queda en una Historia Clínica a la cual pueden ingresar todos los especialistas que atiendan a ese paciente dentro de cada sistema. Y esa receta en el GCBA va directamente a la farmacia del establecimiento, donde el paciente retira la medicación», explica Casiró.
«El farmacéutico reconoce en PAMI cuáles son los medicamentos que está autorizado a vender bajo la modalidad electrónica y cada médico está registrado. A través del número de afiliado del paciente, el farmacéutico busca el medicamento que su médico de cabecera le asignó mediante una firma digital certificada. En cambio, para las prepagas uno tenía que realizar la receta con la consigna emergencia Covid 19, sacarle una foto y enviarla al WhatsApp del paciente quien la imprimía para presentar en la farmacia», comentó Di Pietrantonio.

A partir del 2 de enero, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli junto con Luciano, Lucas y Ciro Pertossi enfrentarán el inicio del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. El hecho cumplirá en enero tres años desde el asesinato en la salida del boliche Lebrique, el 18 de enero de 2020.
Los rubgiers tendrán por delante un proceso judicial que se espera que tenga 130 testigos y que durará hasta el próximo 31 de enero de 2023. Se llevará a cabo en el Tribunal en lo Criminal N°1 de Dolores que está integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.
En ese marco, se espera que los acusados se presenten en el primer día del juicio en los tribunales, pero después podrían seguir el proceso a través de la plataforma Zoom hasta la última jornada, donde también podrían ir a Dolores.

El crimen de Fernando Báez Sosa se hace en plena feria judicial

El TOC 1 optó por hacer el juicio en enero de 2023, durante la feria de verano, para que no tengan problemas de agenda.
«Este tribunal no posee en el próximo año y parte del siguiente (2023), disponibilidad en su agenda para llevar adelante un debate con la extensión del presente, al menos sin desmedro de los derechos de otras personas -en su mayoría privadas de la libertad- que esperan la realización del juicio en cada caso», señalaron los jueces.
Y agregaron: «A los fines de no demorar este proceso, ni alterar los restantes de trámite por ante el Tribunal, encontrándose sólo disponibles los meses de enero (por su afectación al servicio de feria judicial) y de acuerdo a los requerimientos de las partes, consideramos ajustado a las necesidades de todos los intervinientes, atendiendo al principio de celeridad en respeto de las garantías procesales antes esgrimidas: a) fijar para la realización de juicio oral y público, veintidós (22) jornadas, que se llevarán a cabo a partir del lunes 2 de enero de 2023, de lunes a viernes».

Los rugbiers en la cárcel

Los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa se encuentran alojados en el penal de Melchor Romero en las cercanías de La Plata, donde viven apartados del resto de los reclusos producto de las grandes amenazas que sufrieron durante los primeros meses después del crimen.
En tanto, sus familias los visitan regularmente, aunque podrían ser trasladados a la Unidad N°6 de Dolores para estar más cerca de los tribunales donde se les llevará adelante el juicio. Sin embargo, desde el entorno de los acusados, señalaron que quieren «mantener un perfil bajo».
Según informó Telenoche, los ocho están en un mismo pabellón, aislados del resto de los presos por el miedo a que les pase algo. Sin embargo, están separados en celdas de a dos, hasta que se defina su situación en la correccional.
En una celda de nueve metros cuadrados, duermen de a dos: Lucas Pertossi junto a Blas Cinalli, Máximo Thomsen, uno de los más complicados de acuerdo a los videos que trascendieron, con Ayrton Viollaz, los hermanos Luciano y Ciro Pertossi y la última la comparten Enzo Comelli y Matías Benicelli.

Pacto de silencio

Uno de los hechos que más sorprendió del caso Báez Sosa fue el polémico pacto de silencio que realizaron los acusados por el crimen. Es que todavía los acusados no hablaron sobre el día del crimen del joven de 18 años en las calles de Villa Gesell y todo gracias a la estrategia de la defensa, para que no se quiebre la unidad de los rugbiers.
La principal justificación que hacen los acusados tiene que ver con que no confían en la investigación que lleva adelante la fiscal Verónica Zamboni. Además, una de las principales denuncias que realizan los jóvenes es que hay una «persecución mediática».
A través de su abogado, Hugo Tomei, los implicados presentaron un escrito diciendo: «No poseo confianza en el proceso judicial que se viene llevando a cabo, ya que he padecido persecución mediática y he sido juzgado como ‘asesino’ por autoridad judicial».
Sin embargo, dos años después del crimen, el papá de uno de los jóvenes rompió el silencio y habló sobre lo que ocurrió el 18 de enero de 2020.
De esta manera, el padre de Lucas dialogó con Telenoche y afirmó sobre la inocencia de su hijo al no participar de la golpiza y además confesó que no comprende «por qué está preso».
Cabe recordar que Lucas Pertossi fue quien grabó a sus amigos en el momento en que golpeaban hasta la muerte a Fernando, y además es el que les avisa por WhatsApp a sus amigos sobre el deceso del joven: «Caducó».
Es por ello que el padre de este rugbier implicado insiste que su hijo no debería estar preso: «Lucas está preso por algo injusto, siendo que él solo está filmando».
A su vez, Marcos Pertossi, el padre de Lucas, es el tío de Luciano y de Ciro, otros dos de los rugbiers involucrados, los cuales cumplieron roles distintos esa noche fatídica. En el primer caso, Luciano le pegó a los amigos de Fernando, quienes intentaban salvarlo. Mientras que Ciro lo atacó por la espalda. En ambos casos, cumplen condena de prisión en La Plata, al igual que el resto de los rugbiers.
«Lucas no tiene nada que ver con esto. No es ni asesino, ni es malo. No tiene malas intenciones. Es un chico que vive feliz con las cosas que hace», estas fueron las palabras de Marcos Pertossi para referirse a su hijo.

Dos jóvenes fueron liberados

La Justicia decidió en abril de 2021 que tanto Alejo Milanesi como Juan Pedro Guarino fueran liberados producto de que no hay elementos que lo involucren en el crimen, más allá de la presencia de Villa Gesell junto con sus amigos en aquel enero de 2020.
El 10 de febrero del 2020, Milanesi había quedado en libertad junto a Juan Pedro Guarino de 19 años y era el único rugbier que iba a ir a juicio en libertad. La medida fue determinada por los jueces Fernando Sotelo, Susana Miriam Darling Yaltone y Luis Felipe Defelitto, luego de una votación que terminó con dos votos a favor del sobreseimiento y uno en contra.
En tanto, la Cámara de Apelaciones de Dolores sobreseyó a Alejo Milanesi de 19 años y confirmó que los otros ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020, continuarán en prisión a la espera del juicio oral.