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A un año de la sanción de la ley de etiquetado, las organizaciones denuncian acciones de Coca-Cola que violan la normativa y le solicitan al gobierno que tome medidas para proteger a niños, niñas y adolescentes del marketing chatarra.

A raíz de la identificación de distintas acciones de marketing de Coca-Cola, dirigidas especialmente a niñas, niños y adolescentes, más de 90 organizaciones le exigen al gobierno nacional que haga cumplir la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como ley de etiquetado, y que arbitre las medidas necesarias para proteger a las infancias de la exposición al marketing de productos comestibles y bebidas no saludables.
La ley de etiquetado, sancionada en octubre de 2021, establece que aquellos productos con un contenido excesivo de algún nutriente crítico (como azúcares o sodio, por ejemplo) deberán incluir un sello en el envase que informe sobre dicho contenido; y, en el caso de los productos con cafeína y edulcorantes, las empresas deberán incluir leyendas precautorias que desaconsejen su consumo en niños y niñas. Por otro lado, la ley establece que los productos que contengan sellos no pueden realizar publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes como así tampoco promocionar su producto a través de deportistas, cantantes, animaciones, entre otros; ni realizar promociones o entregar muestras gratuitas.
Sin embargo, en el marco del Mundial FIFA Qatar 2022, Coca-Cola viene realizando todas esas acciones prohibidas por la ley. Es necesario mencionar que fue una de las primeras empresas en incorporar los sellos en sus envases, tanto en la bebida regular como en su versión light, por lo cual debería cumplir con todas las regulaciones contempladas en la ley.

Entre las acciones de marketing identificadas se encuentran:
La inclusión de diseños con pelotas de fútbol en las etiquetas de sus productos
La entrega de productos de forma gratuita
La presencia de stands promocionales en puntos estratégicos como estaciones de trenes, donde regalan entradas para ver el trofeo del Mundial a cambio de la entrega de envases retornables
La existencia de un acuerdo comercial con la empresa Panini a través del cual se estableció una sección especial en el álbum de figuritas, producto que convoca principalmente a las infancias, que invita a coleccionar 8 figuritas exclusivamente disponibles en las etiquetas de Coca-Cola Zero. Esta acción es publicitada en televisión, en redes sociales y a través de influencers.
Estas estrategias publicitarias no son ajenas a la región, ya que han sido detectadas de manera simultánea en otros países de América Latina, razón por la cual esta declaración cuenta con el apoyo de organizaciones regionales preocupadas por los efectos de estas maniobras sobre el derecho a la salud de las infancias y adolescencias. «La entrega de obsequios como figuritas y el uso de personajes o animaciones son un determinante más en las elecciones de consumo, y es por eso que la ley de etiquetado vino a regularlas. Las infancias son una población vulnerable a este tipo de información ya que se sienten atraídos por el marketing que los interpela directamente condicionando sus preferencias de consumo por productos como las gaseosas con exceso de azúcar, cafeína o edulcorantes, que son especialmente nocivos para la salud de las infancias», declaró Leila Guarnieri, nutricionista e investigadora de FIC Argentina.

Prórrogas

En la declaración, las organizaciones también solicitan que el gobierno haga pública la información sobre las empresas que obtuvieron prórrogas en el marco de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. La normativa contempla la posibilidad de otorgar una prórroga para demorar la aplicación de las etiquetas hasta febrero de 2023, oportunidad que habría sido otorgada a más del 35% de las solicitudes presentadas. Desde la sociedad civil se ha exigido reiteradamente el acceso a información clara y precisa sobre la cantidad de solicitudes aprobadas así como el nombre de los productos y de las empresas que han sido beneficiadas pero esta información ha sido denegada en todas las oportunidades, obstaculizando la identificación de violaciones o incumplimientos a la ley.
Cabe destacar que el caso de Coca-Cola es sólo un ejemplo de cómo la industria de productos ultraprocesados aprovecha eventos masivos y culturales para hacer publicidad a expensas del derecho de la población a un entorno alimentario saludable. Es responsabilidad de los gobiernos proteger a niños, niñas y adolescentes de estas estrategias de marketing y garantizar su derecho a la salud y a la alimentación adecuada. Desde la sociedad civil exigimos que el Estado actúe en este sentido y proteja el espíritu de una ley creada para promover una Argentina más saludable.

Tras un extenso plenario, las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes, presidida por la Santacruceña Roxana Reyes, junto a la de Legislación General y Justicia, brindaron dictamen único favorable para la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios (RENDAM).
La diputada nacional, Roxana Reyes presidió junto a sus pares de Legislación General y Justicia el plenario donde se dictaminó favorablemente el proyecto de creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios (RENDAM) que tiene como objeto conformar una base de datos unificada y dinámica de las personas deudoras alimentarias morosas de todo el país, independientemente de la jurisdicción que pertenezcan.

«Con este proyecto planteamos la necesidad imperiosa de responder a los derechos y a las necesidades de los que no tienen voz que indudablemente son los NNyA», dijo Roxana Reyes. Quien agregó: «el interés superior protegido es el de los niños, niñas y adolescentes, es lo que estábamos buscando. Las madres, en su gran mayoría las mujeres, son las que deambulan cotidianamente por los juzgados», apuntó.
Dentro de las facultades del RENDAM se establece que las personas deudoras alimentarias quedarán impedidas de aperturas de cuentas bancarias o renovación de tarjetas de crédito y débito; expedición o renovación de pasaporte, solicitud o renovación de licencia de conducir; inscripción como proveedores, o contratistas del Estado; inscripción a matrícula de colegios profesionales o entidad similar necesaria para el ejercicio de actividad bajo matrícula pública, entre otras.
Roxana Reyes mencionó que cualquier «decisión garantista del deudor alimentario» debe ser suprimida del proyecto apuntando a que «no se debe proteger al que debe».
Por último, la presidenta de Familias, Niñez y Juventudes celebró el consenso que se logró ya que «es una oportunidad inigualable que tenemos de dar una respuesta a todas esas mujeres», finalizó Roxana Reyes.