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Cristina Kirchner enfrenta este martes la segunda jornada del juicio por la causa Vialidad que la tiene como principal imputada por presuntos hechos de corrupción con el empresario Lázaro Báez durante su mandato como presidenta.
Desde la fiscalía hicieron una presentación este lunes para «probar cómo los imputados planearon y ejecutaron» el entramado de corrupción que «provocó prejuicio colosal al erario y a todos los argentinos», siguiendo con la línea del juicio que se inició en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py.
«Entre 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita que tuvo como jefes a Néstor y Cristina Kirchner», y advirtió que hubo «una defraudación millonaria», sentenció el fiscal Diego Luciani a cargo de la causa que investiga a la ex mandataria, junto al empresario Lázaro Báez y una red de exfuncionarios de Vialidad.

Pruebas

Con la presencia virtual de la actual vicepresidenta, el fiscal decidió mostrar como prueba un mensaje de WhatsApp que vino desde el celular del ex Secretario de Obras Públicas y condenado por corrupción, José López.
En ese marco, las pruebas que dejó apuntaban contra CFK como «la señora» haciendo referencia al rol que vinculaba a la ex jefa de Estado con la red de corrupción.
Además, otra de las pruebas que generó un momento de tensión en la sesión fue la alusión del fiscal a las declaraciones del presidente Alberto Fernández donde hizo referencia a su relación con Báez. El titular del Ministerio Público Fiscal le preguntó al jefe de Estado si conocía a Lázaro Báez y si estaba al tanto de la actividad que se dedicaba.

«Puedo contar en detalle el único diálogo que tuve: «Bueno días, mucho gusto». Nunca más hablé. Y nunca más lo vi, nunca más lo crucé, nunca más lo vi en Casa Rosada. En los años de Néstor Presidente, iba con mucha frecuencia a Olivos y en mi vida lo vi al señor Lázaro Báez. No tengo idea», expresó el mandatario en aquella oportunidad.

Postura oficial

Este martes se conoció la primera palabra oficial del Gobierno para referirse a la situación que está viviendo la vicepresidenta con el desarrollo del juicio oral que lleva adelante el fiscal Luciani. El encargado de dejar el mensaje fue el actual jefe de Gabinete, Juan Manzur, un hombre cercano a Cristina.
«El alegato es una instancia de la cuestión judicial. Creo que en la inocencia de Cristina y esto va a quedar demostrado», señaló Manzur al formular declaraciones cuando ingresaba a Casa Rosada.

(Via Pais)

Este lunes fue un día clave para Cristina Kirchner, ya que el fiscal Diego Luciani presentó los alegatos contra la vicepresidenta por el juicio de la causa Vialidad por presunta corrupción. Será la etapa final del proceso a cargo del Tribunal Oral Federal 2, luego de la feria judicial.
El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, donde se juzga a la vicepresidenta y a otros doce imputados, se reanudó hoy con el inicio del alegato fiscal, que se extenderá durante nueve audiencias.
En ese marco, el fiscal hizo duras acusaciones contra la exmandataria por el proceso de supuesta corrupción en la adjudicación de la obra pública. «Entre 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita que tuvo como jefes a Néstor y Cristina Kirchner», y advirtió que hubo «una defraudación millonaria».
El fiscal se refirió a Báez como «socio comercial de Néstor Kirchner y de su esposa» y los responsabilizó de haber provocado un «perjuicio económico y social inconmensurable». Según comentó, «instalaron y mantuvieron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país».

Además, el magistrado dijo que «las 51 licitaciones analizadas buscaron eliminar la competencia para que Báez fuera beneficiado ilícitamente con contratos millonarios» y calificó como «una ficción» la supuesta competencia que tenían las empresas de Báez: «Fue una maniobra burda para montar un escenario de libre competencia».
El fiscal citó una declaración del actual presidente Alberto Fernández donde mencionó la relación que tenía el ex presidente durante 2003 y 2007 con el empresario kirchnerista. «Néstor Kirchner, y Lázaro Báez eran amigos íntimos, esto no está en discusión, no está controvertido. La misma Cristina Fernández lo admitió en su declaración indagatoria. También el actual presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial, al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner en el año 2003, 2004, en El Calafate, en circunstancias en que acompañó a Néstor, que estaba terminando su casa, y Lázaro Báez estaba allí, en el parque».
Por otro lado, el fiscal dijo que en los gobiernos K «la corrupción se convirtió en un comportamiento habitual, en hechos gravísimos, una organización permanente». Además, remarcó que «se encubrió, con un fin noble, la comisión de un delito, se direccionaron licitaciones públicas aprovechando una estructura de funcionarios que eran funcionales y que brindaban su aporte a la defraudación».
Luciani dijo que «luego de más de una década a cargo de la administración de la provincia de Santa Cruz los jefes de la asociación ilícita consolidaron una base de poder fáctico» y que «conocían y tenían el poder para influir en la designación de los funcionarios a cargo de Vialidad y de los organismos de control».

Absolución

En la última jornada previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron a empresas del también acusado Lázaro Báez en ese período.
El organismo consideró «irresponsable avanzar en la acusación» por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones.

Tanto la vicepresidenta como los restantes juzgados tienen obligación de presenciar las audiencias en esta etapa de alegatos, aunque como el debate se realiza por videoconferencia pueden conectarse a través de la plataforma Zoom. El juicio se realiza de manera virtual desde agosto de 2020, pero los tres jueces, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, están presentes en una de las salas de audiencias de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.
En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

La causa

La causa se inició a partir de la denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. Se apunta contra la vicepresidenta, Lázaro Báez y exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.
La presentación de Iguacel fue por la acusación de graves irregularidades en contratos de obra pública en Santa Cruz, como sobreprecios.
En la causa por corrupción en la obra pública la vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar obra pública a Báez.
El juez federal Julián Ercolini advirtió al elevar la causa a juicio oral que 51 de las 88 obras realizadas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 se hicieron con empresas del empresario K por $46 mil millones.
Según la acusación hubo una «maniobra de corrupción» entre el Gobierno durante el kirchnerismo y organismos estatales con los que «se montó una organización criminal».
De acuerdo a las acusaciones hubo «sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez».

Télam y Via Pais

El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, donde se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros doce imputados, se reanudará este lunes con el inicio del alegato fiscal, que se extenderá durante nueve audiencias.
Tras el receso judicial de invierno, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 escuchará desde este lunes en su rol de parte acusadora al fiscal de juicio Diego Luciani, quien ya anticipó que expondrá durante nueve audiencias, a razón de tres por semana.
En la última jornada previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio y termina el lunes, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron a empresas del también acusado Lázaro Báez en ese período.

El organismo consideró «irresponsable avanzar en la acusación» por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones.
Con esta postura, la única voz acusadora que quedó en el debate es la del fiscal Luciani, quien según fuentes judiciales considerará que hay pruebas para formular pedidos de pena.
Tanto la Vicepresidenta como los restantes juzgados tienen obligación de presenciar las audiencias en esta etapa de alegatos, aunque como el debate se realiza por videoconferencia pueden conectarse a través de la plataforma Zoom.
El juicio se realiza de manera virtual desde agosto de 2020, pero los tres jueces, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, están presentes en una de las salas de audiencias de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.
En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
Además de la Vicepresidenta, son juzgados el propio Báez, dueño de «Austral Construcciones»; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública José López.
También son juzgados exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.

Causa

Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo «Austral Construcciones» de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.
La Oficina Anticorrupción (OA) era querellante en la causa pero desistió de ese rol y de presentar acusación, por lo cual tras la presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas.
El juicio comenzó el 21 de mayo de 2019: declararon 114 testigos en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19.
Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que «fue un plan ideado por el Gobierno saliente» de Mauricio Macri y que la causa «forma parte del lawfare».
Entre los centenares de testigos estuvieron todos los jefes de Gabinete de los gobiernos de Cristina Kirchner y del fallecido expresidente Néstor Kirchner.
El 15 de febrero pasado, el presidente Alberto Fernández, exjefe de Gabinete entre 2003 y 2008, concurrió en persona a declarar como testigo a Comodoro Py 2002 y negó la existencia de «arbitrariedades» en la distribución de obra pública nacional.
A su turno, el también exjefe de Gabinete Sergio Massa sostuvo que las partidas para obra pública estaban incluidas en el Presupuesto nacional, aprobadas por el Congreso y negó haber recibido algún tipo de indicación u orden sobre la asignación de esos recursos.
También declararon empresarios de la construcción como un primo del expresidente Macri, Angelo Calcaterra, quien sostuvo que resulta «imposible» pensar la obra pública sin la «redeterminación de precios», una práctica habitual en momentos de inflación, que es uno de los puntos bajo análisis.
Al igual que el constructor Juan Chediak, otro testigo, mencionó que las empresas locales tienen por lo general «ventaja competitiva» por estar cerca de las zonas de la obra.
Otros testigos aludieron a las inclemencias del tiempo en la región, a la llamada «veda invernal» y al traslado de materiales a la hora de referirse al cálculo del costo de las obras.
El mes pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó recursos de la defensa de la Vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, y ratificó la continuidad del juicio oral.

(Télam)