+Prensa

Fue en el marco de la Feria Seafood Latin America 2022 realizada en San Pablo del 17 al 19 de octubre. Contó con la presencia de funcionarios y empresas del sector. El evento permitió el encuentro de empresas distribuidoras, frigoríficos, importadoras e industrias de procesados de los productos del mar y acuicultura del continente. El objetivo fue promover el consumo de pescado y marisco argentino para potenciar las exportaciones a Brasil.
El Consejo Federal Pesquero, bajo el signo distintivo «MAR ARGENTINO, salvaje y austral», junto con la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, convocaron a empresas argentinas del sector pesquero a participar de la Feria Seafood Latin America 2022 que se desarrolló en San Pablo del 17 al 19 de octubre.

Respecto a la Delegación argentina, fue encabezada por el Dr. Julián Suárez, Presidente suplente del Consejo Federal Pesquero y Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, la Lic. Carla Seain Consejera por la Provincia de Buenos Aires ante el Consejo Federal Pesquero y Subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Buenos Aires, Diego Marzioni, Consejero por la Provincia de Tierra del Fuego y Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Provincia de Tierra del Fuego. El sector privado estuvo representado por las empresas: Congelados Ártico, Grupo Iberconsa, Food Partners Patagonia, Newsan Food, Grupo Conarpesa, Lanzal y Red Chabmer.
En el marco de la feria, donde la República Argentina es la primera vez que participa, junto al Embajador Argentino en Brasil, Lic. Daniel Scioli, se llevaron a cabo reuniones con empresas pesqueras argentinas y las cámaras empresarias brasileñas dedicadas a la importación de pescado, con el objetivo de definir acciones concretas para aumentar los volúmenes de las exportaciones de merluza argentina a ese país.
El Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera y Presidente suplente del Consejo Federal Pesquero, Dr. Julián Suárez, declaró: «Es una gran satisfacción participar de esta importante feria en donde trabajamos para estrechar los vínculos entre las empresas argentinas y los importadores de pescados y mariscos del continente. Al finalizar la feria, conversé con todos los representantes de las empresas pesqueras argentinas y todas han coincidido en que, la Seafood San Pablo superó las expectativas y que han sido tres jornadas de intenso trabajo que arrojó resultados positivos.»

Mercado

Uno de los referentes empresarios que estuvieron presentes en la feria, el Lic. Juan Martin Ithuralde, Gerente Comercial de la empresa Food Partners afirmó: «Decidimos participar para desarrollar un mercado alternativo para el Langostino Salvaje. Fue muy interesante estar ya que nos permitió conocer nuevos importadores/distribuidores en Brasil. Esperamos en el corto plazo poder empezar a exportar a este mercado. Creemos que sería importante que la feria crezca en cuanto a concurrencia de expositores en años próximos.
La organización del stand argentino fue muy buena, agradecemos el esfuerzo tanto de la Agencia de Inversiones como del Consejo Federal Pesquero y esperamos que esto se sostenga a futuro dado que es necesario para desarrollar el mercado y poder aumentar el volumen exportado del Langostino.»
Por otro lado, Valentina Bragagnolo Representante Comercial de Red Chamber Argentina en Brasil sostuvo: «Ante todo queremos agradecer la convocatoria para participar del stand al Consejo Federal Pesquero y a la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio. Los felicitamos porque fue un stand muy bien atendido, diagramado, prolijo y muy cómodo trabajar. La feria tuvo un nivel de convocatoria de excelencia, los empresarios que estaban eran jugadores importantes del mercado brasilero y pudimos avanzar con auspiciosos vínculos comerciales. Estamos optimistas de concretar ventas a muy corto plazo.
El mercado brasilero nos parece sumamente atractivo para colocar los productos que estamos realizando en nuestra planta de Argentina. En líneas generales nos quedamos con una impresión muy buena porque la merluza argentina tiene una destacada reputación entre los compradores del país vecino, todos reconocen que es un producto de excelencia. Con respecto al langostino tenemos un desafío muy grande, tanto las empresas como la «marca país», para poder posicionarlo y «educar» al consumidor brasilero sobre las características únicas que tiene el langostino salvaje y patagónico, como lo estuvimos promocionando, y que lo convierte en un producto de alta gama.

Dato

Cabe recordar que el mercado de exportación de langostinos argentinos hacia Brasil permaneció cerrado para la Argentina como consecuencia de acciones judiciales que comenzaron en el 2013 cuando la Asociación Brasileña de Criadores de Camarones (ABCC) inició un proceso judicial contra el Ministerio de Pesca y Acuicultura de Brasil. En 2021, durante la actual gestión de gobierno, tras las gestiones del Embajador Daniel Scioli; el ex Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; la ex Jefa de Gabinete del MAGyP y actual Presidenta del SENASA, Diana Guillen; el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, la Argentina logró recuperar este mercado para la especie.

El plan para la financiación y compra de electrodomésticos en 30 cuotas, conocido como Ahora 30, comenzó a regir este viernes e incluye un congelamiento por 90 días en los precios de productos como heladeras, lavarropas, celulares, televisores y equipos de aire acondicionado de bajo consumo, todos de producción nacional.
El nuevo programa fue reglamentado a través de las Resoluciones 56 y 57/2022, publicadas en el Boletín Oficial, y regirá hasta el próximo 22 de diciembre o hasta superar un límite para el conjunto de operaciones de $100.000 millones, lo que ocurra primero.
El Gobierno también dispuso la opción de una prórroga del mismo hasta el próximo 19 de enero, la cual dependerá de su funcionamiento y recepción, según señalaron fuentes de la Secretaría de Comercio.
Se podrán financiar la compra de aires acondicionados con tecnología «inverter», lavarropas, heladeras, televisores de 50 o más pulgadas con resolución 4K y celulares 4G de gama baja y media, todos de producción nacional y que contarán con una señalética para identificarlos en los locales y páginas de venta online.

El límite del valor de venta de los productos será de $200.000, con un tope máximo de precio cupón -es decir, incluidos los intereses- de $ 400.000.
Por tanto, el tope excluirá a mayoría de televisores de más de 58 pulgadas al igual que los celulares de gama alta como el Motorola Edge y el Samsung Galaxy S22, que poseen un valor de venta superior.
La tasa de financiamiento será del 48%, casi la mitad de la actual en el sistema financiero para el pago de resúmenes de tarjetas de crédito, que es de 83% de Tasa Efectiva Anual (TEA).
Del programa no sólo participan las grandes cadenas sino también pequeños y medianos comercios, siempre y cuando tengan una sede física.
Los proveedores y comercios adheridos podrán elegir cobrar las operaciones realizadas con tarjeta de crédito en un plazo de 60 días corridos con una tasa máxima de descuento de 37,79% o de hasta diez días con una tasa máxima de 41,31%.
Tanto las sanciones por incumplimientos como la modalidad de operatoria e inscripción para los negocios son las mismas que el programa Ahora 12, al evaluar que el mismo ya posee una «estructura reglamentaria eficaz».
Las empresas, por ejemplo, serán sancionadas si no se encuentran ofertados en sus sucursales o no cuentan con la señalética, al menos el 80% de los productos acordados.
Entre los considerandos de las resoluciones, se señala que los sectores que participarán del programa «han incrementado sostenidamente su oferta local, logrando abastecer la demanda interna», y que el programa se vio motivado por el pedido de los sectores industriales radicados en Tierra del Fuego.
«Resulta oportuno atender dicha demanda en tanto constituye una herramienta útil que impulsará el consumo e incentivará las ventas de dichos sectores», señala la normativa, e indica que el programa contribuirá «a las políticas impulsadas por el Estado Nacional con la finalidad de potenciar el desarrollo de sectores dinamizadores del desarrollo económico del país».
Al igual que Ahora 12 -agrega- se trata de una «herramienta valiosa para fortalecer el mercado interno, ampliar el acceso a bienes, incrementar y sostener la demanda, estimular las inversiones y la producción local; y consolidar la creación de más y mejor empleo».
Si bien el programa comenzó este viernes, con el paso de los días se incorporarán más comercios y productos al mismo, ya que se abrirá un registro en el cual podrán participar los comercios.

Celulares

Para los celulares, tras un largo reclamo de las empresas del sector, es la primera vez desde octubre de 2020 que se los puede volver a adquirir en tasa subsidiada, luego de haber sido eliminados en ese momento de Ahora 12 debido a una «reasignación de recursos».
Desde agosto de 2021 hasta febrero de este año, Ahora 12 incluía el plazo de financiamiento en 30 cuotas con una tasa máxima del 40,18%, pero luego esta opción se suprimió manteniendo los planes de 3, 6, 12, 18 y 24 cuotas.

(Télam)

El oficialismo de la Cámara de Diputados decidió el jueves incorporar un artículo en el proyecto de Presupuesto 2023 para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias, con lo cual se estima que se podrán sumar $237.000 millones a las arcas públicas.
La solicitud fue realizada por el secretario de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos), quien señaló que «hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales».
«Cuando uno mira en detalle el presupuesto se encuentra con un rubro, que es importante, controvertido, a lo largo de los años, y que creo que hay que modificar en esta oportunidad», lanzó el entrerriano como introducción.
En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresaran al Poder Judicial desde ese año pagaran Ganancias, pero como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta ese impuesto de sus haberes.

El artículo incorporado ahora fija que «en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones».
El diputado oficialista dijo que en 2022 el Estado no recaudará «129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan Ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones».
En relación a 2021 leyó un informe que estimó esa suma en 55 mil millones de pesos.
«Los trabajadores que ganan más de $ 330.000 pagan Ganancias, y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan $ 1.000.000 o $ 2.000.000 mensuales, no pagan», agregó.
Casaretto señaló que quienes «tienen la capacidad de tributar el impuesto, aquellos que cobran un millón, dos millones de pesos y no pagan impuesto a las Ganancias, deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial», en referencia al argumento de los magistrados para que sus ingresos no se vean depreciados, dado que mientras ejercen el cargo no pueden desarrollar actividad privada.
«Claramente yo no coincido con esta exención; de hecho el año pasado presenté un proyecto de ley en el cual me acompañaron unos cuarenta colegas, esencialmente de mi bloque, y que diputados aquí presentes han sido parte de la discusión», remarcó.

Respuesta

En tanto, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, se declaró en estado de «alerta y movilización» en todo el país en rechazo a «la propuesta de que los trabajadores de la actividad abonen el mal llamado Impuesto a las Ganancias, ya que el salario no es ganancia».
Piumato sostuvo que «el problema de la Argentina no son los trabajadores ni quienes abonan Ganancias sino la usura financiera que saquea la riqueza y el futuro».
En tanto, Casaretto recordó en su argumentación que la discusión de este tema «surgió en la década del ’30, cuando la Corte Suprema de entonces, que había declarado constitucional el Golpe de Estado de 1930, había resuelto que tenía que pagarlo toda la sociedad, menos ellos».
«Se siguió sucediendo con el tiempo, y cuando ese impuesto a los réditos cambia, en la década del ’70, se dispuso que estuvieran exentos tres ítems: jueces, legisladores y jueces y legisladores jubilados», continuó.
Casaretto prosiguió: «En 1996 este Congreso derogó esos tres artículos, con promulgación el 26 de marzo de ese año; y muchas cosas demoran muchos años en la Justicia, pero esta no, porque el 11 de abril, dos semanas después, firman una acordada por la cual declaran inaplicable esa ley».
«Y lo hicieron en relación a los jueces y a los jueces jubilados, o sea que, todos los demás, de vuelta a tener que pagar, menos ellos. De hecho a partir de ese momento, los legisladores activos y jubilados comenzaron a pagar, y hoy pagamos», precisó.
Para clarificar, añadió: «Hoy el Poder Ejecutivo, paga; los legisladores, pagamos; y los jueces no lo hacen. Porque ellos, con esa Corte presidida por Julio Nazareno (en los ’90, durante el Gobierno de Carlos Menem), dispusieron que no se hiciera».
«Volvió a discutirse en 2016, alguno de los acá presentes votó una ley, que dispuso que comenzaran a pagar los designados de 2017 en adelante; pero sobre eso la política aplicó cautelares y no pagó ninguno», advirtió.
En la cronología mencionó que «el tema volvió a aparecer en octubre de 2018 durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2019; y allí el diputado (Nicolás) Massot (entonces presidente del bloque PRO) pidió junto a otros colegas que se tratara este tema».
«Se obtuvieron tres cuartos de los votos para tratar el tema (mayoría especial requerida) pero cuando se llegó al momento de considerarlo, Massot dijo ‘estamos todos de acuerdo’ en tratarlo; y el presidente de la Cámara, Emilio Monzó (también del PRO), le respondió: ‘Estamos todos de acuerdo en tratarlo, pero no en esta sesión, en la sesión siguiente'», relató.
«Todavía estamos esperando», remató Casaretto ante ese análisis que finalmente nunca llegó.
«Dos semanas después la Corte falló, rechazó las cautelares y mandó a pagar a los jueces que no lo habían hecho, por lo que, durante casi dos años no habían cumplido la ley, y allí lo empezaron a hacer», añadió.
El diputado oficialista también aclaró que «un tiempo después hubo otra acordada por la que fijaron que solo debían pagar por alguno de los códigos de sus ingresos y no por la totalidad; o sea que hoy paga solo una parte de los jueces, y paga solo por una parte de sus remuneraciones y no por las otras».
Sobre este punto, el exjuez y diputado radical Fernando Carbajal (Formosa) dijo que pagó Ganancias cuando ejerció en el cargo y se mostró favorable a que el Poder Judicial pague tributos.
«Como ingresé después de 2017 pagué el impuesto, e incluso lo pagué con gusto, porque creo que corresponde; coincido, así debe ser y creo que el desencuentro histórico que planteó muy bien Casaretto tuvo que ver con que hubo tibieza y complicidad por parte de los poderes ejecutivos», agregó.
En ese sentido, advirtió: «Nunca una acordada pudo modificar una ley; si esto fue un consentimiento a una serie de actividades irregulares de los poderes judiciales, porque está la acordada de la Corte Suprema, pero cada superior tribunal de Justicia de cada una de las provincias, sacaron resoluciones administrativas y se autoconcedieron el beneficio».
«Durante años la AFIP no dijo nada y los poderes ejecutivos nacionales tampoco, en un acuerdo espurio que durante muchos años hubo con sectores de la Justicia; y esto también es parte de la historia», remarcó.

(Télam)

El Sindicato de Camioneros y los empresarios del sector fracasaron nuevamente este miércoles en las negociaciones salariales en el Ministerio de Trabajo, por lo cual el adjunto del gremio y cotitular de la CGT, Pablo Moyano, advirtió que si el próximo encuentro no hay acuerdo habrá medidas de fuerza en todo el país.
Moyano indicó a la prensa, después de una audiencia de pocos minutos, que la patronal ofreció 84% de aumento para todo el año -lo que consideró una «ridiculez»- y que el sindicato sigue reclamando 131% más un bono, y criticó duramente a diversos grupos empresarios, a los que acusó de «especuladores» que «aumentan los precios».

El dirigente dijo que los empresarios «ofrecieron el 84%, no vamos a permitir que le falten el respeto a los camioneros, y seguimos reclamando el 131% y un bono».
Moyano advirtió que «si el miércoles próximo vienen con una ridiculez empezaremos el mismo miércoles» con las acciones de fuerza y «serán los empresarios los responsables de las medidas que vamos a tomar».
El cosecretario general de la CGT sostuvo que «los empresarios son los especuladores; Arcor, la Sociedad Rural, Mercado Libre, Techint, Paolo Rocca, las petroleras, son los que aumentan los precios todos los días».
Y al ser consultado sobre un eventual pacto para un congelamiento de precios, contestó: «Te creés que si los camioneros congelan los salarios, Coto, Carrefour, toda esa banda van a congelar los precios?».
Moyano reiteró su pedido de un bono salarial «para todas las organizaciones» de trabajadores, especialmente en los casos en que no pueden cubrir la canasta básica, y dijo que «30 mil pesos es la base».

(Télam)

Roxana Reyes, recibió en la comisión que preside, a UNICEF Argentina, ONG Infancias en Deuda, CIPPEC, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Defensoría de la Niñez y la Secretaría nacional en donde alertaron sobre recortes en las partidas presupuestarias para el año que viene por parte del Gobierno Nacional.
En el marco del análisis del presupuesto 2023 que será debatido en el Congreso Nacional, la comisión de Familias, Niñez y Juventudes presidida por Roxana Reyes recibió a referentes de distintas organizaciones y organismos que trabajan con la temática en nuestro país para alertar y poner en conocimiento a los legisladores sobre los recortes presupuestarios que prevé el proyecto original en diversas líneas de acción en materia de políticas públicas para proteger a los más vulnerables.

Según el último informe del INDEC, en nuestro país el 50,9% de niños de hasta 14 años es pobre por ingresos. En este sentido, desde UNICEF Argentina, plantearon en su informe que «si no hay modificaciones en el presupuesto 2023 existen amplias posibilidades de incumplir la ley 26.061 en cuanto a la intangibilidad de recursos de niñez», sostuvieron. Además, agregaron que hay «riesgos de desfinanciamiento significativos para algunas políticas fundamentales para la niñez, como la prestación alimentaria».
Por su parte, la ONG Infancias en Deuda expuso que «en relación con el presupuesto vigente, la inversión para el año que viene se reduce un 10%». La organización detalló las políticas que afecta esta reducción: «12% en Asignación Universal por Hijo/a; 31,8% en Prestación Alimentaria (antes Tarjeta Alimentar); 35% de construcción de Jardines de Infantes y 22% en infraestructura y equipamiento escolar».
Al respecto, Roxana Reyes mencionó que «los números que se han planteado en cada exposición resultan alarmantes y es necesario que en materia de presupuesto se tenga una perspectiva sobre los derechos de los NNyA».