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Desde la oposición señalan que se trata de una jugada política de Cristina Kirchner para apuntar a quedarse con un lugar más en el Consejo de la Magistratura.
Cabe señalar que el pasado lunes la Corte Suprema ratificó el fallo y ahora el órgano encargado de designar y sancionar jueces será manejado por el máximo tribunal, con Horacio Rosatti a la cabeza. Allí el Frente de Todos expresó sus molestias por la decisión judicial y ya comenzó a delinear su siguiente jugada política.
El Frente de Todos ahora tendrá dos bloques en el Senado. Frente Nacional y Popular, y Unidad Ciudadana.

Ante este escenario, los 35 senadores que conforman el Frente de Todos en el Senado anunciaron mediante un escrito que le llegó a la presidente de esta cámara, Cristina Kirchner, que el bloque que integraban se dividirá en dos espacios: uno de 21 miembros, llamado Frente Nacional y Popular, y otro de 14 integrantes, llamado Unidad Ciudadana.
Si bien en las primeras horas se especuló con que esta división respondía a la interna del Frente de Todos, rápidamente comenzó a circular la versión que la decisión se daba para tener un integrante más en el Consejo de la Magistratura, que tendrá 20 miembros.
De acuerdo a la ley que volvió a poner en vigencia la Corte Suprema, tanto el Senado como la Cámara de Diputados deben nombrar a dos representantes para que estén en las sillas del organismo. Esos puestos le pertenecen a las segundas minorías parlamentarias de ambas cámaras.
Con el bloque oficialista partido, el Frente Nacional y Popular tiene 21 miembros, la Unión Cívica Radical 18 y Unidad Ciudadana tiene 14. Así, el oficialismo tendría un total de 3 lugares y Juntos por el Cambio uno solo.
El senador radical Alfredo Cornejo, uno de los hombres más fuertes de Juntos por el Cambio, lanzó una dura crítica en su cuenta de Twitter a la decisión del oficialismo de mostrar una división.

El referente opositor señaló que es una «vergonzosa e impostada división del Bloque de senadores del Frente de Todos» y remarcó que el objetivo del oficialismo es «intentar robarse un lugar en el Consejo de la Magistratura».
Patricia Bullrich fue otra de las voces fuertes que se expresó en su cuenta de Twitter, donde remarcó: «Patético, cobarde y siniestro. ¡Basta, Cristina Fernández! Deje a la Argentina en paz».
Por su parte, otro de los que se expresó fue Mario Negri, donde señaló que «el único plan que tiene Cristina Kirchner es controlar la Justicia. Mandó a dividir el bloque de Senadores para impedir que Luis Juez llegue al Consejo de la Magistratura».

El Fiscal se opuso al pedido de sobreseimiento argumentando que hay medidas de pruebas pendientes. La decisión deberá ser tomada ahora por el juez Sebastián Casanello.
La solicitud del Fiscal es que se niegue el sobreseimiento aplicado a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como «La ruta del dinero K», por la que fueron condenados el empresario santacruceño Lázaro Báez y sus hijos. El fiscal argumentó que hay varias medidas de prueba pendientes y cuestionó el rol de las querellas, a las que acusó de abandonar su rol.
En un escrito que tiene la firma del Fiscal al que tuvieron acceso diversos medios, se hace saber: «Se encuentran pendientes de producción medidas de prueba solicitadas por esta Fiscalía que se estiman conducentes y fundamentales a los fines de dirimir la responsabilidad penal de la nombrada en relación a los hechos por los cuales se encuentra imputada».

A fines del año pasado, el juez Sebastián Casanello ordenó varias medidas de prueba en el expediente que sigue en la etapa de instrucción. Entre otras cosas, le pidió a su par Julián Ercolini que le mande toda la información vinculada al cruce de llamadas agregado a la causa Cuadernos. También le solicitó Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 (TOF 1) una copia de una pericia realizada al celular del ex secretario de Obras Públicas José López, donde surgirían los números utilizados por Báez.
En esa causa, la ex presidenta tiene una falta de mérito dictada por el juez Casanello, quien la llamó a declaración indagatoria a instancias de la Cámara Federal en 2018, cuando la entonces ex jefa de Estado desfilaba por Comodoro Py y nada hacía sospechar su regreso al Ejecutivo.
A mediados de septiembre del año pasado, la Sala II de la Cámara Federal le ordenó al juez una definición sobre la situación procesal de Cristina Kirchner, Juan Pedro Damiani Sobrero (el ex presidente de Peñarol de Uruguay), y Antonio Demarco, un intermediario en la compra del campo El Entrevero. Desde entonces, solo se resolvió la situación procesal de Demarco, que fue sobreseído por la Cámara Federal.
Por ese motivo, la defensa de la Vicepresidenta se presentó hace dos semanas en el juzgado de Casanello para insistir con el sobreseimiento. Los abogados hicieron hincapié en el fallo de la Cámara Federal que apuraba una definición sobre la situación procesal de la ex mandataria. Nuevamente, el Juez giró a las partes el pedido para que opinaran sobre el tema. Como ocurrió hace unos meses, las querellas de la AFIP y la UIF se manifestaron a favor de cerrar la etapa de instrucción.

Ahora, el fiscal Marijuán se opuso al sobreseimiento de la Vicepresidenta y cuestionó en duros términos el rol de las querellas. «Esta parte no puede dejar de señalar el comportamiento asumido por las querellas, en tanto entienden que no tienen medidas de prueba para sugerir y que en consecuencia VS se encuentra en condiciones de resolver la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner del modo que estime corresponder, circunstancia que implica, en los hechos, el inexcusable abandono de su actuación como acusadores en este proceso», sostuvo.
En ese sentido, recordó que fue la UIF la que propuso un entrecruzamiento de llamados entre las líneas telefónicas correspondientes a Lázaro Antonio Báez y los ex secretarios de Cristina Kirchner.

Informe

La «ruta del dinero K» comenzó en abril de 2013, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando el empresario necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz.
En el juicio oral, Lázaro Baéz fue condenado a fines de febrero a 12 años de prisión. También recibieron condenas sus cuatro hijos, su ex contador Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, Fabián Rossi, entre otros. Luego de las apelaciones, la definición ahora quedó en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación.

El Gobierno nacional oficializó el aumento del 50 por ciento del monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar, que perciben 2,4 millones titulares y alcanza a 4,1 millones de personas. El incremento corresponde al pago de abril y se cobrará en los primeros días de mayo.
La Resolución 371/2022, publicada este martes en el Boletín Oficial, con la firma del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, indica los nuevos montos que se percibirán a partir del próximo mes:

– $9.000 para padres o madres con un hijo de 0 a 14 años inclusive; mujeres embarazadas (a partir del tercer mes) y familias con una persona con discapacidad a su cargo, sin límite de edad.

– $13.500 para padres o madres con 2 hijos que cumplan con los criterios de focalización (A y/o C) de la Categoría 1, y mujeres embarazadas (a partir del tercer mes) con un hijo que cumpla con un criterio de focalización (A o C) de la Categoría 1.

– $18.000 para padres o madres con 3 hijos/as que cumplan con los criterios de focalización (A y/o C) de la Categoría 1, y mujeres embarazadas (a partir del tercer mes) con al menos dos hijos/as que cumplan con los criterios de focalización (A y/o C) de la Categoría 1.

El incremento corresponde al pago de abril, que demandará una inversión por parte del Estado de $27.000 millones, y se acreditará en las tarjetas del programa, según informaron fuentes oficiales.

El presidente de la Corte Suprema tomó el control del Consejo de la Magistratura y pidió que empiece a funcionar de inmediato.
La Corte Suprema de Justicia finalmente tomó el control del Consejo de la Magistratura y pidió que se ponga en funcionamiento de forma inmediata, en medio de las críticas de Cristina Kirchner y otros funcionarios oficialistas.
De esta forma, pondrá en funcionamiento el fallo que pretendía de que el órgano esté integrado por 20 miembros y no 13 como se había impuesto durante el gobierno kirchnerista. Se le tomará juramento a los nuevos consejeros electos y notificarán al poder legislativo para que envíe sus miembros.
En un nuevo fallo publicado este lunes, el máximo tribunal de Justicia dispuso que el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021.

De ese modo, el Consejo será presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.
El fallo lleva la firma de Rosatti; del vicepresidente, Carlos Rosenkrantz; y del juez Juan Carlos Maqueda. El único que no firmó el fallo fue Ricardo Lorenzetti, juez del máximo tribunal y expresidente del mismo.
Asimismo, la Corte ordenó que los nuevos representantes que hayan sido elegidos o designados por sus respectivos estamentos asumirán sus cargos previo juramento de ley, el quorum será de 12 miembros y las comisiones deberán ser conformadas según lo establecido en el art. 12 de la ley 24.937 (texto según ley 24.939).

Fallo

En el fallo de diciembre del año pasado, que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de trece miembros, la Corte fijó un plazo de 120 días para ampliarla a veinte integrantes y dispuso que la asunción de los nuevos consejeros debía ser «conjunta y simultánea».
En la resolución de hoy, para salvar la ausencia de los nuevos miembros representantes del Congreso, cuyo ingreso fue judicializado, la Corte argumentó que «resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos -cualquiera fuera el motivo- pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional».
Con esta decisión, la Corte avanza en el cumplimiento de su acordada de diciembre pasado pese a las críticas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del ministro de Justicia Martín Soria, del propio presidente del Consejo Alberto Lugones y de numerosos dirigentes y parlamentarios del oficialismo.
El domingo, a través de las redes sociales, la Vicepresidenta advirtió que hay una «casta de la que nadie habla» al reprochar el silencio de muchos medios y periodistas en esta materia, y citó una publicación explicativa del periodista Matías Mowszet sobre las implicancias de esta grave controversia institucional.
«Mañana el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura (el órgano que designa y remueve jueces) gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó auto-eligiéndose meses atrás», dijo Mowszet, citado por Fernández de Kirchner.
En el caso de Soria, el ministro habló de un «golpe institucional» y recordó que el actual presidente de la Corte, y flamante titular del Consejo de la Magistratura, llegó al máximo tribunal por un decreto del expresidente Mauricio Macri.
Lugones, por su parte, en la última sesión del Consejo con la integración de 13 miembros que se celebró el miércoles pasado, señaló una vez más que «no me gusta el fallo de la Corte pero, como juez, debo cumplirlo».
No obstante, el camarista penal de San Martín planteó en el mismo encuentro que si Rosatti asume sin la totalidad de los miembros de la nueva composición, sería «una especie de intervención» porque no se cumpliría el precepto fijado por la misma Corte en el fallo, en el que ordenó que la asunción de los nuevos consejeros debía ser «conjunta y simultánea».
Sumándose al debate, el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos emitió esta mañana un comunicado en el que le solicitó a la Corte un plazo de 90 días para sancionar la ley del Consejo que ya cuenta con media sanción del Senado.
Más allá de la discusión política-institucional, lo cierto es que la asunción de los representantes del Congreso aún sigue suspendida por la presentación en la Justicia federal de un amparo del diputado nacional del FdT Marcelo Casaretto.
La Corte recibió hoy un pedido de ‘per saltum’ para resolver el amparo, solicitado por el abogado y exmiembro del Consejo de la Magistratura bonaerense Guillermo Sagués, y también dispuso que el juzgado que tramitó el recurso envíe toda la documentación relativa al cuarto piso del Palacio de Tribunales.
Aun sin estos representantes designados, la Corte decidió avanzar en la toma de juramento a la representante de los magistrados, la jueza civilista Agustina Díaz Cordero, y a las nuevas abogadas, Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, aunque por el momento no fijó fecha.