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Buenos Aires
La causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, enfocó su tercera etapa en Santa Cruz, el terruño K y que fue epicentro de las “maniobras criminales” que permitieron que en doce años el empresario K reciba 52 contratos por 46.000 millones de pesos.
En este contexto y convencidos que fueron parte de la estructura estatal que benefició al Grupo Austral, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, pidieron que sean llamados a indagatoria Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta, los ex gobernadores de Néstor y Cristina Kirchner.
Además de ex ministros de Economía y fiscales de Estado que en conjunto inyectaron más de $ 1.800 al Grupo Báez.
Bajo el convencimiento de que hubo una “asignación de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez”, los fiscales Pollicita y Mahiques, pidieron que respondan ante la Justicia los tres ex gobernadores sureños que estuvieron al frente de la administración provincial en el período en el que más obras recibió el empresario K.

Cristina
La causa tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, responsable de una asociación ilícita que se dedicó- a través de la obra pública vial- a “obtener el dinero del Tesoro Nacional; convirtieron en a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad”.
Este tramo de la investigación ya está a cargo del Tribunal oral Federal 2 que tendrá a cargo el juicio oral y público.
Ahora, se busca avanzar sobre las responsabilidades provinciales que permitieron que Báez reciba contratos por 46.000 millones de pesos con sobreprecios del 65% y dejando inconclusas la mitad de las obras.
En el dictamen de 104 páginas, al que accedió Clarín, se señaló que la asociación ilícita encabezada por Cristina Kirchner, seleccionó a la provincia de Santa Cruz, como el lugar en donde se “ejecutaría la matriz de corrupción”.
En ese contexto los ex presidentes, acordaron “generar un éxito continuo y permanente del plan delictivo” a través de “sucesivos proyectos perjudiciales para hacerse ilícitamente de los fondos públicos”.
Para que esto funcione, se puso en marcha una “maquinaria eficaz, con beneficios exclusivos y permanentes”, para direccionar y “sustraer fondos del Estado a favor de Báez”.
Los representantes del ministerio público Fiscal, fueron más allá y entendieron que la estructura que funcionó a nivel nacional, requirió de un estado provincial que obró de forma coordinada, “con multiplicidad de actores, división de roles y extensión en el tiempo por más de diez años” para “favorecer al Grupo Báez”.

En la mira
Las responsabilidades apuntan a los ex gobernadores que eligieron Néstor y Cristina Kirchner. Todos ellos, Acevedo, Sancho y Peralta junto a sus ministro de Economía, “contribuyeron al plan criminal” que inició en el “Estado nacional”.
¿Qué responsabilidades se les atribuye? La colaboración permanente con el destino de fondos a través de Vialidad provincial, la falta de controles en las obras otorgadas, reasignación de partidas provinciales, la entrega de anticipos de obras sin que hayan iniciado, haber convalidado el “esquema a nivel nacional” a favor de Báez, son parte de las acusaciones.
De las más de 50 contrataciones analizadas, el 92% tuvieron por comitente a Vialidad Provincial, ya que todo se hacía a través de convenios entre Vialidad Nacional y su par santacruceña.
Allí, se acordaba la realización de determinadas obras bajo financiación y supervisión nacional pero “delegando la licitación, adjudicación e inspección del avance de las obras en la entidad provincial”.
Así, indicaron los fiscales indicaron que fue necesario que la “matriz de corrupción instaurada en la administración pública central se replicara en el ámbito provincial”, en donde los ex Gobernadores de Santa Cruz y los funcionarios de las distintas carteras de la administración provincial desde 2003 a 2015 “contribuyeron, por acción u omisión, en el plan criminal destinado a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación y falta de control de obras viales al Grupo Báez”.
Acevedo, Sancho y Peralta, para Pollicita y Mahiques “fueron gestores” con una estructura propia que desde las partidas presupuestarias “destinaba fondos al Grupo Austral”.
Sus respectivos ministros de Economía de quienes dependía Vialidad Provincial, fueron responsables de “no controlar las obras viales” y contribuyeron en la “dotación de recursos provinciales” a través de “la confección del presupuesto provincial” y de la reestructuración de partidas ejercicio tras ejercicio.

Cuánto dinero entregó cada gobernador
Sergio Acevedo: permitió el flujo de más de 395 millones de pesos a favor del Grupo Báez entre abril de 2004 y marzo de 2006.
Carlos Sancho (socio de Máximo Kirchner): garantizó más de 918 millones de pesos en pagos al empresario K entre marzo de 2006 y septiembre de 2007.
Daniel Peralta: permitió transferencias desde el tesoro provincial a Lázaro por más de 561 millones de pesos entre 2007 y fines de 2009.

En este día recordamos a aquellos combatientes que perdieron sus vidas en incidentes ocurridos durante la lucha contra los fuegos de bosques y campos.
El 4 de mayo se celebra el Día Internacional del combatiente de incendios forestales en conmemoración a cinco combatientes fallecidos en un incendio en Canadá a raíz de un accidente en 1998. La fecha coincide con la celebración del Día de San Florian, considerado el Santo Patrono de los Combatientes.
Con el objetivo de expresar el apoyo a la Comunidad Internacional, recordar a los combatientes fallecidos y como una señal de respeto y agradecimiento hacia ellos, este día se celebra en todo el mundo con actividades de reconocimiento a los combatientes.
Los incendios forestales son uno de los grandes problemas del siglo XXI. Las altas temperaturas, la escasez de lluvias y la mano del hombre, propician este triste fenómeno, que deja a su paso un paisaje desolador e incluso acaba, eventualmente, con vidas humanas. Para recordar a las víctimas de los incendios forestales y concienciar a la población de este problema, se conmemora cada 4 de mayo el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales.
La lucha contra los fuegos de bosques y campos a lo largo y ancho del mundo, fue el punto de partida para el inicio de un movimiento que, paulatinamente, se ha ido extendiendo por diversos países.
Este movimiento fue difundido a través de Internet, y la comunidad internacional reaccionó rápidamente. Brigadas de otros países, principalmente de los EE.UU. convinieron en principio en adoptar también la cinta roja para simbolizar la profesión de combatiente forestal.
Con este día se muestra:
– El apoyo hacia aquellos que combaten los fuegos en bosques y campos de todo el mundo, reconociendo su nivel de compromiso y dedicación.
– Recordar a quienes han perdido la vida, o sufrido daños o secuelas en la lucha contra los incendios de bosques y campos.
– Como una señal de respeto y agradecimiento hacia quienes tratan de preservar la vida y la integridad de los patrimonios y recursos naturales de los efectos de fuegos no deseados.
A pesar de todas las tragedias humanas y medioambientales que ha ocasionado este fenómeno, son numerosos los incendios forestales que arrasan millones de hectáreas cada año. Y lo peor de todo es que gran parte de estos incendios son provocados por la mano del hombre. Seguramente, te habrás sentido impotente al ver que las llamas acababan con un bosque o con la vida de muchas personas, por eso ayuda a concienciar a la gente que te rodea sobre la importancia de tener cuidado de nuestros bosques.

Parques Nacionales
La Administración de Parques Nacionales de Argentina (APN) tiene bajo su responsabilidad el cuidado y la preservación de muestras emblemáticas de la diversidad biológica del patrimonio natural y cultural del país, así como sus rasgos paisajísticos más sobresalientes. En este sentido, la prevención de incendios es clave en pos de la conservación de estas muestras que deben ser resguardadas así como incrementadas para beneficio de las generaciones presentes y las futuras.
La Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE) de la APN es la encargada de establecer lineamientos y estrategias de prevención de fuegos no deseados, manejo de quemas prescriptas y rehabilitación ecológica.
A fin de prevenir focos ígneos, el área técnica de Ecología del Fuego de la DLIFE planifica tareas siguiendo datos de pronósticos climatológicos, índices y partes de alerta, adaptando esta labor a cada destino del país, según sus características y costumbres en cuanto al uso del fuego.
La labor de los brigadistas es una de las tareas más peligrosas. Quienes se desempeñan como tales demuestran una gran vocación para la atención de la comunidad en todo tipo de emergencias.
Cada año los incendios afectan a una superficie de unos 350 millones de hectáreas. El aumento de la densidad de población implica un riesgo más alto de incendios, debido a la mayor demanda de tierras y otros recursos naturales. Los incendios ocurren dentro y fuera de los bosques, y afectan a las superficies forestales y otras clases de terrenos. La participación de las comunidades locales es crucial para reducir los incendios forestales y su impacto.

Caleta Olivia
Alberto Roberti, quien se encuentra de “licencia con goce de haberes” como Secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles y Julio Miranda, quien se encuentra actualmente al frente de esa entidad deberían declarar hoy ante la Jueza Federal Marta Yánez, en la causa en la que se investiga una maniobra que permitió “desviar” millones de pesos provenientes de aportes sindicales a cuentas ajenas al gremio de petroleros privados de Santa Cruz.
La investigación se había iniciado tras una auditoría realizada por la actual gestión del sindicato santacruceño, que permitió determinar que los aportes que deberían haber ingresado a esa entidad durante el tiempo que duró la intervención y la normalización gremial, habían sido desviadas a cuentas determinadas por Roberti. Esta situación fue denunciada por el Secretario General, Claudio Vidal en el juzgado Federal con sede en Caleta Olivia, y de este modo se desplegó una ardua tarea de investigación además de actuaciones judiciales.
Si bien Roberti y Miranda deberían presentarse hoy en los tribunales locales, según trascendió en las ultimas horas, ninguno confirmó su asistencia a audiencia.
Vale mencionar que Roberti, pidió una “licencia especial” luego de que se viera seriamente comprometido por diversas causas judiciales, entre ellas por sospechas de enriquecimiento ilícito y corrupción.

Investigación
La maniobra se habría iniciado días después del inicio de la intervención del sindicato de base –que comenzó el 22 de abril del 2011 y finalizó en 2013 – y luego continuó durante los seis meses que duró el proceso de normalización, a cargo del entonces delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación, Roque Vitale. El ex funcionario, ya declaró en la causa y habría aportado detalles que podrían comprometer seriamente a los dirigentes de la Federación.
Según se supo, apenas se inició la intervención a cargo de Carlos Flaquier, se enviaron Cartas Documento a al menos 12 empresas – primeros datos que surgieron de la auditoría interna del gremio – en donde se les informaba las “nuevas” cuentas en donde deberían depositar los aportes sindicales de los trabajadores. De este modo, durante casi dos años, todo ese millonario ingreso fue derivado a bancos en Buenos Aires. Con las primeras pesquisas realizadas por Fuerzas de Seguridad Federales, se logró comprobar que el numero de empresas a las que Roberti y sus supuestos “cómplices” sería muy superior y alcanzaría a cerca de 300 firmas vinculadas a la industria petrolera. De este modo, se calcula que la maniobra sería varias veces millonaria.
Además de Roberti y de Miranda, la justicia también tendría en la mira a David Castro del sindicato de Mendoza, quien sería además tesorero de la Federación.

Caleta Olivia
El doctor Javier Stoessel, uno de los integrantes del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz arribará mañana a Caleta Olivia para brindar una charla debate.
“Va a contar todo lo que ha trabajado y lo que ha podido descubrir en cuanto a documentación de los fondos de Santa Cruz, desde que asumió en el cargo”, le dijo a Diario Más Prensa el doctor Heraldo Nanni, representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la provincia.
La charla la brindará en instalaciones de la Universidad, mañana a las 18 horas.
El letrado, señaló además que “presentará el avance en las denuncias que ha realizado e investigado”.
Stoessel es representante de la UCR en el Tribunal de Cuentas y se invita a toda la comunidad a participar de la charla debate.

Caleta Olivia
El Juzgado Comercial 5 dispuso declarar abierto el concurso preventivo de la empresa CPC, del empresario Cristóbal López, y por este motivo los trabajadores pueden (sin asesoría legal) podrán presentarse como “acreedores” para el “pronto pago”.
Según la disposición a la que tuvo acceso Diario Más Prensa, en el Juzgado Comercial 5, secretaria 10 a cargo del Juez Javier Consentino, tramita con número de expediente 4027/2018 el concurso preventivo de CPC SA.´
De este modo, señalan que el 4 de abril pasado se abrió el concurso preventivo, se dispuso la inhibición de bienes y se fijó el plazo hasta el 12 de junio para que los acreedores (en este caso los trabajadores que cumplían funciones en la autovia Comodoro Caleta Olivia y camino de circunvalación) soliciten la verificación de sus créditos ante la Sindicatura (Estudio Serebrinsky y Liderman) y se ordenó al Estudio a emitir un informe sobre pasivos laborales y la existencia de otros créditos comprendidos en el “pronto pago”.
Según establece el artículo 16 de la ley 24522 el derecho a pronto pago comprende las remuneraciones e indemnizaciones de los trabajadores y para ello no es necesaria la verificación del crédito ni sentencia en juicio laboral previo.
Para el “pronto pago” la ley impone que se afecte el 3 por ciento mensual del ingreso bruto de la empresa concursada.

Piquete
Ayer, los trabajadores quienes reclaman el pago de ocho quincenas, realizaron otro piquete, frente al obrador de la empresa sobre la ruta nacional 3.
Los manifestantes, quienes ahora podrán presentarse como acreedores, según la resolución del Juzgado Comercial, reclaman el pago de la última quincena de diciembre, aguinaldo, vacaciones y las quincenas de enero, febrero y marzo.
Ayer trascendió que la empresa ya habría depositado adelantos al menos a cuatro trabajadores, la mayoría de ellos, delegados y supervisores.
De todos modos, aseguraron que las protestas continuarán hasta que se recuperen las fuentes de trabajo.
De ahora en más, y con la nueva disposición del Juzgado Comercial 5, el gremio que nuclea a los trabajadores, la UOCRA, podrá presentarse a través de sus asesores legales para que sus afiliados cobren la deuda.

Medios
Similar situación sucede con los trabajadores de la empresa IGD SA (Diario El Patagónico) que ingresó en concurso preventivo según disposición del Juzgado Comercial 5.
El Juzgado determinó fijar un plazo hasta el 15 de mayo para que los acreedores soliciten verificación de sus créditos ante la sindicatura, acompañando los títulos justificativos de los mismos.